Análisis de las Políticas Públicas: establecimiento y formulación de la agenda

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Introduction à la science politique

La pensée sociale d'Émile Durkheim et Pierre Bourdieu ● Aux origines de la chute de la République de Weimar ● La pensée sociale de Max Weber et Vilfredo Pareto ● La notion de « concept » en sciences-sociales ● Histoire de la discipline de la science politique : théories et conceptions ● Marxisme et Structuralisme ● Fonctionnalisme et Systémisme ● Interactionnisme et Constructivisme ● Les théories de l’anthropologie politique ● Le débat des trois I : intérêts, institutions et idées ● La théorie du choix rationnel et l'analyse des intérêts en science politique ● Approche analytique des institutions en science politique ● L'étude des idées et idéologies dans la science politique ● Les théories de la guerre en science politique ● La Guerre : conceptions et évolutions ● La raison d’État ● État, souveraineté, mondialisation, gouvernance multiniveaux ● Les théories de la violence en science politique ● Welfare State et biopouvoir ● Analyse des régimes démocratiques et des processus de démocratisation ● Systèmes Électoraux : Mécanismes, Enjeux et Conséquences ● Le système de gouvernement des démocraties ● Morphologie des contestations ● L’action dans la théorie politique ● Introduction à la politique suisse ● Introduction au comportement politique ● Analyse des Politiques Publiques : définition et cycle d'une politique publique ● Analyse des Politiques Publiques : mise à l'agenda et formulation ● Analyse des Politiques Publiques : mise en œuvre et évaluation ● Introduction à la sous-discipline des relations internationales

El desarrollo de una política pública sigue un proceso estructurado en torno a cuatro etapas esenciales. Una política pública comprende una serie de acciones y decisiones tomadas por las autoridades gubernamentales con el objetivo de responder a un problema específico. La primera etapa consiste en identificar el problema e incluirlo en la agenda política. Esta fase, conocida como establecimiento de la agenda, define el problema que requiere la intervención del gobierno y justifica por qué es necesaria esta intervención. La segunda etapa del proceso consiste en formular la política pública. Esta fase de formulación proporciona una respuesta a la pregunta: ¿cuál es la solución prevista para responder a este problema? El objetivo es encontrar una solución legítima y aceptable en el contexto político actual. Cada una de estas fases desempeña un papel crucial en el desarrollo de una política eficaz, guiando el proceso desde la identificación inicial del problema hasta el establecimiento de un plan de acción concreto para resolverlo.

El análisis del establecimiento de la agenda trata de comprender cómo y por qué se construyen y reconocen determinados problemas como merecedores de la atención pública y la intervención del Estado. En esta fase tiene lugar el proceso de "construcción social" de los problemas públicos. Esto significa que los problemas públicos no son simplemente hechos objetivos que existen en sí mismos, sino que son moldeados y definidos por actores sociales y políticos que interpretan y atribuyen importancia a determinadas situaciones o condiciones. Esta construcción es un proceso complejo, que a menudo implica debates y luchas entre distintos actores con intereses y perspectivas diferentes. Factores como el poder político, los valores culturales, la opinión pública y los medios de comunicación pueden desempeñar un papel en la definición de lo que se considera un problema público.

Sin embargo, es importante señalar que a menudo es difícil iniciar una nueva política pública. El simple hecho de definir un problema como cuestión pública no garantiza automáticamente que se incluya en la agenda política. Obstáculos como la falta de recursos, la resistencia política o la falta de interés público pueden impedir que un problema ocupe un lugar en la agenda. Por ello, para analizar el establecimiento de la agenda también es necesario comprender los procesos y dinámicas políticos que influyen en qué cuestiones se reconocen y priorizan, y cuáles se ignoran o marginan.

La construcción de los problemas públicos y su inclusión en la agenda política

Definición y reconocimiento de un problema público

El concepto de agenda política

La agenda política representa las cuestiones que las autoridades políticas y administrativas consideran prioritarias y sobre las que pretenden actuar. Estas cuestiones pueden incluir diversos problemas sociales, económicos o medioambientales que requieren una respuesta política. Por otro lado, la agenda mediática está formada por las historias y temas que los medios de comunicación presentan como importantes, ya sea en periódicos, informativos de televisión, radio o páginas web de noticias. Estos temas son los que los medios creen que merecen la atención del público y pueden coincidir o no con la agenda política.

Estas dos agendas pueden interactuar e influirse mutuamente. Por ejemplo, los medios de comunicación pueden destacar un tema concreto, incitando a los políticos a prestarle atención e incluirlo en su agenda. A la inversa, las decisiones políticas pueden influir en la agenda de los medios de comunicación, especialmente cuando se refieren a cuestiones de interés público. Sin embargo, también puede haber divergencias entre estas dos agendas, en función de las prioridades, valores y limitaciones de cada ámbito.

La agenda política, en particular la del Parlamento, se refleja en los temas y cuestiones abordados por los parlamentarios. Éstos pueden abarcar un amplio abanico de cuestiones sociales, económicas, medioambientales y de seguridad. Las mociones, las iniciativas parlamentarias, los postulados, las preguntas y las interpelaciones son instrumentos de que disponen los parlamentarios para poner de relieve determinadas cuestiones. Reflejan las preocupaciones de los representantes elegidos y, por extensión, de sus electores. El análisis de esta agenda parlamentaria puede revelar cuáles son las prioridades de las autoridades políticas en un momento dado, qué asuntos se consideran lo suficientemente importantes como para requerir una intervención política y cómo pueden cambiar estas prioridades con el tiempo. No obstante, hay que subrayar que la agenda política no se limita a lo que se debate en el Parlamento. Otros actores, como el Gobierno, los partidos políticos, los grupos de presión o los ciudadanos individuales, también pueden influir en esta agenda, a través de sus propias acciones e iniciativas.

En el sistema suizo, la agenda del Gobierno, es decir, la del Consejo Federal, sigue siendo menos transparente debido al secreto de las deliberaciones. Se trata de una norma que garantiza la confidencialidad de los debates en el Consejo Federal. El objetivo de esta norma es preservar la colegialidad del Gobierno, permitiendo a sus miembros debatir libremente y tomar decisiones de forma colegiada. Sin embargo, aunque los detalles de las discusiones del Consejo Federal no son accesibles al público, el gobierno comunica sus decisiones a través de comunicados de prensa. Estos comunicados de prensa pueden dar una indicación de las prioridades del gobierno, aunque sólo reflejan las decisiones finales y no los debates que condujeron a esas decisiones. La agenda del Consejo Federal puede verse influida por otros factores, como las iniciativas parlamentarias, los votos populares, las peticiones de los cantones o los acontecimientos internacionales. Por lo tanto, el análisis de estos factores también puede dar una indicación de la agenda política del gobierno, aunque el proceso interno de toma de decisiones siga siendo confidencial.

En este contexto, el término "agenda" se refiere al conjunto de temas que un grupo específico considera importantes y dignos de atención. Estos temas suelen ser cuestiones o problemas públicos que requieren acción o intervención. Cuando hablamos de agenda mediática, nos referimos a los temas que los medios de comunicación deciden cubrir y destacar. Esta agenda puede estar influida por diversos factores, como la actualidad, el interés público, los valores periodísticos y, a veces, incluso los intereses comerciales de las empresas de comunicación. Del mismo modo, la agenda de los partidos políticos viene determinada por los temas en los que deciden centrarse, a menudo como parte de sus campañas electorales. Esta agenda puede reflejar los valores y prioridades del partido, las preocupaciones de sus votantes, así como las estrategias electorales. En cada caso, la agenda es una forma de que los actores definan lo que es importante y centren la atención en estas cuestiones. Por lo tanto, desempeña un papel crucial a la hora de configurar el debate público y orientar las políticas públicas.

El proceso de programación

El número de temas y cuestiones que pueden abordarse en un momento dado, ya sea en los medios de comunicación, en el Parlamento o en el Gobierno, es necesariamente limitado. Esta limitación se debe a las restricciones de tiempo, recursos y capacidad de atención. Enfrentados a estas limitaciones, los actores tienen que tomar decisiones sobre qué temas destacar y cuáles ignorar. Estas decisiones pueden verse influidas por diversos factores, como la urgencia percibida de una cuestión, su importancia para la opinión pública, su relevancia para las prioridades políticas existentes o su capacidad para generar apoyo o interés. Esto significa que lanzar una nueva política pública puede ser un proceso difícil y competitivo. Llamar la atención sobre un tema e incluirlo en la agenda puede requerir estrategias de comunicación eficaces, movilizar apoyos o convencer a los principales actores de la importancia del asunto.

Los medios de comunicación, al igual que los partidos políticos, tienen una capacidad de atención limitada y se ven obligados a seleccionar cuidadosamente los temas que cubren. En el caso de un periódico, el espacio es limitado. Los directores tienen que decidir qué historias merecen estar en primera página, que es el lugar más visible e influyente. Estas decisiones se toman en función de la línea editorial del periódico, la actualidad, el presunto interés del público y otros factores. Del mismo modo, cuando los partidos políticos lanzan una campaña electoral, tienen que definir sus prioridades y elegir en qué temas centrarse. Estas elecciones se hacen generalmente sobre la base de los valores y objetivos del partido, las preocupaciones de su electorado y la estrategia electoral. Esto subraya la naturaleza selectiva de la elaboración de la agenda, que es el proceso por el cual se eligen ciertos temas como importantes y se ignoran otros. Este proceso puede tener un impacto significativo en la opinión pública, la política y la sociedad en general, ya que da forma a aquello de lo que la gente habla y a lo que presta atención.

Como parte de una campaña electoral o incluso de su comunicación habitual, los partidos políticos tienden a centrarse en un número limitado de temas clave. Esta concentración permite a los partidos crear una imagen de marca clara y reconocible, movilizar a su base electoral y distinguirse de otros partidos. Los temas elegidos suelen reflejar los valores fundamentales del partido, las preocupaciones de sus votantes y las cuestiones en las que creen que pueden marcar la diferencia. También pueden estar influidos por la actualidad y el clima político general. El Gobierno funciona de forma similar. Aunque sus competencias son más amplias, también tiene que definir sus prioridades y centrarse en determinados ámbitos políticos clave. Estas prioridades suelen establecerse en el programa de gobierno y se guían por los compromisos electorales, las demandas de la sociedad y las limitaciones prácticas.

El orden del día de los responsables políticos, como el Consejo Federal en Suiza, es limitado por falta de tiempo y recursos. A menudo se les pide que tomen decisiones sobre cuestiones complejas y variadas, pero sólo pueden abordar un número limitado de problemas en sus reuniones periódicas. Esto significa que tienen que dar prioridad a algunos temas y dejar de lado otros, al menos temporalmente. Esto crea competencia entre los distintos temas. Si se añade un tema al orden del día, puede que se deje de lado otro. Se trata de un proceso dinámico y a menudo complejo, en el que pueden influir muchos factores, como la urgencia de los temas, su relevancia para la opinión pública, las prioridades políticas existentes y las presiones externas. Lo mismo ocurre con las agendas de los medios de comunicación y las comisiones parlamentarias. Todas estas agendas son limitadas y no pueden ampliarse indefinidamente para dar cabida a un número ilimitado de temas. Esto hace que el acceso a la agenda sea difícil y a menudo competitivo, ya que los distintos actores tratan de promover sus propias prioridades y temas. Esto subraya la importancia de entrar en la agenda del proceso político. Conseguir un lugar en la agenda es a menudo un paso crucial para obtener una acción política sobre un tema determinado. A menudo esto requiere esfuerzos de promoción, comunicación y movilización para llamar la atención sobre un tema y convencer a los responsables de su relevancia.

Incluir un tema en la agenda es un proceso estratégico que suele implicar trabajar para que el tema sea lo suficientemente interesante, relevante o urgente como para atraer la atención de los actores clave, incluidos los responsables políticos, los medios de comunicación y el público. Este proceso puede constar de varias etapas. Por ejemplo, puede empezar por identificar y definir el problema de forma que resulte comprensible y relevante para un público más amplio. Esto puede implicar reunir pruebas, enmarcar el problema de una determinada manera y desarrollar mensajes claros y convincentes. A continuación, las partes interesadas pueden trabajar para llamar la atención sobre el problema. Esto puede hacerse a través de diversas estrategias de comunicación y promoción, como presionar a los responsables políticos, movilizar al público, sensibilizar a los medios de comunicación, participar en debates públicos, etcétera. Por último, una vez que la cuestión se ha incluido en la agenda, las partes interesadas generalmente tienen que trabajar para mantener la atención sobre ella e influir en la forma en que se aborda y resuelve. Esto puede implicar participar en el desarrollo de políticas, presionar en favor de soluciones específicas, supervisar la aplicación y presionar para que se introduzcan cambios cuando sea necesario.

Codificación sistemática de las agendas políticas

La agenda representa el conjunto de asuntos públicos que son percibidos como prioritarios por los políticos, los medios de comunicación y, por extensión, el público. La portada de un periódico suele ser una representación exacta de lo que se considera importante o urgente en un momento dado. Las decisiones sobre lo que aparece en portada suelen basarse en diversos factores, como la actualidad, el interés del público y la línea editorial del periódico. La codificación sistemática de estas agendas -mediática, política, gubernamental, parlamentaria o presupuestaria- permite seguir la evolución de la atención pública y las prioridades políticas a lo largo del tiempo. Esto puede ayudar a identificar tendencias, influencias y dinámicas dentro del panorama político y mediático. Este método de codificación y análisis de las agendas es una técnica habitual en las ciencias sociales, sobre todo en las ciencias políticas y de la comunicación. Nos permite analizar no sólo de qué hablamos, sino también cómo lo hacemos, poniendo de relieve los marcos y narrativas utilizados para definir y comprender los asuntos públicos. En resumen, el análisis de la agenda es una valiosa herramienta para comprender el proceso político y cómo se definen y abordan los asuntos públicos.

Utilizando una tabla de codificación con 200 categorías diferentes de políticas públicas, podemos hacernos una idea muy precisa de las prioridades y preocupaciones específicas que se abordan en las distintas agendas. Esta tabla incluye un amplio abanico de áreas, como la economía, el medio ambiente, la política monetaria, la educación, la sanidad, la vivienda, la seguridad, los derechos humanos, etc. Cada una de estas categorías puede subdividirse en tres categorías diferentes. Cada una de estas categorías podría subdividirse en cuestiones o temas más específicos. Aplicando esta rejilla de codificación a las distintas agendas, ya sea en los medios de comunicación, los partidos políticos, los gobiernos, los parlamentos o incluso los presupuestos, podemos obtener datos cuantitativos precisos sobre la atención relativa que se presta a cada área. Esto permite comparar las prioridades entre los distintos actores, seguir los cambios a lo largo del tiempo e identificar tendencias o pautas en la atención pública y política. Un análisis de este tipo ayuda a comprender los procesos de fijación de la agenda, mostrando qué cuestiones consiguen atraer la atención y cuáles son ignoradas. Esto proporciona información valiosa sobre el funcionamiento del proceso político y los factores que influyen en las decisiones políticas.

El análisis de datos plurianuales ofrece una valiosa perspectiva sobre las tendencias a largo plazo y los cambios en las prioridades políticas y mediáticas. Esto puede revelar qué asuntos se han percibido como más urgentes o importantes a lo largo del tiempo. Mediante la codificación de más de 22.000 intervenciones parlamentarias en Suiza, obtenemos una visión detallada de las cuestiones que se han planteado y los problemas a los que han dado prioridad los legisladores. Las preguntas, interpelaciones, postulados e iniciativas parlamentarias revelan las preocupaciones de los parlamentarios, sus respuestas a los problemas públicos y su compromiso de tomar medidas sobre cuestiones concretas. Este análisis muestra cómo se divide la atención política entre las distintas áreas, cómo han cambiado las prioridades a lo largo del tiempo y qué asuntos han conseguido mantenerse en la agenda o han quedado eclipsados por otras preocupaciones. Esta información es valiosa para comprender no sólo las prioridades políticas actuales, sino también la dinámica política y los factores que influyen en las decisiones políticas. Además, estos datos ayudan a fundamentar los debates sobre la eficacia de las políticas públicas y a evaluar si los esfuerzos políticos se ajustan a las cuestiones y preocupaciones más acuciantes.

El análisis de los comunicados de prensa del gobierno y de los acuerdos de coalición puede proporcionar información valiosa sobre las prioridades y compromisos del gobierno. Se trata de otra faceta del análisis de la agenda que puede enriquecer nuestra comprensión del panorama político. Los comunicados de prensa del Gobierno reflejan a menudo las prioridades inmediatas del Gobierno y la forma en que comunica sus acciones y políticas. Analizando estos comunicados de prensa a lo largo de varios años, podemos seguir los cambios en la agenda del gobierno y observar cómo se ha dado prioridad a diferentes temas y áreas de política pública en diferentes momentos. Por otra parte, los acuerdos de coalición que se negocian al principio de la legislatura pueden proporcionar una visión de los objetivos y prioridades a largo plazo del gobierno. Estos acuerdos son a menudo el resultado de complejas negociaciones entre diferentes partidos, y reflejan los compromisos y compromisos que guiarán la acción del gobierno en los próximos años. Estos dos tipos de documentos - los comunicados de prensa y los acuerdos de coalición - pueden codificarse utilizando la misma tabla de codificación que la utilizada para los medios de comunicación y el parlamento. Ello permitiría comparar directamente las prioridades y la atención prestada a los distintos ámbitos en las diferentes instituciones.

En un sistema parlamentario al estilo Westminster, como el británico, el "Discurso del Trono" o "Discurso de la Reina" es un elemento clave para el análisis. Tradicionalmente, se trata de un discurso pronunciado por el monarca (o su representante) en la apertura de cada nueva sesión del Parlamento. Aunque es pronunciado por el monarca, es redactado por el Gobierno de turno y en él se exponen las principales políticas y actos legislativos que el Gobierno pretende aplicar durante la siguiente sesión parlamentaria. El análisis de este discurso puede proporcionar una valiosa información sobre las intenciones y prioridades del Gobierno. Al contener una lista de las principales medidas legislativas que el Gobierno tiene previsto introducir, el Discurso del Trono puede considerarse como una "hoja de ruta" para la sesión parlamentaria. Como parte de un análisis de la agenda, este discurso puede codificarse para identificar las principales áreas de política pública que se destacan, y ver cómo se comparan con la atención prestada a las mismas áreas en los medios de comunicación, el parlamento y otras fuentes que pueden analizarse. También es posible seguir la evolución de estas prioridades a lo largo del tiempo analizando los discursos del Trono de años sucesivos.

El análisis del presupuesto es otro método muy eficaz para comprender las prioridades de un gobierno. El presupuesto es una declaración clara de las intenciones políticas, ya que muestra dónde decide el gobierno asignar sus recursos. Analizando las partidas presupuestarias, podemos ver a qué áreas de política pública da prioridad el gobierno en términos de gasto. Utilizando la tabla de codificación de 200 categorías de políticas públicas, podemos asignar cada partida presupuestaria a una categoría específica. Esto permite ver cuánto dinero se asigna a cada área, comparar asignaciones entre diferentes categorías y seguir los cambios en el gasto a lo largo del tiempo. También puede ser útil para evaluar si el gasto presupuestario coincide con las prioridades declaradas en otras fuentes, como los discursos del trono, los acuerdos de coalición o los comunicados de prensa del gobierno. Por ejemplo, si un gobierno afirma que la educación es una prioridad, pero el gasto en educación es sólo una pequeña parte del presupuesto, esto podría indicar una brecha entre la retórica y la acción.

La gran pregunta que surge una vez codificadas todas estas agendas durante un largo periodo de tiempo en distintos países es cómo explicar por qué ciertos temas son prioritarios en una agenda y en otra. Se trata de un área clave de investigación en ciencia política y estudios de medios de comunicación. Si los medios de comunicación y los actores políticos se centran en los mismos temas, puede resultar difícil determinar quién influye en quién. Los medios de comunicación pueden destacar ciertos temas porque son importantes para la opinión pública, o porque son debatidos por los actores políticos. Del mismo modo, los actores políticos pueden centrarse en determinadas cuestiones porque los medios de comunicación las destacan, o porque creen que son importantes para sus electores. Para responder a esta pregunta, es necesario llevar a cabo un análisis detallado de la relación entre los medios de comunicación y los actores políticos, y tener en cuenta muchos factores, como el contexto político y social, las preferencias de los votantes, la influencia de los grupos de presión y muchos otros. En términos de democracia, es importante que los medios de comunicación y los actores políticos no se centren únicamente en los mismos temas, para garantizar la pluralidad de voces y perspectivas. Si los medios de comunicación y los actores políticos se centran en los mismos temas, esto puede limitar el debate público e impedir que se discutan cuestiones importantes. Además, si los actores políticos se centran principalmente en cuestiones que son populares en los medios de comunicación, esto puede conducir a una forma de populismo mediático, en el que la política pública viene dictada por las preferencias de los medios de comunicación y no por las necesidades de la sociedad. También puede reducir la capacidad de los actores políticos para abordar cuestiones complejas o controvertidas que pueden no ser populares en los medios de comunicación.

La cuestión de quién controla la agenda es fundamental para entender la dinámica de poder en una sociedad y, por tanto, tiene profundas implicaciones para la democracia. Al fijar la agenda -es decir, decidir qué temas merecen atención y cómo se enmarcan- un actor puede ejercer un gran poder. Esta capacidad de fijar la agenda puede influir en las políticas públicas, en la opinión pública e incluso en el resultado de las elecciones. Además, la cuestión de quién tiene el poder de fijar la agenda puede revelar quién tiene el poder en una sociedad más amplia, y puede plantear cuestiones importantes sobre la representación, la equidad y la democracia. Por ejemplo, si la agenda está controlada predominantemente por una élite política o mediática, esto puede significar que algunas voces queden marginadas o ignoradas, lo que puede socavar la participación democrática y la igualdad. Por otro lado, si la agenda se establece de forma más democrática, por ejemplo por una combinación de actores políticos, medios de comunicación y ciudadanos de a pie, esto puede facilitar un debate más amplio y equilibrado. En resumen, analizar quién controla la agenda es una tarea compleja que requiere un estudio en profundidad de las dinámicas de poder, las estructuras sociales y políticas y el papel de los medios de comunicación.

Análisis y comprensión de los problemas públicos

Las agendas pueden analizarse cuantitativamente, midiendo la importancia relativa que una agenda concede a una política pública concreta. Este enfoque puede revelar tendencias y patrones en la forma en que se priorizan los asuntos, y puede ayudar a comprender cómo cambian las prioridades políticas a lo largo del tiempo. Sin embargo, este enfoque cuantitativo por sí solo no puede explicar por qué algunas cuestiones se incluyen en la agenda y otras no. Para comprender esta dinámica, es necesario un análisis cualitativo. Se trata de ver cómo los actores que intentan incluir un problema en la agenda lo construyen y presentan de forma que atraiga la atención de los responsables políticos. Esta construcción del problema puede implicar una serie de estrategias, como enmarcar el problema de forma que sea relevante para las prioridades políticas actuales, movilizar aliados para que apoyen la causa o encontrar formas de atraer la atención de los medios de comunicación. Entender cómo se emplean estas estrategias y hasta qué punto tienen éxito puede ofrecer una valiosa perspectiva de los procesos políticos y de cómo se toman las decisiones.

Los problemas no son intrínsecamente políticos o noticiables por sí mismos. Se convierten en problemas políticos a través de los actores que los destacan, definen y presentan como problemas que requieren la atención y la intervención del gobierno o de los organismos públicos. Esta idea se inscribe en un marco de constructivismo moderado, que reconoce tanto la existencia de acontecimientos objetivos en el mundo real como el papel activo de los actores sociales en la interpretación, definición y construcción de estos acontecimientos como problemas políticos. En este proceso de construcción influyen numerosos factores, como los intereses de los actores, los valores culturales, las ideologías políticas, las limitaciones institucionales y las relaciones de poder.

Tomemos el ejemplo de los organismos modificados genéticamente (OMG) en la agricultura. Este complejo tema es percibido y definido de distintas maneras por diferentes actores y contextos. Para algunos, los OMG son ante todo una cuestión agrícola: se preguntan si esta tecnología permitirá o no aumentar la productividad agrícola. Otros ven los OMG desde un ángulo medioambiental. A algunos les preocupa el riesgo de contaminación genética provocada por cruces involuntarios con plantas no modificadas. En cambio, otros destacan los beneficios potenciales de los OMG para el medio ambiente, como la reducción del uso de herbicidas. También hay quienes ven los OMG a través del prisma de la salud pública. Para ellos, el debate no gira en torno a la productividad agrícola o las cuestiones medioambientales, sino sobre cómo reacciona nuestro organismo a los OMG. Se preguntan por el riesgo de desarrollar alergias a determinados OMG una vez incorporados a nuestra dieta, ya sea directamente o a través de la alimentación del ganado. Por último, algunas partes interesadas definen el problema de los OMG principalmente en términos económicos y de poder. Para ellos, el meollo del debate concierne a las grandes empresas de biotecnología, como Monsanto. Consideran que estas empresas, principalmente norteamericanas, corren el riesgo de crear una dependencia económica al controlar el mercado de las semillas, creando así una asimetría entre el mercado norteamericano y los de otras regiones como América Latina, India y Europa.

En este caso, los OMG (organismos modificados genéticamente) pueden ser percibidos y construidos de manera muy diferente en función de los actores implicados, de sus intereses específicos y de sus marcos de referencia.

• Para algunos, el debate sobre los OMG es principalmente agrícola, centrándose en el impacto de la tecnología en la productividad agrícola.
• Para otros, es una cuestión medioambiental, centrada en los riesgos de contaminación genética o en la posibilidad de reducir el uso de herbicidas.
• Algunos lo ven desde el punto de vista de la salud pública, centrándose en los efectos potenciales de los OMG sobre la salud humana, en particular el riesgo de alergias.
• Por último, hay quienes enfocan la cuestión desde un ángulo económico y político, centrándose en la influencia de las grandes empresas biotecnológicas y el riesgo de desequilibrios económicos mundiales.

Esta multiplicidad de perspectivas ilustra el concepto de constructivismo en política: el significado y la importancia de un problema se construyen socialmente, no vienen dados objetivamente. También demuestra hasta qué punto el proceso de establecer la agenda y definir un problema es complejo y está sujeto a constantes luchas y negociaciones entre distintos actores con intereses y perspectivas diferentes.

La forma en que se percibe y define un problema puede influir enormemente en su presencia en la agenda política. En el caso de los alimentos modificados genéticamente, es probable que diferentes dimensiones del problema capten la atención de los responsables políticos. Sin embargo, la percepción de la gravedad del problema varía considerablemente en función de las dimensiones consideradas. Por ejemplo, si la cuestión de los OMG se considera principalmente desde una perspectiva medioambiental, puede ganar en visibilidad, sobre todo por la creciente importancia de la protección del medio ambiente en la opinión pública y en las prioridades políticas. En cambio, si el debate se centra en las desigualdades económicas potencialmente causadas por el dominio de ciertas grandes empresas, la cuestión puede percibirse como más compleja o conflictiva y, en consecuencia, encontrar más resistencia a su entrada en la agenda política.

La noción de framing es un aspecto clave del análisis de las políticas públicas. Este concepto se refiere a la forma en que se presenta o interpreta un problema. El encuadre de un problema puede influir mucho en cómo lo perciben, entienden y priorizan los responsables políticos, los medios de comunicación y el público. En el contexto de las políticas públicas, el encuadre puede ser una estrategia utilizada por diversos actores (por ejemplo, grupos de interés, investigadores, políticos, periodistas) para resaltar determinados aspectos de un problema, mientras se minimizan u omiten otros. Al elegir cuidadosamente cómo enmarcar una cuestión, estos actores pueden ayudar a determinar si un problema se aborda en la formulación de políticas y cómo se aborda. Por lo tanto, comprender los mecanismos de encuadre y ser capaz de utilizarlos eficazmente es una habilidad esencial para quienes deseen influir en la agenda política.

Reconocimiento y consideración de los asuntos públicos

Introducir un tema en la agenda política es un proceso complejo y polifacético, y no hay garantías de que un tema determinado pase por todas las etapas necesarias. Para que una cuestión sea reconocida y abordada en la elaboración de políticas, debe superar una serie de obstáculos. El primer paso suele consistir en llamar la atención del público y de los responsables políticos sobre el problema. Esto puede implicar concienciar sobre el problema, movilizar el apoyo de las partes interesadas y presentar argumentos convincentes sobre la urgencia y la importancia del problema. La segunda fase suele consistir en definir claramente el problema y proponer soluciones viables. Esto puede implicar investigación, consulta y, a veces, negociación para superar opiniones divergentes e intereses contrapuestos. Incluso una vez que se han dado estos pasos, sigue siendo necesario incluir el problema en la agenda política, lo que a menudo requiere el apoyo de los responsables políticos. A veces, a pesar de los esfuerzos de los defensores de la causa, un asunto puede quedar fuera de la agenda política debido a restricciones políticas, recursos limitados u otras prioridades contrapuestas. Por último, una vez que un asunto está en la agenda política, hay que desarrollar, adoptar y aplicar políticas para abordarlo. Cada etapa de este proceso presenta sus propios retos y obstáculos potenciales. Por eso, aunque se identifique un problema y haya consenso sobre la necesidad de abordarlo, no hay garantía de que llegue a la fase de las políticas públicas. Por eso es importante entender cómo funciona el proceso político y participar activamente en cada etapa para maximizar las posibilidades de éxito.

Este diagrama representa el largo camino que deben recorrer los promotores de un problema público para construirlo.

Trasladar el problema de la esfera privada a la pública

La transición de la esfera privada a la pública suele ser el resultado de una toma de conciencia colectiva, una movilización de las partes interesadas o un acontecimiento desencadenante. Es en esta fase cuando una cuestión privada o individual se transforma en un problema de sociedad que requiere una respuesta política o colectiva. Por ejemplo, una enfermedad que afecta a un gran número de individuos de forma privada puede ser reconocida como un problema de salud pública que requiere una acción colectiva, una investigación médica más intensa o políticas públicas específicas. Del mismo modo, una situación de desigualdad social puede percibirse inicialmente como una situación individual o privada, pero una vez que se reconoce que es sistémica o estructural, puede transformarse en un problema público que requiere una respuesta política. Esta transición de lo privado a lo público suele verse facilitada por agentes sociales, como asociaciones, grupos de presión o activistas, que trabajan para hacer visible el problema, sensibilizar a la opinión pública y a los responsables políticos y movilizar el apoyo necesario para que el problema sea reconocido como una cuestión pública que requiere una acción colectiva. Esto suele denominarse "incluir el problema en la agenda".

La primera etapa de la transformación de un problema privado en público suele ser la más difícil. La falta de reconocimiento social del problema es un obstáculo importante en esta fase. La movilización individual suele ser difícil, ya que las personas pueden no darse cuenta de que su problema es compartido por otros, o pueden sentirse aisladas o impotentes. Además, puede existir un estigma social o una falta de comprensión que impida a las personas hablar abiertamente de su problema. Varios factores pueden contribuir a la falta de reconocimiento social de un problema. Por ejemplo, la falta de visibilidad puede impedir que la gente se dé cuenta de la magnitud del problema. El problema también puede ser ignorado o minimizado, ya sea por falta de información o por prejuicios o actitudes desfavorables hacia las personas afectadas. La falta de movilización individual o colectiva también puede desempeñar un papel importante. Sin una voz que articule el problema y lo señale a la atención pública, es fácil que permanezca en la sombra. Las organizaciones no gubernamentales, los grupos de defensa de los derechos y los activistas suelen desempeñar un papel crucial en esta fase, dando visibilidad al problema, movilizando apoyos y abogando por que el problema se reconozca como una cuestión pública. El objetivo es que el problema pase de la esfera privada a la pública, que se reconozca como un problema social que requiere una respuesta colectiva o política.

La transformación de una situación privada en un problema público requiere a menudo la intervención de uno o varios actores influyentes para que el problema sea reconocido a mayor escala. En el caso de la violencia doméstica, el incesto o el dopaje en el deporte, aunque estos problemas son estadísticamente significativos, a menudo se ocultan en la esfera privada, lo que dificulta su reconocimiento como problemas sociales. Sin embargo, la intervención de una figura pública -por ejemplo, un político que revela que ha sido víctima de violencia doméstica- puede catalizar la atención sobre el problema. Esta revelación puede ser el detonante que lleve a los medios de comunicación, los partidos políticos y la opinión pública a reconocer el problema. El fenómeno de la toma de conciencia repentina y colectiva de la magnitud de un problema se denomina a veces "efecto revelación". Este efecto puede desencadenarse por un acontecimiento importante, una revelación, un escándalo o la intervención de un personaje público. Una vez que un problema ha llamado así la atención de la opinión pública, es más probable que los responsables políticos lo tengan en cuenta y se convierta en objeto de acción pública. Esta dinámica pone de relieve la importancia del papel de los medios de comunicación, los actores políticos y los activistas en la configuración de los asuntos públicos.

Inclusión en la agenda de las autoridades políticas

Una vez que una cuestión se reconoce como problema social o colectivo, tiene que dar un paso más para considerarse un problema público. Esto significa que se considera que requiere una solución gubernamental o política, y no simplemente una respuesta de la sociedad civil o de las organizaciones no gubernamentales. En este proceso, el problema debe ser lo suficientemente grave, urgente o generalizado como para justificar la intervención de las autoridades públicas. Es esencial subrayar que no todos los problemas sociales se convierten en problemas públicos. A menudo es necesaria la movilización permanente de los agentes implicados, la cobertura mediática de la cuestión y la voluntad política de responder. Se trata, por tanto, de una etapa delicada del proceso de construcción del problema, ya que implica convencer a un público más amplio y a los responsables políticos de la importancia y la necesidad de abordar la cuestión a nivel político e institucional. Los actores implicados en esta fase pueden ser diversos, desde los grupos de interés, los medios de comunicación y los expertos hasta los propios políticos.

Es importante entender que el hecho de que una cuestión se identifique como un problema social o público no garantiza automáticamente que se convierta en una prioridad política o que aparezca en la agenda política. Establecer la agenda política es un proceso complejo que depende de muchos factores. Puede incluir el entorno político actual, las prioridades gubernamentales existentes, los recursos disponibles, la opinión pública, las campañas de promoción, los acontecimientos recientes, entre otros. En algunos casos, aunque la cuestión se reconozca como un problema que requiere una intervención política, puede quedar eclipsada por otras cuestiones consideradas más urgentes o relevantes. Por otra parte, algunas cuestiones pueden ser políticamente sensibles y provocar resistencia o controversia, lo que también puede retrasar o impedir su inclusión en la agenda política. También es importante tener en cuenta que la agenda política es dinámica y está sujeta a cambios. Por consiguiente, una cuestión que actualmente no se considera una prioridad política puede convertirse en una más adelante debido a cambios en el contexto político, social o económico.

Algunas cuestiones delicadas, como las redes de pedofilia y el trabajo infantil, aunque ampliamente reconocidas como graves problemas sociales, pueden tener dificultades para entrar en la agenda política por diversas razones. Esto puede deberse a la naturaleza sensible de estos temas, que puede hacer que su tratamiento sea políticamente complejo y potencialmente controvertido. Los políticos pueden ser reacios a abordar estos temas de frente por las posibles consecuencias para su imagen pública y su apoyo electoral. Por otra parte, puede haber una falta de voluntad política para abordar estas cuestiones, especialmente si resolverlas requiere recursos significativos o cambios estructurales profundos en la sociedad o la economía.

El concepto de "no fijación de agenda" o "no decisión" es muy importante en el análisis de las políticas públicas. Se refiere a la situación en la que, aunque se reconoce la gravedad de un problema, las autoridades políticas no lo tratan como prioritario o no lo abordan en absoluto.

Hay varias razones por las que un problema puede ser omitido de la agenda política:

• Las posibles soluciones son controvertidas o políticamente arriesgadas: si resolver un problema requiere tomar medidas que probablemente sean impopulares o controvertidas, los políticos pueden optar por no incluirlas en la agenda para evitar un coste político.
• Falta de recursos: Resolver un problema puede requerir una inversión sustancial de tiempo, dinero y otros recursos. Si estos recursos no están disponibles o podrían utilizarse mejor en otro lugar, el problema puede omitirse de la agenda.
• Las soluciones son complejas o inciertas: Si un problema es especialmente complejo o las soluciones no están claras, los políticos pueden optar por no incluirlo en la agenda hasta que se encuentre una solución más clara.
• Falta de apoyo público: Para que un asunto se incluya en el orden del día, suele ser necesario que exista cierto nivel de apoyo público. Si el público no percibe la cuestión como prioritaria, puede resultar difícil para los políticos justificar su inclusión en el orden del día.
• Influencia de grupos de presión o intereses creados: en algunos casos, los grupos de presión o los intereses creados pueden utilizar su influencia para impedir que un asunto se incluya en el orden del día.

Estas "no decisiones" tienen importantes implicaciones para la democracia y la gobernanza, ya que pueden permitir que persistan graves problemas sin resolver.

Uno de los artículos más citados de la ciencia política es el de Peter Bachrach y Morton Baratz de 1962, "Las dos caras del poder", que plantea la idea de que el poder se manifiesta no sólo en las decisiones que se toman, sino también en el arte de controlar la agenda política. Según Bachrach y Baratz, existen dos caras del poder. La primera es la capacidad de influir en las decisiones que se toman, es decir, de garantizar que las instituciones políticas adopten determinadas medidas. Se trata de la forma de poder más visible y más analizada. Sin embargo, sostienen que existe una segunda cara del poder, quizá aún más importante: la capacidad de controlar la agenda y determinar qué asuntos y temas se debatirán o no en la arena pública. Esta segunda cara del poder es mucho más sutil y difícil de detectar, porque se refiere a las "no decisiones", es decir, a los temas que se evitan o excluyen intencionada o sistemáticamente de la agenda política. Por ejemplo, un poderoso grupo de interés puede ejercer su poder no sólo influyendo en las decisiones políticas a su favor, sino también asegurándose de que no se aborden o debatan públicamente determinadas cuestiones que podrían amenazar sus intereses. Este planteamiento ha sido muy influyente en el estudio del poder y la influencia en la ciencia política y la sociología, y sigue siendo fundamental en el análisis contemporáneo de las políticas públicas.

El acto de "no decisión", o la elección deliberada de no incluir una cuestión específica en la agenda política, es en sí mismo una forma de acción política. Es lo que suele denominarse "política de inacción". Es una decisión pasiva que tiene consecuencias tan importantes como la toma de decisiones activa. En otras palabras, cuando los políticos deciden no abordar un problema, están tomando una decisión por defecto sobre cómo se tratará ese problema: o bien seguirá sin abordarse o bien se dejará en manos de otros actores, ya sean particulares, organizaciones no gubernamentales o el mercado. Al no actuar, las autoridades políticas deciden de hecho mantener el statu quo o dejar que el problema se resuelva por sí solo, lo que puede tener consecuencias muy reales. Por ejemplo, una "no decisión" sobre la regulación de las emisiones de gases de efecto invernadero contribuye implícitamente al problema del cambio climático. Por eso el análisis de las "no decisiones" es un aspecto importante del estudio de las políticas públicas y el poder político. Nos permite entender no sólo lo que hacen los gobiernos, sino también lo que no hacen, y por qué.

Incluso si un problema social consigue tematizarse y llegar a la agenda política, esto no es garantía de que se tomen medidas concretas para resolverlo. Pasar a la fase de formulación de una política pública suele implicar una serie de negociaciones y compromisos entre diferentes actores políticos, y generalmente requiere un cierto nivel de consenso. Si falta este consenso, o si las opiniones divergen demasiado sobre la mejor manera de abordar el problema, el proceso puede estancarse. En este caso, aunque se reconozca que el problema es un asunto de acción pública, no se adopta ninguna política específica para abordarlo. Se trata de una situación habitual en muchos ámbitos de la política pública, donde el debate y la controversia pueden impedir el avance de posibles soluciones. La cuestión puede permanecer en la agenda política durante mucho tiempo, sin que se adopte ninguna medida concreta. Esto puede generar frustración entre las partes interesadas y el público, y contribuir a una sensación de inmovilismo político.

El ejemplo del seguro de maternidad ilustra perfectamente lo largo y complejo que puede ser el proceso de introducción de una política pública. A pesar del reconocimiento constitucional, la maternidad tardó varias décadas en ser reconocida como una condición merecedora de cobertura de seguro. En cuanto a la tasa Tobin sobre las transacciones financieras, es otro ejemplo de la dificultad de transformar un concepto en una política aplicada. Propuesta por primera vez en 1972 por el economista James Tobin, esta tasa tendría por objeto reducir la especulación en los mercados financieros gravando las transacciones internacionales. A pesar del apoyo de ciertas personalidades y organizaciones políticas, nunca se ha aplicado a escala mundial, lo que demuestra una vez más la complejidad de los procesos políticos.

Definir un problema público es un proceso complejo que requiere superar varias etapas. Los investigadores de políticas públicas interesados en cómo se construyen e introducen los problemas en la agenda buscan comprender las dimensiones que los actores manipulan para construir un problema y cómo logran introducirlo en la agenda. Esto implica identificar los elementos clave que determinan cómo se percibe y se entiende un problema, y los factores que facilitan o dificultan su inclusión en la agenda política. Puede tratarse de factores como la presencia o ausencia de consenso público o político, la gravedad percibida del problema, la disponibilidad de soluciones viables y los intereses políticos, económicos o sociales en juego. Estas dimensiones pueden variar considerablemente según el contexto y el problema concreto, y comprender esta dinámica es esencial para quienes pretenden influir en la agenda política.

Estrategia de construcción del problema

La investigación empírica sugiere que los temas que consiguen entrar en la agenda política suelen tener ciertas características. No se trata necesariamente de características objetivas, sino de características que pueden construirse.

Etiquetar el problema

Una característica común de los problemas que llegan a la agenda política es que a menudo se presentan como especialmente graves. Quienes tratan de promover el problema intentan persuadir a los responsables políticos de la gravedad de la situación y de las consecuencias potencialmente dramáticas de la inacción. Esto sirve para infundir un sentido de urgencia y animar a los responsables políticos a actuar para prevenir o mitigar estas consecuencias negativas.

La elección de los términos utilizados para describir un problema puede influir enormemente en la percepción de su gravedad. Al utilizar etiquetas fuertes o alarmantes, quienes pretenden incluir un problema en la agenda política refuerzan la idea de la gravedad de la situación y de las consecuencias potencialmente desastrosas de la inacción. Utilizar la terminología adecuada es, por tanto, crucial para atraer la atención de los responsables políticos y del público, y aumentar la concienciación colectiva sobre el problema.

Definir el alcance del problema

La segunda dimensión, la del alcance, complementa a la primera. Plantea la cuestión del alcance del impacto del problema: ¿a cuántas personas afecta y en qué medida? En teoría, cuantas más personas se vean afectadas por un problema, más probabilidades habrá de que atraiga la atención de los responsables políticos. Sin embargo, el impacto de un problema no puede medirse únicamente en función del número de personas afectadas. La propia naturaleza de las personas afectadas, es decir, su estatus, su papel en la sociedad o su vulnerabilidad, también puede desempeñar un papel determinante a la hora de asignar importancia política al problema.

Se ha realizado un análisis especialmente interesante de la atención prestada al SIDA por los responsables políticos del Congreso estadounidense. Hoy en día, aunque el SIDA no es un tema dominante en nuestros debates públicos, es interesante observar que no siempre existe una correlación directa entre la magnitud objetiva de un problema de salud pública y la atención que recibe por parte de los políticos.

Estos investigadores descubrieron que la atención prestada al problema del SIDA por el Congreso estadounidense y el presupuesto destinado a combatirlo han variado significativamente a lo largo del tiempo. Por ello, se preguntaron qué factores explican estas variaciones. Su análisis reveló que estos cambios estaban influidos en gran medida por la percepción de a quién afectaba el problema del SIDA. En otras palabras, la forma en que se "enmarcaba" o "presentaba" políticamente el problema, y la manera en que los grupos de interés y las asociaciones definían a las víctimas del SIDA, desempeñaban un papel crucial a la hora de determinar la atención que los políticos prestaban al problema.

Al principio de la epidemia de SIDA, a menudo se consideraba que el problema afectaba principalmente a ciertos grupos marginados, como los hombres homosexuales o los consumidores de drogas intravenosas. Sin embargo, a medida que la epidemia avanzaba, se hizo evidente que el virus afectaba a una población mucho más amplia. Cuando el sida empezó a percibirse como un problema que afectaba a un público más amplio, incluidos los heterosexuales y los niños, aumentó la atención prestada al problema por los políticos y los fondos destinados a combatirlo. Este ejemplo ilustra cómo la percepción de la audiencia de un problema -a quién afecta- puede influir en la atención política que se le presta. Esta percepción del público puede verse influida por la forma en que se "enmarca" o "presenta" el problema en el discurso político y por los grupos de interés.

Cuando el sida se asociaba principalmente a grupos socialmente marginados o estigmatizados, como los homosexuales y los consumidores de drogas intravenosas, había menos voluntad política para abordar el problema con seriedad. Parte de la retórica de la época era extremadamente prejuiciosa y sugería que el sida podía ser una forma de "autoeliminación" para estos grupos marginados. Estas actitudes contribuyeron a la falta de atención y de recursos dedicados a la lucha contra el sida.

La revelación de Magic Johnson en 1991 de que había sido diagnosticado seropositivo cambió radicalmente la percepción del VIH/SIDA. Hasta entonces, el VIH/SIDA se consideraba una enfermedad que afectaba principalmente a la comunidad gay y a los consumidores de drogas. Pero cuando Magic Johnson, un deportista muy respetado y conocido por su comportamiento heterosexual, reveló que tenía el VIH, cambió la forma en que la enfermedad era percibida y comprendida por el público en general. Este anuncio contribuyó a ampliar el alcance del problema, demostrando que el VIH/SIDA no se limitaba a ciertos grupos marginados, sino que podía afectar a cualquiera, incluidos deportistas de fama mundial. Esto condujo a un aumento significativo de la concienciación y la atención sobre el VIH/SIDA, no sólo en Estados Unidos sino en todo el mundo. Esto ha llevado a un aumento de la financiación para la investigación y el desarrollo de tratamientos, así como para programas de prevención y educación. Se trata de un ejemplo sorprendente de cómo la percepción de quién está afectado por un problema puede influir en la atención política y los recursos dedicados a resolverlo.

La revelación de que el virus del VIH/SIDA había infectado a la comunidad hemofílica a través de transfusiones de sangre contaminada marcó una nueva etapa en la percepción pública y política de la enfermedad. Las personas con hemofilia suelen ser consideradas pacientes inocentes que contraen la enfermedad por causas ajenas a su voluntad, en contraste con los prejuicios que suelen asociarse a las comunidades homosexuales y a los consumidores de drogas. Esta nueva audiencia ha llamado la atención sobre los problemas sistémicos del sistema sanitario y las cuestiones relacionadas con la seguridad de la sangre. También ha puesto de relieve la necesidad de una política de salud pública más sólida para prevenir la propagación del virus, que incluya mejores análisis de sangre y protocolos de tratamiento más seguros. Así pues, la ampliación de la audiencia sobre el VIH/SIDA a grupos más amplios y diversos de la sociedad ha desempeñado un papel fundamental en el aumento de la atención política prestada a la enfermedad y en la formulación de políticas más eficaces para combatirla.

Identificar a un público afectado por un problema es un paso crucial para atraer la atención política hacia una cuestión determinada. Cuanto más amplio y diverso sea el abanico de personas afectadas, más probable será que el problema se reconozca como una cuestión de interés público que requiere la intervención del Estado. La estrategia para ampliar el alcance puede incluir a diversos grupos sociales. Los grupos afectados pueden definirse por características comunes, como la enfermedad, la profesión, la orientación sexual, la edad o incluso el lugar de residencia. Además, este perímetro puede evolucionar con el tiempo, en función de la nueva información disponible, la evolución de la sociedad o la actuación de distintos actores, ya sean víctimas, grupos de apoyo, investigadores, periodistas o políticos. Estos actores pueden utilizar diversos medios para sensibilizar a la opinión pública y a los responsables políticos sobre un problema, como campañas de concienciación, testimonios, estudios científicos, noticias, grupos de presión o manifestaciones. A medida que se amplía el alcance del problema y se le presta más atención, aumentan las posibilidades de que se incluya en la agenda política y de que se tomen medidas para resolverlo.

Caracterización de la novedad del problema

La novedad de un problema puede atraer más la atención de los responsables políticos y del público. El interés por los nuevos problemas puede estar relacionado con varios factores.

En primer lugar, los problemas nuevos pueden parecer más urgentes o importantes porque se perciben como amenazas emergentes que requieren una respuesta rápida. Además, pueden estar menos cargados de controversias o debates políticos pasados, lo que puede facilitar la toma de decisiones. En segundo lugar, los políticos pueden estar interesados en los nuevos problemas porque ofrecen oportunidades para destacar y mostrar liderazgo. Pueden presentar soluciones a estos problemas como innovaciones políticas y utilizarlas para reforzar su imagen pública. Por último, los nuevos problemas pueden captar la atención de los medios de comunicación y del público, que suelen sentirse atraídos por temas nuevos y de actualidad. Esto puede crear presión pública para que los responsables políticos actúen. Sin embargo, el hecho de que un problema sea nuevo no garantiza que vaya a ser abordado. Muchos otros factores, como la gravedad del problema, el número de personas afectadas y la disponibilidad de posibles soluciones, también pueden influir en la forma en que se abordan las cuestiones en la agenda política.

Los problemas medioambientales y de contaminación han seguido esta trayectoria, reinventándose constantemente para seguir siendo relevantes en la agenda pública y política. La contaminación atmosférica se consideró primero un problema localizado (smog urbano), pero más tarde se reconfiguró como una amenaza para los bosques y, por último, como un factor que contribuye al cambio climático global. De forma similar, el debate actual sobre las partículas finas y la contaminación atmosférica en las zonas urbanas representa una nueva iteración de este persistente problema. Al replantear el problema de la contaminación atmosférica en términos de salud pública, los defensores del medio ambiente han conseguido mantener la cuestión en la agenda pública y política. Esto ilustra una táctica clave utilizada por quienes tratan de influir en la agenda política: replantear y redefinir constantemente una cuestión para mantenerla en el orden del día. Este proceso puede implicar la identificación de nuevas dimensiones del problema, relacionarlo con otros problemas percibidos como más acuciantes o destacar las repercusiones del problema en nuevos grupos de personas. La capacidad de replantear eficazmente un problema suele ser crucial para atraer la atención de los medios de comunicación, el público y los responsables políticos. Es una habilidad clave para los activistas, los grupos de presión y otras personas que intentan influir en la agenda política.

Representación de la situación problemática

La urgencia de un problema es otra dimensión crítica que puede influir en su priorización en la agenda política. Al representar una situación como una crisis, las partes interesadas pueden crear una presión adicional para una intervención política rápida. Esto puede ayudar a superar la inercia política y fomentar la acción inmediata. La representación de una situación como crisis puede verse alimentada por diversos factores, como la escala aparente del problema, la magnitud de su impacto, la velocidad a la que empeora o la percepción de que la inacción puede acarrear consecuencias adversas significativas. Esta percepción puede verse reforzada por mensajes alarmistas en los medios de comunicación, por la atención pública, por pruebas o estudios científicos o por acontecimientos dramáticos relacionados con el problema. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el uso de la retórica de crisis puede tener efectos perjudiciales. Si se utiliza en exceso o de forma injustificada, puede contribuir al cinismo general y a la fatiga de crisis entre el público y los políticos, lo que en última instancia puede socavar la eficacia de la estrategia.

La naturaleza de algunos problemas se presta más fácilmente a la construcción de la urgencia. Los acontecimientos dramáticos, como los atentados terroristas o las epidemias, suelen provocar una respuesta política inmediata debido a su impacto repentino y potencialmente devastador. En cambio, los problemas que se desarrollan más lentamente o de forma menos visible pueden ser más difíciles de representar como urgentes. Por ejemplo, la degradación gradual del paisaje puede no parecer una amenaza inmediata para muchos ciudadanos o políticos. Sin embargo, si no se trata, podría tener consecuencias a largo plazo para el medio ambiente, el bienestar humano y la economía. En tales casos, las partes interesadas suelen tener que recurrir a estrategias creativas para subrayar la urgencia de la situación. Esto puede implicar el uso de pruebas científicas, destacar las consecuencias potencialmente graves a largo plazo de la inacción o vincular el problema a otras cuestiones más visibles o apremiantes. Por ejemplo, la Fundación Suiza para la Conservación del Paisaje podría vincular la degradación del paisaje a problemas más inmediatos como la pérdida de biodiversidad, el aumento de las inundaciones debido a la erosión del suelo o el impacto en el turismo y la economía local.

En el complejo mundo de las políticas públicas, la competencia por la atención y los recursos suele ser feroz. Hay muchas cuestiones importantes que deben abordarse, pero los recursos (ya sea tiempo, dinero o voluntad política) son limitados. Esto es especialmente cierto en tiempos de crisis, o cuando surgen otras cuestiones más urgentes o visibles. Para evitar ser eclipsados por otras cuestiones, los defensores pueden tener que luchar continuamente para mantener su tema en la agenda pública. Esto puede implicar diversas estrategias, como la creación de alianzas con otros grupos, la búsqueda de apoyo popular o mediático, o el cabildeo con los políticos. Sin embargo, incluso con estos esfuerzos, puede resultar difícil para algunas cuestiones obtener la atención y los recursos necesarios para ser abordadas con eficacia, sobre todo si se perciben como menos urgentes o menos directamente relacionadas con los intereses inmediatos del público o de los políticos.

Identificar las causas del problema

Al construir un problema público, se definen dos aspectos esenciales: las causas del problema y quienes sufren sus consecuencias. Al especificar las causas, identificamos y señalamos con el dedo a los actores que pueden ser vistos, en el discurso político, como responsables o incluso culpables del problema. La cuestión es determinar qué causas podemos aducir para explicar la naturaleza del problema que pretendemos resolver.

Identificar las causas de un problema es una etapa crucial en la elaboración de una política pública. La manera en que se definen estas causas tiene un impacto directo en el tipo de soluciones que se propondrán y en los actores que participarán en su aplicación. Las responsabilidades asignadas en esta fase también pueden tener importantes implicaciones políticas. Tomemos el ejemplo del debate que siguió al derrumbe de casas tras un terremoto en Marruecos. Las interpretaciones de la causa de este suceso pueden variar considerablemente y dar lugar a diferentes propuestas de solución. Si el seísmo se considera un accidente natural imprevisible e irrefrenable, esto conduce a un enfoque resiliente de las políticas públicas. En este escenario, el énfasis se pondría en medidas como la mejora de la preparación ante emergencias, la formación de los residentes en materia de respuesta ante terremotos y el desarrollo de planes de respuesta tras la catástrofe. Si, por el contrario, se considera que el derrumbe de las casas se debe a la negligencia del Estado o de otros actores locales, se abre la vía a un enfoque preventivo y regulador. Las soluciones previstas podrían incluir la elaboración de normas de construcción antisísmicas más estrictas, la designación de zonas de no construcción en terrenos especialmente sísmicos y la aplicación de sanciones a los agentes que incumplan estas normas. En conclusión, la forma en que se define la causa de un problema público influye directamente en los tipos de soluciones que se propondrán, así como en los agentes que participarán en la aplicación de dichas soluciones. Por lo tanto, es esencial comprender y analizar las causas de un problema antes de formular políticas públicas para abordarlo.

Es cierto que atribuir la causa de un problema a una acción intencionada puede influir mucho en la naturaleza de las políticas públicas previstas y en la responsabilidad de los actores implicados. Si, en el caso del derrumbe de viviendas tras un terremoto, el Estado hubiera delimitado zonas sísmicas y adoptado normas de construcción más estrictas para esas zonas, pero esas medidas se ignoraran o eludieran deliberadamente, ello podría dar lugar a medidas punitivas y a una reglamentación más estricta. Por ejemplo, si los promotores inmobiliarios o los constructores ignorasen intencionadamente estas normas para maximizar sus beneficios, podrían ser considerados responsables y enfrentarse a sanciones legales. Además, el Estado podría endurecer su normativa y los controles de construcción en zonas sísmicas para evitar futuros derrumbes de viviendas. Del mismo modo, si el propio Estado es declarado responsable por no aplicar o hacer cumplir adecuadamente su propia normativa, esto podría dar lugar a cambios en la gobernanza, como la introducción de nuevos mecanismos de rendición de cuentas o cambios en los procesos de aprobación de la construcción. Sin embargo, sea cual sea la causa atribuida al problema, es esencial abordar la situación de forma holística, teniendo en cuenta no sólo las causas, sino también los efectos y los factores subyacentes. Esto ayudará a crear soluciones al problema más eficaces y sostenibles a largo plazo.

Los problemas que pueden atribuirse a una causa intencionada suelen ser más fáciles de reconocer y tratar porque tienen culpables claramente identificados. Esto permite a los responsables políticos reaccionar ante el problema, ya sea mediante sanciones legales, una mayor regulación o incentivos para cambiar el comportamiento. La atribución de una causa intencionada también puede suscitar una respuesta emocional más fuerte por parte del público, lo que puede aumentar la presión sobre los responsables políticos para que actúen. La ira, la indignación y el deseo de justicia pueden ser poderosos motores para incluir un asunto en la agenda y motivar la acción. Sin embargo, es importante señalar que la causalidad intencionada también puede tener consecuencias negativas. Por ejemplo, puede contribuir a la estigmatización de determinados grupos, crear divisiones en la sociedad y dificultar la búsqueda de soluciones constructivas. También puede desviar la atención de causas más complejas o estructurales que también hay que abordar. Por último, es importante asegurarse de que la atribución de una causa intencionada se basa en pruebas sólidas. Acusar falsamente a individuos o grupos puede conducir a la injusticia y a la desconfianza en las instituciones que se supone deben resolver el problema.

Al leer la prensa y conocer los problemas públicos, es importante analizar y comprender las causas presentadas. Esto implica no sólo discernir si la causa atribuida es accidental, negligente o intencionada, sino también examinar críticamente las pruebas presentadas para apoyar esta atribución. Teniendo en cuenta que los problemas atribuidos a una causa intencionada pueden atraer más la atención, debemos estar atentos para garantizar que esta atribución no se utiliza para sensacionalizar o estigmatizar indebidamente a determinados grupos. También es esencial reconocer que muchos problemas públicos son complejos y pueden estar influidos por una combinación de causas accidentales, negligentes e intencionadas. En última instancia, es necesaria una lectura crítica de la información para comprender los matices de los problemas públicos y ser un ciudadano informado y comprometido.

Evaluación de la complejidad del problema

Los problemas sencillos y fáciles de entender tienden a captar más fácilmente la atención del público y a abrirse paso en la agenda política. Esto puede deberse a varios factores. En primer lugar, el ser humano tiende naturalmente a preferir las explicaciones sencillas y claras. Somos más propensos a entender y retener la información que se presenta de forma concisa y directa. Por eso los mensajes políticos o las campañas de sensibilización basadas en explicaciones sencillas y directas tienden a ser más eficaces. En segundo lugar, las cuestiones complejas suelen implicar a muchas partes interesadas, cada una con sus propios intereses y perspectivas. Esto puede dificultar la toma de decisiones y el desarrollo de un plan de acción claro. En tercer lugar, los problemas complejos también pueden requerir soluciones igualmente complejas, cuya aplicación puede llevar mucho tiempo, recursos y esfuerzo. Esto puede disuadir a los responsables políticos de abordar estos problemas. Sin embargo, es importante señalar que simplificar en exceso los problemas también puede ser perjudicial. Puede llevar a soluciones ineficaces o inadecuadas, o a descuidar aspectos importantes del problema. Por lo tanto, es crucial equilibrar simplicidad y complejidad a la hora de desarrollar políticas e informar al público.

Identificar chivos expiatorios o estigmatizar a determinados grupos puede ser una estrategia política utilizada para simplificar problemas más complejos y captar la atención del público. Es una práctica que puede conducir a la polarización, la división y, a veces, la discriminación. Tomemos, por ejemplo, la regulación de las primas de los altos directivos como solución a la crisis financiera. Es cierto que estas primas pueden fomentar comportamientos de riesgo y contribuir a la creación de burbujas financieras, pero no son la única causa de las crisis financieras. Otros factores, como una supervisión financiera inadecuada, la falta de transparencia en los mercados financieros y los problemas estructurales del sistema financiero, también influyen. En este caso, simplificar el problema y centrarse en las primas de los ejecutivos puede desviar la atención de estos otros factores importantes y, por tanto, impedir la adopción de soluciones más globales y eficaces. Por eso es importante que los responsables políticos, los medios de comunicación y el público en general comprendan la complejidad de los problemas políticos y económicos y resistan la tentación de buscar soluciones simples o de culpar a grupos específicos de problemas complejos. En general, se necesita un enfoque más matizado y holístico para abordar estas cuestiones de forma eficaz y justa.

Cuantificación del problema

La cuantificación es un aspecto esencial de la definición de problemas en política. Proporciona una medida objetiva de la escala o importancia de un problema y puede ayudar a identificar áreas prioritarias de intervención. Por ejemplo, en salud pública, el número de muertes o enfermedades puede indicar la urgencia de abordar una enfermedad o afección concreta. En el campo de la economía, indicadores como la tasa de desempleo, el PIB o la inflación se utilizan para evaluar el estado de la economía y determinar las políticas necesarias.

La cuantificación también puede hacer que un problema sea más concreto y comprensible para el público en general y los responsables de la toma de decisiones. También puede facilitar el seguimiento y la evaluación de las políticas aplicadas para resolver el problema. En algunos casos, el problema puede monetizarse, es decir, darle un valor monetario. Esto puede ayudar a evaluar los costes y beneficios de las distintas soluciones propuestas. Por ejemplo, en el caso de los problemas medioambientales, monetizar los costes de los daños medioambientales puede ayudar a justificar las políticas de protección del medio ambiente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los problemas pueden cuantificarse o monetizarse fácilmente, y algunos aspectos importantes pueden pasarse por alto en el proceso. Además, la cuantificación y la monetización pueden a veces simplificar en exceso un problema complejo, lo que puede dar lugar a políticas ineficaces o injustas.

La contaminación atmosférica es un ejemplo perfecto de cómo la cuantificación puede ayudar a incluir un problema en la agenda política. Los efectos nocivos de la contaminación atmosférica en la salud humana están bien documentados. Los científicos han establecido vínculos directos entre la exposición a determinadas partículas finas o sustancias radiactivas y diversos problemas de salud, como enfermedades respiratorias y cardiovasculares, e incluso ciertos tipos de cáncer. Sin embargo, estos efectos sólo suelen ser evidentes cuando se han realizado estudios epidemiológicos para cuantificar el impacto de la contaminación atmosférica en la salud humana. Estos estudios permiten recopilar datos sobre el número de personas afectadas, la gravedad de los efectos sobre la salud, etcétera. Por tanto, concretan el problema y pueden servir de base para hacer llamamientos a la acción. Del mismo modo, la medición de la calidad del aire, por ejemplo en términos de concentración de partículas finas o de niveles de radiactividad, permite identificar las zonas problemáticas y puede servir de base para elaborar políticas medioambientales. Sin embargo, también es importante señalar que la cuantificación sólo da una parte de la imagen. No capta necesariamente todos los impactos de la contaminación atmosférica, como los efectos sobre el ecosistema o la calidad de vida, y a veces puede ocultar desigualdades en la forma en que la contaminación atmosférica afecta a las distintas poblaciones.

La construcción de un problema requiere cierta capacidad por parte de los actores implicados. Este es el caso, en particular, cuando es necesario recoger, analizar y presentar datos para cuantificar un problema. La cuantificación de un problema puede requerir competencias específicas, como la capacidad de realizar investigaciones científicas o análisis estadísticos. Además, pueden necesitarse recursos para recopilar datos o recurrir a expertos para llevar a cabo esta labor. Destacar la naturaleza del problema es otra habilidad importante. Esto puede implicar la capacidad de contar historias que llamen la atención sobre el problema, realizar campañas de concienciación, movilizar apoyos o ejercer influencia política. En última instancia, la capacidad de lograr el reconocimiento de un problema depende en gran medida de la habilidad de los actores para desenvolverse en el panorama político y social, movilizar los recursos necesarios y articular eficazmente la naturaleza y la importancia del problema.

Actores clave en el proceso de programación

¿Por qué un problema sigue este camino causal hasta su conclusión? Puede deberse a ciertas características intrínsecas del problema que reflejan la forma en que lo estructuran las distintas partes interesadas. Por ejemplo, la gravedad del problema, su escala, su cuantificación u objetivación, o la identificación de una causa intencionada. Además, es esencial determinar quiénes son los actores implicados en la construcción de estos problemas. ¿Quién tiene capacidad para influir en las decisiones sobre la definición del problema? En definitiva, hay que preguntarse quién es el responsable de la construcción de los problemas públicos de la agenda.

En la literatura se han planteado diversos enfoques e hipótesis teóricas. Cinco son bastante dominantes, y existen pruebas empíricas muy convincentes de estas hipótesis.

Modelo de cobertura mediática

Según este modelo de mediatización, los medios de comunicación desempeñan un papel esencial en la configuración de la agenda política. Su capacidad para centrar la atención pública en cuestiones específicas puede influir en las prioridades de los responsables políticos a la hora de abordar las preocupaciones de sus electores. Esta pauta puede observarse en situaciones en las que los políticos dan prioridad a cuestiones de las que se ocupan ampliamente los medios de comunicación, aunque no sean necesariamente las más urgentes o importantes desde el punto de vista estratégico. Por ejemplo, un asunto como el cambio climático puede permanecer al margen de la agenda política hasta que los medios de comunicación le dan una amplia cobertura, lo que aumenta la concienciación y la preocupación del público. Esto puede incitar a los políticos a actuar, ya sea elaborando legislación para combatir el cambio climático o comprometiéndose a adoptar prácticas más ecológicas. También es importante señalar que el papel de las redes sociales en la configuración de la agenda política es cada vez más importante. Las plataformas de los medios sociales permiten que las campañas o los movimientos crezcan rápidamente, lo que a veces provoca una reacción política. Este es el caso, por ejemplo, del movimiento "Black Lives Matter" o de las campañas de concienciación sobre problemas de salud específicos. Sin embargo, este modelo también presenta riesgos. En ocasiones, los medios de comunicación pueden acentuar o distorsionar determinadas cuestiones, lo que puede dar lugar a una representación distorsionada de su importancia o urgencia. Además, el ciclo de noticias de los medios de comunicación suele ser mucho más rápido que el proceso político, lo que puede llevar a presionar para que se den respuestas rápidas en lugar de soluciones meditadas y sostenibles. En resumen, el modelo de alfabetización mediática sugiere que la agenda política está muy influida por los medios de comunicación, pero esta influencia debe equilibrarse con una consideración crítica y ponderada de las cuestiones que merecen atención política.

Los medios de comunicación desempeñan un papel crucial a la hora de poner de relieve cuestiones que pueden no ser inmediatamente visibles para el público o los responsables políticos. El periodismo de investigación es un ejemplo perfecto, donde el trabajo riguroso y detallado de los periodistas puede destapar escándalos financieros, políticos o medioambientales. Estas revelaciones, una vez difundidas por los medios de comunicación, pueden provocar una fuerte reacción de la opinión pública y convertirse en una prioridad de la agenda política. Un ejemplo evidente es el escándalo Watergate en Estados Unidos en la década de 1970. El periodismo de investigación del Washington Post sacó a la luz prácticas ilegales al más alto nivel del gobierno, lo que llevó a la dimisión del Presidente Nixon. Se trata de un caso en el que los medios de comunicación influyeron directamente en la agenda política. El caso de los perros peligrosos es otro ejemplo interesante. Este asunto, aunque quizá considerado menor por algunos, puede ganar repentinamente visibilidad y urgencia si los medios de comunicación empiezan a cubrir incidentes relacionados con perros peligrosos. Esto puede dar lugar a una llamada a la acción en favor de una normativa más estricta sobre la tenencia de determinadas razas de perros.

Sin embargo, aun reconociendo el papel crucial de los medios de comunicación en la configuración de la agenda política, también es importante recordar que la cobertura mediática puede ser a veces selectiva y estar influida por diversos factores, como el público al que se dirige, la orientación política del medio o los intereses comerciales. Esto significa que algunos temas pueden ser sobreexpuestos mientras que otros son ignorados, lo que a su vez puede tener un impacto en el equilibrio de la agenda política.

Hipótesis de la oferta política

La idea de que la oferta política (es decir, los temas y cuestiones que los políticos proponen durante las campañas electorales) configura la agenda gubernamental y parlamentaria es un supuesto ampliamente aceptado. Los temas prioritarios de una campaña electoral suelen reflejar las promesas hechas por los candidatos al electorado y, una vez elegidos, se les suele exigir que pongan en práctica dichas promesas. Así, durante la campaña, los candidatos destacan problemas específicos (como la economía, la educación, la sanidad, la seguridad, etc.) y proponen soluciones o políticas para resolverlos. Estos problemas y soluciones constituyen entonces la oferta política del candidato. Si el candidato es elegido, estos problemas se convierten en una prioridad para el gobierno y el parlamento. Se espera que el político recién elegido aborde estos problemas de frente y, por tanto, es probable que intente incluirlos en la agenda política.

Esta hipótesis se basa en la idea de que los partidos políticos configuran activamente la agenda gubernamental y parlamentaria destacando determinadas cuestiones durante las campañas electorales. Una vez elegidos, se esfuerzan por cumplir sus promesas electorales, lo que conduce a la integración de estas cuestiones en la agenda política. Tomemos el ejemplo de los partidos de derecha radical y las cuestiones de inmigración. Estos partidos suelen conceder gran importancia a la inmigración durante sus campañas, con estrictas propuestas políticas sobre el tema. Los estudios muestran una fuerte correspondencia entre la prioridad dada a la inmigración por estos partidos durante la campaña electoral, sus intervenciones parlamentarias sobre el tema una vez elegidos, y la importancia de la inmigración en el debate público y político. Esto sugiere que el discurso de los partidos políticos durante la campaña electoral puede ser un indicador predictivo de los temas que tendrán prioridad en la siguiente legislatura. Por lo tanto, según esta hipótesis, es importante observar de cerca las promesas electorales de los partidos políticos para entender qué temas estarán en la agenda del gobierno y del parlamento una vez pasadas las elecciones.

Estas dos primeras hipótesis -la de la cobertura mediática y la de la oferta política- tienden a minimizar la influencia que pueden tener los actores privados o las asociaciones en la construcción de los problemas públicos. Sin embargo, es evidente que estos grupos, incluidos los grupos de interés, los lobbies y los grupos de presión, desempeñan a menudo un papel crucial en este proceso. Un ejemplo de esta influencia es el modelo de acción corporativista silenciosa. Según este modelo, los grupos de interés o los grupos de presión pueden formular demandas específicas que sólo conciernen a su propio campo de actividad, pero que sin embargo consiguen atraer la atención de los responsables políticos. Estos grupos pueden influir discretamente en la agenda política haciendo valer sus intereses específicos, proponiendo soluciones a problemas concretos o poniendo de relieve cuestiones que de otro modo se habrían pasado por alto. Por lo tanto, es esencial tener en cuenta la influencia de estos actores a la hora de analizar la construcción de los problemas públicos. Aunque su influencia puede ser más discreta o específica que la de los medios de comunicación o los partidos políticos, no es menos significativa.

Es habitual que determinados grupos profesionales, como los agricultores o los banqueros, utilicen esta estrategia de establecimiento de agendas. A través de sus asociaciones profesionales - por ejemplo, la Unión Suiza de Agricultores, la Asociación Suiza de Banqueros o la Asociación de Banqueros Privados - se anticipan a los problemas que pueden afectar directamente a su ámbito. Al identificar un problema con antelación, estos grupos pueden proponer soluciones incluso antes de que el problema se convierta en un asunto público importante. Esto les permite hacer peticiones directas a los partidos políticos o a los departamentos gubernamentales afectados, introduciendo la cuestión en la agenda política. Por lo general, estos grupos también querrán asegurarse de que es su solución la que tiene en cuenta el gobierno. De este modo, tratarán de obtener algún tipo de respaldo del Estado para resolver el problema. Esta estrategia les permite no sólo controlar la agenda política, sino también impedir que otros partidos tomen las riendas del asunto que les preocupa. Esto demuestra lo decisiva que puede ser la influencia de los actores privados y las asociaciones en la configuración de los problemas públicos.

La acción del corporativismo silencioso se lleva a cabo generalmente a través de grupos de presión, una práctica que suele ser discreta y recibe poca cobertura mediática. Estas actividades, aunque a veces politizadas por ciertos partidos, suelen permanecer fuera de los focos. Sin embargo, su impacto no debe pasarse por alto. De hecho, estas acciones a menudo conducen a que ciertos temas o problemas se incluyan en la agenda del gobierno o del parlamento. De este modo, estos grupos de interés privados pueden influir considerablemente en el debate público, aunque su actividad no siempre sea visible para el público en general.

Influencia de los nuevos movimientos sociales

Los nuevos movimientos sociales son formas colectivas de acción que suelen surgir como respuesta a problemas sociales concretos. No están necesariamente estructurados en torno a organizaciones formales, pero movilizan a un gran número de personas en torno a temas o cuestiones concretas. Estos movimientos pueden referirse a una variedad de cuestiones, como el medio ambiente, los derechos de la mujer, los derechos LGBTQ+, el racismo, la justicia social y muchas otras. Suelen utilizar tácticas poco convencionales, como manifestaciones masivas, sentadas, boicots y campañas de desobediencia civil, para llamar la atención sobre sus reivindicaciones. Gracias a su capacidad para movilizar a un gran número de personas, los nuevos movimientos sociales pueden ejercer una presión considerable sobre los responsables políticos e influir en la agenda política. De este modo, desempeñan un papel esencial en la formación de la opinión pública y ponen de relieve grandes problemas sociales que, de otro modo, podrían ser ignorados o marginados.

Movimientos como el antinuclear o el antiglobalización son buenos ejemplos de estos nuevos movimientos sociales. Utilizan métodos de acción directa como las manifestaciones, a veces incluso violentas, para llamar la atención sobre cuestiones que el discurso político tradicional suele descuidar o evitar. Tomemos el caso del movimiento antinuclear. Este movimiento surgió en respuesta a la preocupación por los peligros y riesgos medioambientales asociados a la energía nuclear. Mediante la organización de manifestaciones masivas y la realización de campañas de concienciación, consiguieron llamar la atención del público y de los políticos sobre estas cuestiones, influyendo así en la agenda política. Los movimientos antiglobalización, que abogan por una globalización más justa y equitativa, también han utilizado tácticas similares. Suelen organizar manifestaciones masivas en las cumbres del G8 o el G20, por ejemplo, para expresar su oposición a las políticas económicas neoliberales y poner de relieve las crecientes desigualdades. Estos movimientos han conseguido situar sus preocupaciones en el centro del debate público, a pesar de que a menudo abordan cuestiones que suelen ser ignoradas por los canales políticos tradicionales.

Las principales hipótesis debatidas aquí se refieren al tipo de manifestación que tiene más probabilidades de influir en la agenda política. Se han planteado tres hipótesis principales:

1. Frecuencia de las protestas: esta hipótesis sugiere que cuanto más frecuentes sean las protestas, más probabilidades habrá de que un tema ascienda en la agenda política. Esto puede deberse a la constante atención de los medios de comunicación y a la persistente presión pública que obliga a los políticos a prestar atención y responder a estas cuestiones.
2. Tamaño de la manifestación: según esta hipótesis, cuanto mayor sea el número de participantes en una manifestación, más probable será que el tema figure en la agenda. Una manifestación masiva puede indicar una preocupación o descontento generalizados entre la población, lo que puede obligar a los políticos a tener en cuenta estas cuestiones.
3. Grado de violencia de la manifestación: Esta hipótesis postula que el carácter no convencional, no supervisado, no autorizado o francamente violento de una manifestación puede aumentar su impacto. En efecto, estas manifestaciones suelen atraer la atención masiva de los medios de comunicación, lo que puede presionar a los políticos para que aborden los problemas planteados por los manifestantes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la violencia en las manifestaciones también puede provocar una reacción negativa y polarizar aún más el debate.

Estas hipótesis no se excluyen mutuamente y todas pueden contribuir a determinar el grado de influencia que un movimiento social puede tener en la agenda política. Asimismo, es importante señalar que otros factores, como el contexto político, la estructura de la agenda política y la reacción de los políticos, también pueden desempeñar un papel en este proceso.

Papel de la Administración

En este contexto, el gobierno desempeña un papel activo a la hora de proporcionar información, análisis y recomendaciones sobre diversas cuestiones. Esto puede ser el resultado de su propia investigación, de una revisión de las mejores prácticas internacionales o de una evaluación de las tendencias y retos emergentes. Por ejemplo, un departamento de salud pública puede identificar un problema de salud pública emergente, como una nueva enfermedad o un aumento de las tasas de determinadas condiciones sanitarias, y trabajar para incluir este problema en la agenda política. Dicho esto, la administración no trabaja de forma aislada. Puede trabajar en colaboración con otros agentes, como grupos de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, investigadores académicos y partes interesadas del sector privado, para recabar información, elaborar análisis y formular recomendaciones políticas. Esta colaboración puede ayudar a reforzar la experiencia de la administración y apoyar sus esfuerzos por incluir un tema en la agenda política. También es importante señalar que la Administración tiene capacidad para anticiparse a los problemas antes de que se conviertan en crisis. Esto es especialmente importante en ámbitos como la salud pública, la seguridad nacional, el medio ambiente y la economía, donde la detección y gestión tempranas de los problemas pueden evitar daños graves y costosos. Por último, el gobierno también puede desempeñar un papel a la hora de definir cómo se entiende y gestiona un problema. Esto puede influir en la forma en que el problema es percibido por el público, por los responsables políticos y por otros actores, lo que a su vez puede influir en la forma en que el problema se aborda políticamente.

En el ámbito de la salud pública, la administración desempeña un papel esencial en la definición de las políticas de profilaxis. Por ejemplo, para hacer frente al problema de la drogadicción, la administración puede poner en marcha programas de prevención y concienciación, establecer políticas de tratamiento y apoyo a los drogodependientes y trabajar para reducir la oferta y la demanda de drogas ilícitas. Del mismo modo, para combatir los problemas de salud asociados al tabaquismo y al consumo de alcohol, la administración puede poner en marcha campañas de sensibilización para informar a la población de los riesgos asociados a estos comportamientos, promover alternativas más saludables, aplicar políticas fiscales y reguladoras para reducir el consumo y ofrecer recursos para ayudar a quienes deseen dejar de fumar o reducir su consumo de alcohol. En resumen, por su experiencia y capacidad de recopilar y analizar información, las autoridades desempeñan un papel crucial en la definición y aplicación de políticas de salud pública destinadas a prevenir y gestionar los problemas de salud.

Los altos funcionarios, por su posición dentro de la administración, suelen tener un acceso privilegiado y directo a los responsables políticos. Sus funciones dentro de los ministerios les permiten comunicarse directamente con los miembros del gobierno, a menudo a través de su jefe de departamento, que es miembro del colegio gubernamental o del ejecutivo. Por ello, estos altos funcionarios pueden estar en condiciones de llamar la atención de los responsables políticos sobre cuestiones concretas, fomentar la inclusión de estas cuestiones en la agenda política y participar en la formulación de políticas para abordarlas. Pueden ser especialmente eficaces a la hora de promover cuestiones en las que tienen una experiencia particular o que son especialmente relevantes para su área de responsabilidad. Cabe señalar, no obstante, que la capacidad de los altos funcionarios para influir en la agenda política puede variar en función de una serie de factores, como el contexto político, la naturaleza de la cuestión en cuestión y el grado de atención que los responsables políticos presten a la misma.

La adopción del euro como moneda única en la Unión Europea es un buen ejemplo de la importancia de la anticipación interna a la hora de configurar la agenda política. En este caso, la Comisión Europea, en su calidad de órgano ejecutivo de la UE, desempeñó un papel clave en el desarrollo y la promoción de la idea del euro. Identificó los beneficios potenciales de una moneda única - como facilitar el comercio y la inversión entre los Estados miembros de la UE, estabilizar los precios y evitar las fluctuaciones monetarias - y trabajó para convencer a los responsables políticos y a la opinión pública de la necesidad de dicha moneda. Esto se hizo sin presiones de movimientos sociales, medios de comunicación o grupos políticos concretos. Por el contrario, fue una iniciativa en gran medida tecnocrática, basada en los conocimientos económicos y en la previsión de futuros problemas que el euro podría ayudar a resolver. Sin embargo, hay que señalar que la adopción del euro no estuvo exenta de polémica y suscitó numerosos debates políticos y económicos, tanto antes como después de su aplicación. A pesar de ello, el euro se ha convertido en una realidad, lo que demuestra el poder de la anticipación interna a la hora de fijar la agenda política.

Las organizaciones internacionales suelen tener una gran influencia a la hora de fijar la agenda política, incluso a nivel nacional. Esto es especialmente cierto en ámbitos como el medio ambiente, la salud pública, los derechos humanos y la economía, donde los problemas no conocen fronteras nacionales y requieren una acción coordinada a escala mundial. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) desempeña un papel importante a la hora de poner de relieve los problemas de salud pública y promover las políticas necesarias para atajarlos. Del mismo modo, los acuerdos sobre el cambio climático, como el Acuerdo de París, están influidos en gran medida por el trabajo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), una organización internacional. Estas organizaciones internacionales suelen tener un gran impacto en la agenda política nacional, poniendo de relieve problemas que pueden ser ignorados o minimizados a nivel nacional, y proponiendo soluciones que requieren medidas a escala internacional. Sin embargo, su influencia varía en función de los contextos políticos y culturales específicos de los distintos países, y su capacidad para "imponer" su agenda puede verse limitada por la resistencia local y las prioridades nacionales.

Organizaciones internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Unión Europea (UE) pueden influir considerablemente en las políticas nacionales de los países miembros y no miembros. Estas organizaciones pueden ejercer presión política y económica para fomentar reformas y cambios políticos. En el caso de Suiza, país famoso por su sector bancario privado y sus estrictas leyes de secreto bancario, la OCDE y la UE han ejercido presión para lograr una mayor transparencia fiscal. Estas organizaciones internacionales han subrayado la necesidad de una mayor cooperación internacional en materia fiscal para combatir la evasión y el fraude fiscal. En respuesta a esta presión, Suiza ha tenido que emprender reformas para cumplir las normas internacionales. Esto ha llevado a una revisión de las leyes sobre el secreto bancario y a la introducción de nuevas normativas para mejorar la transparencia y la cooperación fiscal. Se trata de un claro ejemplo de cómo la agenda política nacional de un país puede verse influida por las presiones internacionales.

Para entender por qué un tema concreto domina la agenda política es necesario analizar cómo lo han construido, moldeado y promovido los distintos actores. Estos actores pueden ser políticos, grupos de interés, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación u organizaciones internacionales, entre otros. Cada uno de estos actores utiliza estrategias específicas para llamar la atención sobre un asunto. Por ejemplo, pueden tratar de dramatizar un problema, simplificarlo para hacerlo comprensible, cuantificarlo para ilustrar su magnitud o identificar una causa intencionada para hacerlo más concreto. Además, estos actores pueden utilizar diversos medios para incluir su problema en la agenda política. Pueden organizar manifestaciones, hacer campañas en los medios de comunicación, presionar a los políticos, proponer leyes o incluso recurrir a la violencia en algunos casos. En resumen, la inclusión de un problema en la agenda política es el resultado de un proceso complejo en el que intervienen multitud de actores y estrategias. Por eso analizar este proceso es crucial para entender por qué algunos problemas reciben más atención que otros.

Caso práctico: El debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos

Identificación del debate

La pena de muerte en Estados Unidos es un ejemplo de cómo un Estado utiliza su legitimidad para ejercer una forma extrema de violencia. Max Weber, sociólogo de renombre, definió el Estado como poseedor del monopolio de la violencia legítima. Propuso que este ejercicio de la violencia puede adoptar muchas formas, como la guerra, la recaudación de impuestos y, en algunas jurisdicciones, la ejecución de sentencias de muerte. La pena de muerte es, por tanto, un reflejo de la capacidad del Estado para ejercer la violencia de forma legal y aceptada. Esto no significa, sin embargo, que su uso esté exento de polémica. En Estados Unidos, la pena de muerte ha sido durante mucho tiempo objeto de un intenso debate público, con argumentos a favor y en contra de su uso.

Frank Baumgartner, Suzanna De Boef y Amber Boydstun, en su libro de 2008 "The Decline of the Death Penalty and the Discovery of Innocence", analizan cómo se construye y se debate la cuestión de la pena de muerte en Estados Unidos. Exploran las diferentes formas en que se debate este tema, cómo perciben los estadounidenses la pena de muerte y cómo estas diferentes definiciones del problema pueden repercutir en la política penal, en particular en el número de condenas a muerte y ejecuciones que se llevan a cabo cada año. Los autores sugieren que la percepción de la pena de muerte está determinada por diversos factores, como las actitudes individuales, los factores sociales y culturales, las representaciones de los medios de comunicación y las narrativas políticas dominantes. Por ejemplo, en algunos casos, la pena de muerte puede verse como un elemento disuasorio necesario frente a delitos graves. En otros, se considera una violación de los derechos humanos o una práctica injusta que puede llevar a la ejecución de personas inocentes. Además, Baumgartner y sus colegas señalan que el debate sobre la pena de muerte ha evolucionado con el tiempo. Más recientemente, ha cobrado importancia una narrativa centrada en la inocencia, con una mayor atención a los casos de personas condenadas a muerte que han sido exoneradas gracias a nuevas pruebas o a pruebas de ADN. Esto ha contribuido a reducir las ejecuciones y a cuestionar la eficacia y la justicia de la pena de muerte. En última instancia, su análisis sugiere que la forma en que se define y debate la pena de muerte tiene un impacto significativo en su aplicación y aceptabilidad en la sociedad estadounidense.

La historia de Anthony Hinton es uno de los ejemplos más llamativos de personas condenadas injustamente a muerte. Acusado de dos asesinatos en 1985 en Alabama, Hinton pasó casi treinta años en el corredor de la muerte antes de ser finalmente liberado en 2015, después de que nuevos análisis balísticos demostraran su inocencia. Este caso pone de relieve varios problemas fundamentales de la pena de muerte. Por un lado, existe el riesgo muy real de ejecutar a personas inocentes. Como demuestra el caso Hinton, pueden producirse errores judiciales y las personas pueden pasar décadas en prisión, o incluso ser ejecutadas, por delitos que no cometieron. Por otro lado, el caso de Hinton también pone de manifiesto problemas más generales de la justicia penal, como el hecho de que los pobres y las minorías suelen estar en desventaja. Hinton fue condenado inicialmente sobre la base de pruebas balísticas defectuosas, y no pudo pagar a un experto independiente para que impugnara estas pruebas en su juicio inicial. En general, la historia de Anthony Hinton es un poderoso recordatorio de los problemas que rodean a la pena de muerte, y pone de relieve por qué es tan importante mantener un debate informado y matizado sobre este tema.

El planteamiento adoptado por Baumgartner y sus colegas se inscribe en el marco de la sociología del conocimiento, que estudia cómo perciben, construyen e interpretan los problemas sociales las distintas partes interesadas. Centrándose en la representación de la pena de muerte en la prensa, pretenden comprender cómo se forman y modifican las opiniones públicas sobre la pena de muerte, y cómo influyen luego estas percepciones en la política penal. Desde esta perspectiva, la prensa desempeña un papel clave como mediadora entre la sociedad y los responsables políticos. Los medios de comunicación seleccionan, destacan e interpretan determinados aspectos de la realidad social, influyendo así en la percepción que el público tiene de cuestiones concretas. Por ejemplo, la forma en que los medios de comunicación cubren los casos de personas inocentes condenadas a muerte puede sensibilizar a la opinión pública sobre la posibilidad de errores judiciales y generar apoyo a la reforma de la pena de muerte. Baumgartner y sus colegas sugieren que esta dinámica ha desempeñado un papel importante en el descenso gradual del apoyo a la pena de muerte en Estados Unidos. A medida que los errores judiciales y los casos de inocentes en el corredor de la muerte empezaron a atraer más la atención de los medios de comunicación, la percepción pública de la pena de muerte empezó a cambiar, lo que provocó una presión cada vez mayor a favor de su reforma.

El proceso de creación de políticas públicas rara vez es lineal, y a menudo se representa como un ciclo. Este ciclo suele incluir fases de identificación del problema, elaboración de políticas, toma de decisiones, aplicación y evaluación. Sin embargo, es importante señalar que estas fases no son necesariamente secuenciales y a menudo pueden solaparse o repetirse unas a otras. Por ejemplo, la evaluación de una política puede revelar nuevos problemas o aspectos inesperados del problema original, lo que conduce a una reformulación del problema y a un nuevo conjunto de políticas para abordarlo. Este es el caso de la política sobre la pena de muerte en Estados Unidos, como demuestra el estudio de Baumgartner y sus colegas. Mientras que el debate inicial sobre la pena de muerte se centró en su papel como elemento disuasorio de la delincuencia, la aparición de historias de gran repercusión sobre inocentes en el corredor de la muerte condujo a una reformulación del problema. En lugar de centrarse en la disuasión, el debate ha girado cada vez más hacia la cuestión de la justicia y la infalibilidad del sistema judicial. Esto ilustra cómo la evaluación y la retroalimentación pueden conducir a una reformulación del problema y a un cambio en el contenido de las políticas públicas, dando lugar a lo que puede considerarse una "espiral" en lugar de un ciclo lineal de políticas públicas.

Establecimiento de la agenda y análisis empírico

La cuestión de la pena de muerte en Estados Unidos sigue siendo objeto de un debate público y una política en constante evolución. Aunque muchas jurisdicciones han abolido la pena de muerte o han declarado una moratoria sobre su uso, otras siguen aplicándola. Las historias de condenados a muerte que posteriormente son exonerados y puestos en libertad suscitan inquietud acerca de la infalibilidad del sistema judicial, y estas historias han puesto en tela de juicio la pena de muerte como forma de justicia. Esto ha llevado a una reformulación de la cuestión de la pena de muerte, desplazando el discurso público desde la disuasión penal hacia cuestiones de justicia y error judicial. Se trata de un excelente ejemplo de cómo las cuestiones de política pública suelen reajustarse y redefinirse con el paso del tiempo, en respuesta a los cambios en las actitudes sociales, las pruebas y la actualidad.

Número de países que han abolido la pena de muerte.

Este gráfico muestra el número de países que han abolido gradualmente la pena de muerte, y podemos ver que es realmente a partir de la década de 1960 cuando se ha producido un aumento casi exponencial del número de países que renuncian al uso de la violencia legítima del Estado en forma de ejecución. Es interesante observar que muchos países han abandonado la pena de muerte en las últimas décadas. Según Amnistía Internacional, a finales de 2020, 108 países habían abolido completamente la pena de muerte en la ley para todos los delitos, mientras que 144 países habían abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. Sin embargo, la pena de muerte sigue vigente en algunos países, entre ellos Estados Unidos, que suele citarse como excepción entre las democracias occidentales. Sin embargo, incluso en Estados Unidos existe una tendencia hacia la abolición, al menos a nivel estatal. Varios estados han abolido la pena de muerte o han declarado una moratoria sobre su uso. También es importante señalar que la opinión pública estadounidense sobre la pena de muerte ha evolucionado con el tiempo. Aunque la mayoría de los estadounidenses sigue apoyando la pena de muerte para los asesinos convictos, este apoyo ha disminuido en las últimas décadas. La evolución de la opinión pública, junto con las crecientes pruebas de error y parcialidad en la aplicación de la pena de muerte, podría llevar a un cuestionamiento más profundo de la pena de muerte en Estados Unidos en los próximos años.

Número de ejecuciones en Estados Unidos.

La política sobre la pena de muerte en Estados Unidos ha pasado por varias fases. En las décadas de 1960 y 1970, la pena de muerte se convirtió en un tema muy controvertido en Estados Unidos. Las dudas sobre su constitucionalidad llevaron a suspender temporalmente las ejecuciones. En 1972, en el caso Furman contra Georgia, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que la forma en que se ejecutaba la pena de muerte constituía un castigo cruel e inusual, en violación de la Octava Enmienda de la Constitución estadounidense. Como consecuencia, se suspendieron todas las condenas a muerte. Sin embargo, en 1976, el Tribunal Supremo reinstauró la pena de muerte en el caso Gregg contra Georgia, declarando que no era inconstitucional per se, pero que su aplicación debía modificarse para eliminar la arbitrariedad en la toma de decisiones. Como consecuencia, se reanudaron las ejecuciones. Desde entonces, el número de ejecuciones ha aumentado, alcanzando un máximo en la década de 1990 antes de empezar a descender. Cada vez más estados estadounidenses han abolido la pena de muerte o han declarado una moratoria sobre su uso. Al mismo tiempo, continúa el debate sobre la justicia y la eficacia de la pena de muerte.

Frank Baumgartner y sus colegas han centrado su análisis en el periodo comprendido entre 1960 y 2010 para examinar la forma en que se ha debatido y tratado la cuestión de la pena de muerte en Estados Unidos. Durante este periodo, varios países de todo el mundo abandonaron la pena de muerte, en marcado contraste con la situación de Estados Unidos, donde la pena de muerte siguió siendo una práctica legal. Este periodo también estuvo marcado por importantes cambios en la forma de formular y debatir la cuestión de la pena de muerte. Los investigadores trataron de entender cómo se enmarcaba la cuestión en el debate público, cómo cambiaba la percepción de la pena de muerte con el paso del tiempo y cómo afectaban estas transformaciones a las políticas y prácticas en materia de pena de muerte. Mediante el análisis de los discursos de los medios de comunicación, las decisiones judiciales y los datos sobre ejecuciones y condenas a muerte, trataron de determinar cómo la problematización de la pena de muerte ha influido en su evolución y uso en Estados Unidos.

Ejecuciones por estado de EE.UU.: 1977 - 2007

El índice de ejecución de la pena de muerte en Estados Unidos varía considerablemente de un estado a otro, lo que refleja las diferentes políticas y actitudes hacia esta práctica. Por ejemplo, entre 1977 y 2007, Texas ejecutó a 279 personas, un número significativamente superior al de la mayoría de los demás estados. En cambio, estados como Alaska y Hawái no llevaron a cabo ninguna ejecución durante el mismo periodo. Es importante señalar que el número de ejecuciones debe considerarse en relación con el número de condenas a muerte. En otras palabras, un gran número de ejecuciones en un Estado puede reflejar no sólo una mayor propensión a aplicar la pena de muerte, sino también una mayor propensión a llevar a cabo condenas a muerte. Estas variaciones entre Estados ilustran cómo las cuestiones de política pública, incluidas las relativas a la pena capital, pueden verse influidas por factores locales y regionales, como las actitudes públicas, la legislación estatal y el ethos de los sistemas judiciales locales.

Población en el corredor de la muerte y ejecuciones desde 1976.

Es importante destacar la gran disparidad existente entre los estados norteamericanos en materia de ejecución de la pena de muerte. Tomemos el ejemplo de Texas y California, dos estados con actitudes muy diferentes ante esta cuestión. En Texas, de 1977 a 2007, de 392 personas condenadas a muerte o en el corredor de la muerte, 379 fueron ejecutadas, es decir, alrededor del 96%. Esto significa que, una vez dictada la sentencia de muerte, ésta se ejecuta casi sistemáticamente. En California, por el contrario, aunque hay un gran número de personas condenadas a muerte o en el corredor de la muerte, las ejecuciones son relativamente raras. De hecho, sólo se ejecuta a alrededor del 2% de los condenados a muerte. Esto demuestra que, a pesar de la presencia de la pena de muerte en el ordenamiento jurídico, su aplicación varía considerablemente de un Estado a otro. Esto puede deberse a diversos factores, como las diferencias en la filosofía jurídica, las actitudes públicas y los procesos políticos y jurídicos propios de cada Estado.

En su estudio, Baumgartner y sus colegas analizaron el impacto de una nueva perspectiva de la pena de muerte, que podría denominarse "el descubrimiento de la inocencia". Gracias a avances como las pruebas de ADN, se ha demostrado que muchas personas condenadas a muerte son en realidad inocentes. Esto plantea la chocante posibilidad de que se haya ejecutado a personas inocentes. Esta prueba científica de la inocencia de algunas personas condenadas a muerte representa un cambio significativo en la forma de percibir el problema. Este cambio cognitivo podría tener consecuencias de gran alcance para las prácticas reales de ejecución. En otras palabras, el descubrimiento de que algunas personas condenadas a muerte son inocentes ha llevado a una reevaluación del problema de la pena de muerte. Esta nueva perspectiva puede conducir a un menor número de ejecuciones y a una reforma más amplia del sistema de justicia penal.

Baumgartner y sus colegas han estudiado cómo el concepto de inocencia, introducido en parte por las facultades de derecho que pretendían revisar los juicios de los condenados a muerte, ha tenido un impacto significativo. Estas revisiones judiciales revelaron a menudo que algunos condenados a muerte habían sido juzgados injustamente, sin pruebas suficientes, o incluso a pesar de las pruebas empíricas de lo contrario. Al poner de manifiesto estos problemas, han descubierto que el sistema es defectuoso e injusto, y que se ejecuta a personas inocentes. Al poner de relieve y dar a conocer esta nueva definición del problema, consiguieron influir tanto en la opinión pública como en el proceso político, lo que en última instancia repercutió en las decisiones adoptadas por los jurados en los juicios. Esta transformación en la percepción de la pena de muerte subraya el poder de la creación de problemas para cambiar la forma en que se aborda y resuelve un problema. Al cambiar el marco a través del cual se contempla la pena de muerte, han conseguido influir no sólo en la opinión pública, sino también en las propias decisiones jurídicas adoptadas en los tribunales.

En su investigación, Baumgartner y sus colegas han demostrado que el argumento del "descubrimiento de la inocencia", es decir, el riesgo de ejecutar a inocentes, no sólo es el más poderoso, sino también el más reciente en el debate sobre la pena de muerte. Es más, sugieren que probablemente sea el argumento que más ha influido en las decisiones reales sobre las ejecuciones. Ha llevado a una reflexión renovada sobre la aplicación de la pena de muerte y ha alimentado un intenso debate público y político. La idea de que puede haber errores en el sistema judicial que lleven a la ejecución de personas inocentes ha cambiado la forma en que muchas personas ven la pena de muerte. La fuerza de este argumento subraya el poder de los marcos problemáticos para influir en las actitudes y las políticas públicas. Al redefinir la cuestión de la pena de muerte en términos de riesgos de injusticia, han conseguido tener un impacto considerable en la forma en que se percibe y se trata la cuestión.

Análisis del contenido del debate

Dans leur étude, Baumgartner et ses collègues ont mené une analyse de contenu approfondie des articles de presse relatifs à la peine de mort. Ils ont examiné les articles du New York Times, ainsi que d'autres sources de presse à l'échelle nationale et au niveau des États, depuis 1960. En tout, ils ont identifié et analysé environ 4000 articles sur la peine de mort. Pour chaque article, ils ont déterminé si l'auteur était plutôt pour ou contre la peine de mort, et sur quelle base ou quels arguments ils se fondaient pour prendre cette position. Cette méthode, connue sous le nom d'approche inductive, a permis d'éviter l'imposition de catégories prédéfinies et d'explorer plus ouvertement les arguments utilisés dans le débat. Après avoir recueilli et examiné les arguments invoqués par les auteurs, ils ont regroupé ces arguments en 65 grandes catégories. Cette méthode leur a permis de mieux comprendre la diversité des perspectives sur la peine de mort et d'identifier les arguments les plus fréquemment utilisés pour ou contre son application.

En codant ces 4000 articles, les arguments qui se trouvent dans ces articles, ils ont réussi à voir l’importance relative qui était accordée à différents arguments. Ces trois arguments représentent des thèmes importants dans le débat sur la peine de mort :

• L'efficacité - Cet argument postule que la peine de mort a un effet dissuasif sur le crime. L'idée est que si les gens savent qu'ils risquent d'être exécutés pour certains crimes, ils y réfléchiront à deux fois avant de commettre ces actes.
• La morale - Cet argument soulève la question de la moralité de l'État qui tue comme forme de châtiment. Ceux qui soutiennent cet argument croient que même si une personne a tué, cela ne rend pas moral pour l'État de tuer en représailles.
• L'équité - Cet argument questionne l'équité du système judiciaire en ce qui concerne l'application de la peine de mort. Il interroge si le processus d'application de la peine de mort est impartial, ou si les personnes riches ont plus de chances d'échapper à la peine de mort tandis que les pauvres sont plus susceptibles d'être condamnés.

En analysant les articles de presse, Baumgartner et ses collègues ont pu déterminer l'importance relative de ces arguments dans le discours public sur la peine de mort.

Une autre série d'argument ajoute d'autres dimensions au débat sur la peine de mort :

1. Les coûts - L'argument financier met en évidence le coût élevé lié à la mise en œuvre de la peine de mort, y compris les frais juridiques et d'incarcération associés. Certains peuvent argumenter que l'argent dépensé pour la peine de mort pourrait être mieux utilisé ailleurs, tandis que d'autres peuvent suggérer des alternatives économiques comme la privatisation des prisons.
2. Les méthodes d'exécution - Les méthodes d'exécution ont fait l'objet de débats animés, en particulier en ce qui concerne leur humanité. Certaines personnes sont préoccupées par les méthodes d'exécution potentiellement cruelles ou inhumaines.
3. La pression internationale - Avec de nombreux pays abandonnant la peine de mort, les États-Unis se trouvent sous une pression internationale croissante pour faire de même. L'image des États-Unis en tant que démocratie est également mise en question en raison de leur maintien de la peine de mort.

Après avoir analysé 4000 articles sur la peine de mort, parus depuis 1960, et identifié 65 arguments distincts dans ces textes, Baumgartner et son équipe ont conclu qu'il y a eu une croissance marquée de l'attention portée à cette question, en particulier autour des années 2000. Cette année-là, le nombre d'articles consacrés à la peine de mort a dépassé 200, ce qui représente un pic d'attention relative à ce sujet dans la presse.

Nombre d'articles dans le New York Times : saillance de l’enjeu.

Il est évident qu'il y a eu une augmentation notable de la "saillance" de ce sujet, c'est-à-dire de son importance, de sa visibilité et de la priorité qui lui est accordée dans les débats médiatiques. C'est particulièrement frappant lorsque l'on réalise que l'on atteint près de 250 articles en une seule année, ce qui signifie que deux jours sur trois, ce sujet est discuté. Cette croissance de l'attention est la plus importante et se situe principalement autour des années 2000. Il y avait un autre pic notable durant les années 1970 lors des débats sur la constitutionnalité de la peine de mort. Par conséquent, jamais la peine de mort n'a été autant discutée depuis le début des années 1960 qu'au cours de cette période des années 2000.

Cette forte augmentation de l'attention médiatique autour de la peine de mort dans les années 2000 est très révélatrice des dynamiques sociales et politiques de cette époque. Cela indique non seulement une prise de conscience croissante des problèmes inhérents à la peine de mort, mais aussi un débat public enflammé sur la question. Les années 2000 ont été marquées par des avancées technologiques significatives, comme le développement de l'ADN pour prouver l'innocence des condamnés à mort, ce qui a pu contribuer à ce pic d'attention. De plus, les problèmes systémiques dans le système judiciaire - tels que la discrimination raciale et socio-économique - sont devenus de plus en plus visibles, suscitant une critique accrue de la peine de mort. En outre, le nombre élevé d'articles suggère une tentative de la part des médias de sensibiliser le public à ces problèmes, ce qui pourrait avoir un impact sur l'opinion publique et, par conséquent, sur la politique. Cela met en évidence le rôle puissant que les médias peuvent jouer dans le façonnement de l'opinion publique et du débat politique. Enfin, le fait que l'attention portée à la peine de mort n'a pas été aussi élevée depuis les années 1970 indique que le débat sur la peine de mort aux États-Unis est cyclique, avec des périodes d'attention intense suivies de périodes de relatif silence. Cela peut refléter les changements dans les priorités politiques et sociales au fil du temps.

Croissance du concept de “ l'innocence ” : nouveau cadrage.

Cette analyse des articles de presse démontre le pouvoir de ce que l'on appelle le "framing" ou le "cadrage" dans la communication. Le cadrage, dans ce contexte, se réfère à la manière dont un sujet ou une question est présentée dans les médias, ce qui peut influencer la façon dont le public perçoit et comprend cette question. Dans le cas de la peine de mort aux États-Unis, la question de l'innocence est devenue le cadrage dominant au début des années 2000. Cela signifie que les médias ont commencé à présenter la peine de mort non pas simplement comme une question de justice ou de dissuasion, mais comme une question d'innocence ou de culpabilité potentielle. L'accent mis sur l'innocence souligne l'idée que le système judiciaire peut faire des erreurs, et que ces erreurs peuvent avoir des conséquences mortelles. Cette approche de cadrage a eu un impact significatif sur la façon dont le public perçoit la peine de mort. En présentant la peine de mort sous l'angle de l'innocence, les médias ont contribué à sensibiliser le public à la possibilité d'erreurs judiciaires et à l'injustice potentielle de la peine de mort. Il est important de noter que ce changement de cadrage n'est pas nécessairement le résultat d'une stratégie délibérée de la part des médias. Il peut également être le produit de changements dans la société, tels que l'introduction de nouvelles technologies (comme les tests ADN) ou la montée en puissance de mouvements sociaux (comme le mouvement pour l'abolition de la peine de mort). Cependant, une fois qu'un certain cadrage devient dominant, il peut avoir un effet d'entraînement, comme le suggère le fait que la question de l'innocence est restée le thème dominant dans la couverture médiatique de la peine de mort.

Analyse du Ton du Débat

En analysant le ton ou la tonalité d'un article, les chercheurs peuvent déterminer si l'article est plutôt en faveur de la peine de mort (ton positif), contre la peine de mort (ton négatif), ou neutre (ni positif, ni négatif). Cette analyse du ton peut donner un aperçu précieux des attitudes et des opinions exprimées dans les médias concernant la peine de mort. Par exemple, une prédominance d'articles avec un ton négatif pourrait indiquer une tendance générale à critiquer la peine de mort. Inversement, une majorité d'articles avec un ton positif pourrait refléter un soutien général pour la peine de mort. L'analyse du ton peut également révéler comment les attitudes et les opinions peuvent changer au fil du temps. Par exemple, si la tonalité des articles sur la peine de mort devient de plus en plus négative au fil du temps, cela pourrait indiquer un changement d'opinion publique contre la peine de mort. Il est à noter que le ton d'un article peut être influencé par divers facteurs, tels que le cadrage du sujet (par exemple, si l'article se concentre sur l'innocence), les attitudes et les opinions de l'auteur, et le public cible de l'article.

“Tonalité” de la couverture médiatique : opposition croissante.

En se basant sur ce graphique qui étudie la tonalité des articles de 1960 à la période la plus récente, on remarque une balance plutôt équilibrée entre les opinions « pro » et « anti » peine de mort. En effet, aucune direction ne prédomine de manière claire, illustrant ainsi une position plutôt neutre sur la question. Cependant, lors du pic d'attention survenu dans les années 2000, la situation change radicalement. Le sujet de l'innocence s'installe comme principal angle du débat et prend résolument position en faveur des opposants à la peine de mort. Durant cette période, la tonalité des articles devient nettement négative envers la peine de mort, une attitude jamais observée auparavant. Cette période marque une transformation historique remarquable du débat sur la peine de mort. En effet, rares sont les cas où une redéfinition aussi profonde de la problématique conduit à un changement si radical de l'attitude et de la position des acteurs impliqués.

Durant cette période de pic d'attention autour des années 2000, le débat sur la peine de mort ait été fortement influencé par l'argument de l'innocence. La possibilité d'exécuter des individus innocents a donné une tournure particulière aux discussions, accentuant la tonalité négative des articles à l'égard de la peine de mort. Cette évolution est assez exceptionnelle dans l'histoire du débat sur la peine de mort. Elle démontre l'influence que peut avoir un argument puissant sur l'opinion publique, et comment un seul aspect du débat (en l'occurrence, l'innocence) peut transformer la façon dont la question est perçue et débattue. On peut constater que malgré les fluctuations de l'opinion publique et des débats à propos de la peine de mort au fil des décennies, la question de l'innocence a eu un impact considérable. Cela souligne l'importance de la justesse et de l'équité dans notre système de justice, et comment ces valeurs peuvent influencer les opinions sur des sujets aussi complexes et controversés que la peine de mort.

S'appuyant sur ces trois observations, Baumgartner et ses collaborateurs soutiennent que le cadre de l'innocence a supplanté les autres manières de considérer la question. Ce cadrage autour de l'innocence possède un attrait considérable, car il englobe et réunifie des problématiques antérieures qui étaient autrefois disjointes. En particulier, il met en lumière les inégalités face à la justice qui existent entre les citoyens noirs et blancs aux États-Unis, entre les riches et les pauvres, ainsi qu'entre ceux qui peuvent se permettre les services d'avocats compétents et ceux qui ne le peuvent pas.

Le cadre de l'innocence se focalise sur une question fondamentale : celle de l'erreur judiciaire. Cela implique que toute personne condamnée à mort pourrait être innocente, et par conséquent, tout acte d'exécution pourrait être un homicide involontaire de la part de l'État. Cette idée a une force persuasive puissante, car elle évoque une injustice profonde et irréversible qui peut affecter tout un chacun, indépendamment de sa race, de sa classe sociale ou de son statut juridique. Cependant, en soulignant l'innocence potentielle des condamnés à mort, ce cadre met également en lumière les inégalités structurelles qui existent dans le système judiciaire américain. Par exemple, il est largement reconnu que les individus issus de milieux défavorisés, en particulier les citoyens noirs, sont disproportionnellement représentés parmi les condamnés à mort. De même, la qualité de la représentation juridique peut varier considérablement en fonction de la capacité financière de l'accusé. En effet, le cadre de l'innocence suggère que ces inégalités peuvent conduire à des erreurs judiciaires et, par conséquent, à l'exécution d'individus innocents. En ce sens, il offre un point de convergence pour différentes critiques du système de la peine de mort et permet de brosser un tableau plus global de l'injustice et de l'inéquité inhérentes à cette pratique. Par conséquent, le cadrage de l'innocence ne s'oppose pas seulement à la peine de mort en tant que telle, mais aussi aux inégalités socio-économiques et raciales qui la sous-tendent.

Évaluation de l'Impact Cognitif du Débat

L'analyse de Baumgartner et de ses collègues montre que la montée en puissance du cadrage de l'innocence dans le discours médiatique a eu un impact tangible sur la manière dont la peine de mort est appliquée aux États-Unis. C'est une manifestation du pouvoir des médias à façonner non seulement l'opinion publique, mais aussi les politiques publiques et les pratiques judiciaires. La hausse de la sensibilisation aux risques d'exécution d'innocents, alimentée par le discours médiatique, a augmenté la pression sur le système judiciaire pour qu'il exerce une diligence accrue dans les affaires de peine de mort. Ceci s'est manifesté par une réduction du nombre de condamnations à mort et d'exécutions. Cela a également conduit à une augmentation du nombre de révisions de condamnations à mort et d'exonérations. De plus, cette attention accrue portée à l'innocence potentielle des condamnés à mort a également nourri un mouvement politique plus large contre la peine de mort. Ce mouvement a contribué à des changements législatifs dans certains États américains visant à abolir ou à limiter l'utilisation de la peine de mort. Ainsi, l'évolution du discours médiatique autour de la peine de mort, avec le cadrage de l'innocence en tant que moteur clé, a eu des impacts significatifs sur les politiques et les pratiques judiciaires en matière de peine de mort aux États-Unis.

Dans leur tentative d'établir une corrélation entre le changement de cadrage médiatique et la baisse du nombre de condamnations à mort, Baumgartner et ses collègues ont employé un modèle statistique sophistiqué pour étudier cette relation. En tenant compte des variables potentiellement influentes, telles que l'évolution de l'opinion publique, le nombre d'homicides et l'inertie des politiques publiques dans différents États, ils ont analysé si le cadrage renouvelé de la peine de mort, en mettant l'accent sur l'innocence, avait eu un impact sur le nombre de condamnations à mort et d'exécutions. Ils ont conclu que le re-cadrage du débat autour de la peine de mort avait eu un impact significatif. Non seulement cela a conduit à une diminution du nombre de condamnations à mort et d'exécutions, mais cela a également influencé la manière dont la peine de mort était perçue et mise en œuvre. Cette étude souligne l'importance des cadres de discussion dans la construction de problèmes sociaux et comment ils peuvent conduire à des changements significatifs dans les politiques et les pratiques publiques.

Les changements perceptibles dans le discours médiatique peuvent avoir des impacts significatifs sur l'opinion publique et, par conséquent, influencer à la fois les législateurs et les décisions prises dans le système judiciaire. Si la question de l'innocence est devenue dominante dans les médias, il est très probable que cela ait joué un rôle dans la réflexion des jurys populaires, des juges, et même des législateurs au moment de réviser les lois. Les législateurs, pour leur part, pourraient avoir été incités à réévaluer les lois relatives à la peine de mort afin de minimiser le risque d'erreur judiciaire. En outre, les juges et les jurys pourraient être plus prudents dans l'application de la peine de mort, sachant que l'opinion publique est de plus en plus préoccupée par la question de l'innocence. En somme, ce changement dans le cadrage du débat sur la peine de mort a très probablement conduit à une transformation non seulement de l'opinion publique, mais aussi du paysage législatif et judiciaire.

Formulation d’une Politique Publique : Définition des Objectifs et Choix des Instruments

Une fois qu'un problème a acquis une place prépondérante à l'agenda politique, il incombe aux autorités gouvernementales, notamment au gouvernement lui-même, au parlement et à son administration, de concevoir une variété de stratégies et de solutions pour tenter de résoudre le problème qui est au cœur de la politique publique en discussion.

La phase de formulation ou de programmation aboutit généralement à l'adoption de normes et de lois qui peuvent entraîner des transformations du droit international, des modifications d'articles constitutionnels (comme cela pourrait être le cas suite à l'adoption d'une initiative populaire), des lois fédérales, des arrêtés fédéraux, des arrêtés fédéraux urgents, ainsi que des ordonnances ou des directives. Tous ces éléments constituent les supports normatifs des politiques publiques.

Lorsqu'on examine le contenu d'une politique publique telle qu'elle est élaborée par les autorités politiques, on se focalise principalement sur trois éléments distincts.

1. Les objectifs de la politique publique : Ce sont les buts ou les résultats souhaités que la politique publique vise à atteindre. Ils définissent le changement désiré ou l'amélioration visée.
2. Les instruments d'action : Il s'agit des moyens ou des outils déployés pour réaliser les objectifs fixés. Ces instruments peuvent prendre différentes formes, comme des lois, des règlements, des subventions, des incitations, des programmes de formation, etc.
3. Les dispositions institutionnelles ou organisationnelles : Elles déterminent quels acteurs seront responsables de la mise en œuvre des instruments. Ces acteurs peuvent être des agences gouvernementales, des organisations non gouvernementales, des entreprises privées, des associations, etc. Ces arrangements précisent aussi les rôles, les responsabilités, les relations et les interactions entre ces acteurs.

Définition des Objectifs d’une Politique Publique

Les objectifs d'une politique publique sont la traduction ou l'explicitation de la solution envisagée pour résoudre le problème identifié. En d'autres termes, ils reflètent la part du problème que la politique publique aspire à résoudre. Puisque le but d'une politique publique est de résoudre un problème, les objectifs explicitent la situation idéale ou l'état des choses souhaité une fois que le problème est entièrement ou partiellement résolu. La définition d'objectifs dans une politique publique est cruciale pour sa mise en œuvre réussie. Ces objectifs agissent comme une boussole, guidant tous les efforts vers une situation souhaitée. Ils permettent de donner un sens clair à la politique, de focaliser les efforts, d'aligner les différentes parties prenantes et de mesurer les progrès réalisés.

L'acronyme "SMART" est souvent utilisé pour définir des objectifs clairs et réalisables. Il signifie :

• Spécifique : L'objectif doit être clair, précis et facile à comprendre. Au lieu de dire "améliorer la qualité de vie", un objectif spécifique pourrait être "réduire le taux de chômage de 10% en 5 ans".
• Mesurable : Il doit être possible de mesurer l'atteinte de l'objectif. Pour cela, des indicateurs spécifiques doivent être définis. Par exemple, le taux de chômage pourrait être un indicateur pour mesurer l'amélioration de la qualité de vie.
• Atteignable (ou Réalisable) : L'objectif doit être réaliste et réalisable, compte tenu des ressources et des contraintes existantes. Il doit représenter un défi, mais ne doit pas être impossible à atteindre.
• Pertinent (ou Relevant) : L'objectif doit être pertinent et en ligne avec les priorités et les stratégies globales. Il doit avoir un impact significatif sur la résolution du problème.
• Temporellement défini (ou Time-bound) : L'objectif doit avoir une échéance claire. Cela ajoute un sentiment d'urgence et aide à planifier et à suivre les progrès.

Utiliser des objectifs SMART peut aider à focaliser les efforts, à faciliter la communication et le suivi des progrès, et à motiver les acteurs impliqués. Cependant, il est important de noter que la définition des objectifs SMART nécessite une réflexion et une planification attentives, ainsi qu'une bonne compréhension du problème à résoudre.

Dans le contexte de la lutte contre le chômage, un objectif politique clairement défini et crédible, tel que "réduire d'ici cinq ans de 5% le taux de demandeurs d'emploi enregistré dans les offices régionaux de placement pour les chômeurs de longue durée non qualifiés", joue un rôle essentiel dans la formulation et le pilotage de la politique publique.

Il y a plusieurs raisons à cela :

• Clarifie les buts de la politique : Ce genre d'objectif explicite précisément ce que la politique vise à réaliser. Dans ce cas, il s'agit de réduire le chômage des travailleurs non qualifiés de longue durée.
• Aide à la planification et à la mise en œuvre : En définissant des cibles précises, les décideurs politiques, les administrateurs et les intervenants savent vers quoi orienter leurs efforts. Les stratégies, les programmes et les initiatives peuvent être conçus pour répondre à cet objectif spécifique.
• Facilite le suivi et l'évaluation : Un objectif quantifiable et limité dans le temps, comme une réduction de 5% sur cinq ans, permet de mesurer les progrès réalisés et d'évaluer l'efficacité de la politique. Les résultats peuvent être comparés à l'objectif pour déterminer si la politique est en bonne voie pour l'atteindre.
• Permet la responsabilité : Avec un objectif clair et mesurable, il est plus facile de tenir les responsables politiques et les institutions responsables de leurs actions et de leurs résultats. Si l'objectif n'est pas atteint, cela peut donner lieu à des questions sur pourquoi cela n'a pas été le cas et ce qui peut être fait pour améliorer la situation.
• Rend la politique plus compréhensible pour le public : Un objectif clairement énoncé aide le public à comprendre ce que la politique vise à accomplir et pourquoi elle est importante. Cela peut aider à obtenir un soutien public pour la politique et à encourager la participation et la coopération.

En somme, définir des objectifs clairs et spécifiques est une étape cruciale dans la création de politiques publiques efficaces et responsables.

Les lois sont souvent écrites dans un langage juridique qui peut être vague ou difficile à comprendre pour le public non spécialisé. Par ailleurs, pour diverses raisons, les législateurs peuvent choisir d'énoncer des objectifs larges et généraux plutôt que des objectifs spécifiques et mesurables. Par exemple :

• Complexité du sujet : Les problèmes de politique publique peuvent être complexes et multifactoriels, rendant difficile la définition d'objectifs clairs et simples.
• Diversité des parties prenantes : Les politiques publiques impliquent souvent un large éventail de parties prenantes avec des intérêts et des priorités différents. Par conséquent, les objectifs de la politique peuvent être formulés de manière large pour accommoder ces différentes perspectives.
• Flexibilité : Les législateurs peuvent choisir de laisser une certaine marge de manœuvre dans la formulation des objectifs afin de permettre une certaine flexibilité dans la mise en œuvre de la politique.
• Considérations politiques : Les objectifs de politique publique peuvent être influencés par des considérations politiques, y compris le désir de compromis ou d'éviter des sujets controversés.

Cependant, il est important de noter que la formulation d'objectifs « non smart » peut rendre difficile l'évaluation de l'efficacité de la politique. Cela peut également créer des défis en termes de transparence et de responsabilité. Il est donc essentiel de chercher à formuler des objectifs aussi spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et délimités dans le temps que possible.

Avec la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, le premier article stipule les buts « La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol […] ». La loi fédérale sur la protection de l’environnement, à l’article 1 stipule que « La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes […] ». La loi fédérale sur l’énergie à l’article 1 stipule que « La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et compatible avec les impératifs de la protection de l'environnement […] ». Cela illustre bien comment les objectifs de politique publique peuvent être formulés dans les lois de manière générale et moins spécifique. Chaque objectif énoncé dans ces lois est noble et nécessaire, mais ils manquent de spécificité, de mesurabilité et d'une échéance précise, ce qui est au cœur du concept d'objectifs "SMART". Par exemple :

• Loi fédérale sur l'aménagement du territoire : L'objectif énoncé est d'assurer une "utilisation mesurée du sol". C'est un objectif louable, mais que signifie exactement une "utilisation mesurée" ? Comment cela sera-t-il mesuré ? Quelle est la situation idéale qui est visée ?
• Loi fédérale sur la protection de l'environnement : Le but est de protéger divers éléments de l'environnement "contre les atteintes nuisibles ou incommodantes". À nouveau, comment est défini "nuisible" ou "incommodant" ? Quels sont les indicateurs spécifiques de succès ?
• Loi fédérale sur l'énergie : L'objectif est de contribuer à un approvisionnement énergétique répondant à plusieurs critères. Bien que chacun de ces critères soit important, comment seront-ils mesurés ? Quels sont les cibles spécifiques pour chaque critère ?

Ces exemples soulignent l'importance d'élaborer des objectifs plus spécifiques et mesurables dans la formulation des politiques publiques. Sans des objectifs clairement définis, il peut être difficile de mesurer le succès ou l'échec de la politique, ou d'ajuster la politique si nécessaire.

Le choix d'énoncer des objectifs plus vagues dans les politiques publiques peut être stratégique. En précisant trop les objectifs, les décideurs politiques risquent de s'aliéner certains groupes d'intérêt ou acteurs qui pourraient ne pas être d'accord avec ces objectifs spécifiques. De plus, en établissant des objectifs très précis, ils se fixent des attentes mesurables, qui pourraient éventuellement être utilisées contre eux si ces objectifs n'étaient pas atteints. D'autre part, des objectifs vagues peuvent donner une plus grande flexibilité dans l'interprétation et l'application des politiques publiques. Ils permettent une certaine marge de manœuvre pour adapter la mise en œuvre de la politique à des situations spécifiques ou changeantes. Cependant, le risque de cet approche est que l'absence de clarté et de précision peut entraîner des difficultés pour évaluer l'efficacité des politiques publiques, et peut aussi donner lieu à des conflits d'interprétation entre différents acteurs concernés par la mise en œuvre de ces politiques.

Les objectifs « smart » dans une politique publique dévoilent clairement qui bénéficiera de cette politique et quel problème particulier elle résoudra. Par conséquent, ils mettent également en lumière quels problèmes ou quels groupes ne sont pas prioritaires. Cette mise en lumière de la distribution des effets de la politique peut nuire à son acceptabilité politique, car elle rend les choix et les compromis plus évidents. C'est pourquoi, en général, les objectifs fixés dans les lois et les constitutions tendent à être vagues et globaux. Ce n'est qu'au niveau des actes d'application des lois, tels que les ordonnances, que les objectifs deviennent plus précis. Ces instruments plus détaillés permettent une plus grande précision tout en maintenant une certaine acceptabilité politique, en grande partie parce qu'ils sont souvent moins visibles et moins controversés que les lois ou les constitutions elles-mêmes.

Pour faire passer un article constitutionnel ou une loi, il faut obtenir un consensus au sein du parlement, et dans des pays comme la Suisse, il est aussi nécessaire de gagner un vote populaire à double majorité (majorité des citoyens et majorité des cantons). Ces critères constituent des barrières élevées pour l'acceptation politique. En revanche, les ordonnances, qui permettent une plus grande précision, sont généralement adoptées uniquement par le gouvernement et ne sont pas soumises à un référendum facultatif. Par conséquent, elles peuvent être mises en place avec un degré d'acceptation politique plus bas. Cela permet d'être plus précis et spécifique dans les objectifs politiques sans avoir à obtenir l'accord de vastes segments de la société ou de la politique.

Quand on parle d'objectifs précis dans le cadre d'une politique publique, on parle souvent de détails qui définissent spécifiquement les résultats attendus, le public cible, le calendrier et les critères de réussite. Cependant, en raison de la complexité et de la sensibilité politiques, il est difficile d'établir ces objectifs précis à un niveau constitutionnel ou législatif général. Dans une constitution, les objectifs sont généralement formulés en termes très généraux, car ils doivent être acceptables pour un large éventail de groupes de la société, y compris ceux qui ont des intérêts conflictuels. De plus, la constitution est un document de portée et de durée longues, ce qui signifie qu'elle doit être suffisamment flexible pour s'adapter aux changements futurs. Au niveau de la loi générale, les objectifs peuvent être un peu plus spécifiques, mais ils doivent encore être assez larges pour permettre différentes interprétations et applications dans différents contextes. De plus, l'adoption d'une loi nécessite généralement une majorité parlementaire, et parfois même un vote populaire, ce qui rend difficile l'obtention d'un consensus sur des objectifs très spécifiques. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, les détails les plus précis des objectifs d'une politique publique sont définis au niveau des ordonnances ou des règlements qui sont élaborés pour mettre en œuvre la loi. Ces documents sont généralement rédigés par les agences gouvernementales responsables de la mise en œuvre de la politique, et ils ne nécessitent pas l'approbation du parlement ou du public. Cela donne aux agences la flexibilité nécessaire pour définir des objectifs précis qui répondent aux besoins spécifiques de la politique, tout en respectant le cadre général établi par la constitution et la loi.

Sélection et Utilisation des Instruments d’Action Publique

Dans la mise en œuvre des politiques publiques, les objectifs spécifiques ne sont pas toujours clairement définis ou bien précisés dans les textes législatifs ou constitutionnels. Néanmoins, ce qui est généralement le plus visible et tangible pour les citoyens, c'est la mise en œuvre pratique de ces politiques : c'est-à-dire, les actions concrètes entreprises par les administrations publiques pour atteindre les objectifs généraux énoncés dans les lois et réglementations. Par exemple, une politique publique visant à améliorer l'éducation peut avoir un objectif vague, comme "améliorer la qualité de l'éducation". Toutefois, les actions concrètes entreprises par les écoles, les enseignants et les administrations pour atteindre cet objectif - comme l'embauche de nouveaux enseignants, la mise en œuvre de nouvelles méthodes pédagogiques, ou l'augmentation du financement pour les écoles - sont des aspects plus tangibles de cette politique publique. Ces actions concrètes, souvent appelées "instruments d'action" dans le jargon des politiques publiques, sont donc généralement le moyen le plus direct et visible pour les citoyens de comprendre comment une politique publique est mise en œuvre. C'est également à travers ces actions que les citoyens peuvent évaluer l'efficacité d'une politique publique et si les objectifs généraux sont atteints.

Les instruments sont les outils concrets que l'État utilise pour appliquer ses politiques publiques et atteindre les objectifs fixés. Ce sont eux qui font le lien entre les administrateurs publics et les groupes cibles dans la société civile. Ces instruments peuvent prendre différentes formes. Par exemple, ils peuvent se manifester sous forme d'autorisations, qui accordent le droit de mener certaines actions ; d'interdictions, qui empêchent certaines actions d'être réalisées ; ou de prescriptions, qui obligent à la réalisation de certaines actions. L'État dispose d'une large gamme de ces instruments pour atteindre les objectifs fixés par ses politiques publiques. Le choix d'un instrument spécifique peut dépendre de plusieurs facteurs, tels que la nature du problème à résoudre, le contexte politique et social, ou encore les ressources disponibles. Un domaine de recherche important dans l'analyse des politiques publiques est d'étudier pourquoi un certain instrument est choisi et mis en œuvre, et quel est son efficacité pour atteindre les objectifs fixés. Cela peut impliquer l'analyse de données sur les performances de l'instrument, l'évaluation de ses impacts sur la société et l'économie, et l'étude des processus par lesquels l'instrument a été choisi et mis en œuvre. Ces recherches peuvent aider à améliorer la formulation et la mise en œuvre des politiques publiques à l'avenir.

Lors de la formulation d'une politique publique, il existe un large éventail d'instruments allant des moins intrusifs aux plus intrusifs. Ces instruments peuvent varier en termes de l'ampleur de leur intervention dans la société ou l'économie, ainsi que de l'effort requis pour les mettre en œuvre. Par exemple, parmi les instruments les moins intrusifs, on peut citer l'information et la persuasion, où l'État cherche à influencer le comportement des citoyens ou des entreprises en leur fournissant des informations ou en les encourageant à adopter certaines pratiques. Au milieu du spectre, on trouve des instruments tels que les incitations fiscales ou les régulations, où l'État cherche à orienter le comportement en modifiant les coûts ou les bénéfices associés à certaines actions. Parmi les instruments les plus intrusifs, on peut citer les interdictions ou les prescriptions, où l'État impose directement certaines actions ou interdit certaines pratiques. Lors de la formulation d'une politique publique, différents acteurs peuvent préférer différents instruments en fonction de leurs intérêts et de leurs valeurs. Par exemple, certains acteurs peuvent préférer des instruments moins intrusifs qui respectent davantage l'autonomie individuelle, tandis que d'autres peuvent préférer des instruments plus intrusifs qui garantissent un contrôle plus direct sur les résultats. Ces débats sur le choix des instruments peuvent être une partie importante du processus de formulation des politiques.

L'Autorégulation

L'autorégulation est un type d'instrument de politique publique dans lequel l'État cherche à influencer le comportement des acteurs concernés, mais laisse à ces derniers une certaine autonomie pour déterminer la manière exacte dont ils vont répondre. Cela peut se faire par le biais de codes de conduite volontaires, de normes sectorielles ou de systèmes de certification privés, par exemple. L'idée derrière l'autorégulation est qu'en permettant aux acteurs concernés de prendre leurs propres décisions, ils seront plus susceptibles de s'engager dans le processus et de se conformer aux objectifs de la politique. Cela peut également permettre une plus grande flexibilité et adaptation aux conditions spécifiques de différents acteurs ou secteurs. Cependant, l'autorégulation présente également des défis. Par exemple, il peut être difficile pour l'État de s'assurer que tous les acteurs se comportent de manière responsable et qu'ils atteignent les objectifs de la politique. De plus, l'autorégulation peut parfois conduire à des inégalités, car certains acteurs peuvent avoir plus de ressources ou de capacités pour se conformer aux politiques que d'autres.

Les gentlemen agreements ou les conventions de diligence sont des accords informels, souvent non contraignants, entre les parties concernées - ici, les banques - sur la manière dont elles vont traiter un certain problème - dans ce cas, le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale, le financement du terrorisme et le recyclage de l'argent des dictateurs. Ces conventions peuvent être considérées comme un exemple d'autorégulation, car elles sont négociées et mises en œuvre par les banques elles-mêmes, plutôt que d'être imposées par l'État. Cela donne aux banques une grande marge de manœuvre pour déterminer comment elles vont atteindre les objectifs de la politique, tout en minimisant l'intrusion de l'État dans leurs activités. Toutefois, ce type d'instrument a ses limites et ses défis. En l'occurrence, l'efficacité de ces conventions a été remise en question en raison de pressions internationales. Ces pressions ont probablement mis en évidence certaines des difficultés inhérentes à l'autorégulation, notamment le risque que les acteurs concernés ne prennent pas des mesures suffisantes pour résoudre le problème ou qu'ils ne se conforment pas pleinement aux conventions convenues.

Campagnes d'Information et de Persuasion

Les campagnes d'information et de persuasion représentent un degré plus élevé d'implication de l'État dans l'orientation du comportement des groupes cibles. Ces méthodes se situent quelque part entre l'autorégulation et les réglementations obligatoires plus contraignantes. Avec les campagnes d'information, l'État cherche à éduquer le public ou un groupe spécifique sur un certain problème ou une certaine question, dans l'espoir de les encourager à agir d'une manière qui contribue à résoudre le problème. Par exemple, une campagne d'information sur les effets néfastes du tabagisme sur la santé visera à encourager les gens à arrêter de fumer. Les campagnes de persuasion, d'autre part, impliquent souvent une approche plus active pour influencer le comportement. Elles peuvent inclure des messages de marketing social qui visent à promouvoir certains comportements ou à dissuader d'autres comportements. Par exemple, une campagne de persuasion peut encourager le recyclage ou la réduction de la consommation d'énergie. Dans les deux cas, l'objectif est d'influencer le comportement sans recourir à des mesures législatives ou réglementaires contraignantes. Cependant, l'efficacité de ces approches dépend en grande partie de la volonté et de la capacité du public ou du groupe cible à changer son comportement.

Les campagnes de sensibilisation sur des sujets tels que la prévention du VIH/SIDA ou les dangers de la consommation de tabac sont des exemples typiques d'instruments de politique publique utilisés pour influencer le comportement des citoyens. Par exemple, les campagnes de prévention du VIH/SIDA peuvent utiliser diverses méthodes, allant des publicités à la télévision ou à la radio aux affiches et dépliants, pour informer le public sur les dangers du VIH/SIDA et sur l'importance de l'utilisation des préservatifs pour prévenir la transmission de cette maladie. De même, les avertissements sanitaires sur les paquets de cigarettes sont une autre méthode utilisée pour influencer le comportement des fumeurs. Les images graphiques et les messages chocs sur les dangers du tabagisme ont pour but de dissuader les fumeurs de continuer à fumer, ou du moins de les encourager à réduire leur consommation de tabac. Les mises en garde sur les bouteilles d'alcool constituent également un instrument de politique publique utilisé pour sensibiliser les consommateurs aux dangers de la consommation excessive d'alcool. Les avertissements peuvent indiquer les risques pour la santé associés à la consommation d'alcool, ainsi que les dangers de la conduite en état d'ébriété ou de la consommation d'alcool pendant la grossesse. Cependant, bien que ces campagnes de sensibilisation puissent avoir un certain impact, leur efficacité dépend largement de la réceptivité du public à ces messages et de leur volonté de changer leurs comportements en conséquence.

L'approche basée sur l'information et la sensibilisation repose sur l'idée que les individus, une fois correctement informés, seront capables et désireux d'adopter des comportements plus sains ou plus bénéfiques. Cependant, cette approche présuppose également que les individus ont la volonté et la capacité d'agir sur ces informations, ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple dans le cas du tabagisme : même si les fumeurs sont bien conscients des risques pour la santé associés à leur comportement, nombreux sont ceux qui continuent à fumer. Il peut y avoir diverses raisons à cela, comme l'addiction à la nicotine, le sentiment que les bénéfices immédiats du tabagisme (comme le soulagement du stress ou le plaisir) l'emportent sur les risques à long terme, ou le manque de soutien ou de ressources pour arrêter de fumer. C'est pourquoi, dans certains cas, des interventions plus fortes peuvent être nécessaires. Par exemple, l'État peut décider de mettre en place des restrictions sur la vente de cigarettes, d'augmenter les taxes sur le tabac pour en augmenter le coût, ou de proposer des programmes de sevrage tabagique financés par l'État pour aider ceux qui souhaitent arrêter de fumer. Dans tous les cas, le choix de l'instrument de politique publique dépendra des spécificités du problème à résoudre, de l'acceptabilité politique et sociale de l'instrument, et de la capacité de l'État à le mettre en œuvre efficacement.

Incitations Positives et Négatives

Les incitations positives, ou "carottes", sont des mesures visant à encourager un certain comportement par le biais de récompenses ou d'avantages. Par exemple, dans le cas des politiques antitabac, une incitation positive pourrait être de subventionner les traitements d'aide à l'arrêt du tabac, comme les patchs à la nicotine. Cela rend ces traitements plus accessibles et abordables, ce qui peut encourager davantage de fumeurs à tenter d'arrêter. Parallèlement aux incitations positives, il y a également les incitations négatives, ou "bâtons". Ce sont des mesures qui cherchent à dissuader un certain comportement en le rendant moins attrayant ou plus coûteux. Dans le contexte du tabagisme, une incitation négative pourrait être une taxe sur les cigarettes, qui augmente le coût du tabagisme et le rend donc moins attrayant. Ces deux types d'incitations peuvent être utilisés de manière complémentaire dans une politique publique. Par exemple, les revenus générés par une taxe sur le tabac peuvent être utilisés pour financer des programmes d'aide à l'arrêt du tabac, combinant ainsi une incitation négative (augmenter le coût du tabac) et une incitation positive (rendre les aides à l'arrêt plus abordables).

L'utilisation de mesures financières telles que les subventions ou les taxes est une méthode couramment utilisée pour influencer le comportement des acteurs visés par une politique publique. Les subventions peuvent rendre certains comportements plus attrayants en réduisant les coûts associés à ces comportements. Par exemple, des subventions pour les agriculteurs peuvent rendre les méthodes de production plus respectueuses de l'environnement plus abordables et donc plus attrayantes. Cela peut aider à encourager les agriculteurs à adopter des pratiques plus durables, ce qui contribue à la réalisation des objectifs environnementaux de la politique publique. Inversement, les taxes peuvent être utilisées pour décourager certains comportements en augmentant leurs coûts. Par exemple, une taxe sur le tabac rend le tabagisme plus coûteux, ce qui peut dissuader les gens de fumer. De même, une taxe carbone peut augmenter le coût des combustibles fossiles, incitant ainsi les entreprises et les particuliers à se tourner vers des sources d'énergie plus propres. Il est à noter que les subventions et les taxes peuvent également avoir des effets redistributifs, en transférant des ressources d'un groupe à un autre. Par conséquent, leur utilisation peut parfois être controversée et susciter des débats politiques.

À mesure que l'intervention de l'État devient plus forte et que le degré de contrainte augmente, l'acceptabilité de ces mesures peut diminuer. Chaque instrument de politique publique a des implications spécifiques en termes de droits, de libertés et de responsabilités pour les différents groupes cibles. Par exemple, alors que des mesures incitatives comme les subventions ou les taxes peuvent être vues comme respectant plus la liberté individuelle, des règlements plus stricts ou des interdictions peuvent être perçus comme des atteintes à cette liberté. C'est pourquoi le processus d'élaboration des politiques publiques implique souvent de trouver un équilibre entre l'efficacité de l'instrument pour atteindre l'objectif visé et son acceptabilité auprès du public et des parties prenantes. Cette dynamique peut donner lieu à des débats animés et parfois polarisants. Cela peut être particulièrement évident lorsqu'il s'agit de questions complexes et controversées, où différents groupes ont des intérêts divergents. Par exemple, dans le domaine de l'environnement, le choix d'un instrument spécifique peut avoir des implications significatives pour les industries, les consommateurs et les défenseurs de l'environnement, chacun ayant des perspectives et des priorités différentes.

Prescription et Interdiction

L'étape suivante dans le spectre de l'intrusion de l'État dans les politiques publiques comprend des approches de régulation plus directes, telles que les prescriptions, qui peuvent prendre la forme d'autorisations et d'interdictions.

1. Les autorisations: L'État peut demander à certains groupes cibles d'obtenir une autorisation ou un permis avant d'engager certaines actions. Ces permis peuvent être assortis de conditions spécifiques qui doivent être respectées. Un exemple pourrait être l'autorisation nécessaire pour ouvrir un établissement de restauration, qui peut nécessiter de respecter certaines normes d'hygiène et de sécurité.
2. Les interdictions: Il s'agit de la forme la plus stricte de contrôle, où certains comportements sont tout simplement interdits par la loi. Les interdictions peuvent couvrir un large éventail de comportements, allant de la consommation de certaines substances (comme les drogues illégales) à la réalisation de certaines activités (comme la conduite en état d'ivresse).

Ces formes de contrôle sont souvent utilisées lorsque les risques associés à certains comportements sont jugés trop élevés pour être laissés sans régulation. Cependant, leur mise en œuvre nécessite un suivi et une application stricts de la part de l'État, ce qui peut entraîner des coûts supplémentaires. De plus, elles peuvent parfois être perçues comme une atteinte aux libertés individuelles, ce qui peut susciter des débats et des controverses.

Les instruments prescriptifs, comme les autorisations ou les interdictions, ont une grande capacité à influencer les comportements des groupes cibles. Par exemple, en rendant obligatoire l'obtention d'un permis de conduire, l'État assure non seulement que les conducteurs possèdent les compétences nécessaires pour naviguer sur les routes de manière sûre, mais également que les règles de circulation sont respectées, minimisant ainsi les risques d'accidents. De même, l'interdiction de certaines actions, comme la conduite en état d'ébriété, vise à protéger la société dans son ensemble en prévenant des comportements dangereux. Ces instruments prescriptifs sont donc particulièrement efficaces pour modifier les comportements, bien qu'ils puissent être perçus comme restrictifs ou intrusifs. Cependant, leur efficacité dépend également de l'application de ces règles et de la capacité de l'État à surveiller et à sanctionner les infractions. Une réglementation, aussi stricte soit-elle, n'aura que peu d'effet si elle n'est pas correctement mise en œuvre et respectée.

Nationalisation et Étatisme

La forme la plus intrusive d'action publique est la nationalisation ou l'étatisation, où l'État prend le contrôle direct d'une industrie ou d'un secteur. Historiquement, de nombreux pays ont nationalisé des industries essentielles comme les transports, l'énergie ou les télécommunications afin de garantir un accès universel à ces services. Par exemple, les chemins de fer, les services postaux et l'électricité ont été souvent gérés par l'État. Cependant, ces dernières années, de nombreux pays ont suivi une tendance inverse, privatisant de nouveau ces industries ou les ouvrant à la concurrence. Les arguments en faveur de la privatisation comprennent souvent une plus grande efficacité grâce à la concurrence et la possibilité pour l'État de réduire sa dette en vendant des actifs.

En parallèle, il existe d'autres formes d'interventions extrêmement intrusives de l'État, comme le système de justice pénale. L'emprisonnement et la peine de mort sont des exemples de sanctions ultimes qui démontrent la capacité de l'État à restreindre sévèrement la liberté individuelle. Cela illustre à quel point l'État peut être puissant et contrôlant dans la poursuite de ses objectifs de politique publique. Cependant, ces formes d'intervention sont souvent sujettes à un débat intense en raison de leur nature extrêmement intrusive et des implications morales et éthiques qui en découlent.

Processus de Choix de l'Instrument

le choix des instruments de politique publique est une décision clé qui peut influencer significativement l'efficacité et la perception d'une politique. La sélection doit tenir compte de nombreux facteurs, parmi lesquels :

• Objectifs de la politique : Les objectifs déterminent en grande partie quels types d'instruments seront les plus efficaces. Par exemple, si l'objectif est de réduire la consommation de tabac, des instruments comme les taxes, les campagnes de sensibilisation et les restrictions sur la vente pourraient être utilisés.
• Acceptabilité politique et sociale : Certains instruments peuvent être plus politiquement acceptables que d'autres. Par exemple, les incitations économiques peuvent être préférées aux interdictions ou aux régulations strictes.
• Coûts et ressources disponibles : L'application de certains instruments peut être coûteuse, et l'État doit évaluer si les ressources disponibles sont suffisantes pour mettre en œuvre et maintenir l'instrument choisi.
• Caractéristiques du groupe cible : Le comportement et les attitudes du groupe cible peuvent également influencer le choix des instruments. Par exemple, certains groupes pourraient être plus réceptifs à l'information et à la persuasion, tandis que d'autres pourraient nécessiter des incitations économiques ou des réglementations plus strictes.
• Impacts prévus et imprévus : Lors du choix d'un instrument, les décideurs doivent également prendre en compte les impacts potentiels et les conséquences imprévues. Par exemple, l'introduction d'une taxe pourrait avoir des effets distributifs qui pourraient nécessiter d'autres politiques compensatoires.

Il est important de noter qu'une politique publique efficace peut nécessiter une combinaison d'instruments plutôt qu'un seul. Une approche multifacette pourrait permettre de gérer la complexité des problèmes sociaux et de répondre à une gamme plus large de comportements et d'attitudes.

La proportionnalité est un principe fondamental dans l'élaboration des politiques publiques et le choix des instruments. Cela signifie que les mesures adoptées pour atteindre un objectif doivent être appropriées et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Dans le contexte de la politique publique, la proportionnalité peut être envisagée à deux niveaux :

1. La proportionnalité entre les objectifs et les instruments : Les instruments choisis pour atteindre un objectif doivent être en adéquation avec l'ampleur et l'importance de l'objectif. Par exemple, si l'objectif est de réduire de manière significative la consommation de tabac, un instrument comme une légère augmentation de l'âge légal pour acheter des cigarettes peut ne pas être proportionné. En revanche, une combinaison de taxes plus élevées, de restrictions sur la publicité et de programmes de sevrage financés par l'État pourrait être plus proportionnée.
2. La proportionnalité entre les avantages de la politique et ses coûts ou ses impacts négatifs : Cela signifie que les bénéfices attendus de la politique (par exemple, l'amélioration de la santé publique) doivent être proportionnés aux coûts ou aux inconvénients qu'elle peut entraîner (par exemple, la restriction des libertés individuelles, les coûts économiques pour les entreprises de tabac). Si une politique entraîne des coûts excessifs par rapport à ses avantages, elle peut être considérée comme disproportionnée.

L'évaluation de la proportionnalité peut être complexe, car elle nécessite de peser des facteurs parfois contradictoires et de prendre en compte les effets directs et indirects de la politique. C'est pourquoi, en pratique, l'élaboration des politiques publiques implique souvent un processus d'évaluation et de révision continu pour s'assurer que la politique reste proportionnée à ses objectifs et à ses impacts.

La tension entre sécurité et liberté est un débat classique dans la formulation des politiques publiques, en particulier dans les domaines liés à la sécurité nationale, à la justice pénale, à la santé publique et aux technologies de l'information.

• Sécurité nationale et justice pénale : Les politiques destinées à prévenir le terrorisme ou la criminalité peuvent impliquer des mesures intrusives telles que la surveillance, le profilage ou la détention préventive. Ces mesures peuvent être efficaces pour améliorer la sécurité, mais elles peuvent aussi porter atteinte à des droits fondamentaux tels que le droit à la vie privée, à la liberté de mouvement ou à la présomption d'innocence.
• Santé publique : Les épidémies, comme celle du COVID-19, exigent souvent des mesures de santé publique qui limitent les libertés individuelles. Par exemple, la quarantaine, le confinement ou la vaccination obligatoire. Ces mesures peuvent être nécessaires pour protéger la santé de la population, mais elles doivent être proportionnées à la gravité de la menace et respecter autant que possible les droits individuels.
• Technologies de l'information : Les politiques qui visent à réglementer l'Internet ou à lutter contre la cybercriminalité peuvent impliquer des restrictions à la liberté d'expression ou à la vie privée en ligne. Par exemple, la censure de certains contenus ou la surveillance des communications. Ces politiques peuvent aider à maintenir l'ordre et à prévenir les abus, mais elles doivent être mises en œuvre de manière à respecter les droits numériques.

Dans tous ces domaines, le défi est de trouver le juste équilibre entre la sécurité et la liberté. Cela nécessite souvent une évaluation prudente des risques et des avantages, un contrôle judiciaire pour protéger les droits fondamentaux, et un débat public ouvert pour décider où placer le curseur.

Étude de Cas : La Politique d'Efficacité Énergétique

Le choix des objectifs et des instruments est crucial pour la mise en place de toute politique publique.

• Les objectifs définissent les résultats que les décideurs politiques espèrent atteindre. Ils peuvent être vagues ou précis, généraux ou spécifiques. La définition claire d'objectifs précis peut aider à guider l'élaboration et la mise en œuvre de la politique, à responsabiliser les acteurs impliqués et à évaluer l'efficacité de la politique. Cependant, des objectifs trop spécifiques peuvent aussi limiter la flexibilité et l'adaptabilité, surtout dans des contextes incertains ou changeants.
• Les instruments sont les moyens par lesquels les objectifs sont atteints. Ils peuvent varier considérablement en fonction du contexte, des ressources disponibles et de la nature du problème à résoudre. Les instruments peuvent inclure des lois et des réglementations, des incitations économiques, des services publics, des campagnes d'information, entre autres. Le choix des instruments dépend de nombreux facteurs, tels que leur efficacité prévue, leur coût, leur acceptabilité politique, leur impact sur les droits et les libertés, etc.

En fin de compte, le succès d'une politique publique dépend non seulement de la définition d'objectifs clairs et réalisables, mais aussi du choix d'instruments efficaces et appropriés pour les atteindre. Et cela nécessite une analyse soigneuse, une planification stratégique et un suivi constant.

L'efficacité énergétique est un sujet de politique publique important qui implique de nombreuses dimensions, y compris la consommation d'énergie, la technologie, l'économie et l'environnement. En termes d'instruments de politique publique, plusieurs options pourraient être utilisées pour atteindre des objectifs d'efficacité énergétique, chacune avec des degrés variables de contrainte et d'intrusion. Voyons quelques exemples :

• Autorégulation : Les acteurs de l'industrie pourraient être encouragés à mettre en place leurs propres mesures pour augmenter l'efficacité énergétique, comme le développement de technologies plus économes en énergie ou l'amélioration des processus de fabrication. Cependant, cela nécessite une volonté de la part de l'industrie et pourrait ne pas être efficace si les incitations économiques pour le faire ne sont pas suffisantes.
• Information et persuasion : L'État pourrait lancer des campagnes d'information pour sensibiliser le public à l'importance de l'efficacité énergétique et fournir des conseils sur la manière de réduire la consommation d'énergie. Cela pourrait inclure des informations sur les économies d'énergie qui peuvent être réalisées grâce à des appareils économes en énergie, l'isolation des maisons, etc.
• Incitations économiques : Des subventions ou des incitations fiscales pourraient être offertes pour encourager les particuliers et les entreprises à investir dans des technologies plus économes en énergie. Par exemple, des réductions d'impôts pourraient être accordées pour l'achat de véhicules électriques ou l'installation de panneaux solaires.
• Prescriptions : Des lois et des règlements pourraient être adoptés pour exiger une certaine efficacité énergétique. Par exemple, des normes minimales d'efficacité énergétique pourraient être établies pour les appareils électriques ou les bâtiments neufs.
• Nationalisation ou contrôle direct : Dans des circonstances extrêmes, l'État pourrait prendre le contrôle direct des industries énergétiques pour assurer une meilleure efficacité énergétique. Cependant, cela serait très intrusif et probablement controversé.

Chaque option a ses avantages et ses inconvénients, et la meilleure approche dépendra probablement d'une combinaison de ces instruments. Il est également important de prendre en compte les effets potentiels de chaque option sur l'économie, l'environnement et la société. Enfin, il est crucial de surveiller et d'évaluer régulièrement l'efficacité des politiques mises en place afin de les ajuster si nécessaire.

L'incident de Fukushima a sans aucun doute eu un impact sur la politique énergétique de nombreux pays, y compris la Suisse. Il a souligné les risques potentiels associés à l'énergie nucléaire et a incité de nombreux gouvernements à réévaluer leur dépendance à l'égard de cette source d'énergie. En Suisse, le gouvernement a exprimé son intention de sortir progressivement de l'énergie nucléaire, bien qu'aucune date précise n'ait été fixée pour cette sortie. Concernant la centrale de Beznau, c'est une question délicate. Les questions de sécurité sont primordiales, et si le rapport de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire indique qu'il y a des problèmes, cela nécessiterait une attention sérieuse. Cependant, la décision de fermer une centrale nucléaire doit prendre en compte un certain nombre de facteurs, y compris l'impact sur l'approvisionnement en énergie, l'impact économique, ainsi que les questions environnementales. Pour répondre à ces défis, le choix d'instruments de politique publique sera crucial. Cela pourrait inclure des incitations pour encourager le développement et l'adoption de sources d'énergie renouvelables, des règlements pour améliorer l'efficacité énergétique, et peut-être des mesures plus intrusives si nécessaire pour garantir la sécurité. En fin de compte, la décision doit être basée sur une évaluation soignée des coûts, des avantages et des risques associés à chaque option.

La promotion de l'efficacité énergétique est une stratégie clé pour minimiser notre dépendance aux énergies non renouvelables et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il s'agit essentiellement de maximiser le rendement énergétique, c'est-à-dire obtenir une plus grande quantité d'énergie utilisable à partir d'une quantité donnée d'énergie consommée. Les politiques d'efficacité énergétique sont mises en œuvre par une variété d'instruments, dont certains sont les suivants : Premièrement, l'État peut établir des réglementations et des normes, comme imposer des exigences minimales d'efficacité pour les appareils électriques et les véhicules, ou établir des normes de construction pour l'efficacité énergétique des bâtiments. Deuxièmement, il y a les incitations économiques, qui peuvent prendre la forme de subventions pour les améliorations en matière d'efficacité énergétique, de prêts à faible taux d'intérêt pour les projets d'efficacité énergétique, ou de structures tarifaires pour l'électricité qui encouragent l'efficacité énergétique. Troisièmement, les programmes de sensibilisation et d'éducation sont également cruciaux. Ils permettent d'informer les consommateurs sur les avantages de l'efficacité énergétique et sur les moyens d'améliorer leur utilisation de l'énergie. Enfin, l'État peut également investir dans la recherche et le développement pour favoriser l'innovation dans les technologies d'efficacité énergétique et soutenir leur mise sur le marché. Le choix précis des instruments utilisés pour promouvoir l'efficacité énergétique dépendra des conditions et des objectifs spécifiques de la politique. Quoi qu'il en soit, il est certain que l'efficacité énergétique sera un pilier majeur de toute stratégie visant à rendre notre système énergétique plus durable et moins dépendant des combustibles fossiles.

L'efficacité énergétique est un enjeu majeur de nos sociétés modernes. Elle se définit comme la capacité d'un système (qu'il s'agisse d'un ordinateur, d'une voiture, ou même d'un bâtiment) à maximiser son rendement énergétique. Autrement dit, un système à haute efficacité énergétique est celui qui utilise une faible quantité d'énergie pour accomplir sa tâche. Par exemple, un ordinateur efficace consommera moins d'électricité, tout comme une voiture efficace consommera moins de carburant. Le défi actuel réside dans le fait que nous avons aujourd'hui accès à des technologies qui pourraient considérablement améliorer l'efficacité énergétique de la plupart de nos appareils et systèmes. Si nous étions en mesure d'améliorer l'efficacité énergétique de tous ces appareils, nous pourrions réaliser d'énormes économies d'énergie. Cela réduirait non seulement nos factures d'énergie, mais aussi notre dépendance à l'égard des sources d'énergie polluantes ou non renouvelables, comme l'énergie nucléaire. Cependant, malgré l'existence de ces technologies, leur adoption n'est pas aussi généralisée qu'elle pourrait l'être. Cela peut s'expliquer par divers obstacles, comme le coût initial élevé de ces technologies, le manque d'information ou de sensibilisation, ou encore la résistance au changement. Par conséquent, une partie de la solution réside dans la mise en œuvre de politiques publiques qui encouragent et facilitent l'adoption de technologies à haute efficacité énergétique.

La question de l'efficacité énergétique n'est pas nouvelle et a été largement débattue depuis le premier choc pétrolier dans les années 1970. De nombreux pays ont depuis cherché à adopter des politiques pour promouvoir l'efficacité énergétique et résoudre ce problème. Le défi réside dans le fait que malgré la disponibilité de technologies plus économes en énergie, une grande proportion d'appareils et de véhicules ne les utilisent pas. L'achat excessif d'appareils et de voitures qui n'utilisent pas ces technologies d'efficacité énergétique, malgré leur faisabilité technologique et leur rationalité économique, crée un retard technologique considérable. Cela suggère que même si des solutions sont technologiquement disponibles et économiquement rationnelles, il peut y avoir des obstacles à leur mise en œuvre. C'est précisément là que les politiques publiques peuvent jouer un rôle déterminant. En mettant en place des instruments appropriés, les gouvernements peuvent encourager l'adoption de technologies plus efficaces et aider à combler ce retard technologique. Des politiques efficaces peuvent inciter les consommateurs et les entreprises à investir dans des technologies plus économes en énergie, contribuant ainsi à une utilisation plus efficace de l'énergie et à une réduction de notre dépendance aux sources d'énergie polluantes ou non renouvelables.

Lorsque l'on applique les différentes catégories d'instruments à l'efficacité énergétique, on peut observer que les politiques varient considérablement d'un pays à l'autre en fonction des groupes cibles identifiés comme étant la cause du problème. Différents instruments sont utilisés pour essayer de modifier le comportement de ces groupes cibles. Dans certains pays, par exemple, les consommateurs individuels peuvent être identifiés comme le groupe cible. Les politiques pourraient donc viser à encourager les comportements d'économie d'énergie par le biais d'incitations positives, comme des subventions pour l'achat d'appareils économes en énergie, ou d'incitations négatives, comme des taxes plus élevées sur les appareils moins économes en énergie. Dans d'autres pays, le secteur de la construction ou de la fabrication peut être identifié comme le groupe cible. Les politiques pourraient alors imposer des normes d'efficacité énergétique plus strictes pour les nouveaux bâtiments ou les appareils, ou bien encourager l'adoption de technologies plus économes en énergie grâce à des subventions ou à d'autres formes de soutien financier. De même, dans d'autres contextes, les fournisseurs d'énergie pourraient être considérés comme le groupe cible. Dans ce cas, les politiques pourraient viser à encourager ou à contraindre les fournisseurs d'énergie à investir dans des sources d'énergie plus efficaces ou à promouvoir l'efficacité énergétique auprès de leurs clients. L'efficacité de ces différents instruments dépendra de nombreux facteurs, dont le contexte spécifique du pays, la structure de son économie, ses ressources énergétiques, et le degré d'acceptabilité politique de ces mesures parmi les différents acteurs concernés.

C'est une réalité que l'on observe dans de nombreux contextes : l'acheteur d'un appareil et l'utilisateur final ne sont pas toujours la même personne, et leurs intérêts peuvent diverger. Cela est particulièrement vrai dans le cas de la location de logements, où le propriétaire est généralement celui qui achète les appareils électroménagers, tandis que le locataire est celui qui en assume les coûts de fonctionnement. Le propriétaire peut être tenté d'acheter l'appareil le moins cher, qui est souvent également le moins efficace en termes d'énergie. En effet, l'efficacité énergétique d'un appareil n'est généralement pas la principale préoccupation du propriétaire, car il ne sera pas directement touché par les coûts de fonctionnement de cet appareil. De l'autre côté, le locataire, qui est celui qui paye la facture d'électricité, n'a souvent pas le contrôle sur le choix de l'appareil. Cela peut entraîner une situation où le locataire se retrouve avec un appareil énergivore qui entraîne des coûts de fonctionnement élevés. Il existe plusieurs façons de résoudre ce problème. Par exemple, les gouvernements pourraient envisager des incitations fiscales ou des subventions pour encourager les propriétaires à acheter des appareils plus économes en énergie. Une autre solution pourrait être d'imposer des normes d'efficacité énergétique minimales pour les appareils utilisés dans les logements locatifs. Une autre option serait d'éduquer les consommateurs sur l'importance de l'efficacité énergétique et de leur fournir des informations claires et faciles à comprendre sur la consommation d'énergie des appareils, par le biais d'étiquettes énergétiques ou de campagnes d'information, par exemple.

Les systèmes de bonus-malus peuvent être des outils très efficaces pour modifier les comportements d'achat et inciter à choisir des appareils plus efficaces sur le plan énergétique. Dans un tel système, les acheteurs qui choisissent des appareils économes en énergie reçoivent un bonus, sous forme de subvention ou de remise, tandis que ceux qui choisissent des appareils moins efficaces sont soumis à un malus, comme une taxe ou un surcoût. La beauté de ce système est qu'il rend les choix énergétiquement inefficaces plus coûteux pour l'acheteur, tout en récompensant ceux qui font des choix plus durables. Cela peut être particulièrement efficace lorsque le coût initial est un facteur important dans la décision d'achat, comme c'est souvent le cas pour les appareils électroménagers. De plus, dans une configuration idéale, les revenus générés par les malus (c'est-à-dire les taxes sur les appareils moins efficaces) peuvent être utilisés pour financer les bonus (c'est-à-dire les subventions pour les appareils plus efficaces). Cela crée un système qui s'autofinance tout en favorisant un comportement plus écologique. Cependant, la mise en œuvre d'un tel système peut présenter des défis. Il est crucial de fixer le niveau de bonus et de malus à des montants qui sont suffisamment incitatifs pour changer les comportements. De plus, le système doit être conçu de manière à être facile à comprendre et à utiliser pour les consommateurs. Il doit également être équitable et éviter de pénaliser de manière disproportionnée les ménages à faible revenu.

Il est tout à fait possible que le comportement des distributeurs ou des vendeurs joue également un rôle important dans la diffusion d'appareils énergétiquement efficaces. En effet, les vendeurs peuvent jouer un rôle important dans le processus d'achat en fournissant des informations aux consommateurs et en les guidant dans leur choix. Si les vendeurs ne sont pas bien informés sur la consommation énergétique des appareils qu'ils vendent, ils ne seront pas en mesure de transmettre ces informations aux consommateurs et de les convaincre de l'importance de choisir des appareils énergétiquement efficaces. Une solution possible à ce problème serait de mettre en place des programmes de formation pour les vendeurs, afin de les informer sur l'importance de l'efficacité énergétique et de les sensibiliser à la manière de transmettre ces informations aux consommateurs. Ces programmes pourraient être mis en œuvre par le gouvernement, par des organismes de régulation de l'énergie, ou par les fabricants d'appareils eux-mêmes. En outre, des mesures incitatives pourraient également être mises en place pour encourager les vendeurs à promouvoir des appareils énergétiquement efficaces, par exemple en offrant des bonus ou des commissions plus élevés pour la vente de ces appareils. Néanmoins, il convient de souligner que la formation des vendeurs et la mise en place de mesures incitatives ne sont que deux des nombreux instruments de politique énergétique qui peuvent être utilisés pour promouvoir l'efficacité énergétique. Il est donc essentiel d'adopter une approche globale et de combiner différents instruments pour atteindre cet objectif.

Les producteurs des appareils jouent un rôle crucial dans la promotion de l'efficacité énergétique. En fait, ils sont souvent à la base de la chaîne de valeur et ont donc la capacité d'influencer grandement les caractéristiques des produits qui arrivent sur le marché. Il est donc possible de cibler les producteurs avec différentes politiques et instruments. Par exemple, des réglementations peuvent être mises en place pour exiger des niveaux minimums d'efficacité énergétique pour certains appareils. Ces réglementations peuvent être accompagnées d'exigences de reporting et de contrôles réguliers pour s'assurer de leur respect. De plus, les gouvernements peuvent offrir des incitations financières aux producteurs pour développer et produire des appareils plus efficaces. Ces incitations peuvent prendre la forme de subventions, de crédits d'impôt ou de prêts à taux réduits. Enfin, des programmes volontaires peuvent être mis en place pour encourager les producteurs à aller au-delà des exigences minimales. Ces programmes peuvent inclure des labels d'efficacité énergétique qui permettent aux producteurs de différencier leurs produits sur le marché. Toutes ces approches ont leurs mérites et leurs défis, et leur efficacité dépendra du contexte spécifique de chaque pays et de chaque marché. Il est également important de noter que ces approches ne sont pas mutuellement exclusives et peuvent souvent être utilisées de manière complémentaire pour maximiser leur impact.

Les normes d'efficacité énergétique sont un outil de politique publique puissant pour encourager les producteurs à créer des produits plus économes en énergie. Ces normes établissent des exigences minimales d'efficacité que tous les produits d'une certaine catégorie doivent respecter pour être vendus dans une juridiction spécifique. Ces normes sont généralement établies par les agences gouvernementales et sont appliquées par les autorités de régulation. En définissant un niveau d'efficacité énergétique que tous les appareils d'une certaine catégorie doivent atteindre, ces normes obligent les producteurs à investir dans la recherche et le développement pour améliorer l'efficacité de leurs produits. En d'autres termes, elles obligent les producteurs à innover. En outre, les normes d'efficacité énergétique peuvent aider à "niveler le terrain de jeu" entre les producteurs, en s'assurant que tous sont tenus aux mêmes exigences. Cela peut éviter que les producteurs qui investissent dans l'efficacité énergétique soient désavantagés par rapport à ceux qui ne le font pas.

Si les consommateurs avaient une meilleure compréhension de la façon dont leur consommation d'énergie se répartit entre les différents appareils et systèmes de leur maison, ils pourraient être plus enclins à investir dans des technologies plus efficaces et à modifier leurs comportements pour économiser de l'énergie. Cependant, la mise en œuvre de factures d'électricité plus détaillées peut présenter des défis. Pour commencer, cela nécessiterait que les fournisseurs d'énergie investissent dans des technologies de mesure et de facturation plus sophistiquées. De plus, cela pourrait rendre les factures d'électricité plus compliquées pour les consommateurs, ce qui pourrait être contre-productif si cela les dissuade de les lire et de les comprendre. Une alternative pourrait être de fournir aux consommateurs des outils et des ressources pour mesurer eux-mêmes leur consommation d'énergie, par exemple en vendant des compteurs d'énergie pour les appareils individuels ou en offrant des applications ou des sites web où les consommateurs peuvent suivre leur consommation d'énergie. De tels outils pourraient aider les consommateurs à comprendre où ils consomment le plus d'énergie et où ils ont le plus grand potentiel d'économies.

L'adoption de différentes stratégies et instruments de politique publique pour résoudre le même problème dans divers pays illustre comment les contextes politiques, sociaux et économiques uniques de chaque pays peuvent influencer leur approche de la gestion des problèmes publics. Dans le cas de l'efficacité énergétique, certains pays peuvent choisir de se concentrer sur la sensibilisation des consommateurs et la divulgation d'informations, tandis que d'autres peuvent choisir de mettre en œuvre des incitations économiques ou des réglementations plus strictes pour les producteurs. Ces différences peuvent être le résultat de facteurs tels que les différences dans la structure de l'industrie énergétique, la culture politique, l'opinion publique ou les contraintes budgétaires. En outre, le moment de l'adoption de ces politiques peut également varier en fonction des priorités politiques, des crises ou des opportunités spécifiques à chaque pays. Par exemple, un pays peut choisir de mettre en œuvre des politiques d'efficacité énergétique en réponse à une crise énergétique ou à des préoccupations croissantes concernant le changement climatique, tandis qu'un autre pays peut choisir de le faire dans le cadre d'une stratégie plus large de transition vers une économie à faible émission de carbone. L'étude de ces variations peut être très instructive pour comprendre comment les politiques publiques sont formulées et mises en œuvre, ainsi que pour identifier les meilleures pratiques et les leçons tirées qui pourraient être applicables dans d'autres contextes.

Instruments adoptés par 5 pays de 1973 à 1997.

Les États-Unis ont été un leader mondial dans la mise en place de réglementations sur l'efficacité énergétique depuis les années 1970. En réponse au premier choc pétrolier, ils ont adopté des mesures législatives pour réduire leur dépendance aux combustibles fossiles et améliorer leur efficacité énergétique. Parmi ces mesures, citons la création en 1975 de l'Agence de l'information énergétique (EIA) et de l'Administration de la conservation de l'énergie (ECA), qui ont été chargées de promouvoir l'économie d'énergie et d'établir des normes d'efficacité énergétique pour les appareils et les véhicules. En 1978, le Congrès américain a adopté la loi sur la politique énergétique et la conservation (Energy Policy and Conservation Act), qui a instauré pour la première fois des normes d'efficacité énergétique pour les automobiles et a créé le programme d'étiquetage énergétique Energy Star. Ces initiatives ont jeté les bases de la politique américaine en matière d'efficacité énergétique et ont inspiré des efforts similaires dans d'autres pays. Cependant, l'approche adoptée par les États-Unis n'est pas nécessairement applicable dans tous les contextes, et chaque pays doit adapter ses politiques en fonction de ses propres circonstances et priorités.

La Suisse a adopté des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique plus tardivement que certains autres pays, comme les États-Unis. Cela dit, au fil des années, elle a mis en place un certain nombre de politiques et de programmes visant à encourager l'efficacité énergétique. Par exemple, la Suisse a adopté l'étiquetage énergétique pour les appareils électroménagers, qui aide les consommateurs à faire des choix plus économes en énergie lors de l'achat de nouveaux appareils. De plus, elle a mis en place des programmes de subvention et des incitations fiscales pour encourager les ménages et les entreprises à améliorer l'efficacité énergétique de leurs bâtiments et de leurs processus. Cependant, contrairement à d'autres pays comme les États-Unis, la Suisse n'a pas adopté de normes d'efficacité énergétique contraignantes pour les appareils ou les véhicules. Cela laisse une marge de manœuvre pour améliorer encore l'efficacité énergétique dans le pays. En outre, le gouvernement suisse a adopté la Stratégie énergétique 2050, qui vise à réduire la consommation d'énergie, à améliorer l'efficacité énergétique et à augmenter la part des énergies renouvelables. Cette stratégie comprend également des objectifs pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Par conséquent, bien qu'il y ait eu un retard initial dans la mise en place de politiques d'efficacité énergétique, la Suisse s'efforce maintenant de rattraper son retard et de se positionner comme un leader dans ce domaine.

L'évaluation des politiques publiques est une étape cruciale pour déterminer si les instruments mis en place sont efficaces et répondent aux objectifs fixés. Dans le cas de l'efficacité énergétique, cela implique d'évaluer si les mesures comme les étiquettes énergétiques ou les normes d'efficacité énergétique ont un impact réel sur la consommation d'énergie. En général, on a tendance à penser que les normes d'efficacité énergétique sont plus efficaces que les étiquettes énergétiques pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les normes établissent un seuil minimal de performance énergétique pour les appareils et les véhicules, ce qui garantit un certain niveau d'efficacité énergétique sur le marché. Deuxièmement, elles peuvent inciter les fabricants à innover et à développer des technologies plus efficaces. En revanche, les étiquettes énergétiques reposent sur la capacité et la volonté des consommateurs d'utiliser ces informations pour faire des choix plus économes en énergie. Cependant, les consommateurs peuvent ne pas toujours prêter attention à ces étiquettes, ou peuvent choisir d'autres critères (comme le prix ou la marque) sur la performance énergétique lors de l'achat d'un produit. Cependant, cela ne signifie pas que les étiquettes énergétiques ne sont pas utiles. Elles peuvent jouer un rôle important dans la sensibilisation des consommateurs à l'efficacité énergétique et peuvent les encourager à choisir des produits plus économes en énergie. De plus, elles peuvent compléter les normes d'efficacité énergétique en fournissant plus d'informations aux consommateurs. En fin de compte, l'efficacité de ces instruments dépend de nombreux facteurs, notamment de la manière dont ils sont mis en œuvre et contrôlés, de la sensibilisation et de l'éducation des consommateurs, et des autres politiques et incitations en place. Une évaluation approfondie de ces politiques peut aider à comprendre comment elles fonctionnent dans la pratique et comment elles pourraient être améliorées.

Effets réels de l’étiquetage dans Union européenne.

Sur cette courbe, on visualise l'efficacité énergétique à travers les étiquettes des appareils. Elle illustre la diversité des appareils en termes de consommation d'énergie, allant de ceux qui sont très économes en électricité pour accomplir leur tâche, jusqu'à ceux qui sont les moins efficients et qui consomment le plus d'électricité pour le même rendement. Idéalement, à long terme, nous aspirons à un environnement où tous les appareils sont à faible consommation. Cette aspiration n'est pas seulement d'ordre technologique, mais aussi économique, environnemental et énergétique - tout le monde en tirerait avantage. L'efficacité énergétique est rentable sur le long terme et permet d'exploiter les avantages des technologies les plus avancées.

Sur le graphique présenté, on observe l'évolution des ventes d'appareils électriques au fil du temps. Les données représentées par année montrent la distribution des ventes avant l'introduction de l'étiquette énergétique - la barre située tout à gauche du graphique. On note qu'avant cette introduction, de nombreux appareils vendus étaient de véritables gouffres énergétiques, et très peu d'appareils performants sur le plan énergétique étaient disponibles sur le marché. Cette situation décrit le paysage de consommation d'énergie avant l'implémentation des étiquettes énergétiques.

La question fondamentale est de savoir si l'introduction des étiquettes énergétiques a réussi à influencer le comportement des consommateurs et à orienter le marché vers la vente d'appareils plus économes en énergie. La courbe en noir illustre la situation cinq ans après l'introduction des étiquettes énergétiques. On observe un déplacement de la courbe vers des appareils plus économes en énergie. À la fin de cette période, il y a nettement plus d'appareils à faible consommation énergétique vendus qu'au début, tandis que les ventes d'appareils énergivores ont diminué. Cette tendance démontre que le marché peut être transformé grâce à une mesure aussi simple que l'information des consommateurs sur la consommation énergétique comme critère de choix lors de l'achat d'un appareil.

Il convient de noter que cette courbe ne reflète pas uniquement l'impact des étiquettes énergétiques. D'autres mesures ont également été mises en place au niveau de l'Union européenne, notamment les normes d'efficacité énergétique. Typiquement, ces normes fixent un seuil de consommation énergétique. Tous les appareils dépassant ce seuil ne sont plus autorisés à être commercialisés. Progressivement, ce seuil est ajusté en faveur d'une plus grande efficacité énergétique, interdisant à terme la commercialisation de tous les appareils ne respectant pas ces nouvelles exigences. Cette stratégie continue donc à favoriser l'essor d'un parc d'appareils électroménagers, d'équipements de bureau et de véhicules de plus en plus efficaces sur le plan énergétique. Ces tendances ont été observées aux États-Unis, au Japon, dans les pays nordiques, en Europe et aussi en Suisse.

Analyse Comparative des Approches de Résolution de Problèmes Publics

Comment peut-on expliquer que différents pays, confrontés au même enjeu qu'est l'efficacité énergétique, élaborent des réponses politiques variées? Les instruments politiques ne sont pas adoptés simultanément et le type ou l'assortiment de ces instruments diverge d'un pays à l'autre. Qu'est-ce qui pourrait justifier ces différences entre les pays ? Il est possible de recourir à différentes hypothèses afin d’expliquer le choix des instruments des politiques publiques. Nous allons en voir quatre.

Influence de l'Idéologie Politique sur le Degré de Contrainte

En règle générale, on considère qu'un instrument politique n'est adopté que si son degré de contrainte est compatible avec l'idéologie de la majorité au pouvoir. Autrement dit, le choix d'un instrument particulier est souvent le reflet des valeurs et des croyances dominantes au sein du gouvernement et de la population en général à un moment donné. C'est pourquoi nous observons des variations dans les approches politiques entre différents pays - chaque pays a son propre ensemble de valeurs et de croyances, qui peut influencer la manière dont ils abordent des problèmes communs comme l'efficacité énergétique.

L'idéologie politique dominante à un moment donné peut influencer le type d'instruments politiques mis en place. Par exemple, un gouvernement de centre-droit peut favoriser des instruments d'information, alors qu'un gouvernement de gauche pourrait être plus enclin à introduire des instruments incitatifs tels que des taxes ou des normes contraignantes. Dans le cas des États-Unis, c'est un exemple très instructif. Les normes contraignantes ont été introduites en 1978 par le président Carter, qui était soutenu par une majorité démocrate. Ceci correspondait à un contexte politique plus favorable à une intervention gouvernementale plus marquée. Cependant, lorsque le président Reagan, qui était de droite, a pris ses fonctions en 1981, il a tenté de bloquer l'application de ces normes. Cependant, les tribunaux l'ont finalement obligé à les appliquer, démontrant ainsi que les choix de politique publique peuvent être influencés non seulement par l'idéologie politique, mais aussi par d'autres facteurs, tels que le système juridique.

La sélection d'instruments de politique publique est souvent influencée par les convictions idéologiques des partis politiques au pouvoir. Les partis avec une idéologie plus interventionniste et favorables à un rôle plus actif de l'État sont susceptibles de favoriser des instruments politiques plus contraignants pour atteindre leurs objectifs. À l'inverse, les partis qui favorisent une intervention minimale de l'État dans l'économie sont susceptibles de préférer des instruments moins contraignants, tels que l'information et l'encouragement, plutôt que des règlements stricts ou des taxes. Il convient toutefois de souligner que de nombreux autres facteurs peuvent également influencer le choix des instruments, y compris le contexte socio-économique, les pressions des groupes d'intérêt et le climat d'opinion publique. En outre, les réalités politiques et législatives spécifiques à chaque pays peuvent également jouer un rôle, comme le montre l'exemple de la politique énergétique aux États-Unis sous les administrations Carter et Reagan.

Rôle de la Structure et de l'Organisation du Groupe Cible

La structure et l'organisation du groupe cible peut avoir un impact important sur la manière dont une politique est formulée et mise en œuvre. Les groupes cibles bien organisés, tels que des industries spécifiques ou des associations professionnelles, peuvent être plus faciles à atteindre avec certaines politiques, car ils ont des structures en place pour communiquer avec leurs membres et mettre en œuvre des changements. Ils peuvent également être plus capables de faire pression pour ou contre certaines politiques. D'un autre côté, des groupes cibles moins organisés, comme le grand public ou des segments spécifiques de la population, peuvent nécessiter des approches différentes. Par exemple, l'éducation du public et la sensibilisation peuvent être des outils clés pour atteindre ces groupes. De plus, la relation entre le groupe cible et le gouvernement peut également influencer la politique. Par exemple, si un gouvernement a une relation de travail positive avec un groupe cible, il peut être plus facile de mettre en œuvre des politiques. Cependant, si la relation est tendue, cela peut rendre la mise en œuvre de la politique plus difficile.

L'organisation et l'influence des différents groupes cibles jouent un rôle majeur dans le processus de formulation des politiques publiques. Les consommateurs, bien qu'ils soient la majorité, sont souvent moins organisés et ont donc moins de poids dans ce processus. Au contraire, les producteurs, grâce à leur forte organisation et à leur puissance économique, ont généralement une influence beaucoup plus significative. Ils ont la capacité de faire pression sur les décideurs politiques, soit pour empêcher l'adoption de certaines mesures qui pourraient nuire à leurs intérêts, soit pour faire valoir leurs points de vue. Par exemple, dans le cas des normes d'efficacité énergétique pour les appareils électroménagers, les producteurs peuvent essayer d'éviter ou de retarder l'adoption de normes plus strictes qui nécessiteraient des investissements importants pour la recherche et le développement de nouvelles technologies. Ils peuvent également chercher à influencer la formulation de ces normes afin qu'elles soient moins contraignantes pour leur production actuelle. Il est important pour les décideurs politiques de tenir compte de ces dynamiques lors de la formulation des politiques publiques et d'assurer un équilibre entre les différents intérêts en jeu.

L'analyse des acteurs et des groupes d'intérêt est une composante essentielle de l'élaboration des politiques publiques. Le choix des instruments de politique ne peut être compris sans une compréhension précise de la dynamique entre ces acteurs. Les groupes d'intérêt, qui peuvent inclure des acteurs tels que des producteurs, des consommateurs, des distributeurs et des ONG, entre autres, ont des intérêts distincts et souvent concurrents. Chacun de ces groupes a ses propres objectifs et ressources et peut exercer des pressions variées sur le processus politique. C'est en tenant compte de ces dynamiques et en négociant entre les divers intérêts en jeu que les décideurs peuvent élaborer des politiques qui sont non seulement efficaces en termes de réalisation de leurs objectifs, mais aussi politiquement viables. En d'autres termes, l'analyse des groupes d'intérêt est essentielle pour comprendre comment les instruments de politique sont choisis et comment ils peuvent être mis en œuvre efficacement.

Compétition ou Harmonisation Internationale

La compétition ou l'harmonisation internationale sont des éléments clés dans le choix des instruments de politique publique. La compétition internationale peut inciter les pays à adopter des politiques spécifiques pour attirer des investissements, améliorer leur compétitivité économique, ou simplement ne pas être laissés pour compte. Par exemple, si un pays voisin met en place des politiques d'efficacité énergétique réussies qui entraînent des bénéfices économiques et environnementaux, cela peut inciter d'autres pays à adopter des mesures similaires pour ne pas être en reste. D'un autre côté, l'harmonisation internationale, souvent promue par les organisations internationales ou les accords multilatéraux, cherche à établir des normes communes pour faciliter la coopération et le commerce international. Dans le domaine de l'efficacité énergétique, cela pourrait se traduire par l'adoption de normes d'efficacité communes pour les appareils électriques, ce qui faciliterait leur commerce entre pays. Ces facteurs peuvent agir comme des forces motrices puissantes pour le choix et l'adoption d'instruments politiques. Cependant, ils doivent être équilibrés avec les conditions et les besoins internes de chaque pays.

L'exemple classique est ce qu'on appelle "l'effet California" ou "l'effet de nivellement par le haut". L'idée est qu'un grand marché comme celui de la Californie (ou, dans l'exemple, les États-Unis) peut établir des normes élevées qui vont au-delà de la réglementation fédérale ou internationale. En raison de la taille importante de ce marché, les producteurs ont souvent intérêt à respecter ces normes élevées, même s'ils vendent leurs produits dans d'autres régions où les normes sont moins strictes. Cela peut conduire à une "course vers le haut" où d'autres juridictions adoptent des normes plus strictes pour rester compétitives. Dans cet exemple, les producteurs américains d'appareils énergivores ont commencé à exporter leurs produits au Canada, où les normes étaient moins strictes. Cela a eu un impact négatif sur l'environnement canadien, et a probablement créé une pression sur les producteurs canadiens qui devaient concurrencer ces produits moins chers mais moins efficaces. En réponse, le Canada a adopté des normes similaires à celles des États-Unis pour protéger son marché et son environnement. C'est un exemple de la façon dont l'harmonisation réglementaire peut se produire en réponse à la compétition économique et environnementale internationale.

Pour mettre en œuvre efficacement une politique énergétique, il est crucial d'avoir une administration compétente et dédiée. Cette administration doit être capable de gérer la réglementation, de surveiller sa mise en œuvre, d'évaluer son efficacité et d'adapter la réglementation en conséquence. Cette administration peut être au niveau local, régional, national ou même supranational, comme c'est le cas avec la Commission européenne pour les États membres de l'Union européenne. La nature précise de l'administration dépendra des caractéristiques du pays, du type de politique énergétique adoptée et du niveau de gouvernement qui est responsable de la politique énergétique. L'administration de l'énergie devra également travailler en étroite collaboration avec d'autres acteurs, comme les fournisseurs d'énergie, les consommateurs, les groupes de défense de l'environnement et les organismes de réglementation, pour assurer la mise en œuvre efficace de la politique énergétique. C'est un processus complexe qui nécessite une bonne coordination, une bonne communication et une expertise technique.

Lors de l'adoption des premiers instruments d'efficacité énergétique dans les années 1973 et 1974, de nombreux pays ne disposaient pas encore de départements ou d'offices dédiés à l'énergie. À cette époque, ces politiques étaient souvent gérées par les départements des affaires extérieures ou du commerce. Au fil du temps, on a assisté à la création d'administrations de l'énergie, puis d'administrations spécifiques pour la gestion de la demande énergétique. Plus récemment, avec l'émergence du concept de développement durable dans les années 1987 et 1992 et suite à la Conférence de Rio, on a vu apparaître des structures administratives dédiées à ce domaine. Ces nouvelles structures sont essentielles pour la mise en œuvre efficace des politiques énergétiques. Un exemple frappant de l'importance d'une administration efficace est l'introduction des étiquettes énergétiques au Canada. Initialement, la loi ne précisait pas où ces étiquettes devaient être apposées, ce qui a conduit les fabricants à les coller sous les appareils, comme les réfrigérateurs et les machines à laver, respectant ainsi techniquement la loi mais en rendant l'information moins visible pour les consommateurs. Cela souligne l'importance d'avoir une administration capable de surveiller et de corriger la mise en œuvre des politiques pour garantir leur efficacité.