Basado en un curso de Federica Sbergami^[1]^[2]^[3]

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Principios y conceptos de microeconomía ● Enfoque metodológico en el curso introductorio de microeconomía ● Fuerzas del mercado: oferta y demanda ● La elasticidad y sus aplicaciones ● Oferta, demanda y políticas gubernamentales ● Excedente del consumidor y del productor ● Las externalidades y el papel del Estado ● Los bienes públicos ● Los costos de producción ● Las empresas en perfecta competencia ● Las compañías de monopolio ● Competencia monopólica ● Oligopolio ● Limitaciones y preferencias del consumidor ● Elección del consumidor ● Problemas de información y elecciones públicas

La noción de "mano invisible" descrita por Adam Smith es un concepto central de la economía, que refleja la idea de que las acciones individuales motivadas por el interés propio pueden conducir a resultados beneficiosos para la sociedad en su conjunto. Sin embargo, esta idea se basa en el supuesto de una competencia perfecta, que rara vez se alcanza en la práctica.

En el mundo real, el mercado es a menudo imperfecto y está sujeto a diversas disfunciones, sobre todo debido a la existencia de externalidades. Las externalidades son los efectos que las transacciones económicas tienen sobre terceros que no participan directamente en la transacción. Estos efectos pueden ser positivos o negativos.

Un ejemplo clásico de externalidad negativa es la contaminación: una fábrica que contamina el aire o el agua perjudica al medio ambiente y a la salud pública, pero estos costes no se tienen en cuenta en el precio de sus productos. Por el contrario, un ejemplo de externalidad positiva podría ser la vacunación: al vacunarse, una persona reduce el riesgo de transmitir enfermedades a otros, lo que beneficia a la sociedad.

Cuando existen externalidades, el mercado no consigue asignar los recursos de forma eficiente, lo que da lugar a lo que se conoce como "fallo de mercado". En tales situaciones, la intervención del Estado puede estar justificada para corregir estos fallos. Esto puede hacerse mediante normativas, impuestos (como el impuesto sobre el carbono a los contaminadores) o subvenciones (para fomentar las actividades que generan externalidades positivas).

Comprender las externalidades y su impacto en la eficiencia del mercado

Aclaración de términos: Explicación de las externalidades

Se produce una externalidad cuando la acción de un individuo o una empresa repercute directamente en el bienestar de un tercero sin que este impacto se vea compensado o regulado por el sistema de precios del mercado. Este concepto es crucial en economía, ya que representa uno de los principales fallos del mercado.

Existen dos tipos principales de externalidades:

Externalidades negativas: Se producen cuando la acción de un individuo o una empresa repercute negativamente en un tercero. Un ejemplo clásico es la contaminación: una empresa que emite contaminantes a la atmósfera afecta a la salud y la calidad de vida de las personas que viven cerca, pero estos costes no se reflejan en el precio de sus productos.
Externalidades positivas: Por el contrario, se produce una externalidad positiva cuando la acción de un individuo o empresa beneficia a otros sin que éstos paguen por el beneficio. Por ejemplo, la plantación de árboles por un particular puede mejorar la calidad del aire y la estética del barrio, beneficiando a todos los residentes de la zona sin que éstos contribuyan económicamente a la plantación.

El problema de las externalidades es que pueden conducir a una asignación de recursos subóptima. En el caso de las externalidades negativas, pueden llevar a una sobreproducción o a un consumo excesivo de los bienes que generan esas externalidades. A la inversa, las externalidades positivas pueden llevar a una infraproducción o a un subconsumo de los bienes que las generan, porque los productores no son compensados por los beneficios que aportan a la sociedad.

Para corregir estas ineficiencias, a menudo es necesaria la intervención del Estado. Puede adoptar la forma de normativas, impuestos para las externalidades negativas o subvenciones para fomentar las actividades que generan externalidades positivas. Por ejemplo, un impuesto sobre el carbono pretende internalizar los costes medioambientales de la contaminación, haciendo que los contaminadores paguen por el impacto de sus emisiones.

Las externalidades negativas adoptan muchas formas y tienen un impacto considerable en la sociedad y el medio ambiente. Tomemos el ejemplo del humo de los cigarrillos, a menudo citado por sus efectos secundarios sobre los no fumadores. Las personas expuestas al humo pasivo sufren mayores riesgos de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, aunque no hayan elegido exponerse a estos peligros. Otro ejemplo llamativo son los gases de escape de los automóviles. La contaminación atmosférica provocada por el tráfico afecta a la salud pública y al medio ambiente, incluso para quienes utilizan poco o nada sus vehículos. Esto ilustra cómo las opciones individuales de transporte pueden tener consecuencias generalizadas e imprevistas. En las zonas urbanas y residenciales, problemas como el ladrido excesivo de los perros o el abandono de excrementos en las aceras también constituyen externalidades negativas. Estos comportamientos causan molestias a los residentes, desde ruidos molestos hasta una mayor necesidad de limpieza y mantenimiento de los espacios públicos. Las molestias sonoras en general, ya procedan de la industria, las obras de construcción o las actividades de ocio, son otra fuente de externalidad negativa. Puede perturbar la vida cotidiana, afectando al bienestar, el sueño y la salud mental de las personas que viven o trabajan en las proximidades. Un ejemplo menos obvio pero igualmente importante es la resistencia a los antibióticos, exacerbada por el uso excesivo de medicamentos. El uso excesivo de antibióticos hace que los patógenos se adapten, haciendo que el tratamiento sea menos eficaz para toda la población, no sólo para quienes toman los medicamentos. Por último, la contaminación o degradación del medio ambiente en diversas formas -como el vertido de residuos industriales, la deforestación o las emisiones de gases de efecto invernadero- tiene importantes repercusiones negativas. Estas actividades dañan los ecosistemas, afectan a la salud humana y animal y contribuyen al cambio climático, con efectos que a menudo se dejan sentir mucho más allá de las zonas inmediatas de impacto. Estos ejemplos ponen de manifiesto la necesidad de que los gobiernos intervengan para regular las actividades que generan externalidades negativas. Las soluciones pueden incluir normativas, impuestos para desincentivar los comportamientos nocivos o campañas de concienciación para informar al público de las consecuencias de determinadas acciones. Al abordar estas cuestiones de forma proactiva, las sociedades pueden gestionar mejor los efectos secundarios no deseados de ciertas actividades y promover un medio ambiente más sano y sostenible para todos.

Las externalidades positivas, cuando las acciones de una persona o empresa benefician a otras sin compensación directa, desempeñan un papel crucial en la economía y la sociedad. Tomemos, por ejemplo, el fenómeno de un coche que es succionado en la autopista por un camión. Cuando un camión circula a gran velocidad, crea una estela de aire que puede reducir la resistencia al viento de los vehículos que le siguen, mejorando así su eficiencia en el consumo de combustible. Aunque esta no sea la intención principal del camionero, beneficia a otros conductores al reducir su consumo de combustible. Las vacunas son un ejemplo clásico de externalidad positiva. Cuando las personas se vacunan, no sólo se protegen a sí mismas contra determinadas enfermedades, sino que también reducen la probabilidad de que estas enfermedades se transmitan a otras personas. Esta inmunidad colectiva beneficia a toda la comunidad, especialmente a quienes no pueden vacunarse por razones médicas. La restauración de edificios históricos o cualquier actividad que atraiga a los turistas también aporta importantes beneficios a la comunidad local. Estos proyectos no sólo aumentan el atractivo estético de una zona, sino que también estimulan la economía local al atraer visitantes que gastan dinero en hoteles, restaurantes y otros negocios locales. Otro ejemplo fascinante es la interacción entre un huerto y las colmenas de un apicultor vecino. El apicultor se beneficia de la presencia del huerto, ya que sus abejas encuentran una fuente abundante de néctar, lo que mejora la calidad y cantidad de su miel. A cambio, los huertos se benefician de la polinización de las abejas, esencial para la producción de fruta. Es un buen ejemplo de simbiosis en el que ambas partes se benefician mutuamente de sus respectivas actividades. Por último, la investigación de nuevas tecnologías suele ser una fuente de externalidades positivas. Las innovaciones y los descubrimientos pueden beneficiar al conjunto de la sociedad mejorando la calidad de vida, introduciendo nuevas soluciones a los problemas existentes y estimulando el crecimiento económico. A menudo, los beneficios de este tipo de investigación superan con creces los beneficios indirectos directos para los investigadores o las organizaciones que los financian. Estos ejemplos ilustran la importancia de las externalidades positivas en nuestra sociedad. También ponen de relieve el papel que puede desempeñar la intervención pública, por ejemplo subvencionando o apoyando actividades que generan tales externalidades, para maximizar el bienestar colectivo.

Les Conséquences des Externalités sur l'Économie de Marché

Les externalités, qu'elles soient positives ou négatives, créent un décalage entre les coûts et bénéfices privés et les coûts et bénéfices sociaux, conduisant ainsi à des inefficacités de marché.

Dans le cas des externalités négatives, les coûts externes de la production ou de la consommation ne sont pas pris en compte par les producteurs ou les consommateurs. Par exemple, une usine qui pollue ne paie pas pour les dommages environnementaux et sanitaires que sa pollution cause. Cela conduit à une surproduction de biens polluants, car le prix du marché ne reflète pas le véritable coût social de ces produits. En d'autres termes, si les coûts externes étaient internalisés dans le prix du produit, le coût serait plus élevé, réduisant ainsi la demande et alignant la production sur un niveau plus socialement optimal.

Pour les externalités positives, le scénario est inversé. Les bénéfices que les actions d'un individu ou d'une entreprise apportent à la société ne sont pas compensés financièrement. Prenons l'exemple de la vaccination : les individus qui se font vacciner protègent non seulement eux-mêmes, mais réduisent aussi le risque de propagation de maladies au sein de la communauté. Cependant, ce bénéfice externe n'est pas reflété dans le prix du vaccin. En conséquence, moins de gens choisissent de se faire vacciner que ce qui serait idéal d'un point de vue social. Si les bénéfices externes étaient pris en compte, la vaccination serait plus attrayante, et le niveau de vaccination dans la société pourrait se rapprocher de l'optimal social.

Les marchés, lorsqu'ils sont laissés à eux-mêmes, ont donc tendance à produire une quantité excessive de biens ou services générant des externalités négatives et une quantité insuffisante de ceux générant des externalités positives. Pour corriger ces inefficacités, des interventions telles que des taxes (pour les externalités négatives) ou des subventions (pour les externalités positives) sont souvent nécessaires pour aligner les coûts et bénéfices privés sur les coûts et bénéfices sociaux.

L'exemple sur le marché de l'aluminium illustre parfaitement comment les externalités négatives peuvent affecter le coût social total de la production. Dans ce cas, la pollution générée par les usines d'aluminium représente un coût externe qui n'est pas initialement pris en compte dans le calcul du coût de production de l'aluminium. Le coût privé de production est celui que le producteur d'aluminium doit directement supporter pour fabriquer le produit. Ce coût inclut des éléments comme les matières premières, la main-d'œuvre, l'énergie, l'entretien des équipements, et autres dépenses opérationnelles. Ce sont les coûts sur lesquels l'entreprise se base pour déterminer son prix de vente et évaluer sa rentabilité.

Cependant, si les usines d'aluminium polluent, cela entraîne des coûts externes qui affectent d'autres parties de la société. Ces coûts externes peuvent inclure des effets néfastes sur la santé publique, des dommages à l'environnement, une baisse de la qualité de vie, et d'autres impacts négatifs qui ne sont pas reflétés dans le prix de l'aluminium. Par exemple, la pollution peut entraîner des frais de santé supplémentaires pour la communauté, des coûts de nettoyage et de restauration de l'environnement, ainsi qu'une perte de biodiversité. Ainsi, le coût social de la production d'aluminium est la somme du coût privé de production (le coût supporté par les producteurs) et du coût externe (les coûts subis par la société en raison de la pollution). Cette addition montre que le prix du marché de l'aluminium, basé uniquement sur le coût privé, est inférieur au véritable coût social de sa production.

Ce décalage conduit à une surproduction d'aluminium par rapport à ce qui serait produit si les coûts externes étaient inclus, ce qui est un exemple typique d'inefficacité du marché due aux externalités négatives. Pour corriger cela, des mesures comme l'imposition d'une taxe environnementale sur la pollution produite par les usines d'aluminium peuvent être mises en place. Cette taxe viserait à internaliser les coûts externes, alignant ainsi le coût privé avec le coût social et conduisant à une production plus proche de l'optimal social.

Coût social = coût privé de production (offre) + coût externe

Voici un examen plus détaillé de cette équation :

Coût Privé de Production : Ce sont les coûts que le producteur d'aluminium doit supporter pour fabriiquer le produit. Cela inclut les dépenses pour les matières premières, la main-d'œuvre, l'énergie, les équipements, et d'autres coûts opérationnels. Ces coûts déterminent le prix auquel l'entreprise est disposée à offrir son produit sur le marché.
Coût Externe : Ce sont les coûts subis par la société qui ne sont pas pris en compte par le producteur. Dans le cas de l'aluminium, si la production implique de la pollution, les coûts externes peuvent inclure les impacts sur la santé publique, l'environnement, la qualité de vie, et d'autres aspects qui ne sont pas reflétés dans le prix du marché de l'aluminium. Ces coûts sont souvent diffus et difficiles à quantifier précisément, mais ils sont réels et significatifs.
Coût Social : Le coût social est la somme du coût privé de production et du coût externe. Il représente le coût total pour la société de la production d'aluminium. Ce coût social est supérieur au coût privé de production en raison de l'ajout des coûts externes.

Lorsque les coûts sociaux ne sont pas intégrés dans les décisions de production et de consommation, cela conduit à une surproduction d'aluminium par rapport à ce qui serait socialement optimal. En d'autres termes, plus d'aluminium est produit que ce qui serait le cas si les coûts de la pollution étaient pris en compte. Cette situation est un exemple classique d'échec du marché dû aux externalités négatives. Pour y remédier, les politiques publiques peuvent intervenir, par exemple en imposant des taxes sur la pollution pour que les producteurs internalisent ces coûts externes, ou en imposant des réglementations environnementales pour limiter la pollution. Ces interventions visent à faire en sorte que le coût privé reflète plus fidèlement le coût social, conduisant ainsi à une allocation des ressources plus efficiente du point de vue de la société.

Analyse de la Pollution et de l'Optimum Social

Dans un cadre économique, l'intersection des courbes de demande et de coût social est cruciale pour comprendre comment atteindre un équilibre efficace qui prend en compte à la fois les intérêts privés et les impacts sociaux.

Voici comment cela fonctionne :

Courbe de Demande : La courbe de demande reflète la volonté des consommateurs à payer pour différentes quantités d'un bien ou d'un service. Elle montre la relation entre le prix d'un bien et la quantité demandée, généralement avec une relation inverse : à mesure que le prix augmente, la quantité demandée diminue, et vice-versa.
Courbe de Coût Social : La courbe de coût social englobe à la fois le coût privé de production (les coûts directs supportés par le producteur) et les coûts externes (les coûts non compensés subis par la société en raison de la production de ce bien). Par exemple, dans le cas de l'aluminium, cela inclurait les coûts de production plus les coûts environnementaux et de santé publique liés à la pollution.
Intersection pour la Quantité Optimale : Lorsque la courbe de demande croise la courbe de coût social, cela indique la quantité optimale du bien du point de vue de la société dans son ensemble. À ce point, le prix que les consommateurs sont prêts à payer correspond au coût total (privé + externe) de la production de ce bien. Cette quantité est différente de celle qui serait atteinte si seul le coût privé était pris en compte, car elle intègre l'impact total sur la société.

Si les marchés ne prennent en compte que les coûts privés, il y aura tendance à une surproduction (dans le cas d'externalités négatives) ou une sous-production (dans le cas d'externalités positives) par rapport à cette quantité optimale. C'est pourquoi les interventions telles que les taxes (pour internaliser les coûts externes) ou les subventions (pour encourager la production de biens générant des externalités positives) peuvent être nécessaires pour aligner les quantités de marché sur les quantités socialement optimales.

Cette approche vise à atteindre un équilibre où les choix de production et de consommation reflètent non seulement les coûts et avantages privés, mais aussi les coûts et avantages pour la société dans son ensemble.

La distinction entre la quantité d'équilibre du marché et la quantité socialement optimale est un point clé en économie, en particulier lorsque l'on considère l'impact des externalités.

Quantité d'Équilibre du Marché : Dans un marché libre sans intervention extérieure, l'équilibre se produit au point où le coût privé de production (le coût pour le producteur) est égal au bénéfice privé (le prix que les consommateurs sont prêts à payer). À ce point d'équilibre, la quantité de biens produite et la quantité demandée par les consommateurs sont égales. Cependant, cet équilibre ne tient pas compte des coûts ou bénéfices externes qui affectent la société dans son ensemble.
Quantité Socialement Optimale : La quantité socialement optimale, en revanche, se produit à un niveau de production où le coût social (qui inclut les coûts privés et les coûts externes) est égal au bénéfice social (qui inclut les avantages privés et les avantages externes). Cette quantité prend en compte l'impact total sur la société, pas seulement sur les producteurs et les consommateurs directs.

Dans le cas des externalités négatives, comme la pollution, le coût social de la production est plus élevé que le coût privé. Par conséquent, la quantité socialement optimale est généralement plus faible que la quantité d'équilibre du marché. Cela signifie qu'une réduction de la production jusqu'à la quantité socialement optimale réduirait les coûts externes (comme les dommages environnementaux) et serait donc plus bénéfique pour la société dans son ensemble. Pour atteindre cette quantité socialement optimale, des interventions politiques telles que des taxes sur la pollution (pour internaliser les coûts externes) ou des réglementations (pour limiter la quantité produite) peuvent être nécessaires. Ces interventions visent à aligner les intérêts privés sur les intérêts sociaux, en s'assurant que les coûts et les avantages pour la société sont pris en compte dans les décisions de production et de consommation.

Ce graphique représente un graphique économique classique illustrant les concepts d'équilibre de marché et d'optimum social dans le contexte de la production d'aluminium et de ses externalités négatives, en particulier la pollution.

Sur l'axe horizontal, nous avons la quantité d'aluminium produite, et sur l'axe vertical, le prix de l'aluminium. Trois courbes sont tracées :

La courbe de demande (valeur privée) : Elle montre la relation entre le prix que les consommateurs sont prêts à payer et la quantité demandée. Elle est décroissante, ce qui signifie que plus le prix est bas, plus la quantité demandée est élevée, et inversement.
La courbe d'offre (coût privé) : Elle représente le coût de production de l'aluminium pour les producteurs. Elle est ascendante, indiquant que plus la quantité produite est grande, plus le coût de production (et donc le prix de vente) est élevé.
La courbe de coût social : Cette courbe est au-dessus de la courbe d'offre et représente le coût total de la production d'aluminium, en incluant le coût de la pollution. Le coût social est plus élevé que le coût privé car il tient compte des effets externes négatifs de la pollution sur la société.

Le point où la courbe de demande croise la courbe d'offre (coût privé) est le point d'équilibre de marché (QMARCHEˊ). C'est là que le marché, en l'absence de régulation, tend à se stabiliser : la quantité que les producteurs sont prêts à fournir au prix du marché équivaut à la quantité que les consommateurs sont prêts à acheter.

Cependant, ce point d'équilibre ne prend pas en compte le coût de la pollution. Si nous incluons le coût de la pollution, nous obtenons la courbe de coût social qui coupe la courbe de demande à un point différent, marqué "Optimum". Ce point d'optimum social (QOPTIMUM) représente la quantité de production qui serait idéale si l'on prenait en compte les coûts externes. À cette quantité, le coût total pour la société (y compris le coût de la pollution) est égal au prix que les consommateurs sont prêts à payer.

Ce qui est notable sur ce graphique, c'est l'écart entre Q MARCHE et Q OPTIMUM. La quantité produite au point d'équilibre de marché est plus élevée que la quantité optimale du point de vue social, ce qui implique que le marché en lui-même produit plus d'aluminium que ce qui serait socialement souhaitable en raison des coûts externes non pris en compte (pollution). Pour réduire la production d'aluminium de Q MARCHE à Q OPTIMUM, des interventions politiques comme la taxation de la pollution, la mise en place de quotas ou de réglementations environnementales peuvent être nécessaires. En somme, ce graphique illustre de manière claire les implications des externalités négatives sur l'efficacité du marché et souligne l'importance d'une intervention régulatrice pour atteindre un niveau de production qui soit en harmonie avec les intérêts sociaux.

Impact des Externalités Négatives sur la Société

Une externalité négative est un coût subi par un tiers qui n'est pas directement impliqué dans une transaction économique. Cela signifie qu'une partie des coûts de production n'est pas prise en charge par le producteur ou le consommateur du bien ou service en question, mais par d'autres membres de la société. Les externalités négatives ont tendance à réduire le bien-être global, car les coûts sociaux de ces activités économiques sont plus élevés que les coûts privés.

Prenons un exemple concret : une usine qui produit de l'aluminium et émet des polluants dans l'atmosphère. Ces émissions ont des conséquences sur la santé publique, comme des maladies respiratoires, et sur l'environnement, comme des dommages à l'écosystème. Ces coûts supplémentaires pour la société, qui peuvent inclure des frais médicaux accrus et une perte de biodiversité, ne sont pas répercutés dans le prix de l'aluminium. Si l'usine ne paie pas pour ces coûts externes, elle a peu d'incitations à réduire sa pollution et peut même produire de l'aluminium à un coût artificiellement bas, ce qui entraîne une surproduction et une surconsommation de ce métal.

Du point de vue du bien-être, cela crée un problème. Les membres de la société subissent des dommages qu'ils n'ont pas choisis et pour lesquels ils ne sont pas compensés. En conséquence, le bien-être global est inférieur à ce qu'il pourrait être si ces coûts externes étaient pris en compte.

La théorie économique et la politique publique cherchent à résoudre ce problème d'externalité négative par diverses interventions :

Taxation des activités polluantes : Des taxes peuvent être imposées sur la pollution pour inciter les entreprises à réduire leurs émissions. Ces taxes visent à internaliser le coût externe, ce qui signifie que le producteur devra tenir compte du coût de la pollution dans ses décisions de production.
Réglementations et standards environnementaux : Des lois peuvent être mises en place pour limiter directement la quantité de pollution qu'une entreprise peut émettre, obligeant ainsi les entreprises à adopter des technologies plus propres ou à changer leurs procédés de production.
Marchés d'échange de droits d'émission : Dans certains cas, il est possible de créer des marchés où les entreprises peuvent acheter et vendre des droits à polluer, ce qui permet d'atteindre des réductions de pollution au moindre coût.

Ces mesures visent à réduire les externalités négatives et, par conséquent, à améliorer le bien-être de la société en s'assurant que les coûts sociaux et privés de la production soient mieux alignés. En intégrant le coût de la pollution dans le prix des biens et services, les entreprises et les consommateurs peuvent prendre des décisions plus éclairées qui reflètent le véritable coût de leurs activités, conduisant à un résultat plus efficace et plus équitable pour l'ensemble de la société.

C'est un graphique économique détaillant les effets des externalités négatives sur le bien-être dans un marché, en l'occurrence, le marché hypothétique d'un bien mesuré en francs suisses par unité. La courbe de demande descendante indique la valeur que les consommateurs placent sur différentes quantités de ce bien, reflétant ainsi le bénéfice privé et le bénéfice social lié à sa consommation. En parallèle, la courbe d'offre ascendante reflète le coût privé encouru par les producteurs pour fournir chaque unité supplémentaire du bien. Normalement, dans un marché sans externalités, l'équilibre serait trouvé à l'intersection de ces deux courbes, marquant la quantité où le coût privé est égal au bénéfice privé.

Toutefois, lorsque nous prenons en compte les coûts externes, tels que la pollution ou d'autres dommages à la société non inclus dans le coût de production, une nouvelle courbe, celle du coût social, est introduite. Cette courbe, positionnée au-dessus de la courbe d'offre, intègre ces coûts externes au coût privé, montrant le véritable coût pour la société. L'intersection de cette courbe avec la courbe de demande marque alors la quantité socialement optimale du bien, qui est inférieure à celle de l'équilibre de marché.

Le graphique met en évidence une zone de perte sèche, représentée par une zone hachurée entre les quantités d'équilibre du marché et socialement optimales. Cette perte sèche symbolise le bien-être économique perdu en raison de la production excédentaire par rapport à l'optimum social. C'est la valeur des unités produites en excès que la société aurait préféré ne pas produire si tous les coûts, y compris ceux de la pollution, avaient été considérés. Cette perte est une inefficacité du marché car elle représente un coût pour la société qui n'est pas compensé par un gain équivalent ailleurs dans l'économie.

La bande bleue en bas du graphique indique le coût externe, qui reste le même pour chaque unité produite, indépendamment du nombre d'unités. Ce coût externe, constant par unité, n'est pas reflété dans le coût privé de production et doit être pris en compte pour évaluer l'impact total sur la société.

Le graphique démontre clairement que sans intervention, un marché peut fonctionner de manière inefficace en produisant plus que ce qui est socialement souhaitable en raison de l'absence de prise en compte des coûts externes. Cela conduit non seulement à une surproduction nuisible mais aussi à une allocation sous-optimale des ressources de la société. C'est pourquoi des politiques telles que la taxation de la pollution sont souvent proposées pour réaligner la production avec l'optimum social, réduisant ainsi la perte sèche et augmentant le bien-être collectif. Ces mesures visent à responsabiliser les producteurs pour les coûts qu'ils imposent à la société, encourageant une production plus respectueuse de l'environnement et plus conforme aux intérêts de la société dans son ensemble.

L'Impact de l'Éducation en Tant qu'Externalité Positive

Dans le contexte des externalités et du bien-être social, la détermination de la quantité optimale d'un bien ou service à produire et à consommer prend en compte non seulement les bénéfices et les coûts privés mais aussi les bénéfices et les coûts externes à la société. Lorsque nous parlons de bénéfice social, nous faisons référence à la somme des bénéfices privés, qui sont les avantages directs pour les consommateurs et les producteurs impliqués dans la transaction, et des bénéfices externes, qui sont les avantages non comptabilisés qui retombent sur des tiers non directement impliqués dans l'échange économique.

L'intersection de la courbe de bénéfice social et de la courbe de coût reflète le point où le bien-être collectif est maximisé. À ce point, le dernier unité produit apporte autant de bénéfice supplémentaire à la société qu'il en coûte pour le produire. C'est ce que nous appelons la quantité socialement optimale. Cela contraste avec le point d'équilibre du marché, qui ne prend en compte que les bénéfices et les coûts privés et ignore les effets externes.

Pour les biens générant des externalités positives, comme la vaccination ou l'éducation, la courbe de bénéfice social serait plus élevée que la courbe de bénéfice privé, suggérant que la quantité optimale du point de vue de la société est plus grande que celle que le marché produirait de lui-même. Cela justifie souvent des incitations ou des subventions pour augmenter la production et la consommation de ces biens jusqu'au niveau socialement optimal.

Inversement, pour les biens générant des externalités négatives, comme la pollution provenant de la production industrielle, la courbe de coût social est plus élevée que la courbe de coût privé. Cela implique que la quantité produite à l'équilibre du marché dépasse la quantité socialement optimale, car les producteurs et les consommateurs ne prennent pas en compte les coûts externes dans leurs décisions. Dans ce cas, des interventions telles que les taxes pigouviennes ou les réglementations sont nécessaires pour réduire la production à un niveau qui reflète les vrais coûts pour la société.

Le point d'intersection entre le bénéfice social et le coût reflète le compromis optimal entre les avantages des biens et services et leur coût de production, y compris les effets externes. Atteindre ce point nécessite souvent une action politique active pour corriger les défaillances du marché et aligner les incitations privées avec les objectifs sociaux.

Le niveau de production socialement optimal par rapport à la quantité d'équilibre du marché dépend de la nature de l'externalité concernée.

Pour les biens avec des externalités positives, le niveau de production socialement optimal est souvent plus élevé que la quantité d'équilibre de marché. Cela est dû au fait que les bénéfices sociaux d'une unité supplémentaire de ce bien sont plus importants que ne le perçoivent les consommateurs et les producteurs. Par conséquent, le marché, laissé à lui-même, ne produit pas assez de ce bien pour maximiser le bien-être social. Les vaccinations sont un exemple classique de cela; elles bénéficient à la société plus qu'elles ne coûtent à produire, mais sans intervention, moins de personnes sont vaccinées que ce serait socialement idéal, car les individus ne prennent pas en compte les bénéfices que leur vaccination apporte aux autres.

Pour les biens avec des externalités négatives, le niveau de production socialement optimal est en fait souvent plus bas que la quantité d'équilibre de marché. C'est parce que les coûts sociaux d'une unité supplémentaire de ce bien (comme la pollution) sont plus élevés que ce que le producteur prend en compte. Sans intervention réglementaire ou taxation, les producteurs produiront trop de ce bien, dépassant la quantité qui serait optimale pour la société.

En résumé :

Quantité d'équilibre du marché : La quantité à laquelle les producteurs sont prêts à vendre est égale à la quantité que les consommateurs sont prêts à acheter, sans tenir compte des externalités. Ici, le coût privé est égal au bénéfice privé.
Quantité socialement optimale : La quantité à laquelle le coût total pour la société (incluant les coûts externes) est égal au bénéfice total pour la société (incluant les bénéfices externes). Pour les biens avec externalités positives, cette quantité est plus élevée que l'équilibre de marché; pour ceux avec externalités négatives, elle est plus basse.

Ce graphique représente une analyse économique de l'éducation en tant que bien sur un marché, en tenant compte des effets des externalités positives. La courbe d'offre, qui monte, indique que fournir plus d'éducation coûte plus cher aux institutions éducatives, intégrant des éléments tels que les salaires des enseignants, les infrastructures et les ressources pédagogiques. De l'autre côté, la courbe de demande, qui descend, montre que la quantité d'éducation que les individus sont prêts à consommer diminue à mesure que le prix augmente, ce qui est typique de la plupart des biens et services.

Là où ces deux courbes se croisent, nous trouvons la quantité d'équilibre du marché, qui est le point où la quantité d'éducation offerte correspond à la quantité que les consommateurs sont prêts à acheter. Cependant, cette quantité d'équilibre ne reflète pas nécessairement le niveau optimal pour la société dans son ensemble en raison de la présence d'externalités positives liées à l'éducation, telles que des citoyens mieux informés, une productivité accrue et des bénéfices pour la santé publique qui s'étendent au-delà de l'individu éduqué.

La quantité socialement optimale d'éducation est donc supposée être plus élevée que la quantité d'équilibre du marché, reflétant le plein bénéfice social de l'éducation, qui dépasse les avantages privés perçus par les individus. Ces bénéfices externes ne sont pas pris en compte par les consommateurs ou les fournisseurs lorsqu'ils prennent leurs décisions basées uniquement sur les coûts et les avantages privés, ce qui entraîne un investissement sous-optimal dans l'éducation du point de vue de la société.

Le graphique suggère qu'une intervention, telle que des politiques publiques fournissant des subventions ou des financements à l'éducation, pourrait être nécessaire pour augmenter la quantité d'éducation de la quantité d'équilibre du marché à la quantité socialement optimale. Ces interventions sont conçues pour réduire le coût de l'éducation pour les consommateurs ou pour augmenter l'offre à travers des investissements directs dans les institutions éducatives, permettant ainsi à la société de réaliser pleinement les bénéfices de l'éducation qui, autrement, seraient perdus en raison des défaillances du marché. En somme, le graphique met en évidence le rôle crucial que peut jouer l'intervention gouvernementale dans le soutien à l'éducation pour parvenir à une allocation des ressources qui maximise le bien-être social.

Bienfaits des Externalités Positives sur le Bien-Être Général

Une externalité positive se produit lorsqu'une activité économique procure des avantages à des tiers qui ne sont pas impliqués dans la transaction. Ces tiers bénéficient d'effets positifs sans avoir à payer pour ces bénéfices, ce qui conduit à une situation où la valeur totale de ces activités pour la société est supérieure à la valeur privée pour les individus ou entreprises directement impliqués.

Dans le contexte du bien-être, les externalités positives sont importantes parce qu'elles peuvent conduire à une sous-production du bien ou service en question si le marché est laissé à lui-même. Les producteurs ne reçoivent pas de paiement pour les avantages externes qu'ils fournissent, ils ne sont donc pas incités à produire la quantité socialement optimale de ce bien ou service.

Prenons l'exemple de l'éducation : elle ne bénéficie pas seulement à l'étudiant qui acquiert des compétences et des connaissances, mais aussi à la société dans son ensemble. Une population plus éduquée peut mener à une main-d'œuvre plus compétente, à des innovations accrues, à une meilleure gouvernance et à des taux de criminalité plus faibles. Ces avantages ne sont pas reflétés dans le prix de l'éducation et, par conséquent, sans intervention, moins de ressources seront allouées à l'éducation que ce qui serait idéal pour la société.

Pour adresser ce décalage, les gouvernements peuvent intervenir de différentes manières :

Subventions directes : Diminuer le coût de l'éducation pour les étudiants ou les institutions peut encourager une plus grande consommation ou offre de services éducatifs.
Crédits d'impôt : Offrir des avantages fiscaux pour les frais d'éducation peut également inciter les individus à investir davantage dans leur éducation.
Fourniture publique : Le gouvernement peut fournir l'éducation directement, assurant ainsi que la quantité produite est plus proche de la quantité optimale pour la société.

Lorsque les externalités positives sont correctement internalisées par ces interventions, le bien-être de la société s'améliore. Les individus bénéficient de niveaux plus élevés de consommation du bien ou service, et la société dans son ensemble profite des effets positifs qui se répandent au-delà des consommateurs et des producteurs immédiats. Cela conduit à une allocation plus efficace des ressources et à une amélioration du bien-être social global.

Ce graphique représente une situation économique où une externalité positive est présente sur le marché. Dans ce cas, le coût social de la production est égal au coût privé, ce qui indique que les coûts externes ne sont pas significatifs ou que les externalités négatives ne sont pas le point central ici. En revanche, la courbe de bénéfice social, qui est la somme des bénéfices privés et des bénéfices externes, est au-dessus de la courbe de bénéfice privé, indiquant que la production ou la consommation du bien ou service concerné a des avantages supplémentaires pour la société qui ne sont pas capturés par le marché.

La courbe de demande, représentant le bénéfice privé, montre le prix que les consommateurs sont prêts à payer pour chaque quantité de bien ou service. La courbe de bénéfice social, qui est au-dessus, montre le véritable bénéfice pour la société, incluant les bénéfices externes non payés par les individus. Cela pourrait inclure, par exemple, des avantages comme une meilleure santé publique due à une vaccination accrue ou une productivité économique plus élevée grâce à une population mieux éduquée.

La quantité d'équilibre de marché, QPRIVEˊE∗, est le point où la courbe de demande (bénéfice privé) croise l'offre. C'est le niveau de production que le marché atteindrait sans intervention. Cependant, la quantité socialement optimale, QSOCIALE∗, est plus élevée car elle prend en compte les bénéfices externes. Le marché, par lui-même, ne produit pas assez pour atteindre ce point car les producteurs ne reçoivent pas de compensation pour les bénéfices externes qu'ils génèrent.

La zone de perte sèche, indiquée par la zone hachurée, représente le bien-être que la société manque parce que le bien ou service n'est pas produit à la quantité socialement optimale. Il s'agit d'une inefficacité du marché, car si la production était augmentée pour atteindre Q∗SOCIALE, le bénéfice social supplémentaire (l'aire sous la courbe de bénéfice social entre Q∗PRIVEE et Q∗SOCIALE) serait plus grand que le coût supplémentaire de production (l'aire sous la courbe d'offre entre Q∗PRIVEE∗ et Q∗SOCIALE).

Le graphique suggère qu'une intervention, telle que des subventions ou une fourniture publique du bien ou service, pourrait être nécessaire pour augmenter la production de Q∗PRIVEE à Q∗SOCIALE, et ainsi éliminer la perte sèche. Cela permettrait à la société de profiter pleinement des avantages sociaux du bien ou service, améliorant ainsi le bien-être global.

Méthodes d'Internalisation des Externalités

L'internalisation des externalités est un concept central dans la théorie économique qui vise à résoudre les inefficacités du marché causées par les effets externes des activités économiques. Lorsque des externalités sont présentes, qu'elles soient positives ou négatives, les coûts ou bénéfices ne sont pas entièrement reflétés dans le marché. Les individus ou entreprises qui génèrent ces externalités ne subissent pas les coûts ou ne reçoivent pas les bénéfices associés à leurs actions, ce qui les conduit à prendre des décisions qui ne sont pas socialement optimales.

Pour internaliser une externalité négative, on pourrait imposer une taxe qui reflète le coût externe (comme une taxe sur les émissions de carbone pour les pollueurs), de sorte que le coût privé de l'activité inclut maintenant le coût externe. En conséquence, les producteurs et consommateurs auraient une incitation à réduire la production ou la consommation de ce bien à un niveau plus proche de l'optimal social.

À l'inverse, pour internaliser une externalité positive, l'État pourrait offrir des subventions ou des crédits d'impôt qui augmentent les bénéfices privés pour qu'ils reflètent mieux les bénéfices sociaux. Cela encouragerait une plus grande production ou consommation du bien, comme dans le cas des vaccinations ou de l'éducation.

La solution privée à l'internalisation des externalités, souvent associée au théorème de Coase, stipule que si les droits de propriété sont bien définis et que les coûts de transaction sont faibles, les parties impliquées peuvent négocier une solution sans intervention extérieure. Par exemple, si une entreprise pollue une rivière et nuit ainsi aux pêcheurs en aval, les pêcheurs pourraient potentiellement payer l'entreprise pour réduire la pollution ou l'entreprise pourrait payer pour les dommages causés. En théorie, tant que les parties peuvent négocier et que leurs droits sont clairement établis, elles peuvent parvenir à une solution qui internalise l'externalité et atteint l'efficacité.

Cependant, dans la pratique, les conditions requises pour une solution privée sont souvent difficiles à réaliser. Les droits de propriété peuvent être mal définis ou difficiles à faire respecter, et les coûts de transaction, notamment en matière de négociation et d'information, peuvent être prohibitifs. De plus, lorsque de nombreux agents sont affectés, comme c'est souvent le cas avec la pollution environnementale, la coordination entre tous les agents devient pratiquement impossible sans une sorte d'intervention collective. L'internalisation des externalités par des incitations modifiées est cruciale pour atteindre une allocation des ressources qui est non seulement efficace du point de vue du marché mais aussi bénéfique pour la société dans son ensemble. Des politiques bien conçues peuvent aider à réaliser cet équilibre, menant à un bien-être social accru.

Dans le contexte des externalités négatives et positives, l'État joue un rôle crucial en mettant en place des politiques pour corriger les défaillances du marché et pour aligner les résultats du marché avec le bien-être social.

Pour les externalités négatives, où les activités des entreprises ou des individus ont des effets néfastes sur des tiers, l'État peut intervenir de plusieurs façons :

Normes de Comportement : L'État peut établir des règlements qui limitent directement les activités nuisibles. Ces normes peuvent inclure des restrictions sur la quantité de pollution qu'une usine peut émettre ou des exigences pour l'utilisation de technologies propres.
Taxes Pigouviennes : Du nom de l'économiste Arthur Pigou, ces taxes visent à internaliser le coût des externalités négatives en les incluant dans le coût de production. La taxe est fixée égale au coût de l'externalité pour chaque unité produite, encourageant ainsi les producteurs à réduire la production ou à trouver des moyens de production moins nuisibles. En théorie, la taxe pigouvienne devrait être égale au coût marginal externe à la quantité socialement optimale.

Pour les externalités positives, où les actions d'individus ou d'entreprises bénéficient à la société, l'État peut également adopter différentes mesures :

Obligations et Recommandations : Des politiques peuvent être mises en place pour encourager des comportements qui produisent des externalités positives. Par exemple, des campagnes de santé publique pour encourager la vaccination ou l'éducation pour promouvoir des pratiques bénéfiques pour la société.
Subventions : En subventionnant la production d'un bien qui génère des externalités positives, l'État peut réduire le coût pour les producteurs et les inciter à augmenter la production. Cela peut inclure, par exemple, des subventions pour l'énergie renouvelable ou pour la recherche et le développement dans des domaines d'intérêt public.
Droits de Propriété : Conférer des droits de propriété ou des brevets sur les innovations peut encourager la création et la diffusion de technologies ou d'idées bénéfiques. Cela permet aux innovateurs de bénéficier directement des avantages de leurs inventions, qui autrement pourraient être sous-produites en raison de la nature non exclusive de leurs bénéfices.

Ces politiques visent à aligner les incitations privées avec les avantages ou coûts sociaux, de manière à ce que les activités économiques reflètent plus fidèlement leur véritable coût ou valeur pour la société. En ajustant soigneusement ces interventions, l'État vise à atteindre une allocation des ressources qui maximise le bien-être social.

Les Approches Privées pour Gérer les Externalités

Le théorème de Coase

Le théorème de Coase, formulé par l'économiste Ronald Coase, propose une perspective intéressante sur la manière dont les externalités peuvent être gérées par le marché sans intervention gouvernementale. Selon ce théorème, si les droits de propriété sont clairement définis et si les coûts de transaction sont négligeables, les parties affectées par l'externalité peuvent négocier entre elles pour atteindre une solution efficace qui maximise le bien-être total, indépendamment de la répartition initiale des droits. Dans ce contexte, les droits de propriété sont les droits légaux de posséder, utiliser et échanger une ressource. Une définition claire de ces droits est essentielle car elle détermine qui est responsable de l'externalité et qui a le droit de négocier à ce sujet. Par exemple, si un droit de propriété est accordé à un pollueur, les parties affectées par la pollution (comme les riverains) devraient théoriquement négocier avec le pollueur et potentiellement le compenser pour réduire la pollution. Inversement, si les riverains ont le droit de jouir d'un environnement propre, le pollueur devrait les indemniser pour continuer à polluer.

Le théorème de Coase indique également que l'efficacité de l'allocation des ressources sera atteinte quelle que soit la répartition des droits de propriété, tant que les parties peuvent négocier librement. Cela signifie que les parties vont continuer à négocier jusqu'à ce que le coût de l'externalité pour le pollueur soit égal au coût pour la société. L'essentiel de cette proposition est que le résultat final (en termes d'efficacité) devrait être le même, peu importe qui détient initialement les droits, un principe connu sous le nom d'invariance de Coase. Cependant, dans la pratique, les conditions requises pour l'application du théorème de Coase ne sont souvent pas remplies. Les coûts de transaction peuvent être significatifs, les droits de propriété peuvent être difficiles à établir ou à faire respecter, et les parties peuvent ne pas avoir des informations complètes ou symétriques pour négocier efficacement. De plus, lorsque de nombreuses parties sont impliquées ou que les effets d'une externalité sont diffus et non localisés, la coordination nécessaire pour négocier des accords privés devient extrêmement complexe.

Dans ces situations où les conditions du théorème de Coase ne sont pas remplies, l'intervention de l'État par des réglementations, des taxes ou des subventions peut s'avérer nécessaire pour atteindre une allocation des ressources qui reflète le coût social ou le bénéfice des externalités. Cela aide à garantir que les externalités sont internalisées, menant à une solution plus proche de l'optimal social.

Les problèmes soulevés sont des défis majeurs lorsqu'il s'agit de résoudre des externalités par des moyens de marché ou des solutions privées, comme décrit dans le théorème de Coase.

Problème I - Coûts de Transaction Élevés : Les coûts de transaction englobent tous les coûts associés à la négociation et à l'exécution d'un échange. Dans le cas des externalités, ces coûts peuvent inclure les frais de recherche d'informations sur les parties affectées, les coûts de négociation pour arriver à un accord, les coûts juridiques pour formaliser l'accord, et les coûts de surveillance et d'application pour s'assurer que les termes de l'accord sont respectés. Lorsque ces coûts sont prohibitifs, les parties ne peuvent pas parvenir à un accord qui permettrait d'internaliser l'externalité. Par conséquent, le marché seul ne parvient pas à corriger l'externalité, et une intervention extérieure, telle que celle de l'État, peut devenir nécessaire pour faciliter une solution plus efficace.

Problème II - Problème du Resquilleur (Free-Rider Problem) : Le problème du resquilleur est particulièrement pertinent dans le cas des biens publics ou lorsqu'il s'agit d'externalités positives, comme la protection de l'environnement ou la vaccination. Si un bien est non excludable (il est difficile d'empêcher quelqu'un d'en bénéficier) et non rival (la consommation par une personne n'empêche pas la consommation par une autre), les individus peuvent être incités à ne pas révéler leur véritable valorisation du bien ou service en espérant que d'autres paieront pour sa provision tout en profitant eux-mêmes des bénéfices sans contribuer au coût. Cela conduit à une sous-fourniture du bien ou service car tout le monde attend que quelqu'un d'autre paie pour l'externalité positive, résultant en une quantité produite inférieure à l'optimal social.

Ces deux problèmes illustrent pourquoi les marchés peuvent souvent échouer à résoudre les externalités de manière autonome et pourquoi l'intervention gouvernementale peut être nécessaire. L'État peut aider à réduire les coûts de transaction par la mise en place de lois et de réglementations qui facilitent les accords privés, et il peut surmonter le problème du resquilleur en fournissant lui-même des biens publics ou en subventionnant leur production pour encourager une provision plus proche de l'optimal social.

La Puissance de la Négociation Privée et la Définition des Droits de Propriété

Ce graphique illustre une situation de négociation entre un pollueur et un pollué concernant la dépollution, dans le contexte du théorème de Coase. Le graphique montre deux courbes : le coût marginal de dépollution pour le pollueur et le bénéfice marginal de dépollution pour le pollué.

NB: le niveau de pollution socialement optimale n'est pas égal à zéro!

Ce graphique illustre une approche économique pour résoudre le problème des externalités négatives par le biais de négociations entre parties, conformément au théorème de Coase. Il décrit une situation où un pollueur et une partie affectée par la pollution, le pollué, sont impliqués dans une négociation visant à trouver un niveau de dépollution qui maximise le bien-être collectif.

Dans cette représentation, le coût de réduire la pollution, ou de dépolluer, pour le pollueur augmente avec chaque unité supplémentaire de dépollution entreprise. Cela est représenté par la courbe ascendante, indiquant que les premières unités de dépollution sont relativement peu coûteuses pour le pollueur, mais que le coût augmente progressivement. Parallèlement, le bénéfice que le pollué tire de la réduction de la pollution diminue avec chaque unité supplémentaire. Les premières réductions de pollution apportent de grands bénéfices au pollué, mais ces bénéfices diminuent à mesure que l'air ou l'eau devient plus propre.

Le point où ces deux courbes se croisent, marqué Q∗, représente le niveau de dépollution où le bénéfice marginal du nettoyage est exactement égal au coût marginal de ce nettoyage. C'est le niveau idéal de dépollution du point de vue de l'efficacité économique, car il équilibre parfaitement le coût et le bénéfice marginal de la dépollution.

Le cadre fourni par le graphique suggère que, indépendamment de la partie qui détient initialement les droits de propriété, qu'il s'agisse du pollueur ou du pollué, il y a une opportunité pour un accord mutuellement bénéfique. Si le pollueur a le droit de polluer, le pollué peut potentiellement compenser financièrement le pollueur pour réduire la pollution, jusqu'au point où il n'est plus avantageux pour le pollué de payer pour une dépollution supplémentaire. Inversement, si le pollué détient le droit à un environnement propre, le pollueur pourrait payer pour le droit de polluer, jusqu'à ce que le coût supplémentaire de réduction de la pollution soit supérieur aux bénéfices que le pollueur en tire.

Cependant, dans la réalité, les négociations entre le pollueur et le pollué sont souvent entravées par des coûts de transaction élevés. Ces coûts peuvent inclure les frais juridiques pour établir et faire respecter les accords, les coûts liés à la recherche d'informations et à la négociation, ainsi que les défis liés à la coordination entre un grand nombre de parties. De plus, les asymétries d'information et le problème des resquilleurs, où des individus bénéficient des résultats de la négociation sans y participer activement, peuvent également compliquer la résolution privée des externalités.

En conséquence, bien que le théorème de Coase propose une solution élégante sur le papier, la nécessité d'une intervention de l'État sous forme de réglementations ou de taxes environnementales est souvent inévitable pour gérer efficacement les externalités et parvenir à une allocation des ressources qui reflète le coût et le bénéfice social de la dépollution.

Illustration Pratique: Un Accord Négocié en Détail

L'analyse des coûts et bénéfices marginaux pour les deux frères, Toxico et Asmatico, nous donne une base pour une possible solution négociée à la question de fumer en voiture lors de leurs voyages.

Pour Toxico, le coût marginal de ne pas fumer une cigarette augmente linéairement avec chaque cigarette non fumée, ce qui est décrit par la fonction $Cm_{T}(C)=1+C$ . Cela signifie que chaque cigarette supplémentaire qu'il choisit de ne pas fumer lui coûte plus en termes de satisfaction personnelle. Lorsqu'il ne fume pas dans la voiture d'Asmatico, le coût total qu'il subit après avoir renoncé à un paquet entier est de 220 unités de bien-être, qui est la somme des coûts marginaux de chaque cigarette non fumée.

D'autre part, pour Asmatico, qui n'aime pas la fumée, le bénéfice marginal de chaque cigarette non fumée par Toxico diminue avec chaque cigarette supplémentaire non fumée. Cela est représenté par la fonction $Bm_{A}(C)=10-{\frac {C}{2}}$ . Le bénéfice total qu'Asmatico retire de l'abstention de Toxico est de 100 unités de bien-être, ce qui est la somme des bénéfices marginaux pour chaque cigarette non fumée.

Ces fonctions suggèrent que les deux frères peuvent négocier une compensation qui est mutuellement avantageuse. Puisque le coût total pour Toxico de ne pas fumer est plus élevé que le bénéfice total pour Asmatico lorsque Toxico fume, Asmatico pourrait compenser Toxico pour qu'il ne fume pas, jusqu'à un point où le coût marginal de Toxico égale le bénéfice marginal d'Asmatico. La négociation consisterait à déterminer une quantité de cigarettes que Toxico serait prêt à ne pas fumer et le montant que Asmatico serait prêt à payer pour cette abstention.

Par exemple, Toxico pourrait accepter de réduire le nombre de cigarettes qu'il fume si Asmatico lui paie une certaine somme par cigarette non fumée. Ils devraient trouver un accord qui maximise leur bien-être collectif, c'est-à-dire trouver le nombre de cigarettes que Toxico est prêt à ne pas fumer et qui correspond au montant que Asmatico est prêt à payer pour cette réduction. En théorie, selon le théorème de Coase, ils pourraient arriver à un accord sans l'intervention de leurs parents ou d'une autre autorité, à condition que les coûts de transaction pour négocier et faire respecter cet accord soient négligeables.

Le graphique représente une situation économique qui implique deux parties, Toxico et Asmatico, et leurs préférences relatives à fumer des cigarettes pendant qu'ils sont en voiture. Sur l'axe horizontal, nous avons le nombre de cigarettes non fumées, C, et sur l'axe vertical, les coûts et bénéfices marginaux en termes de bien-être ou de satisfaction, mesurés en unités monétaires.

La courbe ascendante, $Cm_{T}$ , représente le coût marginal pour Toxico de ne pas fumer de cigarettes. Comme on peut le voir, ce coût marginal augmente avec chaque cigarette supplémentaire qu'il choisit de ne pas fumer. Cela indique que Toxico trouve de plus en plus difficile de renoncer à chaque cigarette supplémentaire.

La courbe descendante, $Bm_{A}$ , représente le bénéfice marginal pour Asmatico pour chaque cigarette que Toxico ne fume pas. Le bénéfice est plus élevé lorsque le nombre de cigarettes non fumées est faible et diminue à mesure que davantage de cigarettes sont non fumées.

Le point où les deux courbes se croisent, marqué $C^{*}=6$ , suggère un compromis optimal pour les deux parties. À ce point, le coût pour Toxico de ne pas fumer six cigarettes est égal au bénéfice pour Asmatico lorsque six cigarettes ne sont pas fumées. Cela implique que Toxico devrait s'abstenir de fumer exactement six cigarettes pour que les deux parties maximisent leur bien-être combiné.

Le graphique est divisé en différentes zones colorées (A à F), chacune représentant un différent coût ou bénéfice pour Toxico et Asmatico. Par exemple, les zones A et B représentent le coût total pour Asmatico dans la voiture de Toxico lorsque la fumée est autorisée. Les zones C à F représentent le coût total pour Toxico lorsqu'il accompagne Asmatico dans sa voiture et que la fumée est interdite.

Cette illustration sert à montrer comment une négociation Coasienne pourrait se dérouler entre les deux parties. Si elles peuvent négocier sans coûts de transaction, elles pourraient s'entendre sur une compensation pour que Toxico ne fume que six cigarettes, améliorant ainsi le bien-être d'Asmatico sans imposer un coût excessif à Toxico. La négociation pourrait impliquer que Asmatico paie Toxico pour chaque cigarette non fumée jusqu'à atteindre l'équilibre à $C^{*}$ .

Cependant, si les coûts de transaction étaient significatifs ou si l'une des parties avait une information incomplète sur les préférences de l'autre, atteindre cet accord deviendrait plus compliqué. De plus, si Toxico ou Asmatico adoptait un comportement de resquilleur, en essayant de bénéficier de l'accord sans payer sa part juste, cela pourrait également empêcher de parvenir à une solution efficace. En l'absence d'une solution négociée, une intervention extérieure, telle qu'une réglementation ou une politique mise en place par les parents ou une autorité, pourrait être nécessaire pour résoudre la situation.

1. ACHAT DE PERMIS DE POLLUER

Toxico décide d'acheter le droit de fumer dans la voiture d'Asmatico pour 7 CHF par cigarette. Il continue à fumer jusqu'à ce que son coût marginal de ne pas fumer atteigne 7 CHF. À ce stade, il a renoncé à fumer 6 cigarettes, fumant donc 14 cigarettes sur les 20 habituelles.

Le coût total pour Toxico se compose de deux parties :

Le coût de l'achat du droit de fumer, qui correspond à la zone D+E dans le graphique. Cela se calcule comme le prix par cigarette multiplié par le nombre de cigarettes fumées, soit $7\times 14=98$ CHF.
Le coût associé à l'abstinence des 6 cigarettes qu'il a décidé de ne pas fumer, correspondant à la surface C. Ce coût est représenté par l'aire d'un triangle avec une base de 6 (le nombre de cigarettes non fumées) et une hauteur de 7 (le coût marginal de la sixième cigarette non fumée, qui commence à 1 CHF pour la première cigarette non fumée et augmente de 1 CHF pour chaque cigarette additionnelle). Par conséquent, l'aire de ce triangle est ${\frac {1}{2}}\times 6\times 7=21$ CHF. Le coût total pour Toxico est donc de 98 CHF pour l'achat des droits de fumer plus 21 CHF pour le coût d'abstinence, ce qui fait un total de 119 CHF.

Cependant, s'il n'avait pas acheté les droits de fumer, fumer toutes les cigarettes lui aurait coûté 220 CHF. Donc, en ne fumant pas ces 6 cigarettes, il réalise un gain de $220-119=101$ CHF, qui correspond à la surface F.

Asmatico, d'autre part, est prêt à accepter cet arrangement car jusqu'à la treizième cigarette, son bénéfice marginal de ne pas subir la fumée est inférieur à 7 CHF, ce qui est moins que ce qu'il reçoit de Toxico. Il subit un coût associé à la fumée passive des 14 cigarettes que Toxico fume, ce qui correspond à la surface D, évaluée à 49 CHF. Cependant, il gagne 98 CHF de Toxico pour le droit de fumer. Ainsi, son gain net est de $98-49=49$ CHF, correspondant à la surface E.

Cet exemple démontre comment une négociation Coasienne peut aboutir à une solution où les deux parties s'améliorent grâce à des échanges volontaires, malgré la présence d'externalités négatives.

2. ACHAT DE DROITS À L'AIR PROPRE

Lorsque Asmatico achète le droit à un air propre en payant Toxico pour ne pas fumer dans la voiture, les calculs montrent les résultats suivants :

Le bénéfice total pour Asmatico, si Toxico ne fumait pas du tout pendant le voyage, serait de 100 CHF.
Le coût pour Toxico de ne pas fumer 6 cigarettes est de 24 CHF, qui est la somme des coûts marginaux d'abstinence pour ces cigarettes.
Asmatico paie Toxico 42 CHF pour qu'il s'abstienne de fumer ces 6 cigarettes (7 CHF par cigarette non fumée).

En termes de gain net pour chacun des frères dans ce scénario :

Toxico reçoit 42 CHF d'Asmatico, et comme son coût d'abstinence est de 24 CHF, son gain net est de 18 CHF.
Asmatico, d'autre part, paie 42 CHF mais son bénéfice total sans fumée est de 100 CHF, donc son gain net est de 58 CHF.

Dans cette situation, la quantité de cigarettes non fumées est identique à celle du premier scénario : Toxico s'abstient de fumer 6 cigarettes. Cependant, les gains nets diffèrent en raison de la direction du paiement. Asmatico paie pour un air propre, et Toxico reçoit une compensation pour ne pas fumer, contrairement au premier scénario où Toxico payait pour le droit de fumer.

Cela illustre comment la distribution initiale des droits affecte la distribution des gains monétaires entre les parties, même si la quantité de l'externalité (dans ce cas, la fumée de cigarette) reste la même. C'est une démonstration pratique du théorème de Coase : tant que les coûts de transaction sont négligeables et que les droits de propriété sont clairement définis, les parties peuvent négocier des compensations pour atteindre un résultat efficient indépendamment de la répartition initiale des droits.

L'Action Publique Face aux Externalités

La Palette des Interventions Publiques pour les Externalités

Lorsque le marché aboutit à une mauvaise allocation des ressources à cause d'une externalité et qu'une négociation privée n'est pas possible, généralement en raison de coûts de transaction élevés, d'informations asymétriques ou du problème du passager clandestin, le gouvernement peut intervenir pour corriger cette défaillance.

L'une des approches que le gouvernement peut prendre est l'adoption de politiques autoritaires, qui consistent en des réglementations strictes. Ces réglementations peuvent être sous forme d'obligations ou d'interdictions concernant certains comportements. Par exemple, le gouvernement peut rendre la vaccination obligatoire pour tous les écoliers afin de s'assurer que la société bénéficie de l'immunité collective. De même, il peut fixer un niveau maximal de pollution que les entreprises ne doivent pas dépasser pour protéger la santé publique et l'environnement. Ces mesures peuvent être efficaces pour atteindre un résultat souhaité rapidement et de manière assez directe.

Cependant, ces politiques peuvent aussi être considérées comme intrusives et limiter les libertés individuelles ou les choix des entreprises. Elles doivent donc être conçues avec soin pour équilibrer les objectifs de bien-être social et le respect des droits individuels. De plus, leur efficacité dépend de la capacité du gouvernement à les faire respecter, ce qui nécessite souvent un suivi et des ressources significatives.

Lorsque des négociations privées échouent à résoudre les problèmes d'externalités et que le marché ne parvient pas à une allocation optimale des ressources, le gouvernement peut opter pour des interventions qui s'appuient sur les mécanismes de marché pour réaligner les incitations privées avec les intérêts sociaux. Ces interventions, dites "orientées vers le marché", cherchent à utiliser les prix et les incitations économiques pour encourager les comportements souhaitables sans imposer directement des réglementations.

Les taxes pigouviennes sont un exemple classique d'une telle politique. Nommées d'après l'économiste Arthur Pigou, elles sont conçues pour internaliser les coûts des externalités négatives. En taxant des activités qui produisent des effets externes nuisibles, comme la pollution, le gouvernement peut inciter les entreprises et les consommateurs à réduire leur comportement polluant jusqu'à ce que le coût social et privé soit aligné. Le montant de la taxe est généralement fixé pour être égal au coût marginal externe de l'activité polluante à la quantité socialement optimale.

D'un autre côté, les subventions peuvent être utilisées pour encourager des comportements ayant des externalités positives. Par exemple, le gouvernement peut offrir des aides financières pour les travaux d'amélioration de l'isolation des habitations privées, ce qui réduit la consommation d'énergie et, par conséquent, les émissions de gaz à effet de serre. De même, des subventions pourraient être offertes aux entreprises qui investissent dans la recherche et le développement de technologies propres ou dans la formation de leur main-d'œuvre, ce qui peut avoir des retombées positives pour l'ensemble de l'économie.

Ces politiques orientées vers le marché sont souvent préférées aux réglementations directes car elles peuvent atteindre les objectifs souhaités tout en permettant une certaine flexibilité dans la manière dont les individus et les entreprises répondent aux incitations fiscales. Cependant, leur conception et leur mise en œuvre nécessitent une compréhension précise de la nature et de la taille des externalités, ainsi qu'une capacité à ajuster les taxes et les subventions de manière appropriée pour éviter des effets secondaires indésirables ou des distorsions du marché.

Comparaison des Systèmes de Permis et d'Imposition

L'État dispose de deux principales approches pour réduire la pollution émanant d'une usine :

Réglementation : L'État peut imposer une réglementation stricte qui oblige l'usine à réduire la pollution à un niveau spécifique. Ces limites réglementaires sont souvent définies après des études environnementales et sanitaires et peuvent inclure des plafonds sur les émissions de polluants spécifiques. L'usine doit alors ajuster ses processus de production, investir dans des technologies de contrôle de la pollution ou changer ses matières premières pour se conformer aux normes imposées. Cette approche de "commande et contrôle" offre aux autorités une assurance que certaines réductions de pollution seront réalisées, mais peut être coûteuse pour les entreprises et ne fournit pas de flexibilité quant à la manière d'atteindre ces réductions.
Taxe Pigouvienne : Alternativement, l'État peut imposer une taxe pigouvienne, qui est une taxe sur chaque unité de pollution émise. Le montant de la taxe est idéalement égal au coût marginal externe de la pollution à la quantité optimale de pollution. Cette taxe incite l'usine à réduire la pollution, car elle doit maintenant payer pour l'impact externe de ses émissions. La taxe pigouvienne offre une flexibilité à l'usine sur la façon de réduire la pollution, car elle peut choisir de payer la taxe, de réduire la pollution pour éviter la taxe, ou une combinaison des deux. Cela peut également encourager l'innovation en matière de technologies de réduction de la pollution, car réduire les émissions devient financièrement avantageux.

Chacune de ces approches a ses avantages et inconvénients. La réglementation peut être plus directe et plus facile à comprendre pour le public, mais elle peut également être moins efficiente et moins flexible. Les taxes pigouviennes, quant à elles, sont généralement considérées comme plus efficientes du point de vue économique, car elles permettent à chaque usine de trouver la manière la plus rentable de réduire sa pollution. Cependant, déterminer le montant exact de la taxe pour correspondre au coût marginal externe de la pollution peut être complexe et sujet à des débats politiques et économiques.

Le système de plafonnement et d'échange, également connu sous le nom de marché des permis à polluer, est une méthode orientée vers le marché pour contrôler la pollution en fournissant des incitations économiques pour réduire les émissions polluantes. Voici comment il fonctionne :

Plafonnement : L'État fixe un plafond, c'est-à-dire une limite maximale sur la quantité totale de pollution qui peut être émise par toutes les entreprises concernées. Ce plafond est inférieur au niveau actuel des émissions pour forcer une réduction globale.
Distribution de Permis : L'État alloue ou vend des permis à polluer aux entreprises, où chaque permis autorise le détenteur à émettre une certaine quantité de pollution. Le nombre total de permis correspond au plafond d'émissions fixé par l'État.
Échange : Les entreprises qui peuvent réduire leurs émissions à un coût inférieur au prix du marché des permis auront un incitatif à le faire et pourront vendre leurs permis excédentaires. Cela crée un marché pour les droits à polluer. Les entreprises pour qui la réduction des émissions est plus coûteuse peuvent acheter des permis supplémentaires sur le marché pour se conformer à la réglementation.

Le système de cap-and-trade a plusieurs avantages. Il offre une flexibilité aux entreprises pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de la manière la plus économique. Il encourage également l'innovation en matière de technologies propres car les économies réalisées grâce à des réductions plus efficaces peuvent être rentables.

Cependant, il existe un problème potentiel avec ce système lié au lobbying. Les entreprises et les groupes d'intérêts peuvent exercer des pressions pour augmenter le nombre de permis alloués, ce qui augmenterait le plafond des émissions autorisées et réduirait l'efficacité du programme en termes de réduction de la pollution. Si le plafond est fixé trop haut, les permis peuvent devenir trop abondants et bon marché, ce qui réduit l'incitation à investir dans la réduction de la pollution.

Pour que le système de plafonnement et d'échange fonctionne efficacement, il est crucial que le plafond d'émissions soit fixé à un niveau qui reflète les véritables objectifs de réduction de la pollution et qu'il soit progressivement abaissé au fil du temps pour encourager des réductions continues. De plus, le processus d'allocation des permis doit être transparent et équitable pour prévenir la manipulation du marché et assurer une concurrence juste et efficace.

Impuestos pigouvianos y permisos de contaminación: evaluación de su equivalencia

En los gráficos siguientes se comparan los enfoques del impuesto pigouviano y los permisos de emisión negociables para regular la contaminación. Ambos mecanismos pretenden reducir la contaminación imponiendo costes a los contaminadores, pero funcionan de formas ligeramente distintas.

Impuesto pigouviano (Gráfico a) : El impuesto pigouviano es un precio fijado por el Estado a la contaminación. Este precio pretende reflejar el coste externo que la contaminación impone a la sociedad. El gráfico muestra una línea horizontal a un precio determinado por el impuesto. El punto de intersección de esta línea con la curva de demanda de contaminación indica la cantidad de contaminación que se producirá al precio fijado por el impuesto. Las empresas contaminantes pagarán el impuesto por cada unidad de contaminación que emitan, y se supone que este impuesto animará a las empresas a reducir sus emisiones hasta que el coste marginal de reducir la contaminación sea igual al impuesto. La principal ventaja de este planteamiento es que permite a las empresas decidir cómo van a reducir la contaminación, dándoles flexibilidad para encontrar las soluciones más baratas. Sin embargo, el nivel de contaminación resultante no está garantizado, ya que depende de cómo reaccionen las empresas al impuesto. Si el impuesto es demasiado bajo, la contaminación podría seguir siendo elevada; si es demasiado alto, podría imponer costes excesivos a las empresas.

Mercado de permisos de contaminación (Gráfico b): En el sistema de límites máximos y comercio de derechos de emisión, también conocido como mercado de permisos de contaminación, el Estado fija un límite a la cantidad total de contaminación que puede emitirse. Los permisos correspondientes a este tope se distribuyen o venden a las empresas contaminantes. Estos permisos son negociables, lo que significa que las empresas que pueden reducir la contaminación de forma más barata venderán sus permisos sobrantes a otras empresas para las que la reducción es más cara. El gráfico muestra que el precio de los permisos viene determinado por el punto en el que la curva de oferta de permisos (que es vertical porque el número de permisos es fijo) se cruza con la curva de demanda del derecho a contaminar. La ventaja de este sistema es que garantiza un nivel de contaminación que no supera el límite máximo fijado. Sin embargo, el precio de los permisos puede variar y ser difícil de predecir, lo que puede crear incertidumbre en las empresas.

La elección entre el impuesto pigouviano y el mercado de permisos depende de los objetivos específicos y de las condiciones del mercado. Si el objetivo principal es garantizar un nivel máximo de contaminación, el mercado de permisos es más apropiado. Si el objetivo es animar a las empresas a innovar y encontrar formas rentables de reducir la contaminación, el impuesto pigouviano puede ser preferible por la flexibilidad que ofrece. Ambos sistemas se enfrentan a problemas de aplicación, como la necesidad de medir con precisión la contaminación y controlar su cumplimiento. Los grupos de presión pueden ejercer una influencia significativa sobre la fijación de los precios de los impuestos o el número de permisos distribuidos, lo que puede comprometer la eficacia de cada sistema. Además, ambos mecanismos pueden tener consecuencias sociales y económicas, como la transferencia de costes a los consumidores, el impacto en la competitividad de las empresas y la necesidad de una transición justa para los trabajadores de las industrias afectadas.

En resumen, el impuesto pigouviano y el mercado de permisos de contaminación son dos herramientas de política medioambiental que intentan corregir los fallos del mercado asociados a las externalidades negativas de la contaminación. Su éxito dependerá de la forma en que se integren en un marco normativo más amplio y de su aceptación por el público y las empresas.

Análisis comparativo de las ventajas y los límites de los permisos de emisión y los impuestos medioambientales

Los permisos de contaminación y los impuestos pigouvianos son dos de los principales métodos utilizados para internalizar las externalidades negativas de la contaminación. Aunque ambos persiguen el mismo objetivo de reducir las emisiones, lo hacen a través de mecanismos diferentes, cada uno con sus propias ventajas e inconvenientes.

Los economistas tienden a preferir los impuestos pigouvianos por varias razones. En primer lugar, se consideran menos intrusivos en el funcionamiento del mercado, porque permiten a las empresas elegir cómo se ajustan al impuesto. En lugar de dictar cómo y dónde reducir las emisiones, los impuestos animan a las empresas a encontrar por sí mismas los métodos más rentables. Esto puede conducir a la innovación tecnológica, ya que las empresas tratan de reducir la cantidad de impuestos que tienen que pagar. Otra ventaja es el efecto incentivador a largo plazo. Al gravar la contaminación, los gobiernos crean un incentivo financiero permanente para que las empresas inviertan en la investigación y el desarrollo de tecnologías más limpias. Esto puede conducir a mejoras duraderas en la eficiencia energética y la reducción de contaminantes.

Sin embargo, los impuestos pigouvianos también tienen desventajas. Uno de los principales problemas es que el gobierno tiene que determinar el coste social exacto de la contaminación para fijar el impuesto a un nivel que internalice los costes externos. Esto puede ser extremadamente difícil, ya que el daño causado por la contaminación puede variar considerablemente en función de muchos factores, como la geografía, la densidad de población y la sensibilidad de los ecosistemas locales. Si el impuesto se fija demasiado bajo, no reducirá suficientemente la contaminación; si se fija demasiado alto, podría imponer costes innecesariamente elevados a empresas y consumidores.

Por eso se suelen preferir los impuestos pigouvianos, por su flexibilidad y potencial de innovación, pero requieren un conocimiento preciso del daño social causado por la contaminación, que es difícil de cuantificar. La decisión de utilizar impuestos o permisos dependerá de las circunstancias concretas, los objetivos de la política medioambiental y la capacidad del Estado para recabar la información necesaria y ajustar las políticas en consecuencia. En la práctica, puede ser necesaria una combinación de ambos enfoques y, de hecho, de otros instrumentos políticos, para gestionar la contaminación con eficacia y proteger el medio ambiente, manteniendo al mismo tiempo la eficiencia económica.

A menudo se prefieren las restricciones o regulaciones directas de la contaminación por su simplicidad y la certidumbre que proporcionan tanto a los reguladores como a las empresas. Prescriben límites de emisión específicos que deben cumplirse, lo que puede ser especialmente beneficioso en situaciones en las que se carece de información sobre los costes sociales precisos de la contaminación. Estos reglamentos establecen normas claras y proporcionan resultados predecibles: las empresas saben lo que se espera de ellas y los reguladores disponen de un marco claro para la supervisión y el cumplimiento. Por otro lado, estas normativas tienen desventajas significativas a la hora de incentivar la mejora. Una vez que una empresa cumple la norma, suele haber poco o ningún incentivo para seguir reduciendo la contaminación. Esto puede conducir a un estado de autocomplacencia en el que las empresas se contentan con cumplir las normas sin tratar de sobresalir en su comportamiento medioambiental. Además, la normativa puede introducir distorsiones económicas al no animar a las empresas a buscar formas de reducir costes. Podrían verse atrapadas en tecnologías caras diseñadas específicamente para cumplir los requisitos normativos, sin explorar otras opciones potencialmente más eficientes o menos costosas.

Los costes asociados al cumplimiento de la normativa también pueden ser elevados. Las tecnologías necesarias para cumplir las normas pueden ser caras, y estos costes adicionales suelen repercutirse en los consumidores. Esto puede repercutir en el mercado en términos de competitividad y accesibilidad, ya que los precios de los bienes y servicios suben para cubrir el aumento de la inversión de capital y los costes de funcionamiento. Las restricciones son, por tanto, un instrumento importante de la política medioambiental, ya que garantizan que no se superarán determinados niveles de emisión. Sin embargo, pueden ser rígidas y no favorecer la innovación y la mejora continua más allá de los requisitos mínimos. Así pues, una combinación de regulación directa con otros instrumentos económicos, como los impuestos pigouvianos y los sistemas de permisos de emisión negociables, puede ofrecer un compromiso entre certidumbre, flexibilidad e incentivos a la innovación, dando lugar a un planteamiento más matizado y eficaz de la gestión de la contaminación.

Resumen de los conceptos y estrategias abordados

Las externalidades surgen cuando una transacción entre un comprador y un vendedor repercute en terceros que no son ni compradores ni vendedores en esa transacción. Estos efectos secundarios no compensados pueden ser beneficiosos (externalidades positivas) o perjudiciales (externalidades negativas). Una externalidad negativa, como la contaminación de una fábrica, conduce a una sobreproducción en comparación con lo que sería socialmente ideal, porque el coste externo no se tiene en cuenta en la decisión de producción de la fábrica. A la inversa, una externalidad positiva, como la vacunación, conduce a una infraproducción porque los beneficios para la sociedad no se reflejan plenamente en los incentivos privados de los individuos o las empresas.

En algunos casos, las partes afectadas por las externalidades pueden encontrar una solución por sí mismas. El teorema de Coase afirma que si los derechos de propiedad están claramente definidos y los costes de transacción son nulos, las partes pueden negociar compensaciones que conduzcan a una asignación eficiente de los recursos, independientemente de quién posea inicialmente los derechos. Sin embargo, en la práctica, los costes de transacción rara vez son cero y los derechos de propiedad no siempre están claramente definidos, lo que suele complicar las negociaciones privadas.

Cuando las negociaciones privadas no bastan para resolver las externalidades, puede ser necesaria la intervención del gobierno. El gobierno puede optar por imponer normas de comportamiento, que son reglamentos directos que dictan obligaciones o prohibiciones. Estas normas son fáciles de entender y pueden ser eficaces para lograr objetivos específicos, pero también pueden ser rígidas y no fomentar la mejora continua.

Una alternativa es el uso de instrumentos económicos como los impuestos pigouvianos, que tratan de internalizar los costes externos imponiendo un precio a la contaminación, o la creación de mercados de permisos de contaminación, donde las empresas pueden comprar y vender el derecho a contaminar. Estos métodos orientados al mercado pueden ser más eficaces y flexibles que las normas estrictas, ya que permiten a las empresas elegir la forma más rentable de reducir su contaminación y fomentan la innovación a largo plazo.

En última instancia, la elección de los instrumentos de política medioambiental depende de muchos factores, como la naturaleza de la externalidad, la estructura de la industria afectada y los objetivos específicos de la política. Una combinación de regulación directa e instrumentos económicos puede ofrecer a menudo un equilibrio eficaz entre seguridad, flexibilidad e incentivos a la innovación.

Anexos

The Economist, Selling hot air, 07.08.2006
The Economist, Doffing the cap, 14.07.2007

Referencia

[1] Page personnelle de Federica Sbergami sur le site de l'Université de Genève

[2] Page personnelle de Federica Sbergami sur le site de l'Université de Neuchâtel

[3] Page personnelle de Federica Sbergami sur Research Gate

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