Los elementos de la relación jurídica

Basado en un curso de Victor Monnier

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Introducción al derecho

Introducción al Derecho : Conceptos clave y definiciones ● El Estado: funciones, estructuras y regímenes políticos ● Las diferentes ramas del derecho ● Las fuentes del derecho ● Las grandes tradiciones formativas del derecho ● Los elementos de la relación jurídica ● La aplicación del derecho ● La aplicación de una ley ● La evolución de Suiza desde sus orígenes hasta el siglo XX ● El contexto jurídico interno de Suiza ● La estructura estatal, el sistema político y la neutralidad de Suiza ● La evolución de las relaciones internacionales desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX ● Las organizaciones universales ● Las organizaciones europeas y sus relaciones con Suiza ● Las categorías y generaciones de derechos fundamentales ● Los orígenes de los derechos fundamentales ● Las declaraciones de derechos a finales del siglo XVIII ● Hacia la construcción de una concepción universal de los derechos fundamentales en el siglo XX

Este curso sobre los elementos de la relación jurídica adoptará un enfoque basado en la definición y el análisis técnico de sus componentes clave. Para empezar, se centrará en establecer definiciones precisas de términos y conceptos fundamentales, como los sujetos de derecho, los actos jurídicos, los hechos jurídicos y las distintas formas de sanciones. Este paso inicial es esencial para garantizar una comprensión clara y completa de los términos jurídicos que se utilizarán.

Tras sentar estas bases, el curso examinará cómo se articulan técnicamente estos elementos dentro del sistema jurídico. Se estudiarán las interacciones entre los sujetos de derecho, cómo los actos y hechos jurídicos producen consecuencias en la realidad, y cómo se aplican y operan las sanciones en diversos contextos jurídicos.

Este método permitirá comprender no sólo la naturaleza de estos elementos jurídicos, sino también su funcionamiento interconectado dentro del ordenamiento jurídico. Al ofrecer una perspectiva técnica y detallada de los principios fundamentales del Derecho, el curso pretende proporcionar las herramientas necesarias para analizar e interpretar situaciones jurídicas complejas.

El sujeto de derecho

Los sujetos de derecho son el núcleo de las relaciones jurídicas, que comprenden a las personas físicas y jurídicas, cada una con capacidad para ser titular de derechos y obligaciones. Las personas físicas son individuos humanos, reconocidos como sujetos de derecho desde su nacimiento. Su capacidad jurídica puede variar en función de una serie de factores, como la mayoría de edad, que confiere plena capacidad para celebrar contratos, poseer bienes o emprender acciones legales. Por ejemplo, un menor no puede celebrar determinados tipos de contratos sin el consentimiento de sus representantes legales.

Por otro lado, las personas jurídicas, como empresas, asociaciones o fundaciones, son entidades creadas y reconocidas por la ley. No existen físicamente como los seres humanos, pero tienen una identidad jurídica que les permite actuar, celebrar contratos y ser responsables ante la ley. Una empresa, por ejemplo, puede firmar contratos, poseer bienes y ser responsable de sus actos jurídicos, aunque estos actos sean realizados por representantes humanos.

Esta distinción entre personas físicas y jurídicas es crucial en el mundo jurídico. Nos permite comprender las distintas formas en que pueden atribuirse y gestionarse los derechos y obligaciones. Cada categoría de sujeto de derecho desempeña un papel distinto en el tejido social y económico, lo que refleja la diversidad y la complejidad de las relaciones jurídicas en una sociedad moderna.

Personas físicas

En el ámbito jurídico, una persona física es un individuo humano al que la ley atribuye el disfrute de derechos e impone obligaciones. Este reconocimiento es fundamental para el ordenamiento jurídico e implica varios aspectos importantes. Desde el nacimiento, y a veces incluso antes, un individuo es reconocido como persona física. Este reconocimiento le confiere una identidad jurídica única, marcada por la atribución de un nombre, un estado civil y derechos fundamentales como el derecho a la vida, la seguridad y la libertad. A medida que crecen, se añaden otros derechos y obligaciones, como el derecho de voto o la responsabilidad penal, que a menudo dependen de la edad o de otros criterios específicos.

La capacidad jurídica de las personas es también un aspecto crucial. Se refiere a la capacidad de ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones. Esta capacidad puede ser plena y completa, como suele ser el caso de un adulto, o limitada en determinadas circunstancias, como en el caso de los menores o las personas bajo tutela. Además, las personas físicas tienen capacidad para emprender acciones legales, ya sea para defender sus derechos o para responder de sus actos. Esto significa que una persona puede emprender acciones legales para hacer valer un derecho o para defenderse si es acusada.

Este reconocimiento jurídico de la persona es la piedra angular del sistema jurídico. Garantiza que cada individuo sea considerado, respetado y protegido como una entidad autónoma dentro de la sociedad, con derechos y responsabilidades claramente definidos.

Las personas jurídicas

Las personas jurídicas pueden ser agrupaciones de individuos, como las sociedades anónimas, o masas patrimoniales, como determinados establecimientos, que se crean para alcanzar un fin determinado. La ley les concede una existencia jurídica propia, distinta de la de los individuos que las componen o crean. Esta distinción es fundamental para comprender su funcionamiento y su lugar en el ordenamiento jurídico. Las personas jurídicas, como empresas, asociaciones y fundaciones, tienen derechos y obligaciones similares a los de las personas físicas. Pueden poseer bienes, firmar contratos, emprender acciones legales y responder de sus actos. Por ejemplo, una empresa puede firmar contratos de trabajo con sus empleados, poseer propiedades y ser responsable del cumplimiento de la normativa medioambiental.

La existencia legal de las personas jurídicas es independiente de la de sus miembros o fundadores. Esto significa que su existencia continúa aunque cambien los miembros o fallezca el fundador. Esta continuidad es esencial para la estabilidad de las transacciones y relaciones jurídicas en las que intervienen las personas jurídicas. La capacidad jurídica de las personas jurídicas viene definida por las leyes en virtud de las cuales fueron creadas y por sus estatutos. Esto incluye las condiciones de su gobierno, su objeto social, así como las normas que rigen su funcionamiento y disolución.

Las personas jurídicas de derecho privado desempeñan un papel esencial en el panorama jurídico y económico, dividiéndose principalmente en entidades civiles y entidades mercantiles. Las entidades civiles incluyen asociaciones y fundaciones, cada una de las cuales tiene un carácter y unos objetivos distintos. Las asociaciones, por ejemplo, están formadas por grupos de personas que se unen para perseguir un objetivo común, a menudo sin ánimo de lucro, como la promoción de las artes, la protección del medio ambiente o la asistencia social. Se rigen por estatutos que definen su estructura y funcionamiento, y aunque pueden poseer activos o emplear personal, su objetivo principal no es generar beneficios. Las fundaciones, por su parte, son entidades creadas normalmente por uno o varios donantes que destinan un capital inicial a un fin específico, como apoyar la investigación médica o la educación. A diferencia de las asociaciones, las fundaciones no están formadas principalmente por miembros, sino por activos dedicados a una causa. Suelen estar sometidas a un riguroso control estatal para garantizar que sus actividades y gestión sean coherentes con su misión declarada. En el sector comercial, las sociedades anónimas (SA) son una forma común de entidad jurídica. Adecuadas para las grandes empresas, ofrecen la posibilidad de reunir un capital sustancial mediante la venta de acciones. La responsabilidad de los accionistas se limita a su aportación, lo que hace que este tipo de sociedad resulte atractiva para muchos inversores. Las sociedades anónimas se rigen por normas estrictas en cuanto a su constitución, gobernanza y transparencia financiera. Por ejemplo, una gran empresa industrial puede elegir la forma de sociedad limitada para financiar su expansión y proteger al mismo tiempo a sus accionistas. Estas diferentes formas de entidad jurídica de derecho privado reflejan la diversidad de necesidades y estructuras del mundo jurídico y económico. Ya sea para perseguir un objetivo de interés general o para facilitar actividades comerciales a gran escala, constituyen un marco esencial para organizar y llevar a cabo actividades colectivas en una empresa.

Las personas jurídicas de derecho público, tanto a nivel nacional como internacional, desempeñan un papel crucial en la organización y gestión de los asuntos públicos. Se distinguen por su misión y su estructura, que se rigen por el Derecho público. En derecho público interno, entidades como el Estado federal, los municipios y los establecimientos públicos autónomos son ejemplos típicos de personas jurídicas de derecho público. Estas entidades están investidas de competencias y poderes específicos en virtud del derecho público para llevar a cabo tareas de interés general. Por ejemplo, el Estado federal tiene competencia global, gestionando áreas como la defensa nacional, la política exterior y la regulación económica a nivel nacional. Los municipios, por su parte, se ocupan de asuntos locales como el urbanismo, la educación primaria y los servicios públicos locales. Los organismos públicos autónomos, por su parte, se crean para gestionar actividades específicas como el transporte público, la gestión del agua o los servicios culturales. Su autonomía les permite una gestión especializada, al tiempo que permanecen bajo el control y la supervisión del Estado.

En Derecho internacional público, las personas jurídicas incluyen entidades como los Estados soberanos, las organizaciones internacionales y las instituciones supranacionales. Estas entidades tienen derechos y obligaciones a nivel internacional. Los Estados, por ejemplo, gozan de soberanía y participan en las relaciones internacionales mediante la firma de tratados, la participación en organizaciones internacionales y el cumplimiento del Derecho internacional. Las organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas o la Unión Europea, están formadas por acuerdos entre Estados y tienen objetivos específicos, como promover la paz, la cooperación económica o la protección del medio ambiente. Estas entidades de derecho público, ya sean internas o internacionales, son esenciales para estructurar y regular las interacciones dentro de las sociedades y entre las naciones. Su existencia y funcionamiento se rigen por normas jurídicas específicas, que garantizan una gestión ordenada y conforme a los principios del Derecho público.

La relación jurídica

El concepto de relación jurídica es fundamental para entender cómo funcionan los sistemas jurídicos. Se refiere a una relación jurídica entre al menos dos partes, en la que una tiene derecho a exigir a la otra el cumplimiento de un deber jurídico. Esta relación es la base misma de las interacciones jurídicas y puede manifestarse de diversas formas en la práctica.

Un ejemplo clásico de relación jurídica es la que existe entre un acreedor y un deudor en virtud de un contrato. El acreedor es la persona que tiene derecho a exigir que el deudor cumpla una obligación, como pagar una suma de dinero o entregar una mercancía. En este caso, la relación jurídica se define por los términos del contrato entre las dos partes. Otro ejemplo puede verse en el ámbito del derecho público. Por ejemplo, un ciudadano tiene obligaciones para con el Estado, como pagar impuestos o cumplir la ley. A la inversa, el Estado tiene deberes para con sus ciudadanos, como garantizar los derechos fundamentales y prestar servicios públicos. Estas obligaciones y derechos recíprocos forman una relación jurídica entre el individuo y el Estado.

En todos los casos, la relación jurídica implica un equilibrio entre derechos y obligaciones. Está regulada por el ordenamiento jurídico para garantizar el respeto de los derechos de cada parte y el cumplimiento de las obligaciones. Esta estructura es crucial para mantener el orden y la justicia en la sociedad.

Acto jurídico

Un acto jurídico es un concepto clave en Derecho, que designa cualquier manifestación de voluntad, explícita o implícita, destinada a producir efectos jurídicos específicos. Esta manifestación de voluntad puede adoptar diversas formas y tiene por objeto crear, transferir, modificar o extinguir un derecho. Los actos jurídicos son esenciales para estructurar las relaciones jurídicas, ya que permiten a las partes organizar sus relaciones de forma consensuada y previsible.

Un ejemplo típico de acto jurídico es un contrato. Cuando dos partes celebran un contrato, expresan su intención de contraer un compromiso jurídico entre sí. Los términos del contrato determinan los derechos y obligaciones de cada parte. Por ejemplo, un contrato de compraventa implica la transferencia de la propiedad de un bien del vendedor al comprador, mientras que el comprador se compromete a pagar el precio acordado. Los testamentos son otro ejemplo de acto jurídico. En un testamento, una persona expresa sus deseos sobre la distribución de sus bienes tras su muerte. Este acto jurídico permite modificar la distribución legal de los bienes del fallecido de acuerdo con su última voluntad.

Los actos jurídicos también pueden ser implícitos, adoptando la forma de acciones que, aunque no se declaren explícitamente, se interpretan jurídicamente como expresión de una voluntad. Por ejemplo, el pago de una suma de dinero por una compra puede considerarse una aceptación implícita de las condiciones de venta. La validez de un acto jurídico depende de varios factores, como la capacidad de las partes para contratar, su consentimiento libre e informado y la conformidad del acto con las normas jurídicas vigentes. Por lo tanto, los actos jurídicos se rigen por la ley para garantizar que los efectos jurídicos que producen son legítimos y justos.

El acto unilateral en derecho es un concepto importante, que se distingue por el hecho de que emana de la voluntad de una sola persona, a diferencia de los actos bilaterales o multilaterales, que requieren el acuerdo de varias partes. Este acto unilateral se caracteriza por el hecho de que una sola persona decide crear, modificar, transferir o extinguir un derecho o una obligación jurídica. Entre los ejemplos más comunes de actos unilaterales destaca el testamento. En un testamento, una persona (el testador) expresa su voluntad sobre la distribución de sus bienes tras su muerte. Este documento sólo surte efecto a la muerte del testador y se basa enteramente en sus decisiones personales, sin requerir el acuerdo de otras personas. Otro ejemplo es el reconocimiento de la paternidad. Cuando un hombre reconoce que es el padre de un hijo, este reconocimiento es un acto jurídico unilateral que crea una relación paterno-filial y da lugar a derechos y obligaciones, como la responsabilidad parental y la obligación de alimentos. Estos actos unilaterales son esenciales en el ordenamiento jurídico porque permiten a una persona ejercer su voluntad de forma autónoma, creando efectos jurídicos que serán respetados y aplicados por la ley. Sin embargo, para ser válidos, deben cumplir ciertas condiciones de fondo y forma, como la ausencia de vicios del consentimiento en el caso del testamento, o el cumplimiento de las leyes vigentes en el caso del reconocimiento de la paternidad.

El acto jurídico bilateral es una figura central del Derecho, que implica la manifestación concordante de dos voluntades distintas. Esta categoría de acto jurídico se caracteriza por el compromiso mutuo de las partes, cada una de las cuales acepta someterse a determinadas obligaciones o beneficiarse de determinados derechos. El contrato de compraventa es un ejemplo perfecto de acto bilateral. En un contrato de este tipo, el vendedor se compromete a transferir la propiedad de un bien o servicio al comprador, mientras que el comprador se compromete, a cambio, a pagar el precio acordado. Cada parte tiene obligaciones específicas: el vendedor debe entregar el bien o servicio de acuerdo con los términos del contrato, y el comprador debe realizar el pago de acuerdo con los términos acordados. Este tipo de acuerdo se basa en el principio de autonomía de la voluntad, según el cual las partes son libres de determinar el contenido de su contrato dentro de los límites establecidos por la ley. La validez de un acto bilateral depende de una serie de factores, como el consentimiento libre e informado de cada parte, la finalidad lícita del contrato y la capacidad jurídica de las partes para contratar. Los actos bilaterales son fundamentales para las relaciones comerciales y personales, ya que permiten a las partes organizar sus asuntos de forma estructurada y predecible, creando derechos y obligaciones jurídicamente vinculantes y exigibles.

Un acto multilateral es un tipo de acto jurídico que implica la expresión de la voluntad de varias partes. A diferencia de un acto unilateral, que emana de una sola persona, y de un acto bilateral, que resulta del acuerdo de dos partes, un acto multilateral requiere la participación y el consentimiento de varias personas o entidades. La creación de una asociación es un ejemplo clásico de acto multilateral. Cuando varias personas deciden unirse para formar una asociación, todas ellas deben ponerse de acuerdo sobre los objetivos, las normas de funcionamiento y la estructura de la nueva entidad. Este acuerdo suele plasmarse en la redacción y firma de los estatutos de la asociación, que definen su finalidad, sus modalidades de funcionamiento, los derechos y obligaciones de sus miembros y otros aspectos esenciales de su organización. En un acto multilateral como la creación de una asociación, cada participante aporta su voluntad y consentimiento al acto conjunto. La validez del acto depende del acuerdo de estas voluntades y del cumplimiento de las condiciones legales y reglamentarias. Estos actos son importantes porque reflejan la capacidad de los individuos de colaborar y organizarse colectivamente para alcanzar objetivos comunes, creando al mismo tiempo estructuras legalmente reconocidas y operativas.

Hecho jurídico

El concepto de hecho jurídico es crucial para comprender cómo interactúa el Derecho con los acontecimientos cotidianos. Un hecho jurídico, a diferencia de un acto jurídico, no implica una expresión de voluntad destinada a producir efectos jurídicos. Se trata más bien de acontecimientos o circunstancias a los que el Derecho atribuye automáticamente determinadas consecuencias jurídicas. Estos hechos pueden ser de diversa índole, incluidos los acontecimientos naturales o las acciones humanas involuntarias, y su ocurrencia crea, modifica o extingue derechos y obligaciones.

Por ejemplo, un acontecimiento natural como el fallecimiento de una persona tiene importantes consecuencias jurídicas. Da lugar a la transmisión de sus bienes a sus herederos, de acuerdo con las normas de sucesión. En este caso, no hay voluntad expresada por el fallecido en el momento de la muerte, pero el hecho en sí genera efectos jurídicos. Otro ejemplo de hecho jurídico es un accidente de tráfico. Aunque el accidente no sea intencionado, genera obligaciones jurídicas, como la responsabilidad civil del causante frente a las víctimas por los daños causados. En este caso, aunque el accidente no sea el resultado de una acción intencionada destinada a crear efectos jurídicos, sin embargo los crea.

Los hechos jurídicos son esenciales para comprender cómo acontecimientos aparentemente inconexos pueden tener importantes repercusiones jurídicas. Demuestran que el Derecho está estrechamente vinculado a la realidad social y natural, y que está concebido para regular las consecuencias de diversos acontecimientos vitales.

La sanción

La sanción legal es un elemento clave del sistema jurídico, que sirve como mecanismo para garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico. Representa las consecuencias impuestas a una persona que incumple una obligación legal. Estas sanciones pueden adoptar diversas formas y están diseñadas para restablecer el orden, castigar el incumplimiento y prevenir futuras infracciones.

Las sanciones pueden ser de carácter civil, penal, administrativo o incluso disciplinario, según el contexto y la naturaleza de la infracción. Por ejemplo, en derecho civil, si una persona incumple los términos de un contrato, se le puede exigir que pague daños y perjuicios a la parte perjudicada. El objetivo de esta sanción es compensar la pérdida sufrida por la víctima del incumplimiento del contrato. En el ámbito penal, las sanciones suelen ser más severas y pueden incluir penas como multas, penas de prisión o trabajos comunitarios. Estas sanciones no sólo pretenden castigar al culpable, sino también disuadir a otros de cometer delitos similares.

Las sanciones administrativas, por su parte, suelen aplicarse en respuesta a infracciones de normativas específicas, como violaciones de las normas medioambientales o de la legislación laboral. Estas sanciones pueden incluir multas, suspensión de una licencia o autorización para ejercer una actividad profesional. Por último, las sanciones disciplinarias se utilizan en contextos profesionales o institucionales, por ejemplo cuando un miembro de una profesión regulada, como un médico o un abogado, incumple las normas éticas o profesionales de su profesión. De este modo, las sanciones desempeñan un papel crucial en el mantenimiento del orden jurídico, garantizando que las infracciones se traten adecuadamente y apoyando la integridad del sistema jurídico.

Sanciones civiles

El objetivo principal de las sanciones civiles en el ordenamiento jurídico es restablecer el equilibrio roto por el incumplimiento de una obligación social o contractual. A diferencia de las sanciones penales, cuyo objetivo es castigar y disuadir, las sanciones civiles pretenden corregir las consecuencias de una acción u omisión que no se ajusta a las obligaciones legales o contractuales.

Cuando una parte incumple un contrato, por ejemplo, la sanción civil puede consistir en la obligación de pagar daños y perjuicios a la parte perjudicada. Estos daños se calculan para compensar la pérdida sufrida como consecuencia del incumplimiento del contrato. La idea es devolver a la parte perjudicada a la posición en la que habría estado si la obligación se hubiera cumplido correctamente. En algunos casos, la sanción civil también puede implicar restitución o reparación. Por ejemplo, si alguien daña la propiedad de otra persona, puede exigírsele que repare el daño o sustituya el objeto dañado. Además, los tribunales pueden imponer medidas como el cumplimiento específico, por el que se obliga al infractor a cumplir el compromiso original, como completar un trabajo acordado en un contrato. Las astreintes, que son sanciones económicas por cada día de retraso en el cumplimiento de una sentencia, también pueden utilizarse para fomentar el cumplimiento.

Por lo tanto, las sanciones civiles desempeñan un papel crucial en la regulación de las relaciones jurídicas privadas, con el objetivo de reparar los daños y restablecer en la medida de lo posible la situación anterior al incumplimiento de la obligación.

Las sanciones penales

Las sanciones penales son un elemento central del sistema judicial y desempeñan un papel crucial en el mantenimiento del orden público y la protección de la sociedad. Impuestas por los poderes públicos, se establecen en aras del interés general y están destinadas a reprimir comportamientos considerados nocivos o peligrosos para la sociedad, tal y como los define el derecho penal. Las sanciones penales son impuestas por los tribunales tras un proceso judicial en el que el acusado es juzgado por sus presuntos actos contrarios a la ley. Pueden adoptar distintas formas, dependiendo de la gravedad del delito y de las circunstancias específicas de cada caso. Entre las sanciones más comunes están las multas, las penas de prisión, los servicios a la comunidad o la libertad condicional.

El objetivo principal de las sanciones penales es castigar al delincuente para disuadir tanto a la persona en cuestión como a la sociedad en general de cometer actos similares. También pretende proteger a la sociedad neutralizando, temporal o permanentemente, a los individuos considerados peligrosos. Por ejemplo, una pena de prisión no sólo pretende castigar al delincuente, sino también apartarlo de la sociedad durante un periodo determinado para evitar que vuelva a delinquir. Además de estos objetivos punitivos y preventivos, las sanciones penales también pueden tener una función rehabilitadora. Algunas penas, como los programas de formación o las terapias, están diseñadas para ayudar a los delincuentes a reintegrarse en la sociedad y llevar una vida respetuosa con la ley en el futuro.

Las sanciones penales son, por tanto, una herramienta importante para el sistema judicial, que pretende equilibrar la necesidad de castigar los delitos, proteger a la sociedad y ofrecer oportunidades de rehabilitación a los delincuentes.

Sanciones administrativas

Las sanciones administrativas son una forma de reacción del Estado ante el incumplimiento de normas u obligaciones de derecho público. Se diferencian de las sanciones penales y civiles en que no son impuestas por un tribunal, sino por una autoridad administrativa en el ejercicio de sus funciones de regulación y supervisión. Estas sanciones se aplican generalmente en respuesta a infracciones de normas y reglamentos específicos administrados por las diversas ramas de la administración pública. Tienen por objeto garantizar el cumplimiento de las normas establecidas para el buen funcionamiento de la sociedad y la protección del interés general.

Un ejemplo clásico de sanción administrativa es la retirada del permiso de conducir. Si un conductor infringe de forma reiterada o grave las normas de circulación, como en el caso de conducir bajo los efectos del alcohol o sobrepasar los límites de velocidad, las autoridades administrativas competentes pueden retirarle el permiso. El objetivo de esta medida es prevenir futuros comportamientos peligrosos en la carretera y mantener la seguridad pública. Las multas administrativas por incumplimiento de la normativa medioambiental, sanitaria o de construcción son otros ejemplos de sanciones administrativas. Estas multas se imponen para garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en estos ámbitos, que son esenciales para la protección de la salud pública, el medio ambiente o la seguridad de los edificios.

Las sanciones administrativas son, por tanto, una herramienta importante para las autoridades públicas, que les permite imponer el cumplimiento de la normativa y responder rápida y eficazmente a los incumplimientos, contribuyendo al mismo tiempo a la buena gobernanza y a la protección de los intereses de la sociedad.