La razón de Estado

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Introducción a la Ciencia Política

El pensamiento social de Émile Durkheim y Pierre Bourdieu ● Los orígenes de la caída de la República de Weimar ● El pensamiento social de Max Weber y Vilfredo Pareto ● El noción de "concepto" en ciencias sociales ● Historia de la disciplina de la ciencia política: teorías y conceptos ● Marxismo y Estructuralismo ● Funcionalismo y Sistematismo ● Interaccionismo y Constructivismo ● Teorías de la antropología política ● El debate de las tres íes: intereses, instituciones e ideas ● La teoría de la elección racional y el análisis de intereses en la ciencia política ● Un enfoque analítico de las instituciones en la ciencia política ● El estudio de las ideas y las ideologías en la ciencia política ● Teorías de la guerra en la ciencia política ● La Guerra: Concepciones y Evoluciones ● La razón de Estado ● Estado, soberanía, globalización y gobernanza multinivel ● Teorías de la violencia en la ciencia política‎ ● Welfare State y biopoder ● Análisis de los regímenes democráticos y los procesos de democratización ● Sistemas electorales: mecanismos, problemas y consecuencias ● El sistema de gobierno en las democracias ● Morfología de las protestaciones ● La acción en la teoría política ● Introducción a la política suiza ● Introducción al comportamiento político ● Análisis de las Políticas Públicas: Definición y ciclo de las políticas públicas ● Análisis de las Políticas Públicas: establecimiento y formulación de la agenda ● Análisis de Políticas Públicas: Implementación y Evaluación ● Introducción a la subdisciplina de las relaciones internacionales ● Introducción a la teoría política

La "raison d'État" se refiere a un principio de gobernanza según el cual el Estado tiene el derecho y la obligación de tomar decisiones que redunden en el interés supremo del país, aunque estas decisiones sean contrarias a otras consideraciones, como las leyes morales, religiosas o internacionales. En la práctica, la raison d'Etat se ha utilizado a menudo para justificar acciones que de otro modo se considerarían inmorales o ilegales. Por ejemplo, un gobierno puede justificar la declaración de guerra, el espionaje o la suspensión de ciertas libertades civiles en nombre de la raison d'État.

La raison d'État desempeña un papel crucial en la ciencia política, sobre todo en el análisis de las decisiones tomadas por un gobierno o un jefe de Estado. Los estudios de ciencia política tratan de comprender las motivaciones que subyacen a las acciones políticas, y el concepto de raison d'État puede ayudar a explicar por qué se toman determinadas decisiones. La ciencia política examina cómo influye la raison d'État en las estrategias de política exterior, la gestión de crisis, las decisiones sobre la guerra y la paz, las políticas internas y otros aspectos de la gobernanza. Los investigadores pueden analizar cómo se invoca la raison d'État para justificar determinadas acciones y cuáles son sus implicaciones para la democracia, los derechos humanos, la ética y el derecho internacional. Además, el concepto de raison d'État está vinculado a otras teorías de la ciencia política, como el realismo y el neorrealismo, que sugieren que los Estados actúan principalmente en función de sus intereses de seguridad nacional. Sin embargo, existe un debate permanente sobre hasta dónde puede o debe llegar un Estado para salvaguardar sus intereses, y cómo equilibrarlo con otras obligaciones y valores, como el respeto de los derechos humanos y las normas internacionales. Por ello, la raison d'État sigue siendo un importante tema de estudio en la ciencia política, tanto para comprender las acciones pasadas como para fundamentar los debates sobre la mejor manera de gestionar los retos políticos actuales y futuros.

¿Qué es la razón de Estado?

La razón de Estado es un concepto que permite a las autoridades públicas adoptar medidas excepcionales, que pueden estar fuera del marco jurídico habitual, para responder a situaciones extraordinarias o amenazas a la seguridad nacional. En teoría, este concepto pretende proteger los intereses superiores del Estado y de la población. En la práctica, sin embargo, está abierto a la controversia y al debate, ya que puede utilizarse para justificar acciones que violan los derechos humanos, las normas internacionales o los principios democráticos. Por ejemplo, en tiempos de guerra o de grave crisis nacional, un gobierno puede invocar la raison d'État para justificar medidas como la declaración de la ley marcial, la suspensión de ciertas libertades civiles o la adopción de medidas de emergencia que, de otro modo, serían ilegales.

La idea de raison d'État implica que, en determinadas circunstancias, el Estado u otra entidad política institucional puede actuar de una manera que se aparte de la ley ordinaria para proteger el interés supremo del país. Este concepto se invoca generalmente en situaciones de crisis o emergencia nacional, en las que el Estado considera que debe adoptar medidas extraordinarias para preservar la seguridad, la estabilidad u otros intereses esenciales. Sin embargo, el hecho de que un Estado pueda derogar el derecho común en determinadas circunstancias no significa que pueda hacerlo sin restricciones ni controles. En la mayoría de los ordenamientos jurídicos, existen controles y equilibrios destinados a evitar los abusos de poder y a garantizar que cualquier excepción al derecho común sea proporcionada, necesaria y coherente con determinadas normas mínimas. Por ejemplo, las constituciones de muchos países contienen disposiciones especiales para situaciones de emergencia que permiten ciertas derogaciones temporales de los derechos y libertades normalmente garantizados. Sin embargo, estas disposiciones suelen exigir que las medidas adoptadas sean proporcionadas a la gravedad de la situación y que se levanten en cuanto termine la emergencia. Además, en los sistemas democráticos, las decisiones tomadas en nombre de la raison d'Etat pueden estar sujetas a revisión judicial, y pueden ser impugnadas ante los tribunales si se consideran inconstitucionales o contrarias al derecho internacional.

La razón de Estado es un concepto que se aplica en circunstancias excepcionales, cuando se considera necesario derogar el derecho común y potencialmente las libertades públicas para proteger el interés supremo del Estado. En una democracia, el uso de la razón de Estado debe ser cuidadosamente controlado y limitado. Sólo debe invocarse en situaciones verdaderamente excepcionales, no como práctica habitual o rutinaria. Si se utiliza de forma regular o arbitraria, podría poner en peligro el Estado de Derecho y los principios democráticos. Por eso, incluso en situaciones de emergencia, las democracias tratan de mantener controles y equilibrios para garantizar que el uso de la raison d'Etat respeta ciertos límites. Esto puede incluir requisitos constitucionales, revisión judicial y transparencia y responsabilidad ante el público y el parlamento. Dicho esto, la aplicación de la raison d'État sigue siendo un tema complejo y delicado que suscita debates filosóficos, políticos y jurídicos. Las decisiones tomadas en nombre de la raison d'État pueden tener consecuencias profundas y duraderas, por lo que es crucial abordarlas con cautela y discernimiento.

El concepto de raison d'État puede implicar ir más allá de ciertas normas habituales de legalidad, normalidad y lógica. Veámoslo más de cerca:

• Extralimitación de la ley: La raison d'État puede llevar a apartarse de las leyes vigentes habituales. Por ejemplo, en una situación de emergencia, un gobierno podría invocar la raison d'État para suspender ciertas leyes o derechos.
• Exceder lo normal: La raison d'État se refiere a situaciones excepcionales, no a la rutina o normalidad de un gobierno. Se supone que las medidas adoptadas en virtud de la raison d'État son extraordinarias y temporales.
• Ir más allá de lo lógico: La razón de Estado puede implicar a veces acciones que pueden parecer ilógicas o contradictorias según los criterios normales. Por ejemplo, un Estado puede optar por emprender acciones contrarias a sus propias leyes o principios, o que vayan en contra de sus compromisos internacionales, si dichas acciones se consideran necesarias para proteger los mejores intereses del Estado.

Aunque la raison d'État puede dar lugar a que se sobrepasen estas normas, es importante señalar que en los sistemas democráticos suelen existir controles y límites para evitar los abusos de poder y preservar el Estado de Derecho. La raison d'État no da carta blanca al gobierno para actuar a su antojo, sino que debe utilizarse con cautela y discernimiento, y respetando los principios fundamentales de la democracia y los derechos humanos.

El estado de excepción es un término que a menudo se utiliza indistintamente con el de raison d'état. Se refiere a una situación en la que el gobierno deroga el derecho ordinario, a menudo en respuesta a una emergencia o crisis. El estudio de los estados de excepción podría centrarse en cuestiones como: ¿Cuáles son las condiciones que desencadenan un estado de excepción? ¿Cómo justifican los gobiernos la invocación de la raison d'état o la declaración del estado de excepción? ¿Cuáles son los efectos sobre la sociedad y los derechos humanos? ¿Cuáles son los mecanismos para controlar y limitar el uso de la raison d'état?

Los acontecimientos y la respuesta del gobierno estadounidense a los atentados del 11 de septiembre de 2001 pueden servir de ejemplo para estudiar la raison d'État. Las medidas adoptadas por el gobierno estadounidense tras los atentados demuestran varios aspectos de la raison d'Etat en acción.

• Extralimitación en el cumplimiento de la ley: En respuesta a los atentados, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley USA PATRIOT, que amplió los poderes de los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad para vigilar e investigar las actividades terroristas. Algunas de sus disposiciones han sido criticadas por su posible vulneración de las libertades civiles garantizadas por la Constitución estadounidense.
• Ir más allá de lo normal: la declaración de la "guerra contra el terrorismo" por parte del Presidente George W. Bush y la invasión de Afganistán (y posteriormente de Irak) fueron acciones extraordinarias adoptadas en respuesta a una situación excepcional.
• Ir más allá de lo lógico: Ciertas decisiones tomadas en el contexto de la "guerra contra el terror", como la creación del campo de detención de Guantánamo y el uso de técnicas avanzadas de interrogatorio (consideradas por muchos tortura), pueden parecer ilógicas o contrarias a los principios habituales del derecho y la ética.

Estas acciones, tomadas en nombre de la seguridad nacional, dieron lugar a un gran debate sobre el papel del Estado, la protección de las libertades civiles y los límites de la raison d'état. Las repercusiones de estas decisiones siguen sintiéndose y debatiéndose hasta el día de hoy. Esto hace que el 11 de septiembre de 2001 y sus consecuencias sean un ejemplo especialmente relevante para el estudio de la raison d'État.

La noción de "raison d'Etat" suele ir unida a la de "estado de excepción". En ambos casos, se refiere a un estado de acción que sobrepasa el marco del derecho común y la normalidad, a menudo en respuesta a una situación de emergencia o crisis excepcional. El "estado de excepción" suele declararse cuando las circunstancias se consideran tan graves que las normas habituales no pueden aplicarse con eficacia. Permite al Estado tomar medidas extraordinarias para responder a la situación. Puede incluir medidas como la suspensión de ciertas libertades civiles, la declaración de la ley marcial o la aprobación de leyes de emergencia. La "raison d'Etat" puede invocarse como justificación de tales acciones excepcionales, basándose en la necesidad de proteger el interés supremo del Estado y del pueblo. Sin embargo, aunque estos conceptos están estrechamente relacionados, no son necesariamente idénticos. Por lo general, el estado de excepción es un mecanismo formal que se declara con arreglo a determinados procedimientos legales y tiene implicaciones jurídicas específicas. La raison d'Etat, por otra parte, es un concepto más amplio que puede justificar una variedad de acciones extraordinarias, se declare o no un estado de excepción formal. También es importante señalar que, aunque estos conceptos permiten al Estado actuar excepcionalmente, no le dan un cheque en blanco para actuar sin restricciones ni controles. En los sistemas democráticos, suelen existir mecanismos para limitar y controlar el uso de la razón de Estado y la invocación del estado de excepción, con el fin de evitar abusos de poder y preservar los derechos fundamentales.

La razón de Estado puede interpretarse como una forma de "razonabilidad" en el sentido de que busca proteger el interés supremo de la nación, especialmente cuando se enfrenta a una crisis o amenaza existencial. Sin embargo, esto no significa necesariamente que todas las acciones emprendidas en nombre de la raison d'Etat sean automáticamente "razonables" en el sentido ordinario de la palabra.

Hay una serie de factores que pueden influir en que una acción tomada en nombre de la raison d'état se considere razonable:

1. Proporcionalidad: ¿Las medidas adoptadas en nombre de la razón de Estado son proporcionales a la amenaza o crisis que pretenden combatir? ¿Son las mínimas necesarias para alcanzar el objetivo deseado?
2. Necesidad: ¿Eran las acciones absolutamente necesarias? ¿Existían otras opciones que podrían haber sido igual de eficaces, pero menos intrusivas o menos lesivas para los derechos y libertades?
3. Eficacia: ¿Fueron eficaces las medidas para lograr el objetivo deseado? ¿Lograron resolver la crisis o combatir la amenaza?
4. Respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos: ¿Han respetado las medidas adoptadas los principios democráticos fundamentales y las normas internacionales de derechos humanos?

En última instancia, la cuestión de si la raison d'état es "razonable" es en gran medida subjetiva y puede depender de cómo se sopesen estos factores. Es un tema que suele estar en el centro del debate político y filosófico.

Genealogía de la razón de Estado

La cuestión del estado de excepción, o la suspensión de ciertas normas democráticas en situaciones excepcionales, es objeto de un intenso debate filosófico, político y jurídico. ¿Cómo puede justificarse que una democracia, un sistema que valora el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, pueda suspender temporalmente estos principios en nombre de un interés superior?

Para comprender esta paradoja, puede ser útil echar un vistazo a la genealogía de la raison d'État y del estado de excepción. El concepto de raison d'État está profundamente arraigado en la historia política y filosófica de Occidente. Se remonta al menos al periodo del Renacimiento y las Guerras de Religión en Europa, cuando filósofos como Nicolás Maquiavelo y Jean Bodin empezaron a articular la idea de que un soberano podría tener que actuar a veces al margen de las normas habituales de la moral y la ley para preservar el Estado.

La idea de un estado de excepción fue formalizada posteriormente por juristas y teóricos políticos, que reconocieron que las constituciones y los sistemas de derecho pueden resultar a veces insuficientes para hacer frente a crisis extraordinarias. Esta idea fue expuesta por pensadores como Carl Schmitt, quien argumentó que el soberano es quien tiene el poder de decidir sobre un estado de excepción. Sin embargo, la justificación de los estados de excepción no significa que se abandone por completo la democracia o que los principios democráticos carezcan de importancia. Al contrario, la idea es que la propia democracia se ve amenazada en estas situaciones excepcionales, y que son necesarias medidas extraordinarias para preservarla. Además, incluso en un estado de excepción, se reconoce generalmente que hay límites a lo que el Estado puede hacer, y que deben mantenerse ciertas normas fundamentales de respeto de los derechos humanos y del Estado de derecho. Dicho esto, existe un riesgo real de que se abuse del estado de excepción y de la raison d'Etat para justificar violaciones de los derechos humanos o un deslizamiento hacia el autoritarismo. Por eso es crucial que su uso esté cuidadosamente controlado y limitado, y que existan mecanismos que garanticen la rendición de cuentas y el control democrático.

En situaciones de emergencia o crisis, la suspensión temporal de ciertas normas democráticas o la ampliación de los poderes del Estado pueden dar lugar a una zona gris, una "tierra de nadie" jurídica en la que las salvaguardias habituales pueden dejar de aplicarse. Precisamente por ello, la invocación del estado de excepción suele estar rodeada de procedimientos y controles formales. En muchos países, por ejemplo, la Constitución establece las circunstancias en las que puede declararse el estado de emergencia, su duración y los poderes específicos que el gobierno puede ejercer durante ese periodo. También puede haber requisitos de aprobación parlamentaria, notificación a organismos internacionales o revisión judicial. Sin embargo, incluso con estos controles, siempre existe el riesgo de que se abuse del estado de excepción o se prolongue indebidamente, lo que llevaría a un debilitamiento del Estado de derecho y de las libertades civiles. En consecuencia, la vigilancia democrática, el control judicial y la supervisión de los derechos humanos son esenciales para garantizar que el estado de excepción no se convierta en la norma y que la democracia pueda restablecerse en cuanto las circunstancias lo permitan.

El estado de excepción, aunque suele invocarse para proteger la democracia y el Estado frente a una amenaza grave, implica una suspensión o relajación temporal de determinadas normas, reglas y procedimientos democráticos. Se crea así un espacio de "vaguedad", en el que los límites y garantías habituales son menos claros. Se trata de un estado de ambigüedad, en el que el Estado, en aras de preservar el orden y la seguridad, puede ser percibido como si se elevara por encima de la democracia que se supone debe proteger. Esta situación está plagada de riesgos, en particular el riesgo de que los poderes del Estado se amplíen más allá de lo necesario, o de que el estado de excepción se prolongue indebidamente. Por eso es crucial contar con mecanismos sólidos de control y rendición de cuentas que rijan el uso de los estados de excepción. Esto puede incluir requisitos constitucionales o legales, supervisión judicial, escrutinio parlamentario y seguimiento por parte de los medios de comunicación y la sociedad civil. Además, incluso en un estado de excepción, se reconoce generalmente que deben mantenerse ciertas normas fundamentales de respeto de los derechos humanos y del Estado de derecho. Estas incluyen el derecho a un juicio justo, la prohibición de la tortura y el derecho a la vida, entre otros. Estos derechos no pueden suspenderse, ni siquiera en situaciones de emergencia. Por último, es importante recordar que se supone que el estado de excepción es temporal y se limita a la duración de la crisis o amenaza que le dio origen. Una vez superada la crisis, el Estado debe volver al funcionamiento normal y restablecer plenamente las normas y procedimientos democráticos.

La raison d'État está profundamente arraigada en la teoría política, y comprenderla exige reflexionar sobre conceptos políticos clave y contextos históricos y contemporáneos. Además, dado que las acciones emprendidas en nombre de la raison d'État pueden tener importantes consecuencias para los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, a menudo suscitan un intenso debate político. La teoría política ofrece muchas herramientas para comprender y analizar la raison d'État. Por ejemplo, puede ayudar a aclarar los valores e intereses en juego, evaluar las justificaciones de determinadas acciones y comprender los riesgos y consecuencias potenciales. También puede proporcionar un marco para comparar distintos enfoques de la raison d'État en diferentes contextos nacionales e internacionales. Además, la raison d'État no puede entenderse al margen de las condiciones políticas específicas de un momento dado. Las decisiones tomadas en nombre de la raison d'Etat suelen estar influidas por las realidades políticas del momento, incluidas las preocupaciones en materia de seguridad, los retos económicos, las presiones sociales y políticas y las normas y valores imperantes. Por lo tanto, los debates sobre la raison d'État suelen estar vinculados a cuestiones más amplias sobre la naturaleza y la dirección de la política y la sociedad. En última instancia, la cuestión de la raison d'État nos lleva a reflexionar sobre principios fundamentales de la política y la gobernanza, como el equilibrio entre seguridad y libertades, la naturaleza y los límites de la soberanía y el papel del Estado en la protección del bien común.

Maquiavelo (1469 - 1627): Conceptualización de la razón de Estado

Su retrato póstumo por Santi di Tito, en el Palazzo Vecchio de Florencia.

Uno de los aspectos fundamentales del pensamiento político de Nicolás Maquiavelo, a menudo condensado en la expresión "el fin justifica los medios". En su obra más famosa, El Príncipe, Maquiavelo sostiene que, para alcanzar y mantener el poder, los dirigentes deben estar dispuestos a actuar de formas que, de otro modo, podrían considerarse inmorales. Sin embargo, es importante señalar que Maquiavelo no aboga por el rechazo total de la moralidad. Por el contrario, señala que la moral convencional a veces puede entrar en conflicto con las exigencias de la política. Por ejemplo, un gobernante puede necesitar recurrir al engaño o a la fuerza para proteger al Estado. En este contexto, tales acciones pueden estar justificadas si contribuyen a un fin superior, como la estabilidad política o la seguridad del Estado. Esto enlaza con la idea de "raison d'État", que sugiere que en determinadas circunstancias excepcionales el Estado puede estar justificado para emprender acciones que se aparten del derecho común o de las normas consuetudinarias. Sin embargo, como reconoció el propio Maquiavelo, esto plantea un complejo reto ético y político, ya que puede resultar difícil determinar cuándo una acción de este tipo está realmente justificada y hasta dónde puede llegar. El pensamiento de Maquiavelo ha sido objeto de numerosos debates e interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos críticos lo consideran un cínico que aboga por la amoralidad, mientras que otros lo ven como un realista pragmático que simplemente reconoce los dilemas y retos de la política. Sea como fuere, sus ideas han influido profundamente en la teoría política y siguen alimentando debates sobre cuestiones como la razón de Estado.

A menudo se ha asociado a Maquiavelo con la idea de la astucia o el engaño como herramienta estratégica en política. En "El Príncipe", sugiere que los gobernantes, cuando actúan por el bien del Estado, pueden tener que recurrir a la ocultación o la manipulación para lograr sus objetivos. La astucia, en este contexto, puede entenderse como una forma de inteligencia estratégica, en la que un individuo o grupo posee información que otros no tienen, y utiliza esta asimetría de información en su beneficio. Esto puede implicar engañar a los oponentes, disfrazar las verdaderas intenciones o manipular las percepciones para obtener una ventaja estratégica. Sin embargo, es importante señalar que para Maquiavelo el uso de la astucia no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar un fin más amplio, como la estabilidad del Estado y la protección del bien común. Además, aunque Maquiavelo pueda parecer partidario de cierto nivel de engaño o manipulación en política, también advierte que los gobernantes deben actuar con prudencia y sabiduría, y mantener la confianza y el respeto de sus súbditos en la medida de lo posible.

Desde una perspectiva maquiavélica, la táctica -y, en particular, la capacidad de actuar al margen de las normas establecidas cuando sea necesario para alcanzar un objetivo mayor- se considera un componente esencial de la habilidad como estadista. Esto es en gran medida lo que Maquiavelo quería decir con la afirmación de que "el fin justifica los medios". En otras palabras, para Maquiavelo, el éxito político requiere a veces acciones que, fuera del contexto político, podrían considerarse contrarias a la moral convencional o a la ley. La exigencia última para el gobernante, en este marco de pensamiento, es el bienestar y la estabilidad del Estado. Sin embargo, es importante señalar que esta visión de la política, aunque a veces parezca pragmática, también plantea importantes cuestiones éticas y morales. Pone de relieve la necesidad de un equilibrio entre la persecución de objetivos políticos y el respeto de las normas éticas y jurídicas. También subraya la importancia de la responsabilidad y la transparencia en el ejercicio del poder. El propio Maquiavelo no era insensible a estos retos. En sus escritos, reconoce que el poder político, mal utilizado, puede conducir a la tiranía y la injusticia. Por ello, aunque pueda parecer que apoya la idea de que el fin justifica los medios, también subraya la importancia de la prudencia, la sabiduría y la moderación en el ejercicio del poder.

Aunque Maquiavelo no utiliza explícitamente el término "raison d'état", sus escritos describen un concepto similar. Para él, la primera prioridad de un gobernante es el mantenimiento del poder y la estabilidad del Estado. En consecuencia, puede ser necesario adoptar comportamientos o métodos que no se ajusten a los principios democráticos tradicionales o que incluso puedan parecer inmorales. Dicho esto, Maquiavelo no aboga por el autoritarismo o el despotismo. Tampoco sugiere que los gobernantes sean libres de hacer lo que les plazca sin restricciones ni rendición de cuentas. De hecho, advierte contra el abuso de poder e insiste en la necesidad de un gobierno sabio y prudente. También sugiere que los gobernantes deben comportarse siempre de forma que se ganen el respeto y la confianza de sus súbditos, ya que el apoyo popular es crucial para la estabilidad y el éxito a largo plazo. La filosofía de Maquiavelo plantea importantes cuestiones sobre el poder, la ética y la gobernanza. Aunque a veces pueda parecer cínica o amoral, pone de relieve los retos inherentes a la política y la necesidad de un delicado equilibrio entre idealismo y realismo, entre moralidad y eficacia.

Desde la perspectiva de Maquiavelo, la acción política puede requerir a veces ir más allá de los marcos tradicionales de la ley y la moral para alcanzar los objetivos más importantes, como la estabilidad del Estado. Aquí es donde la noción de "razón de Estado" conecta con su filosofía. Maquiavelo reconoce que la política, especialmente a un alto nivel como el del gobernante de un Estado, puede implicar complejos dilemas en los que la estricta observancia de las reglas y normas puede entrar en conflicto con las exigencias prácticas del poder y la supervivencia del Estado. Esto no quiere decir que Maquiavelo defienda un rechazo total de la ley o la moral, sino que considera estos aspectos como parte de un conjunto más amplio de consideraciones que deben tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones políticas. Sin embargo, también plantea importantes cuestiones sobre los límites de la acción política y la tensión entre los imperativos de la realidad política y los ideales democráticos y éticos. Estas cuestiones, que están en el centro de los debates sobre la raison d'État, siguen siendo pertinentes y controvertidas hoy en día.

Giovanni Botero (1544 - 1617): Contribución a la conceptualización de la razón de Estado

Giovanni Botero.

Giovanni Botero es una figura clave en el desarrollo del concepto de "razón de Estado". Nacido en 1544 en Piamonte (Italia), fue diplomático, sacerdote jesuita y escritor influyente sobre temas que van desde la economía a la geografía y la política. Su obra más famosa, "Della ragion di Stato" (Sobre la razón de Estado), publicada por primera vez en 1589, desempeñó un papel crucial en la formulación de este concepto. En este tratado, Botero explica que la supervivencia y el éxito del Estado dependen de una combinación de prudencia, política y moralidad. Sostiene que, en ocasiones, los gobernantes deben actuar de acuerdo con consideraciones pragmáticas que pueden ir más allá de las normas jurídicas o éticas tradicionales. Sin embargo, a diferencia de Maquiavelo, Botero insiste en que la razón de Estado debe guiarse siempre por principios cristianos y morales. Para él, la verdadera razón de Estado es la que sirve al bien común y es conforme a la ley divina. Así pues, aunque tanto Botero como Maquiavelo pueden considerarse importantes contribuyentes a la teoría de la razón de Estado, ofrecen perspectivas diferentes sobre la relación entre política, moral y poder. Estas perspectivas han tenido una profunda influencia en el pensamiento político y siguen informando los debates actuales sobre cuestiones como la razón de Estado y la ética en la política.

Giovanni Botero fue uno de los primeros pensadores que se centró en la construcción y la eficacia del poder estatal. Se interesó por el modo en que los Estados pueden desarrollar y mantener su poder, en particular a través de la economía y la demografía. Para Botero, el poder de un Estado no sólo dependía del tamaño de su territorio o de su ejército, sino también de la riqueza y el bienestar de su población. Por ello, fue uno de los primeros en subrayar la importancia de los factores económicos y sociales para reforzar el poder del Estado. Como parte de la raison d'état, Botero sostenía que los líderes tenían que tomar decisiones pragmáticas para garantizar la supervivencia y prosperidad de sus Estados. Esto podía requerir a veces acciones que iban más allá de las normas legales o éticas tradicionales. Sin embargo, a diferencia de Maquiavelo, Botero también insistía en la importancia de los principios morales y cristianos en la gobernanza, afirmando que la verdadera razón de Estado debe servir siempre al bien común y respetar la ley divina. Esta combinación de pragmatismo político y compromiso moral ha hecho del pensamiento de Botero una gran influencia en la teoría política, y su concepto de razón de Estado sigue siendo relevante en los debates contemporáneos sobre el poder, la ética y la gobernanza.

Como sacerdote jesuita, Giovanni Botero incorporó principios teológicos a su concepción de la raison d'état. Para él, el ejercicio del poder, incluida la aplicación de la raison d'état, debe guiarse por los principios y enseñanzas de la fe cristiana. Botero afirmó que los líderes, especialmente los que ejercen un poder excepcional en virtud de la raison d'état, tienen el deber de respetar la palabra de Dios y seguir sus mandamientos. Deben esforzarse por alcanzar los objetivos de Dios para la humanidad, lo que significa promover el bien común, mantener la justicia y la paz, y proteger a los débiles y vulnerables. Desde esta perspectiva, la razón de Estado no puede servir de excusa para actuar de forma arbitraria o injusta. Por el contrario, debe usarse siempre de forma compatible con la ley divina y promoviendo el bienestar de la comunidad. Esta es una visión de la razón de Estado que difiere de la de Maquiavelo y otros teóricos políticos más seculares. Hace hincapié en la responsabilidad moral y espiritual de los gobernantes y en la importancia de la fe y la virtud en la política. Esta visión influyó en el desarrollo posterior de la teoría política, en particular dentro de la tradición de la filosofía política cristiana.

Giovanni Botero y Nicolás Maquiavelo tienen perspectivas diferentes sobre la razón de Estado en relación con la moral. A menudo se interpreta que Maquiavelo deja de lado las consideraciones morales tradicionales en favor del pragmatismo político, según el cual el fin (la estabilidad y el éxito del Estado) justifica los medios. Su planteamiento se califica a veces de amoral, en el sentido de que no se ajusta a la moral convencional. Botero, en cambio, insiste en la importancia de la moral, concretamente la cristiana, en la política. Para él, la razón de ser no es una excusa para actuar de forma inmoral o injusta, sino un principio que debe aplicarse de forma coherente con los mandamientos de Dios y promover el bienestar de la comunidad. Así pues, aunque ambos están de acuerdo en que los dirigentes pueden necesitar a veces tomar medidas excepcionales para proteger y fortalecer su Estado, difieren en la medida en que estas acciones deben estar limitadas por la moral y la ética.

Para él, la aplicación de la razón de Estado debe guiarse siempre por principios morales, en particular los derivados de la fe cristiana. El poder político, incluso cuando se ejerce excepcionalmente en virtud de la razón de Estado, no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar objetivos divinos para la humanidad. Esto significa que, aunque a veces los gobernantes tengan que tomar medidas que parezcan ir en contra de la moral convencional o de las leyes vigentes, estas medidas pueden estar justificadas si están de acuerdo con los mandamientos de Dios y si promueven el bienestar de la comunidad.

La concepción de Botero de la raison d'état sirve como una especie de respuesta a la visión de Maquiavelo. Mientras que Maquiavelo se centra en la eficacia y el pragmatismo políticos, dejando de lado las consideraciones morales tradicionales, Botero subraya el papel crucial de la moral, en particular de la moral cristiana, en el gobierno. Botero sostiene que el verdadero poder y la autoridad proceden de Dios y, por tanto, quienes gobiernan deben seguir los mandamientos y las enseñanzas de Dios. Si un gobernante hace esto, entonces puede justificar el uso de la razón de Estado en circunstancias excepcionales. Desde este punto de vista, la razón de Estado no es una excusa para actuar de forma amoral o injusta, sino un principio que debe utilizarse de acuerdo con las enseñanzas divinas. Es una perspectiva que contrasta fuertemente con la de Maquiavelo, y refleja las diferencias más amplias de su pensamiento político.

Para Botero, el uso de la raison d'état es una extensión del deber del príncipe para con Dios y el bienestar de su pueblo. Sostiene que el príncipe, al hacer uso de la razón de Estado, a veces puede tener que ir más allá de las leyes o normas convencionales para alcanzar los objetivos superiores que Dios le ha asignado. Es importante dejar claro que, para Botero, el uso de la razón de Estado no es una licencia para la inmoralidad o la injusticia. Al contrario, el príncipe debe buscar siempre actuar de acuerdo con los principios morales y éticos derivados de la fe cristiana, incluso cuando actúa en circunstancias excepcionales. Esta visión de la raison d'État como herramienta al servicio de la voluntad divina y del bien común es un rasgo distintivo del pensamiento político de Botero, y supone un interesante contraste con planteamientos más seculares y pragmáticos de la raison d'État.

Botero fue uno de los primeros pensadores en desarrollar una teoría del Estado moderno y explorar las condiciones para aplicar la raison d'état. Le preocupa la cuestión de cómo construir y mantener un Estado poderoso y eficaz que pueda responder a los desafíos y las crisis sin comprometer los principios morales fundamentales. Para Botero, la raison d'État es un instrumento esencial de que dispone el príncipe para gestionar estas situaciones excepcionales. Sin embargo, su uso debe estar siempre guiado por una profunda comprensión de la voluntad divina y de las necesidades de la comunidad. También sugiere que el Estado moderno debe organizarse de tal modo que facilite la aplicación eficaz y ética de la raison d'État. Esto implica una estructura de gobierno sólida, una administración competente y una población bien gobernada y moralmente virtuosa. En resumen, la visión de Botero de la raison d'État está profundamente arraigada en su concepción más amplia del Estado moderno y sus requisitos. Esto le convierte en una figura importante en el desarrollo de la teoría política moderna.

Botero propone que la raison d'État puede invocarse en momentos de crisis grave, como las guerras civiles. Estas situaciones excepcionales pueden amenazar la existencia misma del Estado y la estabilidad de la sociedad, requiriendo medidas extraordinarias para restablecer el orden y la paz. Botero sugiere que, en tales casos, el príncipe puede verse obligado a ir más allá de las leyes ordinarias o de las normas éticas convencionales para preservar el Estado y a sus ciudadanos. Sin embargo, incluso en estas circunstancias extremas, el príncipe no está libre de restricciones morales. Por el contrario, sus acciones deben estar siempre guiadas por principios divinos y encaminadas al bienestar de la comunidad. Así, para Botero, la raison d'État no es una licencia para la arbitrariedad o la injusticia, sino un principio que puede justificar acciones extraordinarias en circunstancias extraordinarias, siempre con el respeto a los mandamientos de Dios y la promoción del bien común como objetivos últimos.

La paradoja de Botero es que legitima la acción del príncipe por motivos religiosos, pero al mismo tiempo está dispuesto a definir como morales actos que no tienen nada de humanos. Esta paradoja es uno de los aspectos más controvertidos del pensamiento de Botero. Por un lado, insiste en que la razón de Estado debe guiarse siempre por principios morales y teológicos. Por otro, reconoce que la aplicación de la razón de Estado puede requerir en ocasiones acciones que, en otros contextos, serían consideradas inmorales o inhumanas. Botero parece resolver esta paradoja argumentando que una necesidad excepcional -como la que podría surgir en una guerra civil u otra crisis grave- puede justificar acciones que, de otro modo, serían inaceptables. Considera que, en tales situaciones, el bien común y la supervivencia del Estado pueden exigir medidas extraordinarias, aunque impliquen cierto sufrimiento o daño. Sin embargo, es importante señalar que para Botero, incluso en estas circunstancias extremas, el príncipe no está libre de restricciones morales. Siempre debe tratar de minimizar el daño causado y actuar de acuerdo con la voluntad divina, tal y como él la entiende. Es un planteamiento que puede parecer paradójico, pero que es coherente con su visión del Estado y de la moral política.

Partiendo de un apriori conceptual limitado, el príncipe es moral, por lo que puede aplicar la razón de Estado. Si el príncipe es fundamentalmente inmoral, entonces puede utilizar la razón de Estado para promover sus propios intereses en nombre de Dios. Esta es una de las principales preocupaciones de la teoría de la razón de Estado de Botero. De hecho, existe el riesgo de que un príncipe inmoral pueda abusar de la noción de raison d'Etat para justificar acciones que sirvan a sus propios intereses y no al bien común. Podría, por ejemplo, afirmar que actúa en nombre de la voluntad divina o de la preservación del Estado, mientras que en realidad persigue objetivos egoístas o tiránicos. Este es un problema que se plantea en todas las teorías políticas que permiten cierto grado de flexibilidad o discrecionalidad en la aplicación de normas morales o jurídicas. ¿Cómo podemos garantizar que no se abusa de esta latitud? ¿Cómo garantizar que los gobernantes se mantengan fieles a los principios éticos fundamentales y no utilicen la razón de Estado como pretexto para ejercer un poder arbitrario? Botero, como muchos otros pensadores políticos, intenta resolver este problema insistiendo en la necesidad de un riguroso control moral y religioso sobre el príncipe. En su opinión, el príncipe debe ser muy consciente de sus deberes para con Dios y la comunidad, y debe tratar siempre de servir al bien común antes que a sus propios intereses. Sin embargo, sigue siendo una incógnita cómo puede garantizarse esto en la práctica, especialmente en ausencia de mecanismos de control democrático eficaces.

Uno de los supuestos fundamentales del argumento de Botero a favor de la raison d'Etat parece ser que los ciudadanos de a pie pueden carecer de la racionalidad necesaria para comprender y gestionar los complejos problemas a los que se enfrenta el Estado, especialmente en tiempos de crisis o emergencia. Desde esta perspectiva, la raison d'État puede verse como un mecanismo para restaurar el orden y la racionalidad cuando la población es incapaz de hacerlo por sí misma. Esto puede implicar acciones que parecen "irrazonables" o arbitrarias a primera vista, pero que están justificadas por la necesidad de preservar la estabilidad y el bienestar del Estado en su conjunto. Dicho esto, este enfoque tiene serias limitaciones. Puede utilizarse fácilmente para justificar abusos de poder o para eludir los principios democráticos. Además, se basa en una visión bastante pesimista de la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones informadas y participar de forma significativa en la gobernanza de su propia sociedad. En este sentido, la teoría de Botero, aunque tiene importantes implicaciones para nuestra comprensión de la política y el poder, debe abordarse con cautela.

La idea de la raison d'État sugiere que en determinadas situaciones, sobre todo cuando el orden social o la seguridad del Estado se ven amenazados, puede ser necesario adoptar medidas extraordinarias. Estas medidas pueden ir más allá de lo que normalmente permite la ley o la ética convencional. El objetivo es proteger al Estado y a sus ciudadanos frente a amenazas importantes. Sin embargo, es crucial subrayar que incluso en una emergencia o crisis, hay límites a lo que un gobierno puede justificar en nombre de la raison d'état. Por ejemplo, nunca deben violarse los derechos humanos ni los principios democráticos básicos. Además, el uso de la raison d'État debe ser temporal y específico para la crisis o amenaza en cuestión. Una vez superada la crisis, el gobierno debe volver al orden jurídico normal. Además, el uso de la raison d'État requiere gran cautela y un control riguroso, para evitar abusos de poder. Los dirigentes deben rendir cuentas de sus actos, y las decisiones adoptadas en nombre de la raison d'État deben ser transparentes y estar sujetas a escrutinio. En una democracia, esto implica un papel activo de los medios de comunicación, la sociedad civil y las instituciones de control, como los tribunales.

Históricamente, el estado de guerra ha sido uno de los momentos en los que más se ha invocado la raison d'état. En momentos de crisis extrema, el Estado puede verse obligado a tomar medidas extraordinarias para garantizar su supervivencia. Esto puede implicar, por ejemplo, restricciones temporales de las libertades civiles, la movilización de recursos de forma inusual o la aplicación de estrategias militares que de otro modo podrían considerarse inaceptables. El objetivo es siempre proteger al Estado y a sus ciudadanos de la amenaza inminente. Sin embargo, como ya se ha mencionado, incluso en tiempos de guerra, es crucial que las acciones emprendidas en nombre de la raison d'Etat respeten ciertos principios fundamentales, como el respeto de los derechos humanos, la proporcionalidad de las medidas adoptadas y su carácter temporal. Además, tales acciones deben estar siempre sujetas a un escrutinio y control rigurosos para evitar abusos de poder. Por último, cabe señalar que la raison d'Etat no se limita a las situaciones de guerra. También puede invocarse en otras situaciones de crisis, como emergencias sanitarias o catástrofes naturales, cuando el orden normal debe suspenderse temporalmente para hacer frente a la situación.

Para Giovanni Botero, como para muchos otros pensadores políticos de su época, el ejército y la capacidad de hacer la guerra se consideraban elementos esenciales del poder y la autoridad del Estado. Era también a través de la conducción de la guerra como el Estado podía a veces verse abocado a ejercer la raison d'état, tomando decisiones excepcionales para garantizar su supervivencia y su seguridad. En el contexto de la guerra, la raison d'Etat podía invocarse para justificar estrategias militares inusuales, el uso de recursos de forma no convencional o incluso acciones que de otro modo podrían considerarse contrarias al derecho internacional. Sin embargo, es importante subrayar que el uso de la raison d'Etat en este contexto debe ser siempre proporcionado, temporal y respetuoso con los derechos fundamentales de las personas, incluidos los de los enemigos. Además, la capacidad de mantener un ejército fuerte y eficaz suele considerarse una manifestación del poder del Estado y de su capacidad para proteger a sus ciudadanos, lo que también constituye un elemento importante de la raison d'Etat. Un ejército poderoso puede disuadir los ataques extranjeros, mantener el orden interno y garantizar la soberanía y la independencia del Estado.

En su evolución, la raison d'État se ha ido separando gradualmente de su base teológica para convertirse en un concepto más ampliamente asociado a la filosofía política y a las prácticas del poder estatal. Esta evolución se ha visto influida por los cambios en la naturaleza de las sociedades, la organización del Estado y la naturaleza de los conflictos y retos a los que se enfrentan los Estados. La aplicación de la raison d'État como forma extraordinaria de gobierno suele justificarse por situaciones excepcionales, como crisis, guerras o amenazas a la seguridad nacional. Estas situaciones suelen requerir respuestas rápidas y a veces radicales, que pueden ir más allá de los procedimientos y normas habituales de gobernanza. Sin embargo, la invocación de la raison d'Etat debe respetar siempre ciertos límites, en particular en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos y los principios fundamentales de la democracia. No debe utilizarse como excusa para abusar del poder o violar las libertades fundamentales, sino como medio de proteger el interés público en situaciones extraordinarias. También es importante señalar que la aplicación de la raison d'État debe ser siempre temporal, y el Estado debe volver a la normalidad en cuanto se resuelva la situación de emergencia. En este sentido, la raison d'État es una herramienta importante para garantizar la supervivencia y la continuidad del Estado, pero su uso debe estar regulado y controlado para evitar abusos.

La razón de Estado es un concepto que permite al Estado, en determinadas situaciones excepcionales, actuar de forma extraordinaria en interés de la nación. Esto puede implicar la toma de decisiones o la adopción de políticas que se aparten de la norma o incluso de la ley, si se considera necesario para proteger la seguridad, la estabilidad o la integridad de la nación. Sin embargo, como ya se ha mencionado, el uso de la raison d'État debe ser temporal y proporcionado a la situación, y siempre respetuoso con los derechos fundamentales de los ciudadanos. En una democracia, el uso de la raison d'État también debe estar sujeto a controles y equilibrios para evitar abusos de poder. Además, la raison d'État no justifica acciones contrarias a la moral o a la ética. En efecto, aunque el interés general pueda requerir a veces medidas excepcionales, éstas deben respetar siempre los principios fundamentales de justicia y respeto de la dignidad humana. Se trata de un tema complejo que ha sido ampliamente debatido en filosofía política y ciencia política.

El concepto de raison d'État es intrínsecamente paradójico. En circunstancias extraordinarias, el Estado puede tener que tomar medidas que vayan más allá de las normas legales y las libertades individuales para proteger el bienestar general de la sociedad. El carácter extraordinario de estas situaciones justificaría el uso de medidas no ordinarias, según la teoría de la raison d'État. Por un lado, se basa en la idea de que el Estado a veces debe adoptar medidas extraordinarias para proteger el interés general. Esto puede incluir la suspensión temporal de ciertos derechos y libertades individuales, en circunstancias excepcionales como una guerra o una crisis grave. Por otro lado, estas medidas extraordinarias pueden suponer en sí mismas una amenaza para la democracia y el Estado de Derecho, al crear una situación en la que el Estado actúa fuera de los límites habituales de la ley y el control democrático. Esta paradoja está en el centro de muchos debates de filosofía política y derecho constitucional. ¿Cómo pueden justificarse las restricciones a los derechos y libertades fundamentales en nombre del interés general? ¿Cuáles son los límites de la acción del Estado en situaciones excepcionales? ¿Cómo garantizar el control democrático y evitar los abusos de poder en tales situaciones? Estas preguntas son tanto más pertinentes en el contexto actual, en el que muchos países de todo el mundo han tenido que adoptar medidas excepcionales para hacer frente a crisis como la pandemia de COVID-19.

La guerra como catalizador de la razón de Estado

Michel Senellart (1953 - ): Perspectivas contemporáneas sobre el papel de la guerra

Michel Senellart es un filósofo francés contemporáneo especializado en filosofía política e historia de las ideas políticas. Su visión de la raison d'État se centra mucho en la idea de que el Estado necesita a veces apartarse de la norma para responder a crisis importantes, como la guerra.

Según Senellart, la raison d'État no es otra cosa que la contravención de las razones ordinarias en aras del bien público, o en aras de una razón mayor y más universal. Esto significa que, en ocasiones, el Estado puede verse abocado a actuar de forma contraria a las normas habituales en aras del bien público o para respetar una razón más universal. La guerra es un ejemplo típico en el que puede aplicarse la razón de Estado, según Senellart. En tiempos de guerra, el Estado puede tener que tomar medidas extraordinarias para garantizar la seguridad y el bienestar de la nación. Esto podría incluir acciones que, en tiempos de paz, se considerarían fuera de lo común o incluso ilegales.

La raison d'État suele invocarse en situaciones de emergencia o crisis en las que el funcionamiento normal de la democracia no es suficiente para responder a una amenaza grave para el Estado o la sociedad. Esto puede incluir situaciones de guerra, terrorismo, desastres naturales o pandemias. En estas situaciones, el gobierno puede considerar necesario tomar medidas extraordinarias para garantizar la seguridad, el bienestar y la continuidad de la nación. Esto puede implicar la derogación temporal de ciertas normas o leyes habituales. Sin embargo, invocar la raison d'État debe hacerse siempre con cautela. La suspensión o modificación de las normas o derechos habituales debe ser proporcional a la amenaza, limitada en el tiempo y estar sujeta a revisión judicial para evitar el abuso de poder y preservar el Estado de derecho y los principios democráticos.

Scipione Ammirato (1531 - 1601): La guerra y la razón de Estado

Scipione Ammirato fue un historiador italiano de finales del siglo XVI. Su visión de la raison d'État es menos conocida que la de pensadores como Maquiavelo o Botero, pero refleja la idea de que, en determinadas circunstancias, el bienestar del Estado puede requerir acciones extraordinarias, a menudo asociadas a situaciones de conflicto o guerra. De hecho, la guerra es un contexto en el que los líderes se enfrentan a menudo a decisiones difíciles que pueden requerir apartarse de las normas y prácticas habituales para preservar la seguridad y la integridad del Estado. Es en este contexto en el que puede invocarse la noción de raison d'Etat para justificar tales acciones. En el contexto de la guerra, la aplicación de la raison d'Etat puede adoptar diversas formas, como la imposición de la ley marcial, la restricción de las libertades civiles, la requisición de la propiedad privada, la movilización de la población para el esfuerzo bélico, etc.

En el contexto de conflictos con otras naciones o grupos, en particular grupos religiosos, la raison d'Etat puede invocarse para justificar determinadas acciones o políticas extraordinarias destinadas a proteger la integridad, la seguridad y los intereses del Estado. La aplicación de la raison d'Etat puede adoptar muchas formas en estos contextos, como políticas de seguridad reforzadas, restricciones de determinadas libertades civiles, esfuerzos diplomáticos extraordinarios, medidas militares de defensa, etc. En algunos casos, estas medidas pueden estar justificadas por la necesidad de proteger la integridad, la seguridad y los intereses del Estado. En algunos casos, estas medidas pueden ser controvertidas, ya que pueden parecer contrarias a ciertos principios democráticos o a los derechos humanos.

La raison d'État se invoca a menudo en contextos de tensión internacional y preparación para la guerra. Implica la adopción de medidas extraordinarias para proteger la seguridad y los intereses nacionales, que pueden incluir la movilización de recursos, el aumento de la producción militar, la aplicación de políticas de seguridad reforzadas y la coordinación de esfuerzos para anticipar y preparar una posible guerra. Desde esta perspectiva, la raison d'État se considera una herramienta de preparación para la guerra, una especie de "guerra latente". Es una forma de poner en común los recursos del Estado y de centrar la atención en un objetivo común, a saber, la defensa del Estado y de sus intereses. Sin embargo, es importante subrayar que la invocación de la razón de Estado para justificar estas medidas extraordinarias debe ser siempre transparente, proporcional y limitada en el tiempo. Además, debe respetar siempre los principios del Estado de Derecho y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por otra parte, es preferible evitar la guerra en la medida de lo posible, recurriendo a la diplomacia, la negociación y la cooperación internacional para resolver los conflictos y las tensiones. La guerra debe ser siempre el último recurso, cuando se hayan agotado todas las demás opciones.

La guerra, al ser una situación excepcional, justifica a menudo el recurso a la raison d'Etat. Es un momento en el que la seguridad y la propia existencia del Estado pueden verse amenazadas. En consecuencia, pueden aplicarse medidas extraordinarias para proteger y preservar la nación. Hay que señalar, sin embargo, que el uso de la raison d'État, incluso en tiempos de guerra, debe cumplir los principios fundamentales de la democracia y las normas internacionales. Esto significa que cualquier acción emprendida debe respetar los derechos humanos, los principios de justicia y las normas de la guerra.

Carl Schmitt (1888 - 1985): Replanteamiento de la relación entre guerra y Estado

Schmitt asesoró al gobierno de von Papen (izquierda) y a Schleicher (derecha) sobre la cuestión constitucional.

Carl Schmitt, jurista y filósofo político alemán, desarrolló la teoría del partisano, que se centra en una forma específica de combate: la guerra de guerrillas o lucha irregular. Esta teoría se desarrolla principalmente en su libro "Teoría del partisano" (1962). Según Schmitt, el partisano se distingue del combatiente regular porque no actúa según las reglas convencionales de la guerra y no es fácilmente identificable. Están arraigados en un lugar concreto (normalmente su territorio local), son extremadamente móviles y su lealtad es más hacia una causa que hacia un Estado. Schmitt consideró la aparición de los partisanos como una transformación significativa de la naturaleza de la guerra. El impacto de esta transformación en la raison d'État es considerable. Si el Estado está diseñado para gestionar conflictos entre entidades claramente definidas y organizadas, ¿cómo puede gestionar el tipo de conflicto asimétrico e irregular que representa el partisano? La cuestión se complica aún más si consideramos que el partisano puede ser interno al Estado, un ciudadano que se ha levantado en armas contra el Estado por una u otra razón. Schmitt considera que la figura del partisano pone en tela de juicio las categorías tradicionales del derecho de guerra y obliga a repensar los conceptos de soberanía y excepción. En este contexto, la raison d'État se vuelve más compleja, ya que la amenaza no sólo procede de actores estatales externos, sino que también puede emanar del interior, lo que puede justificar medidas excepcionales para hacerle frente.

Carl Schmitt desarrolló una teoría del "decisionismo". El decisionismo es un enfoque de la teoría política que hace hincapié en el papel de las decisiones individuales en los procesos políticos. La famosa frase de Schmitt "el soberano es quien decide sobre la excepción" expresa esta idea. Significa que el verdadero poder político reside en la capacidad de suspender el orden jurídico vigente para hacer frente a una emergencia. Este poder de decidir cuándo y cómo se suspende el orden jurídico normal es, según Schmitt, lo que define la soberanía. Durante el ascenso del nazismo, Schmitt fue un activo defensor del régimen. Sostuvo que la toma del poder por Hitler fue un ejemplo de decisión soberana, al suspender el orden constitucional de la República de Weimar en 1933. La soberanía y el estado de excepción han sido muy criticados, no sólo por su papel en la legitimación del régimen nazi, sino también por la forma en que pueden utilizarse para justificar abusos de poder.

Según Carl Schmitt, el soberano, como quien decide sobre la excepción, tiene el poder de determinar los momentos de emergencia o crisis que justifican la suspensión del orden jurídico normal. Este poder de excepción podría incluir la capacidad de declarar la guerra o de tomar decisiones extraordinarias en respuesta a situaciones de crisis. La teoría de la raison d'état y el concepto de guerra total se han vinculado a los regímenes totalitarios del siglo XX, en particular a los de la Alemania nazi y la Unión Soviética de Stalin. En estos regímenes, el Estado trata de controlar todos los aspectos de la vida pública y privada, incluida la economía, la educación, las artes, la religión, las relaciones personales e incluso los pensamientos de los individuos. El totalitarismo se asocia a menudo con la movilización total en tiempos de guerra, cuando todos los recursos de la sociedad se dedican al esfuerzo bélico. Esto puede lograrse mediante el servicio militar obligatorio, la regulación de la industria y la economía, y la restricción de las libertades civiles en nombre de la seguridad nacional. En este contexto, a menudo se invoca la razón de Estado para justificar acciones que, en tiempos de paz, se considerarían violaciones de los derechos humanos.

El totalitarismo es un sistema político que pretende controlar todos los aspectos de la vida pública y privada, incluida la expresión individual y el libre pensamiento. En un régimen totalitario, el Estado pretende monopolizar la verdad y definir la realidad para sus ciudadanos. Los medios de comunicación estatales se utilizan para difundir la propaganda oficial, y cualquier disidencia o crítica al régimen es severamente reprimida. Esto puede crear un entorno en el que el pensamiento independiente y la libertad de expresión se vean obstaculizados o incluso sean peligrosos. Los individuos pueden conformarse a las expectativas del régimen, no sólo por miedo a las represalias, sino también por condicionamiento social y adoctrinamiento. El totalitarismo se asocia a menudo con regímenes autoritarios que tienen sus raíces en ideologías extremas y pretenden remodelar la sociedad de acuerdo con una visión utópica. Sin embargo, este intento de controlar todos los aspectos de la vida social e individual puede conducir a menudo a la opresión, la violencia y la deshumanización.

Carl Schmitt, filósofo político alemán, escribió extensamente sobre la naturaleza de la política y el poder. Sostenía que la distinción fundamental en política es entre "amigo" y "enemigo". En este marco, el enemigo no es necesariamente un individuo o grupo personalmente odiado o despreciado, sino el que está al otro lado del conflicto político. Según Schmitt, el papel del soberano (el "gobernante") es hacer esta distinción y tomar decisiones en situaciones excepcionales, como la guerra o la crisis. Schmitt sostenía que, en tales situaciones, la normalidad constitucional puede suspenderse en nombre de la preservación del Estado. Es lo que se conoce como estado de excepción.

La visión del conflicto desde una perspectiva teológica nazi, tal y como la expresa Carl Schmitt, se centra en la noción de amigo y enemigo. Esto implica que los conflictos son inevitables e incluso necesarios en política, porque permiten definir claramente quién es "amigo" y quién "enemigo". Esta distinción es fundamental para el ejercicio del poder político. En el contexto del nazismo, esta teoría se utilizó para justificar la agresión y la expansión imperialista, al identificar a ciertos grupos (como los judíos o los comunistas) como "enemigos" del Estado. El futurismo fue un movimiento artístico y social que comenzó en Italia a principios del siglo XX, que valoraba la velocidad, la tecnología, la juventud y la violencia, rechazando el pasado. Algunos futuristas, como Filippo Tommaso Marinetti, apoyaron los movimientos fascistas en Italia y otros países. Sin embargo, el futurismo como movimiento era distinto del nazismo y de la teoría política de Carl Schmitt, aunque compartían ciertos temas de glorificación del conflicto y rechazo de la tradición.

Carl Schmitt sostenía que la esencia de la política residía en la distinción entre amigo y enemigo. Para él, la guerra, como conflicto por excelencia, es la expresión suprema de esta distinción. Es en el contexto de la guerra, o al menos de la posibilidad de la guerra, donde se manifiesta, según Schmitt, la verdadera naturaleza de lo político. En este contexto, el soberano (o quien ejerza el poder político) es quien decide el estado de excepción, es decir, quien determina cuándo una situación es tan grave que justifica medidas extraordinarias -incluida la guerra-. Es lo que Schmitt denomina "decisionismo".

Actualidad del estado de excepción y razon de estado

Giorgio Agambe (1942 - ): Comprender el estado de excepción

Giorgio Agamben .

Giorgio Agamben, conocido filósofo italiano, publicó en 2005 un libro titulado "État d'exception" (la primera edición italiana data de 2003). En él examina la noción de "estado de excepción" desarrollada por Carl Schmitt. Agamben analiza cómo los Estados pueden utilizar los estados de excepción para suspender leyes y derechos constitucionales en situaciones de crisis. Sostiene que, cada vez más, el estado de excepción se ha convertido en la norma más que en la excepción en las sociedades contemporáneas, con la ampliación de los poderes de vigilancia y control de los gobiernos. Para Agamben, el estado de excepción es un espacio peligroso en el que la ley está en suspenso y en el que la autoridad gubernamental actúa sin restricciones legales, lo que puede dar lugar a abusos de poder. Advierte contra el uso de esta situación para restringir las libertades civiles y los derechos humanos. Se trata de un concepto poderoso e inquietante que pone de relieve la tensión entre seguridad y libertad en las sociedades modernas. La obra de Agamben ha sido ampliamente discutida y debatida, y ha tenido un impacto significativo en el pensamiento político contemporáneo.

Agamben sostiene que las sociedades contemporáneas tienden a entrar en un estado de excepción permanente, sobre todo con el pretexto de la seguridad. El estado de excepción es una situación de crisis que permite al Estado suspender las leyes y libertades civiles normalmente vigentes. Agamben sugiere que este estado de excepción se utiliza cada vez más como medio normal de gobierno, más que como respuesta excepcional a una crisis. Por ejemplo, en el contexto de la "guerra contra el terrorismo", los Estados pueden invocar la seguridad nacional para justificar medidas que violan los derechos humanos y las libertades civiles. Este estado de excepción, argumenta Agamben, pone en peligro la democracia al hacer a los ciudadanos vulnerables a los abusos de poder. Argumenta que el estado de excepción revela una tensión fundamental entre seguridad y libertad, una tensión que se encuentra en el centro de los debates contemporáneos sobre el papel del Estado en la sociedad.

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 afirma que la libertad es el requisito previo para la seguridad. En otras palabras, los individuos deben ser libres para estar seguros. Sin embargo, en el mundo contemporáneo, este paradigma parece haberse invertido. Cada vez más, la seguridad se considera una condición previa para la libertad. Esto significa que los Estados y las sociedades están cada vez más dispuestos a restringir las libertades individuales y colectivas en nombre de la seguridad. Esto puede verse en el contexto de la lucha contra el terrorismo, por ejemplo, donde las libertades civiles a menudo se restringen en nombre de la seguridad nacional. Esto es preocupante para muchos, ya que puede conducir potencialmente a abusos de poder y a una disminución de la democracia. Esta tensión entre seguridad y libertad es un debate crucial en el pensamiento político contemporáneo. La cuestión es hasta dónde estamos dispuestos a llegar para garantizar nuestra seguridad, y si merece la pena si ello implica restringir nuestras libertades.

Giorgio Agamben, en su libro État d'exception, sostiene que en las sociedades contemporáneas a menudo se privilegia la seguridad sobre la libertad. En su opinión, esto conduce a lo que él llama un "estado de excepción": un estado en el que las normas jurídicas ordinarias se suspenden en nombre de la seguridad. Para Agamben, no se trata de una situación excepcional o temporal, sino de un estado permanente que se ha convertido en la norma en muchas sociedades modernas. Argumenta que la noción de seguridad se ha convertido en una excusa para restringir las libertades y reforzar el poder del Estado, creando un entorno de control y vigilancia constantes. Lo que Agamben critica aquí es el paso de la primacía de la libertad a la primacía de la seguridad en nuestras sociedades contemporáneas. Sugiere que esto conduce a una racionalización y normalización del estado de excepción, que a su vez amenaza las libertades individuales y colectivas. Se trata de un importante debate que se hace eco de muchas cuestiones contemporáneas, desde la lucha contra el terrorismo hasta la gestión de las crisis sanitarias, en las que la tensión entre libertad y seguridad está constantemente presente.

Según Agamben, ahora vivimos en una situación en la que el estado de excepción se ha convertido en la norma, en lugar de ser un acontecimiento raro y temporal como sugería Botero. Esta perspectiva coincide con la teoría de Michel Foucault sobre la sociedad de la vigilancia. Foucault desarrolló la noción de "biopoder", según la cual el control ejercido por el Estado se extiende no sólo a la vida social, sino también a la vida biológica de los individuos. Esto implica una vigilancia constante y una regulación detallada de los cuerpos y las vidas de los ciudadanos. Se trata, por tanto, de un cambio significativo en la forma en que el Estado ejerce el poder. Este cambio puede considerarse una amenaza para nuestras libertades individuales, ya que el poder del Estado se ejerce de forma más intrusiva y omnipresente. Además, como señala Agamben, la primacía de la seguridad sobre la libertad contribuye a este proceso, justificando la continua expansión del control y la vigilancia en nombre de la protección de la seguridad de los individuos y de la sociedad en su conjunto. Es importante señalar que estas perspectivas son objeto de acalorados debates en los círculos académicos y políticos. Algunas personas pueden ver estos avances como necesarios y justificados, mientras que otras pueden verlos como infracciones inaceptables de nuestras libertades individuales y derechos fundamentales.

La noción de que hemos entrado en una era de "anarquía" y "necesidad" refleja las preocupaciones que muchos pensadores, abogados y activistas tienen hoy en día sobre la forma en que la ley y la democracia están siendo utilizadas, y a veces eludidas, en nombre de la seguridad, la eficiencia o la necesidad. La trazabilidad y la vigilancia se han convertido en elementos omnipresentes de nuestra vida cotidiana, apuntalando aspectos importantes de nuestra economía, gobierno y sociedad. Esto se ve facilitado por el rápido avance tecnológico, que permite un nivel sin precedentes de vigilancia y recopilación de datos. La tensión entre la necesidad y el Estado de Derecho es una cuestión central de nuestro tiempo. Tradicionalmente, el Estado de Derecho es un principio fundamental de las sociedades democráticas, que garantiza que todas las acciones, incluidas las del Estado, estén sujetas a la ley. Sin embargo, en muchos casos vemos situaciones en las que se invoca la "necesidad" para justificar acciones que, de otro modo, podrían considerarse contrarias a los principios jurídicos y democráticos fundamentales. Esta tensión plantea cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de nuestras sociedades y sistemas políticos. ¿Cómo equilibramos seguridad y libertad? ¿Qué significa democracia en una era de vigilancia masiva y datos ubicuos? Se trata de preguntas complejas para las que no hay respuestas sencillas, pero el debate y la reflexión son esenciales si queremos dar forma al futuro de nuestras sociedades.

El concepto de estado de excepción descrito por Agamben es precisamente el de una situación en la que se suspenden las leyes ordinarias y los derechos civiles, a menudo en respuesta a una crisis o emergencia percibida. Este estado de cosas crea una "zona gris" en la que no se aplican las normas normales y en la que los poderes del Estado pueden ampliarse considerablemente. En tales situaciones, a menudo se produce una tensión entre los imperativos de seguridad y los derechos y libertades individuales. Se trata de una cuestión compleja sin respuestas fáciles, ya que requiere un equilibrio entre la protección de la seguridad del Estado y de sus ciudadanos, por un lado, y la salvaguarda de los derechos y libertades individuales, por otro.

La separación de poderes es un principio fundamental destinado a evitar el abuso de poder y mantener un equilibrio en el ejercicio de la autoridad. Esta separación permite a cada poder - legislativo, ejecutivo, judicial - controlar a los demás y garantizar así una forma de reciprocidad en el funcionamiento del Estado. Sin embargo, cuando se declara el estado de emergencia, estos límites pueden difuminarse. Los poderes del ejecutivo pueden ampliarse, a veces en detrimento de los demás poderes, lo que puede poner en peligro el equilibrio democrático. El resultado suele ser una acumulación de poder en manos de un único organismo o individuo, lo que puede conducir a una concentración de poder y, potencialmente, a abusos.

En un estado de excepción, los poderes ejecutivos suelen reforzarse a expensas de los demás poderes del Estado. Esto puede llevar a una situación en la que el ejecutivo pueda legislar sin el control del legislativo, mediante decretos u órdenes, y en la que los poderes de supervisión del poder judicial sean limitados. Además, el estado de excepción también puede dar lugar a la adopción de normativas restrictivas, a menudo justificadas por la necesidad de responder a una emergencia o crisis, que pueden restringir los derechos y libertades individuales. Estas normativas pueden afectar a muchos aspectos de la vida de las personas, desde la libertad de circulación hasta la protección de la intimidad. Por ello es esencial, incluso en tiempos de crisis, defender los principios fundamentales de la democracia y el Estado de Derecho, y garantizar que cualquier medida extraordinaria sea proporcionada, necesaria y temporal.

La aplicación del estado de excepción en Francia se remonta a la Primera Guerra Mundial, que dio lugar a un estado de excepción; la preparación de la Segunda Guerra Mundial en 1938 y 1939 con el pacto germano-soviético, que creó disensiones en la política francesa, ya que los comunistas querían seguir la posición soviética; la Constitución francesa de 1958, en su artículo 16, establece que en caso de amenaza a la integridad de la República y de la nación, el Presidente de la República puede tomar todos los poderes necesarios. Así pues, un artículo permite tomar todos los poderes en nombre del ataque a la integridad del territorio.

El estado de excepción en Francia se ha aplicado en diversas situaciones de crisis. Durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno francés tuvo que tomar medidas extraordinarias, como la movilización general, la censura y el racionamiento, para apoyar el esfuerzo bélico. Más tarde, en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, ante un periodo de gran incertidumbre y tensión, el gobierno emprendió una serie de medidas para reforzar la defensa nacional. Este clima de tensión culminó con el Pacto germano-soviético de 1939, que provocó disensiones en el seno del Partido Comunista Francés, con algunos miembros opuestos a la posición oficial del partido a favor del pacto. Además, el artículo 16 de la Constitución francesa de 1958 estipula que el Presidente de la República puede ejercer poderes excepcionales en caso de crisis grave. Estos poderes sólo se invocaron una vez, durante la crisis argelina de 1961. En cada caso, se puso a prueba el equilibrio entre el funcionamiento de la democracia y el respeto de los derechos y libertades individuales.

El artículo 16 de la Constitución francesa de 1958 confiere poderes excepcionales al Presidente de la República en caso de crisis grave que amenace la integridad del territorio o el buen funcionamiento de los poderes públicos. Este artículo fue concebido en el contexto de la Guerra Fría, y estaba destinado a ser utilizado en circunstancias excepcionales en las que el funcionamiento normal del Estado se viera gravemente perturbado. Sólo se invocó una vez, durante la crisis argelina de 1961. El artículo 16 confiere al Presidente "los más amplios poderes", permitiéndole tomar las medidas necesarias para la defensa de la nación. Sin embargo, es importante señalar que estos poderes no son ilimitados. Según una decisión adoptada en 1973, el Consejo Constitucional está facultado para controlar la aplicación del artículo 16 y, por tanto, puede poner fin al estado de emergencia si dejan de cumplirse las condiciones.

Suiza, como país tradicionalmente neutral, se enfrentó a sus propios retos durante las dos guerras mundiales. En el contexto de la Primera Guerra Mundial, el 30 de agosto de 1914, la Asamblea Federal suiza otorgó al Consejo Federal (el Gobierno suizo) poderes ilimitados para garantizar la seguridad, la integridad y la neutralidad del país. Esta decisión se adoptó para que el Gobierno pudiera tomar rápida y eficazmente las medidas necesarias para proteger a Suiza de las consecuencias del conflicto europeo que se desarrollaba a su alrededor. Se trataba claramente de un ejemplo de aplicación de la "raison d'État", en el que las normas ordinarias de la gobernanza democrática se suspendían temporalmente en respuesta a una situación extraordinaria. Es una clara ilustración del concepto de estado de excepción, aunque ejercido con el objetivo de preservar la neutralidad y la independencia de Suiza en lugar de involucrarla en un conflicto.

11 de septiembre y retorno de la razón de Estado

Article détaillé : Les ruptures du 11 septembre 2001.

Autorización del uso de la fuerza militar en 2001

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Presidente de Estados Unidos, George W. Bush, declaró que se había atentado contra la integridad de la nación. Esta declaración se basaba en el hecho de que los atentados terroristas se habían asimilado a un acto de guerra. En este contexto, el Presidente invocó el concepto de "raison d'Etat", sugiriendo que era necesaria una respuesta extraordinaria para hacer frente a esta situación extraordinaria. Esta respuesta adoptó la forma de la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF), aprobada por el Congreso estadounidense poco después de los atentados. La AUMF otorgaba al Presidente la autoridad para tomar todas las "medidas necesarias y apropiadas" contra quienes determinara que habían "planeado, autorizado, cometido o colaborado" en los atentados del 11 de septiembre. Además, la administración Bush introdujo medidas draconianas de seguridad nacional, como la Patriot Act, que ampliaba los poderes de vigilancia e investigación del gobierno. Estas medidas, aunque controvertidas, se presentaron como esenciales para proteger a la nación.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Presidente George W. Bush respondió haciendo de la defensa de la nación estadounidense una necesidad primordial. En sus discursos, presentó a los atacantes no como meros terroristas, sino como un enemigo comparable a una nación, lo que tuvo el paradójico efecto de elevar la estatura de Osama Bin Laden. De hecho, al equiparar a Al Qaeda con un Estado-nación, Bush atribuyó implícitamente a Bin Laden la condición de jefe de Estado. Este enfoque también justificaba una respuesta militar masiva, en lugar de un enfoque policial y judicial para hacer frente a un crimen. Esto condujo a la invasión de Afganistán y a la Guerra contra el Terror, una campaña militar global que ha afectado profundamente a las relaciones internacionales y a la política interna de Estados Unidos.

Al describir los atentados del 11 de septiembre de 2001 como un "acto de guerra", George W. Bush estableció una justificación para la aplicación de la raison d'état. Un acto de guerra es una condición que autoriza el uso de la raison d'État, porque constituye una situación excepcional, una circunstancia extraordinaria que exige medidas extraordinarias. La razón de Estado, en este contexto, permite al gobierno tomar decisiones y actuar de un modo que podría ser contrario a las leyes y principios habituales en interés supremo de la nación. Esto podría incluir acciones como declarar la guerra, movilizar fuerzas militares, instituir medidas de seguridad interna reforzadas y otras medidas extraordinarias que pudieran percibirse como necesarias para garantizar la seguridad y la integridad de la nación.

Cuando George W. Bush calificó los atentados del 11 de septiembre de 2001 de "acto de guerra", legitimó en cierto modo a Al Qaeda y a su líder, Bin Laden, como actores bélicos tradicionales. Esta declaración cambió efectivamente el paradigma de la aplicación de la raison d'état. Permitió a la administración Bush justificar la aplicación de la raison d'état mediante la adopción de medidas extraordinarias en defensa de la nación, que iban desde la guerra de Afganistán hasta la introducción de nuevas medidas de seguridad interior. Esta declaración marcó un punto de inflexión en la historia contemporánea, al introducir un nuevo tipo de conflicto -la "guerra contra el terror"- en el que la línea divisoria entre el derecho de la paz y el derecho de la guerra se difumina.

Cuando un Estado se enfrenta a una emergencia o a un peligro inminente, puede verse obligado a invocar lo que se conoce como "raison d'État" o estado de excepción para adoptar medidas extraordinarias destinadas a proteger la seguridad y la integridad de la nación. Sin embargo, estas medidas extraordinarias pueden a veces desviarse de los principios tradicionales del Estado de Derecho, lo que puede plantear importantes cuestiones sobre el equilibrio entre la seguridad y las libertades individuales. De hecho, en tales casos, puede haber una tendencia a favorecer la acción de emergencia y la respuesta a la amenaza inmediata, a veces a expensas de las protecciones legales normales y las garantías procesales. Esto puede llevar a una situación en la que las normas normales del derecho público se dejen de lado en nombre de la gestión de emergencias. Esta situación puede ser fuente de tensión y debate, ya que pone en juego los valores fundamentales de la democracia y el Estado de Derecho, como el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Esta afirmación pone de relieve un importante punto de tensión en las situaciones de emergencia o excepcionales. En respuesta a una crisis, los gobiernos pueden tener la tentación de apresurarse a adoptar medidas que, en circunstancias normales, estarían sujetas a un debate público completo y a un escrutinio democrático. En algunos casos, estas medidas pueden incluir leyes o reglamentos que restrinjan las libertades individuales, aumenten los poderes del Estado o alteren otros aspectos de la gobernanza y el orden público. Aunque tales medidas pueden estar justificadas por la gravedad de la situación, plantean importantes cuestiones sobre la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto de los principios democráticos. Es crucial que, incluso en situaciones de emergencia, los gobiernos se esfuercen por defender el Estado de derecho, respetar los derechos humanos y comprometerse de forma transparente con el público. Además, las medidas adoptadas en respuesta a una emergencia deben ser proporcionadas, necesarias y estar sujetas a revisión periódica para garantizar que siguen siendo apropiadas y justificadas.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 provocaron una serie de cambios significativos en la legislación y la política, sobre todo en Estados Unidos, pero también a escala internacional. La necesidad percibida de proteger a los ciudadanos de futuros ataques terroristas ha llevado a la adopción de medidas que, en algunos casos, han restringido las libertades civiles y alterado las normas sobre privacidad, vigilancia y derechos humanos. Una de las respuestas más controvertidas a estos atentados fue la aprobación de la Ley USA PATRIOT en Estados Unidos, que amplió los poderes de vigilancia del gobierno estadounidense con el objetivo de prevenir el terrorismo. Aunque estas medidas se adoptaron con el objetivo declarado de proteger la seguridad nacional, también suscitaron serias preocupaciones por su impacto en las libertades civiles y la privacidad. En este contexto, el debate democrático puede enfrentarse a desafíos. Es importante que, incluso en tiempos de crisis, se mantengan la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto de los derechos humanos. Hay que encontrar un delicado equilibrio entre la protección de la seguridad nacional y la preservación de los principios democráticos fundamentales.

Ley USA PATRIOT: implicaciones para la razón de Estado

La Ley USA PATRIOT (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act) es una ley estadounidense que se promulgó poco después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. La Ley USA PATRIOT es un importante instrumento legislativo estadounidense, especialmente en materia de inmigración, seguridad nacional, vigilancia y aplicación de la ley. Su objetivo declarado era "frustrar y castigar los actos de terrorismo en Estados Unidos y en todo el mundo, mejorar la aplicación de la ley para detectar y prevenir el terrorismo, y para otros fines". Algunas de las disposiciones más controvertidas de la Patriot Act se refieren a la recopilación de información y la vigilancia. La ley permitía a las agencias de inteligencia recopilar una amplia gama de información, incluidos datos sobre transacciones financieras, correo electrónico y comunicaciones telefónicas, y otorgaba a las autoridades federales una mayor capacidad para rastrear e interceptar comunicaciones. La Ley amplió enormemente los poderes de las agencias de seguridad e inteligencia estadounidenses para vigilar, investigar y perseguir los delitos terroristas. Las disposiciones de la Ley abarcan una amplia gama de cuestiones, desde la vigilancia electrónica hasta la inmigración y la financiación del terrorismo.

Una de las disposiciones más controvertidas de la Ley USA PATRIOT permite la detención indefinida de ciudadanos extranjeros sospechosos de estar relacionados con actividades terroristas. Las autoridades estadounidenses tienen potestad para detener a una persona por meras sospechas y pueden hacerlo indefinidamente, sin cargos ni juicio. Además, la definición de terrorismo y actividad terrorista se ha ampliado para incluir muchos actos delictivos no violentos y asociaciones no explícitas con grupos sospechosos de actividad terrorista. Esta definición ampliada ha sido criticada por su posible uso indebido.

El sistema "Carnivore", precursor de la Ley USA PATRIOT, fue un sistema de vigilancia de Internet creado por el FBI a principios de la década de 2000. Creado a finales de los años 90 y utilizado principalmente en la década de 2000, permitía al FBI vigilar las comunicaciones por correo electrónico y las actividades en línea de personas específicamente seleccionadas en el marco de investigaciones penales o de seguridad nacional. Estaba diseñado para vigilar las comunicaciones por correo electrónico y las actividades en línea de personas específicamente seleccionadas como parte de investigaciones criminales o de seguridad nacional. El sistema funcionaba instalándose directamente en la red del proveedor de servicios de Internet (ISP) del objetivo. De este modo, podía filtrar todas las comunicaciones entrantes y salientes de esa persona. El sistema era técnicamente un dispositivo de captura de paquetes, es decir, un software capaz de interceptar e inspeccionar los "paquetes" de datos que viajan por una red informática. "Carnivore" se instalaba directamente en la red del proveedor de servicios de Internet (ISP) del objetivo, donde podía filtrar todas las comunicaciones entrantes y salientes de esa persona. El FBI afirmó haber abandonado el uso de "Carnivore" en 2005, aunque informes posteriores sugieren que se siguen utilizando herramientas de vigilancia similares.

En términos jurídicos, el terrorismo se define generalmente como la comisión de actos violentos o peligrosos con el fin de influir o afectar al gobierno mediante la intimidación o la coacción. También puede incluir actos cometidos en represalia por operaciones gubernamentales. Esta definición es bastante amplia y puede abarcar una gran variedad de actos delictivos. Por ejemplo, podría incluir no sólo actos de violencia física, como atentados con bomba o ataques armados, sino también actos de ciberterrorismo que perturben los sistemas informáticos del gobierno.

El enemigo es declarado fuera de la ley - Carl Schmitt proporciona a Giorgio Agamben las categorías para una crítica fundamental de Guantánamo.

La prisión de Guantánamo: un símbolo de la razón de Estado en acción

La prisión de Guantánamo, situada en territorio cubano arrendado por Estados Unidos, se ha convertido en un controvertido símbolo de la aplicación de la razón de Estado en el contexto de la lucha contra el terrorismo. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos comenzó a detener allí a personas consideradas "combatientes enemigos ilegales" con vínculos con Al Qaeda, los talibanes u otros grupos terroristas. El objetivo declarado era obtener información de estos detenidos para evitar nuevos atentados terroristas. Sin embargo, el hecho de que estas personas fueran detenidas fuera del territorio principal de Estados Unidos planteó complejas cuestiones jurídicas en relación con su condición jurídica y sus derechos. Los críticos argumentaron que la detención de estas personas en Guantánamo constituía una violación de la legislación internacional sobre derechos humanos, incluidos los Convenios de Ginebra. Los métodos de interrogatorio utilizados en Guantánamo, a menudo calificados de tortura, también han sido duramente criticados. Además, muchos detenidos han permanecido recluidos durante muchos años sin cargos ni juicio, lo que hace temer que se haya violado el derecho a un juicio justo. En consecuencia, Guantánamo se ha convertido en un ejemplo destacado de cómo se ha invocado la raison d'état para justificar medidas extraordinarias en el contexto de la guerra contra el terror.

La prisión de Guantánamo, situada en una base militar estadounidense en Cuba, ha sido descrita como una "tierra de nadie" legal. Se trata de un territorio que, aunque bajo control estadounidense, no se considera parte de Estados Unidos en sentido propio. Esto ha permitido al gobierno estadounidense argumentar que los detenidos de Guantánamo no tienen derecho a las protecciones constitucionales que normalmente se conceden a las personas que se encuentran en suelo estadounidense. Se creó así una zona jurídica gris que se utilizó para justificar controvertidas prácticas de detención e interrogatorio. Los críticos sostienen que esto ha permitido al gobierno estadounidense eludir las protecciones jurídicas tradicionales, como el derecho a un juicio justo, el derecho a la asistencia letrada y la protección frente a tratos crueles e inhumanos. Este estado de "tierra de nadie" jurídica ha sido criticado por facilitar la creación de un sistema en el que la raison d'état prevalece sobre los derechos humanos y los principios del derecho internacional. Guantánamo se ha convertido así en un símbolo del debate sobre el equilibrio entre seguridad nacional y derechos individuales en la lucha contra el terrorismo.

La situación de la prisión de Guantánamo ha creado una complejidad jurídica única. La base militar en la que se encuentra la prisión está técnicamente en territorio cubano, pero está controlada por Estados Unidos en virtud de un contrato de arrendamiento a largo plazo. El gobierno estadounidense ha mantenido que, dado que la base de Guantánamo se encuentra fuera de territorio estadounidense, los detenidos allí recluidos no gozan de las protecciones constitucionales a las que tendrían derecho si estuvieran recluidos en suelo estadounidense. Esta postura ha sido cuestionada por abogados, defensores de los derechos humanos y otras personas que sostienen que los detenidos de Guantánamo deben gozar de estas protecciones. Es precisamente esta complejidad e incertidumbre jurídicas lo que ha llevado a algunos a describir Guantánamo como una "tierra de nadie" legal, un lugar donde las normas jurídicas normales parecen no aplicarse. Esto ha suscitado serias dudas sobre el equilibrio entre los imperativos de la seguridad nacional y el respeto de los derechos humanos y las normas del derecho internacional.

La designación de los detenidos de Guantánamo ha sido uno de los principales puntos de controversia desde la apertura de la prisión. El gobierno estadounidense ha afirmado que los detenidos son "combatientes enemigos ilegales", término no reconocido por las Convenciones de Ginebra, que establecen las normas internacionales para el trato de los prisioneros de guerra. El término "combatiente enemigo ilegal" ha sido criticado por muchos abogados y activistas de derechos humanos, que sostienen que esta designación se utiliza para eludir las obligaciones de Estados Unidos en virtud de los Convenios de Ginebra y otras normas internacionales de derechos humanos. De hecho, los detenidos de Guantánamo no tienen los mismos derechos que los prisioneros de guerra (que tienen derecho a una serie de protecciones en virtud de las Convenciones de Ginebra), los presos comunes (que tienen derecho a un juicio y a representación legal) o los presos políticos (que pueden beneficiarse de protecciones adicionales en virtud del derecho internacional). La postura del gobierno estadounidense ha sido impugnada ante los tribunales y, aunque se han modificado algunas prácticas en respuesta a estas impugnaciones, la situación general de Guantánamo sigue siendo controvertida.

En su lucha contra el terrorismo, la administración Bush creó una nueva categoría de detenidos: "combatientes enemigos ilegales". Esto significaba que no se les consideraba ni prisioneros de guerra, que están protegidos por las Convenciones de Ginebra, ni delincuentes comunes, que tienen derecho a un juicio ante un tribunal civil. Como "combatientes enemigos ilegales", estos detenidos quedaban esencialmente fuera de la protección de la legislación internacional y estadounidense, lo que permitía al gobierno de Estados Unidos retenerlos indefinidamente sin cargos ni juicio. También permitía a los interrogadores emplear técnicas de interrogatorio agresivas que, de otro modo, estarían prohibidas. Este enfoque ha sido ampliamente criticado por violar principios fundamentales de los derechos humanos y del Estado de derecho. Aunque algunas de las políticas más controvertidas se han modificado posteriormente, la situación y los derechos de los detenidos de Guantánamo siguen siendo objeto de debate.

El término "guerra contra el terror" implica un conflicto armado, lo que sugiere que las personas capturadas mientras participaban en él serían consideradas normalmente prisioneros de guerra. Sin embargo, la administración Bush decidió no seguir esta línea de razonamiento, prefiriendo etiquetar a estos detenidos como "combatientes enemigos ilegales". Esta decisión ha conducido a una situación en la que, a pesar de haber sido capturados en el marco de lo que se denomina una guerra, no gozan de las protecciones que el derecho internacional otorga normalmente a los prisioneros de guerra. De hecho, esta situación ilustra uno de los muchos retos que plantea la guerra contra el terrorismo. En una guerra convencional, las fronteras, los combatientes y los objetivos suelen estar claramente definidos. En la guerra contra el terrorismo, sin embargo, estos elementos son a menudo borrosos o indefinidos. Por ejemplo, el "campo de batalla" no se limita a una zona geográfica concreta, sino que se extiende por todo el mundo. Los "combatientes enemigos" pueden ser ciudadanos de casi cualquier país, incluidos los que están en paz con Estados Unidos. Y como el terrorismo es una táctica y no una entidad identificable, no existe un enemigo claramente definido al que derrotar para poner fin a la guerra. Todos estos factores contribuyen a la complejidad y la controversia que rodean a la guerra contra el terrorismo y el tratamiento de los detenidos de Guantánamo.

La creación de la prisión de Guantánamo es un ejemplo notable del uso de la extraterritorialidad para eludir las limitaciones legales normales. Al situar la prisión fuera del territorio de Estados Unidos, la administración estadounidense trató de ponerla fuera del alcance de los tribunales estadounidenses y, por tanto, de la aplicación de las leyes estadounidenses sobre el trato a los prisioneros.

En 2004, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó en el caso Rasul contra Bush que los tribunales estadounidenses tenían jurisdicción para examinar las peticiones de hábeas corpus presentadas por detenidos de Guantánamo. Esto significaba que, contrariamente a lo que afirmaba la administración Bush, los detenidos de Guantánamo tenían derecho a impugnar la legalidad de su detención ante los tribunales estadounidenses. El caso Rasul v. Bush en 2004 marcó un punto de inflexión, al declarar que los detenidos de Guantánamo tenían derecho a impugnar su detención ante los tribunales estadounidenses. Esta decisión amplió los derechos de los detenidos, permitiéndoles disponer de cierto nivel de protección jurídica. Sin embargo, la administración Bush reaccionó en 2006 aprobando la Ley de Comisiones Militares, que intentaba limitar el acceso de los detenidos a los tribunales. En 2008, el Tribunal Supremo reafirmó los derechos de los detenidos en el caso Boumediene v. Bush, declarando que los detenidos de Guantánamo tenían derecho constitucional al habeas corpus. En cuanto al término "combatiente ilegal", se trata de una terminología controvertida que la administración Bush ha utilizado para justificar el trato dado a los detenidos de Guantánamo. Ha sido criticada por muchos como un intento de eludir las protecciones que ofrece el derecho internacional, en particular la Convención de Ginebra.

La cuestión de si el "paréntesis" del estado de excepción en Estados Unidos, que comenzó tras los atentados del 11 de septiembre, ha llegado a su fin es compleja y está abierta al debate. El estado de excepción, en el contexto de la seguridad nacional, permitió la adopción de medidas extraordinarias, como la USA PATRIOT Act, la apertura de la prisión de Guantánamo y el aumento de la vigilancia de las comunicaciones electrónicas, entre otras. Muchas de estas medidas siguen vigentes, aunque hayan sido revisadas y debatidas. Por ejemplo, la prisión de Guantánamo sigue en funcionamiento, aunque se haya reducido el número de detenidos y varios presidentes estadounidenses hayan prometido su cierre. Del mismo modo, aunque la Ley USA PATRIOT expiró en 2015, muchas de sus disposiciones se han renovado en otras formas legislativas. Además, la amenaza del terrorismo sigue influyendo en la política estadounidense e internacional, y el marco jurídico de la "guerra contra el terrorismo" tiene implicaciones duraderas. Por consiguiente, aunque se han producido cambios significativos desde el 11 de septiembre de 2001, es difícil afirmar que el estado de excepción haya terminado por completo. Es importante señalar que este tema es objeto de numerosos debates entre juristas, politólogos e investigadores de estudios de seguridad. Por lo tanto, no existe un consenso definitivo sobre la cuestión.

Incluso tras el final del gobierno de George W. Bush, algunas de las medidas adoptadas a raíz del 11 de septiembre siguieron vigentes. Barack Obama, pese a prometer el cierre de la prisión de Guantánamo durante su campaña presidencial en 2008, no ha cumplido esta promesa durante sus dos mandatos. Además, los programas de vigilancia masiva revelados por Edward Snowden en 2013 demostraron que el gobierno estadounidense seguía vigilando las comunicaciones de sus ciudadanos y de otras personas en todo el mundo. Esto plantea la cuestión de si estas medidas excepcionales se han convertido en la norma, y si la noción de Estado de derecho se ha visto alterada o comprometida tras el 11 de septiembre. Estas cuestiones siguen siendo objeto de debate entre investigadores, políticos y activistas de los derechos civiles. El estado de excepción, tal y como lo conceptualiza Giorgio Agamben, puede llegar a ser permanente y cambiar la naturaleza de la relación entre el Estado y sus ciudadanos. Es importante subrayar que el equilibrio entre seguridad y libertad es una cuestión compleja y controvertida. Las decisiones tomadas en nombre de la seguridad nacional pueden tener consecuencias duraderas para las libertades civiles, y la evaluación de tales decisiones requiere un examen minucioso y un debate público.

La Unión Europea ha adoptado un enfoque diferente para hacer frente al terrorismo. En lugar de basarse en medidas unilaterales, ha tratado de armonizar la legislación de sus Estados miembros. Esto ha supuesto la creación de un marco jurídico común para definir el terrorismo y establecer medidas antiterroristas. En 2002, la Unión Europea adoptó una Decisión marco sobre la lucha contra el terrorismo, que define los delitos relacionados con el terrorismo y prevé sanciones penales para estos delitos. Esta Decisión marco se ha modificado varias veces para adaptarse a la evolución de la amenaza terrorista. Además, la Unión Europea ha puesto en marcha diversos instrumentos para facilitar la cooperación entre los Estados miembros en la lucha contra el terrorismo. Por ejemplo, ha creado Europol, la agencia de cooperación policial de la Unión Europea, que facilita el intercambio de información y la coordinación de acciones entre las fuerzas policiales de los Estados miembros.

Los programas de "entregas extraordinarias" y "vuelos secretos" de la CIA que salieron a la luz en la década de 2000 son ejemplos sorprendentes de cómo pueden eludirse ciertos derechos fundamentales y libertades civiles en la lucha contra el terrorismo. La entrega extraordinaria es el traslado secreto de una persona de un país a otro sin recurrir a un proceso judicial formal. Esto ha llevado a menudo a situaciones en las que las personas han sido detenidas sin cargos, privadas de sus derechos legales fundamentales y, en algunos casos, sometidas a tortura o a tratos inhumanos y degradantes. Los vuelos secretos de la CIA, a menudo denominados "vuelos de la tortura", se utilizan para transportar a estas personas entre distintos centros de detención de todo el mundo. Se ha revelado que varios países, entre ellos algunos europeos, han colaborado con estos programas, bien permitiendo el uso de su espacio aéreo y aeropuertos para estos vuelos, bien participando en la detención e interrogatorio de las personas. Estas prácticas son claramente contrarias a los principios del Estado de Derecho y al respeto de los derechos humanos, y han suscitado fuertes críticas y controversias. También han planteado importantes cuestiones sobre la responsabilidad y la transparencia de los gobiernos en la lucha contra el terrorismo.

Anexos

• Bouaziz, Franck. "À La Une – Critique De La Raison D’Etat." Le Nouvel Economiste. N.p., 9 Feb. 2011. url: http://www.lenouveleconomiste.fr/critique-de-la-raison-detat-9130/
• À propos de État d’exception, Homo sacer de Giorgio Agamben, Sidi Askofaré « À propos de État d'exception, Homo sacer de Giorgio Agamben », L'en-je lacanien1/2004 (no 2), p. 193-205.
• Botero, Giovanni. Della Ragion Di Stato Libri Dieci. In Roma: Presso Vincenzio Pellagallo, 1590.
• Machiavelli, Niccolò, Jean-Louis Fournel, Jean-Claude Zancarini, and Giorgio Inglese. De Principatibus = Le Prince. Paris: Presses Universitaires De France, 2000.
• Nuccio, Oscar. Giovanni Botero: Politica E Precettistica Economica Del Medievalismo Controriformistico. Sassari: Gallizzi, 1992.
• Senellart, Michel. Machiavélisme Et Raison D'Etat: XIIe-XVIIIe Siècle ; Suivi D'un Choix De Textes. Paris: Presses Universitaires De France, 1989.
• Senellart, Michel. Les Arts De Gouverner: Du Regimen Médiéval Au Concept De Gouvernement. Paris: Ed. Du Seuil, 1995.
• "Comment L'obsession Sécuritaire Fait Muter La démocratie." Comment L'obsession Sécuritaire Fait Muter La Démocratie, Par Giorgio Agamben (Le Monde Diplomatique, Janvier 2014). N.p., n.d. Web. 15 Sept. 2014. <http://www.monde-diplomatique.fr/2014/01/AGAMBEN/49997>.
• ARTE. “Terrorisme, Raison D'État (1/2) | ARTE.” YouTube, Arte, 12 Mar. 2019, www.youtube.com/watch?v=r6F9DShho50.
• ARTE. “Terrorisme, Raison D'État (2/2) | ARTE.” YouTube, YouTube, 12 Mar. 2019, www.youtube.com/watch?v=83fRNSkiIsA.
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