Modification de Las externalidades y el papel del Estado

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|[[Introducción a la microeconomía]]
|[[Principios y conceptos de microeconomía]] ● [[Enfoque metodológico en el curso introductorio de microeconomía]] ● [[Fuerzas del mercado: oferta y demanda]] ● [[La elasticidad y sus aplicaciones]] ● [[Oferta, demanda y políticas gubernamentales]] ● [[Excedente del consumidor y del productor]] ● [[Las externalidades y el papel del Estado]] ● [[Los bienes públicos]] ● [[Los costos de producción]] ● [[Las empresas en perfecta competencia]] ● [[Las compañías de monopolio]] ● [[Competencia monopólica]] ● [[Oligopolio]] ● [[Limitaciones y preferencias del consumidor]] ● [[Elección del consumidor]] ● [[Problemas de información y elecciones públicas]]
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La noción de "mano invisible" descrita por Adam Smith es un concepto central de la economía, que refleja la idea de que las acciones individuales motivadas por el interés propio pueden conducir a resultados beneficiosos para la sociedad en su conjunto. Sin embargo, esta idea se basa en el supuesto de una competencia perfecta, que rara vez se alcanza en la práctica.

En el mundo real, el mercado es a menudo imperfecto y está sujeto a diversas disfunciones, sobre todo debido a la existencia de externalidades. Las externalidades son los efectos que las transacciones económicas tienen sobre terceros que no participan directamente en la transacción. Estos efectos pueden ser positivos o negativos.

Un ejemplo clásico de externalidad negativa es la contaminación: una fábrica que contamina el aire o el agua perjudica al medio ambiente y a la salud pública, pero estos costes no se tienen en cuenta en el precio de sus productos. Por el contrario, un ejemplo de externalidad positiva podría ser la vacunación: al vacunarse, una persona reduce el riesgo de transmitir enfermedades a otros, lo que beneficia a la sociedad.

Cuando existen externalidades, el mercado no consigue asignar los recursos de forma eficiente, lo que da lugar a lo que se conoce como "fallo de mercado". En tales situaciones, la intervención del Estado puede estar justificada para corregir estos fallos. Esto puede hacerse mediante normativas, impuestos (como el impuesto sobre el carbono a los contaminadores) o subvenciones (para fomentar las actividades que generan externalidades positivas).

= Comprender las externalidades y su impacto en la eficiencia del mercado =

== Aclaración de términos: Explicación de las externalidades == 

Se produce una externalidad cuando la acción de un individuo o una empresa repercute directamente en el bienestar de un tercero sin que este impacto se vea compensado o regulado por el sistema de precios del mercado. Este concepto es crucial en economía, ya que representa uno de los principales fallos del mercado.

Existen dos tipos principales de externalidades:

# Externalidades negativas: Se producen cuando la acción de un individuo o una empresa repercute negativamente en un tercero. Un ejemplo clásico es la contaminación: una empresa que emite contaminantes a la atmósfera afecta a la salud y la calidad de vida de las personas que viven cerca, pero estos costes no se reflejan en el precio de sus productos. 
# Externalidades positivas: Por el contrario, se produce una externalidad positiva cuando la acción de un individuo o empresa beneficia a otros sin que éstos paguen por el beneficio. Por ejemplo, la plantación de árboles por un particular puede mejorar la calidad del aire y la estética del barrio, beneficiando a todos los residentes de la zona sin que éstos contribuyan económicamente a la plantación.

El problema de las externalidades es que pueden conducir a una asignación de recursos subóptima. En el caso de las externalidades negativas, pueden llevar a una sobreproducción o a un consumo excesivo de los bienes que generan esas externalidades. A la inversa, las externalidades positivas pueden llevar a una infraproducción o a un subconsumo de los bienes que las generan, porque los productores no son compensados por los beneficios que aportan a la sociedad.

Para corregir estas ineficiencias, a menudo es necesaria la intervención del Estado. Puede adoptar la forma de normativas, impuestos para las externalidades negativas o subvenciones para fomentar las actividades que generan externalidades positivas. Por ejemplo, un impuesto sobre el carbono pretende internalizar los costes medioambientales de la contaminación, haciendo que los contaminadores paguen por el impacto de sus emisiones.

Las externalidades negativas adoptan muchas formas y tienen un impacto considerable en la sociedad y el medio ambiente. Tomemos el ejemplo del humo de los cigarrillos, a menudo citado por sus efectos secundarios sobre los no fumadores. Las personas expuestas al humo pasivo sufren mayores riesgos de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, aunque no hayan elegido exponerse a estos peligros. Otro ejemplo llamativo son los gases de escape de los automóviles. La contaminación atmosférica provocada por el tráfico afecta a la salud pública y al medio ambiente, incluso para quienes utilizan poco o nada sus vehículos. Esto ilustra cómo las opciones individuales de transporte pueden tener consecuencias generalizadas e imprevistas. En las zonas urbanas y residenciales, problemas como el ladrido excesivo de los perros o el abandono de excrementos en las aceras también constituyen externalidades negativas. Estos comportamientos causan molestias a los residentes, desde ruidos molestos hasta una mayor necesidad de limpieza y mantenimiento de los espacios públicos. Las molestias sonoras en general, ya procedan de la industria, las obras de construcción o las actividades de ocio, son otra fuente de externalidad negativa. Puede perturbar la vida cotidiana, afectando al bienestar, el sueño y la salud mental de las personas que viven o trabajan en las proximidades. Un ejemplo menos obvio pero igualmente importante es la resistencia a los antibióticos, exacerbada por el uso excesivo de medicamentos. El uso excesivo de antibióticos hace que los patógenos se adapten, haciendo que el tratamiento sea menos eficaz para toda la población, no sólo para quienes toman los medicamentos. Por último, la contaminación o degradación del medio ambiente en diversas formas -como el vertido de residuos industriales, la deforestación o las emisiones de gases de efecto invernadero- tiene importantes repercusiones negativas. Estas actividades dañan los ecosistemas, afectan a la salud humana y animal y contribuyen al cambio climático, con efectos que a menudo se dejan sentir mucho más allá de las zonas inmediatas de impacto. Estos ejemplos ponen de manifiesto la necesidad de que los gobiernos intervengan para regular las actividades que generan externalidades negativas. Las soluciones pueden incluir normativas, impuestos para desincentivar los comportamientos nocivos o campañas de concienciación para informar al público de las consecuencias de determinadas acciones. Al abordar estas cuestiones de forma proactiva, las sociedades pueden gestionar mejor los efectos secundarios no deseados de ciertas actividades y promover un medio ambiente más sano y sostenible para todos.

Las externalidades positivas, cuando las acciones de una persona o empresa benefician a otras sin compensación directa, desempeñan un papel crucial en la economía y la sociedad. Tomemos, por ejemplo, el fenómeno de un coche que es succionado en la autopista por un camión. Cuando un camión circula a gran velocidad, crea una estela de aire que puede reducir la resistencia al viento de los vehículos que le siguen, mejorando así su eficiencia en el consumo de combustible. Aunque esta no sea la intención principal del camionero, beneficia a otros conductores al reducir su consumo de combustible. Las vacunas son un ejemplo clásico de externalidad positiva. Cuando las personas se vacunan, no sólo se protegen a sí mismas contra determinadas enfermedades, sino que también reducen la probabilidad de que estas enfermedades se transmitan a otras personas. Esta inmunidad colectiva beneficia a toda la comunidad, especialmente a quienes no pueden vacunarse por razones médicas. La restauración de edificios históricos o cualquier actividad que atraiga a los turistas también aporta importantes beneficios a la comunidad local. Estos proyectos no sólo aumentan el atractivo estético de una zona, sino que también estimulan la economía local al atraer visitantes que gastan dinero en hoteles, restaurantes y otros negocios locales. Otro ejemplo fascinante es la interacción entre un huerto y las colmenas de un apicultor vecino. El apicultor se beneficia de la presencia del huerto, ya que sus abejas encuentran una fuente abundante de néctar, lo que mejora la calidad y cantidad de su miel. A cambio, los huertos se benefician de la polinización de las abejas, esencial para la producción de fruta. Es un buen ejemplo de simbiosis en el que ambas partes se benefician mutuamente de sus respectivas actividades. Por último, la investigación de nuevas tecnologías suele ser una fuente de externalidades positivas. Las innovaciones y los descubrimientos pueden beneficiar al conjunto de la sociedad mejorando la calidad de vida, introduciendo nuevas soluciones a los problemas existentes y estimulando el crecimiento económico. A menudo, los beneficios de este tipo de investigación superan con creces los beneficios indirectos directos para los investigadores o las organizaciones que los financian. Estos ejemplos ilustran la importancia de las externalidades positivas en nuestra sociedad. También ponen de relieve el papel que puede desempeñar la intervención pública, por ejemplo subvencionando o apoyando actividades que generan tales externalidades, para maximizar el bienestar colectivo.

== Las consecuencias de las externalidades en la economía de mercado ==

Las externalidades, ya sean positivas o negativas, crean un desajuste entre los costes y beneficios privados y los costes y beneficios sociales, lo que provoca ineficiencias en el mercado.

En el caso de las externalidades negativas, ni los productores ni los consumidores tienen en cuenta los costes externos de la producción o el consumo. Por ejemplo, una fábrica que contamina no paga por los daños medioambientales y sanitarios que causa su contaminación. Esto lleva a una sobreproducción de bienes contaminantes, porque el precio de mercado no refleja el verdadero coste social de estos productos. En otras palabras, si los costes externos se internalizaran en el precio del producto, el coste sería mayor, lo que reduciría la demanda y haría que la producción se ajustara a un nivel socialmente más óptimo.

En el caso de las externalidades positivas, la situación se invierte. Los beneficios que las acciones de un individuo o una empresa aportan a la sociedad no se compensan económicamente. Tomemos el ejemplo de la vacunación: los individuos vacunados no sólo se protegen a sí mismos, sino que también reducen el riesgo de propagación de enfermedades en la comunidad. Sin embargo, este beneficio externo no se refleja en el precio de la vacuna. Como resultado, menos personas optan por vacunarse de lo que sería ideal desde un punto de vista social. Si se tuvieran en cuenta los beneficios externos, la vacunación sería más atractiva y el nivel de vacunación en la sociedad podría acercarse más al óptimo social.

Abandonados a su suerte, los mercados tienden a producir una cantidad excesiva de bienes o servicios que generan externalidades negativas y una cantidad insuficiente de los que generan externalidades positivas. Para corregir estas ineficiencias, suelen ser necesarias intervenciones como los impuestos (para las externalidades negativas) o las subvenciones (para las externalidades positivas) a fin de alinear los costes y beneficios privados con los costes y beneficios sociales.

El ejemplo del mercado del aluminio ilustra perfectamente cómo las externalidades negativas pueden afectar al coste social total de la producción. En este caso, la contaminación generada por las fábricas de aluminio representa un coste externo que no se tiene en cuenta inicialmente al calcular el coste de producción del aluminio. El coste privado de producción es el coste que debe soportar directamente el productor de aluminio para fabricar el producto. Este coste incluye partidas como las materias primas, la mano de obra, la energía, el mantenimiento de los equipos y otros gastos de explotación. Estos son los costes en los que la empresa basa su precio de venta y su rentabilidad.

Sin embargo, si las fábricas de aluminio contaminan, hay costes externos que afectan a otras partes de la sociedad. Estos costes externos pueden incluir efectos adversos sobre la salud pública, daños al medio ambiente, reducción de la calidad de vida y otros impactos negativos que no se reflejan en el precio del aluminio. Por ejemplo, la contaminación puede acarrear costes sanitarios adicionales para la comunidad, costes de limpieza y restauración del medio ambiente y una pérdida de biodiversidad. Así pues, el coste social de la producción de aluminio es la suma del coste privado de producción (el coste soportado por los productores) y el coste externo (los costes soportados por la sociedad como consecuencia de la contaminación). Esta suma demuestra que el precio de mercado del aluminio, basado únicamente en el coste privado, es inferior al verdadero coste social de su producción.

Esta discrepancia conduce a una sobreproducción de aluminio en comparación con lo que se produciría si se incluyeran los costes externos, lo que constituye un ejemplo típico de ineficiencia del mercado debida a externalidades negativas. Para corregirlo, podrían introducirse medidas como la imposición de un impuesto medioambiental sobre la contaminación producida por las fábricas de aluminio. Este impuesto tendría como objetivo internalizar los costes externos, alineando así el coste privado con el coste social y conduciendo a una producción más cercana al óptimo social.

Coste social = coste privado de producción (oferta) + coste externo

Veamos con más detalle esta ecuación:

* Coste privado de producción: Son los costes que tiene que soportar el productor de aluminio para fabricar el producto. Incluye los gastos en materias primas, mano de obra, energía, equipos y otros costes operativos. Estos costes determinan el precio al que la empresa está dispuesta a ofrecer su producto en el mercado. 
* Coste externo: Son los costes en los que incurre la empresa y que el productor no tiene en cuenta. En el caso del aluminio, si la producción implica contaminación, los costes externos pueden incluir impactos sobre la salud pública, el medio ambiente, la calidad de vida y otros aspectos que no se reflejan en el precio de mercado del aluminio. Estos costes suelen ser difusos y difíciles de cuantificar con precisión, pero son reales y significativos. 
* Coste social: El coste social es la suma del coste privado de producción y el coste externo. Representa el coste total para la sociedad de la producción de aluminio. Este coste social es superior al coste privado de producción debido a la suma de los costes externos.

Cuando los costes sociales no se tienen en cuenta en las decisiones de producción y consumo, se produce una sobreproducción de aluminio en comparación con lo que sería socialmente óptimo. En otras palabras, se produce más aluminio del que se produciría si se tuvieran en cuenta los costes de la contaminación. Esta situación es un ejemplo clásico de fallo del mercado debido a externalidades negativas. Para remediarlo, las políticas públicas pueden intervenir, por ejemplo imponiendo impuestos sobre la contaminación para que los productores internalicen estos costes externos, o imponiendo normativas medioambientales para limitar la contaminación. El objetivo de estas intervenciones es garantizar que el coste privado refleje más fielmente el coste social, lo que conduce a una asignación más eficiente de los recursos desde el punto de vista de la sociedad.

== Contaminación y análisis del óptimo social ==

En un marco económico, la intersección de las curvas de demanda y de costes sociales es crucial para entender cómo alcanzar un equilibrio eficiente que tenga en cuenta tanto los intereses privados como las repercusiones sociales.

He aquí cómo funciona:

# Curva de demanda: La curva de demanda refleja la disposición de los consumidores a pagar por distintas cantidades de un bien o servicio. Muestra la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada, normalmente con una relación inversa: a medida que sube el precio, baja la cantidad demandada, y viceversa. 
# Curva de costes sociales: La curva de costes sociales engloba tanto los costes privados de producción (los costes directos en los que incurre el productor) como los costes externos (los costes no compensados en los que incurre la sociedad como consecuencia de la producción del bien). Por ejemplo, en el caso del aluminio, esto incluiría los costes de producción más los costes medioambientales y de salud pública asociados a la contaminación. 
# Intersección para la cantidad óptima: Cuando la curva de demanda interseca la curva de coste social, esto indica la cantidad óptima del bien desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto. En este punto, el precio que los consumidores están dispuestos a pagar corresponde al coste total (privado + externo) de producir el bien. Esta cantidad es diferente de la que se alcanzaría si sólo se tuviera en cuenta el coste privado, porque incorpora el impacto total en la sociedad.

Si los mercados sólo tienen en cuenta los costes privados, habrá una tendencia a la sobreproducción (en el caso de externalidades negativas) o a la infraproducción (en el caso de externalidades positivas) en relación con esta cantidad óptima. Por ello, intervenciones como los impuestos (para internalizar los costes externos) o las subvenciones (para fomentar la producción de bienes que generan externalidades positivas) pueden ser necesarias para alinear las cantidades de mercado con las cantidades socialmente óptimas.

Este planteamiento pretende alcanzar un equilibrio en el que las opciones de producción y consumo reflejen no sólo los costes y beneficios privados, sino también los costes y beneficios para la sociedad en su conjunto.

La distinción entre la cantidad de equilibrio del mercado y la cantidad socialmente óptima es un punto clave en economía, sobre todo cuando se considera el impacto de las externalidades.

# Cantidad de equilibrio del mercado: En un mercado libre sin intervención externa, el equilibrio se produce en el punto en el que el coste privado de producción (el coste para el productor) es igual al beneficio privado (el precio que los consumidores están dispuestos a pagar). En este punto de equilibrio, la cantidad de bienes producidos y la cantidad demandada por los consumidores son iguales. Sin embargo, este equilibrio no tiene en cuenta los costes o beneficios externos que afectan a la sociedad en su conjunto.
# Cantidad socialmente óptima: La cantidad socialmente óptima, en cambio, se da en un nivel de producción en el que el coste social (que incluye los costes privados y los costes externos) es igual al beneficio social (que incluye los beneficios privados y los beneficios externos). Esta cantidad tiene en cuenta el impacto total en la sociedad, no sólo en los productores y consumidores directos.

En el caso de externalidades negativas, como la contaminación, el coste social de la producción es superior al coste privado. En consecuencia, la cantidad socialmente óptima suele ser inferior a la cantidad de equilibrio del mercado. Esto significa que reducir la producción a la cantidad socialmente óptima reduciría los costes externos (como los daños medioambientales) y, por tanto, sería más beneficioso para el conjunto de la sociedad. Para alcanzar esta cantidad socialmente óptima, pueden ser necesarias intervenciones políticas como impuestos sobre la contaminación (para internalizar los costes externos) o normativas (para limitar la cantidad producida). Estas intervenciones pretenden alinear los intereses privados con los intereses sociales, garantizando que los costes y beneficios para la sociedad se tengan en cuenta en las decisiones de producción y consumo.

[[Fichier:Pollution et optimum social 1.png|400px|vignette|centré]]

Este gráfico representa un gráfico económico clásico que ilustra los conceptos de equilibrio de mercado y óptimo social en el contexto de la producción de aluminio y sus externalidades negativas, en particular la contaminación.

En el eje horizontal tenemos la cantidad de aluminio producida y en el vertical, el precio del aluminio. Se dibujan tres curvas:

# La curva de la demanda (valor privado): Muestra la relación entre el precio que los consumidores están dispuestos a pagar y la cantidad demandada. Es decreciente, lo que significa que cuanto menor es el precio, mayor es la cantidad demandada, y viceversa. 
# La curva de la oferta (coste privado): Representa el coste que supone para los productores producir aluminio. Es ascendente, lo que indica que cuanto mayor sea la cantidad producida, mayor será el coste de producción (y, por tanto, el precio de venta). 
# La curva del coste social: Esta curva está por encima de la curva de la oferta y representa el coste total de la producción de aluminio, incluido el coste de la contaminación. El coste social es superior al coste privado porque tiene en cuenta los efectos externos negativos de la contaminación en la sociedad.

El punto en el que la curva de demanda cruza la curva de oferta (coste privado) es el punto de equilibrio del mercado (QMARCHEˊ). Aquí es donde el mercado, en ausencia de regulación, tiende a estabilizarse: la cantidad que los productores están dispuestos a suministrar al precio de mercado es igual a la cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar.

Sin embargo, este punto de equilibrio no tiene en cuenta el coste de la contaminación. Si incluimos el coste de la contaminación, obtenemos la curva de coste social, que se cruza con la curva de demanda en un punto diferente, marcado como "Óptimo". Este punto óptimo social (QOPTIMUM) representa la cantidad de producción que sería ideal si se tuvieran en cuenta los costes externos. En esta cantidad, el coste total para la sociedad (incluido el coste de la contaminación) es igual al precio que los consumidores están dispuestos a pagar.

Lo que llama la atención de este gráfico es la diferencia entre Q MERCADO y Q ÓPTIMO. La cantidad producida en el punto de equilibrio del mercado es superior a la cantidad socialmente óptima, lo que implica que el propio mercado produce más aluminio del que sería socialmente deseable debido a los costes externos no tenidos en cuenta (contaminación). Para reducir la producción de aluminio de Q MERCADO a Q ÓPTIMO, pueden ser necesarias intervenciones políticas como impuestos sobre la contaminación, introducción de cuotas o normativas medioambientales. En resumen, este gráfico ilustra claramente las implicaciones de las externalidades negativas en la eficiencia del mercado y pone de relieve la importancia de la intervención reguladora para alcanzar un nivel de producción que esté en armonía con los intereses sociales.

== Impacto de las externalidades negativas en la sociedad ==

Una externalidad negativa es un coste soportado por un tercero que no participa directamente en una transacción económica. Esto significa que parte de los costes de producción no recaen en el productor o consumidor del bien o servicio en cuestión, sino en otros miembros de la sociedad. Las externalidades negativas tienden a reducir el bienestar general, porque los costes sociales de estas actividades económicas son superiores a los costes privados.

Pongamos un ejemplo concreto: una fábrica que produce aluminio emite contaminantes a la atmósfera. Estas emisiones tienen consecuencias para la salud pública, como las enfermedades respiratorias, y para el medio ambiente, como los daños al ecosistema. Estos costes adicionales para la sociedad, que pueden incluir el aumento de los gastos médicos y la pérdida de biodiversidad, no se reflejan en el precio del aluminio. Si la planta no paga por estos costes externos, tiene pocos incentivos para reducir la contaminación e incluso puede producir aluminio a un coste artificialmente bajo, lo que lleva a una sobreproducción y a un consumo excesivo del metal.

Desde el punto de vista del bienestar, esto crea un problema. Los miembros de la sociedad sufren daños que no han elegido y por los que no son compensados. Como consecuencia, el bienestar general es menor de lo que podría ser si se tuvieran en cuenta estos costes externos.

La teoría económica y las políticas públicas intentan resolver este problema de externalidad negativa mediante diversas intervenciones:

* Impuestos sobre las actividades contaminantes: Se pueden imponer impuestos sobre la contaminación para animar a las empresas a reducir sus emisiones. Estos impuestos pretenden internalizar el coste externo, lo que significa que el productor tendrá que tener en cuenta el coste de la contaminación en sus decisiones de producción. 
* Reglamentos y normas medioambientales: Se pueden promulgar leyes que limiten directamente la cantidad de contaminación que puede emitir una empresa, obligándola así a adoptar tecnologías más limpias o a cambiar sus procesos de producción. 
* Mercados de comercio de derechos de emisión: En algunos casos, es posible crear mercados en los que las empresas puedan comprar y vender derechos a contaminar, consiguiendo así reducir la contaminación al menor coste.

Estas medidas pretenden reducir las externalidades negativas y, como resultado, mejorar el bienestar de la sociedad al garantizar que los costes sociales y privados de la producción estén mejor alineados. Al incorporar el coste de la contaminación al precio de los bienes y servicios, las empresas y los consumidores pueden tomar decisiones más informadas que reflejen el verdadero coste de sus actividades, lo que conduce a un resultado más eficiente y equitativo para el conjunto de la sociedad.

[[Fichier:Externalité et bien être 1.png|400px|vignette|centré]]

Se trata de un gráfico económico que detalla los efectos de las externalidades negativas sobre el bienestar en un mercado, en este caso el mercado hipotético de un bien medido en francos suizos por unidad. La curva de demanda, de pendiente descendente, muestra el valor que los consumidores atribuyen a las distintas cantidades del bien, reflejando los beneficios privados y sociales asociados a su consumo. Al mismo tiempo, la curva de oferta, de pendiente ascendente, refleja el coste privado en que incurren los productores al suministrar cada unidad adicional del bien. Normalmente, en un mercado sin externalidades, el equilibrio se encontraría en la intersección de estas dos curvas, marcando la cantidad en la que el coste privado es igual al beneficio privado.

Sin embargo, cuando tenemos en cuenta los costes externos, como la contaminación u otros daños a la sociedad no incluidos en el coste de producción, se introduce una nueva curva, la curva del coste social. Esta curva, situada por encima de la curva de oferta, integra estos costes externos en el coste privado, mostrando el verdadero coste para la sociedad. La intersección de esta curva con la curva de la demanda marca entonces la cantidad socialmente óptima del bien, que es inferior a la cantidad de equilibrio del mercado.

El gráfico pone de relieve una zona de pérdida de peso muerto, representada por una zona sombreada entre las cantidades de equilibrio de mercado y las cantidades socialmente óptimas. Esta pérdida seca simboliza el bienestar económico perdido como consecuencia de una producción superior al óptimo social. Es el valor de las unidades producidas en exceso que la sociedad habría preferido no producir si se hubieran tenido en cuenta todos los costes, incluidos los de la contaminación. Esta pérdida es una ineficiencia del mercado porque representa un coste para la sociedad que no se compensa con una ganancia equivalente en otro lugar de la economía.

La banda azul de la parte inferior del gráfico muestra el coste externo, que sigue siendo el mismo para cada unidad producida, independientemente del número de unidades. Este coste externo, constante por unidad, no se refleja en el coste privado de producción y debe tenerse en cuenta al evaluar el impacto total en la sociedad.

El gráfico muestra claramente que, sin intervención, un mercado puede funcionar de manera ineficiente produciendo más de lo socialmente deseable porque no se tienen en cuenta los costes externos. Esto conduce no sólo a una sobreproducción perjudicial, sino también a una asignación subóptima de los recursos de la sociedad. Por ello, a menudo se proponen políticas como la fiscalidad de la contaminación para realinear la producción con el óptimo social, reduciendo así las pérdidas de peso muerto y aumentando el bienestar colectivo. Estas medidas pretenden responsabilizar a los productores de los costes que imponen a la sociedad, fomentando una producción más respetuosa con el medio ambiente y más acorde con los intereses de la sociedad en su conjunto.

== L'Impact de l'Éducation en Tant qu'Externalité Positive ==

Dans le contexte des externalités et du bien-être social, la détermination de la quantité optimale d'un bien ou service à produire et à consommer prend en compte non seulement les bénéfices et les coûts privés mais aussi les bénéfices et les coûts externes à la société. Lorsque nous parlons de bénéfice social, nous faisons référence à la somme des bénéfices privés, qui sont les avantages directs pour les consommateurs et les producteurs impliqués dans la transaction, et des bénéfices externes, qui sont les avantages non comptabilisés qui retombent sur des tiers non directement impliqués dans l'échange économique.

L'intersection de la courbe de bénéfice social et de la courbe de coût reflète le point où le bien-être collectif est maximisé. À ce point, le dernier unité produit apporte autant de bénéfice supplémentaire à la société qu'il en coûte pour le produire. C'est ce que nous appelons la quantité socialement optimale. Cela contraste avec le point d'équilibre du marché, qui ne prend en compte que les bénéfices et les coûts privés et ignore les effets externes.

Pour les biens générant des externalités positives, comme la vaccination ou l'éducation, la courbe de bénéfice social serait plus élevée que la courbe de bénéfice privé, suggérant que la quantité optimale du point de vue de la société est plus grande que celle que le marché produirait de lui-même. Cela justifie souvent des incitations ou des subventions pour augmenter la production et la consommation de ces biens jusqu'au niveau socialement optimal.

Inversement, pour les biens générant des externalités négatives, comme la pollution provenant de la production industrielle, la courbe de coût social est plus élevée que la courbe de coût privé. Cela implique que la quantité produite à l'équilibre du marché dépasse la quantité socialement optimale, car les producteurs et les consommateurs ne prennent pas en compte les coûts externes dans leurs décisions. Dans ce cas, des interventions telles que les taxes pigouviennes ou les réglementations sont nécessaires pour réduire la production à un niveau qui reflète les vrais coûts pour la société.

Le point d'intersection entre le bénéfice social et le coût reflète le compromis optimal entre les avantages des biens et services et leur coût de production, y compris les effets externes. Atteindre ce point nécessite souvent une action politique active pour corriger les défaillances du marché et aligner les incitations privées avec les objectifs sociaux.

Le niveau de production socialement optimal par rapport à la quantité d'équilibre du marché dépend de la nature de l'externalité concernée. 

Pour les biens avec des externalités positives, le niveau de production socialement optimal est souvent plus élevé que la quantité d'équilibre de marché. Cela est dû au fait que les bénéfices sociaux d'une unité supplémentaire de ce bien sont plus importants que ne le perçoivent les consommateurs et les producteurs. Par conséquent, le marché, laissé à lui-même, ne produit pas assez de ce bien pour maximiser le bien-être social. Les vaccinations sont un exemple classique de cela; elles bénéficient à la société plus qu'elles ne coûtent à produire, mais sans intervention, moins de personnes sont vaccinées que ce serait socialement idéal, car les individus ne prennent pas en compte les bénéfices que leur vaccination apporte aux autres.

Pour les biens avec des externalités négatives, le niveau de production socialement optimal est en fait souvent plus bas que la quantité d'équilibre de marché. C'est parce que les coûts sociaux d'une unité supplémentaire de ce bien (comme la pollution) sont plus élevés que ce que le producteur prend en compte. Sans intervention réglementaire ou taxation, les producteurs produiront trop de ce bien, dépassant la quantité qui serait optimale pour la société.

En résumé :

* Quantité d'équilibre du marché : La quantité à laquelle les producteurs sont prêts à vendre est égale à la quantité que les consommateurs sont prêts à acheter, sans tenir compte des externalités. Ici, le coût privé est égal au bénéfice privé.
* Quantité socialement optimale : La quantité à laquelle le coût total pour la société (incluant les coûts externes) est égal au bénéfice total pour la société (incluant les bénéfices externes). Pour les biens avec externalités positives, cette quantité est plus élevée que l'équilibre de marché; pour ceux avec externalités négatives, elle est plus basse.

[[Fichier:Education et optimum social 1.png|400px|vignette|centré]]

Ce graphique représente une analyse économique de l'éducation en tant que bien sur un marché, en tenant compte des effets des externalités positives. La courbe d'offre, qui monte, indique que fournir plus d'éducation coûte plus cher aux institutions éducatives, intégrant des éléments tels que les salaires des enseignants, les infrastructures et les ressources pédagogiques. De l'autre côté, la courbe de demande, qui descend, montre que la quantité d'éducation que les individus sont prêts à consommer diminue à mesure que le prix augmente, ce qui est typique de la plupart des biens et services.

Là où ces deux courbes se croisent, nous trouvons la quantité d'équilibre du marché, qui est le point où la quantité d'éducation offerte correspond à la quantité que les consommateurs sont prêts à acheter. Cependant, cette quantité d'équilibre ne reflète pas nécessairement le niveau optimal pour la société dans son ensemble en raison de la présence d'externalités positives liées à l'éducation, telles que des citoyens mieux informés, une productivité accrue et des bénéfices pour la santé publique qui s'étendent au-delà de l'individu éduqué.

La quantité socialement optimale d'éducation est donc supposée être plus élevée que la quantité d'équilibre du marché, reflétant le plein bénéfice social de l'éducation, qui dépasse les avantages privés perçus par les individus. Ces bénéfices externes ne sont pas pris en compte par les consommateurs ou les fournisseurs lorsqu'ils prennent leurs décisions basées uniquement sur les coûts et les avantages privés, ce qui entraîne un investissement sous-optimal dans l'éducation du point de vue de la société.

Le graphique suggère qu'une intervention, telle que des politiques publiques fournissant des subventions ou des financements à l'éducation, pourrait être nécessaire pour augmenter la quantité d'éducation de la quantité d'équilibre du marché à la quantité socialement optimale. Ces interventions sont conçues pour réduire le coût de l'éducation pour les consommateurs ou pour augmenter l'offre à travers des investissements directs dans les institutions éducatives, permettant ainsi à la société de réaliser pleinement les bénéfices de l'éducation qui, autrement, seraient perdus en raison des défaillances du marché. En somme, le graphique met en évidence le rôle crucial que peut jouer l'intervention gouvernementale dans le soutien à l'éducation pour parvenir à une allocation des ressources qui maximise le bien-être social.

== Bienfaits des Externalités Positives sur le Bien-Être Général ==

Une externalité positive se produit lorsqu'une activité économique procure des avantages à des tiers qui ne sont pas impliqués dans la transaction. Ces tiers bénéficient d'effets positifs sans avoir à payer pour ces bénéfices, ce qui conduit à une situation où la valeur totale de ces activités pour la société est supérieure à la valeur privée pour les individus ou entreprises directement impliqués.

Dans le contexte du bien-être, les externalités positives sont importantes parce qu'elles peuvent conduire à une sous-production du bien ou service en question si le marché est laissé à lui-même. Les producteurs ne reçoivent pas de paiement pour les avantages externes qu'ils fournissent, ils ne sont donc pas incités à produire la quantité socialement optimale de ce bien ou service.

Prenons l'exemple de l'éducation : elle ne bénéficie pas seulement à l'étudiant qui acquiert des compétences et des connaissances, mais aussi à la société dans son ensemble. Une population plus éduquée peut mener à une main-d'œuvre plus compétente, à des innovations accrues, à une meilleure gouvernance et à des taux de criminalité plus faibles. Ces avantages ne sont pas reflétés dans le prix de l'éducation et, par conséquent, sans intervention, moins de ressources seront allouées à l'éducation que ce qui serait idéal pour la société.

Pour adresser ce décalage, les gouvernements peuvent intervenir de différentes manières :

* Subventions directes : Diminuer le coût de l'éducation pour les étudiants ou les institutions peut encourager une plus grande consommation ou offre de services éducatifs.
* Crédits d'impôt : Offrir des avantages fiscaux pour les frais d'éducation peut également inciter les individus à investir davantage dans leur éducation.
* Fourniture publique : Le gouvernement peut fournir l'éducation directement, assurant ainsi que la quantité produite est plus proche de la quantité optimale pour la société.

Lorsque les externalités positives sont correctement internalisées par ces interventions, le bien-être de la société s'améliore. Les individus bénéficient de niveaux plus élevés de consommation du bien ou service, et la société dans son ensemble profite des effets positifs qui se répandent au-delà des consommateurs et des producteurs immédiats. Cela conduit à une allocation plus efficace des ressources et à une amélioration du bien-être social global.

[[Fichier:Externalité positive et bien être 1.png|400px|vignette|centré]]

Ce graphique représente une situation économique où une externalité positive est présente sur le marché. Dans ce cas, le coût social de la production est égal au coût privé, ce qui indique que les coûts externes ne sont pas significatifs ou que les externalités négatives ne sont pas le point central ici. En revanche, la courbe de bénéfice social, qui est la somme des bénéfices privés et des bénéfices externes, est au-dessus de la courbe de bénéfice privé, indiquant que la production ou la consommation du bien ou service concerné a des avantages supplémentaires pour la société qui ne sont pas capturés par le marché.

La courbe de demande, représentant le bénéfice privé, montre le prix que les consommateurs sont prêts à payer pour chaque quantité de bien ou service. La courbe de bénéfice social, qui est au-dessus, montre le véritable bénéfice pour la société, incluant les bénéfices externes non payés par les individus. Cela pourrait inclure, par exemple, des avantages comme une meilleure santé publique due à une vaccination accrue ou une productivité économique plus élevée grâce à une population mieux éduquée.

La quantité d'équilibre de marché, QPRIVEˊE∗, est le point où la courbe de demande (bénéfice privé) croise l'offre. C'est le niveau de production que le marché atteindrait sans intervention. Cependant, la quantité socialement optimale, QSOCIALE∗, est plus élevée car elle prend en compte les bénéfices externes. Le marché, par lui-même, ne produit pas assez pour atteindre ce point car les producteurs ne reçoivent pas de compensation pour les bénéfices externes qu'ils génèrent.

La zone de perte sèche, indiquée par la zone hachurée, représente le bien-être que la société manque parce que le bien ou service n'est pas produit à la quantité socialement optimale. Il s'agit d'une inefficacité du marché, car si la production était augmentée pour atteindre Q∗SOCIALE, le bénéfice social supplémentaire (l'aire sous la courbe de bénéfice social entre Q∗PRIVEE et Q∗SOCIALE) serait plus grand que le coût supplémentaire de production (l'aire sous la courbe d'offre entre Q∗PRIVEE∗ et Q∗SOCIALE).

Le graphique suggère qu'une intervention, telle que des subventions ou une fourniture publique du bien ou service, pourrait être nécessaire pour augmenter la production de Q∗PRIVEE à Q∗SOCIALE, et ainsi éliminer la perte sèche. Cela permettrait à la société de profiter pleinement des avantages sociaux du bien ou service, améliorant ainsi le bien-être global.

== Méthodes d'Internalisation des Externalités ==

L'internalisation des externalités est un concept central dans la théorie économique qui vise à résoudre les inefficacités du marché causées par les effets externes des activités économiques. Lorsque des externalités sont présentes, qu'elles soient positives ou négatives, les coûts ou bénéfices ne sont pas entièrement reflétés dans le marché. Les individus ou entreprises qui génèrent ces externalités ne subissent pas les coûts ou ne reçoivent pas les bénéfices associés à leurs actions, ce qui les conduit à prendre des décisions qui ne sont pas socialement optimales.

Pour internaliser une externalité négative, on pourrait imposer une taxe qui reflète le coût externe (comme une taxe sur les émissions de carbone pour les pollueurs), de sorte que le coût privé de l'activité inclut maintenant le coût externe. En conséquence, les producteurs et consommateurs auraient une incitation à réduire la production ou la consommation de ce bien à un niveau plus proche de l'optimal social.

À l'inverse, pour internaliser une externalité positive, l'État pourrait offrir des subventions ou des crédits d'impôt qui augmentent les bénéfices privés pour qu'ils reflètent mieux les bénéfices sociaux. Cela encouragerait une plus grande production ou consommation du bien, comme dans le cas des vaccinations ou de l'éducation.

La solution privée à l'internalisation des externalités, souvent associée au théorème de Coase, stipule que si les droits de propriété sont bien définis et que les coûts de transaction sont faibles, les parties impliquées peuvent négocier une solution sans intervention extérieure. Par exemple, si une entreprise pollue une rivière et nuit ainsi aux pêcheurs en aval, les pêcheurs pourraient potentiellement payer l'entreprise pour réduire la pollution ou l'entreprise pourrait payer pour les dommages causés. En théorie, tant que les parties peuvent négocier et que leurs droits sont clairement établis, elles peuvent parvenir à une solution qui internalise l'externalité et atteint l'efficacité.

Cependant, dans la pratique, les conditions requises pour une solution privée sont souvent difficiles à réaliser. Les droits de propriété peuvent être mal définis ou difficiles à faire respecter, et les coûts de transaction, notamment en matière de négociation et d'information, peuvent être prohibitifs. De plus, lorsque de nombreux agents sont affectés, comme c'est souvent le cas avec la pollution environnementale, la coordination entre tous les agents devient pratiquement impossible sans une sorte d'intervention collective. L'internalisation des externalités par des incitations modifiées est cruciale pour atteindre une allocation des ressources qui est non seulement efficace du point de vue du marché mais aussi bénéfique pour la société dans son ensemble. Des politiques bien conçues peuvent aider à réaliser cet équilibre, menant à un bien-être social accru.

Dans le contexte des externalités négatives et positives, l'État joue un rôle crucial en mettant en place des politiques pour corriger les défaillances du marché et pour aligner les résultats du marché avec le bien-être social.

Pour les externalités négatives, où les activités des entreprises ou des individus ont des effets néfastes sur des tiers, l'État peut intervenir de plusieurs façons :

# Normes de Comportement : L'État peut établir des règlements qui limitent directement les activités nuisibles. Ces normes peuvent inclure des restrictions sur la quantité de pollution qu'une usine peut émettre ou des exigences pour l'utilisation de technologies propres.
# Taxes Pigouviennes : Du nom de l'économiste Arthur Pigou, ces taxes visent à internaliser le coût des externalités négatives en les incluant dans le coût de production. La taxe est fixée égale au coût de l'externalité pour chaque unité produite, encourageant ainsi les producteurs à réduire la production ou à trouver des moyens de production moins nuisibles. En théorie, la taxe pigouvienne devrait être égale au coût marginal externe à la quantité socialement optimale.

Pour les externalités positives, où les actions d'individus ou d'entreprises bénéficient à la société, l'État peut également adopter différentes mesures :

# Obligations et Recommandations : Des politiques peuvent être mises en place pour encourager des comportements qui produisent des externalités positives. Par exemple, des campagnes de santé publique pour encourager la vaccination ou l'éducation pour promouvoir des pratiques bénéfiques pour la société.
# Subventions : En subventionnant la production d'un bien qui génère des externalités positives, l'État peut réduire le coût pour les producteurs et les inciter à augmenter la production. Cela peut inclure, par exemple, des subventions pour l'énergie renouvelable ou pour la recherche et le développement dans des domaines d'intérêt public.
# Droits de Propriété : Conférer des droits de propriété ou des brevets sur les innovations peut encourager la création et la diffusion de technologies ou d'idées bénéfiques. Cela permet aux innovateurs de bénéficier directement des avantages de leurs inventions, qui autrement pourraient être sous-produites en raison de la nature non exclusive de leurs bénéfices.

Ces politiques visent à aligner les incitations privées avec les avantages ou coûts sociaux, de manière à ce que les activités économiques reflètent plus fidèlement leur véritable coût ou valeur pour la société. En ajustant soigneusement ces interventions, l'État vise à atteindre une allocation des ressources qui maximise le bien-être social.

= Les Approches Privées pour Gérer les Externalités =

== Le théorème de Coase ==

Le théorème de Coase, formulé par l'économiste Ronald Coase, propose une perspective intéressante sur la manière dont les externalités peuvent être gérées par le marché sans intervention gouvernementale. Selon ce théorème, si les droits de propriété sont clairement définis et si les coûts de transaction sont négligeables, les parties affectées par l'externalité peuvent négocier entre elles pour atteindre une solution efficace qui maximise le bien-être total, indépendamment de la répartition initiale des droits. Dans ce contexte, les droits de propriété sont les droits légaux de posséder, utiliser et échanger une ressource. Une définition claire de ces droits est essentielle car elle détermine qui est responsable de l'externalité et qui a le droit de négocier à ce sujet. Par exemple, si un droit de propriété est accordé à un pollueur, les parties affectées par la pollution (comme les riverains) devraient théoriquement négocier avec le pollueur et potentiellement le compenser pour réduire la pollution. Inversement, si les riverains ont le droit de jouir d'un environnement propre, le pollueur devrait les indemniser pour continuer à polluer.

Le théorème de Coase indique également que l'efficacité de l'allocation des ressources sera atteinte quelle que soit la répartition des droits de propriété, tant que les parties peuvent négocier librement. Cela signifie que les parties vont continuer à négocier jusqu'à ce que le coût de l'externalité pour le pollueur soit égal au coût pour la société. L'essentiel de cette proposition est que le résultat final (en termes d'efficacité) devrait être le même, peu importe qui détient initialement les droits, un principe connu sous le nom d'invariance de Coase. Cependant, dans la pratique, les conditions requises pour l'application du théorème de Coase ne sont souvent pas remplies. Les coûts de transaction peuvent être significatifs, les droits de propriété peuvent être difficiles à établir ou à faire respecter, et les parties peuvent ne pas avoir des informations complètes ou symétriques pour négocier efficacement. De plus, lorsque de nombreuses parties sont impliquées ou que les effets d'une externalité sont diffus et non localisés, la coordination nécessaire pour négocier des accords privés devient extrêmement complexe.

Dans ces situations où les conditions du théorème de Coase ne sont pas remplies, l'intervention de l'État par des réglementations, des taxes ou des subventions peut s'avérer nécessaire pour atteindre une allocation des ressources qui reflète le coût social ou le bénéfice des externalités. Cela aide à garantir que les externalités sont internalisées, menant à une solution plus proche de l'optimal social.

Les problèmes soulevés sont des défis majeurs lorsqu'il s'agit de résoudre des externalités par des moyens de marché ou des solutions privées, comme décrit dans le théorème de Coase.

Problème I - Coûts de Transaction Élevés : Les coûts de transaction englobent tous les coûts associés à la négociation et à l'exécution d'un échange. Dans le cas des externalités, ces coûts peuvent inclure les frais de recherche d'informations sur les parties affectées, les coûts de négociation pour arriver à un accord, les coûts juridiques pour formaliser l'accord, et les coûts de surveillance et d'application pour s'assurer que les termes de l'accord sont respectés. Lorsque ces coûts sont prohibitifs, les parties ne peuvent pas parvenir à un accord qui permettrait d'internaliser l'externalité. Par conséquent, le marché seul ne parvient pas à corriger l'externalité, et une intervention extérieure, telle que celle de l'État, peut devenir nécessaire pour faciliter une solution plus efficace.

Problème II - Problème du Resquilleur (Free-Rider Problem) : Le problème du resquilleur est particulièrement pertinent dans le cas des biens publics ou lorsqu'il s'agit d'externalités positives, comme la protection de l'environnement ou la vaccination. Si un bien est non excludable (il est difficile d'empêcher quelqu'un d'en bénéficier) et non rival (la consommation par une personne n'empêche pas la consommation par une autre), les individus peuvent être incités à ne pas révéler leur véritable valorisation du bien ou service en espérant que d'autres paieront pour sa provision tout en profitant eux-mêmes des bénéfices sans contribuer au coût. Cela conduit à une sous-fourniture du bien ou service car tout le monde attend que quelqu'un d'autre paie pour l'externalité positive, résultant en une quantité produite inférieure à l'optimal social.

Ces deux problèmes illustrent pourquoi les marchés peuvent souvent échouer à résoudre les externalités de manière autonome et pourquoi l'intervention gouvernementale peut être nécessaire. L'État peut aider à réduire les coûts de transaction par la mise en place de lois et de réglementations qui facilitent les accords privés, et il peut surmonter le problème du resquilleur en fournissant lui-même des biens publics ou en subventionnant leur production pour encourager une provision plus proche de l'optimal social.

== La Puissance de la Négociation Privée et la Définition des Droits de Propriété ==

Ce graphique illustre une situation de négociation entre un pollueur et un pollué concernant la dépollution, dans le contexte du théorème de Coase. Le graphique montre deux courbes : le coût marginal de dépollution pour le pollueur et le bénéfice marginal de dépollution pour le pollué.

[[Fichier:Négociation privée et droits de propriété 1.png|400px|vignette|centré|NB: le niveau de pollution socialement optimale n'est pas égal à zéro!]]

Ce graphique illustre une approche économique pour résoudre le problème des externalités négatives par le biais de négociations entre parties, conformément au théorème de Coase. Il décrit une situation où un pollueur et une partie affectée par la pollution, le pollué, sont impliqués dans une négociation visant à trouver un niveau de dépollution qui maximise le bien-être collectif.

Dans cette représentation, le coût de réduire la pollution, ou de dépolluer, pour le pollueur augmente avec chaque unité supplémentaire de dépollution entreprise. Cela est représenté par la courbe ascendante, indiquant que les premières unités de dépollution sont relativement peu coûteuses pour le pollueur, mais que le coût augmente progressivement. Parallèlement, le bénéfice que le pollué tire de la réduction de la pollution diminue avec chaque unité supplémentaire. Les premières réductions de pollution apportent de grands bénéfices au pollué, mais ces bénéfices diminuent à mesure que l'air ou l'eau devient plus propre.

Le point où ces deux courbes se croisent, marqué Q∗, représente le niveau de dépollution où le bénéfice marginal du nettoyage est exactement égal au coût marginal de ce nettoyage. C'est le niveau idéal de dépollution du point de vue de l'efficacité économique, car il équilibre parfaitement le coût et le bénéfice marginal de la dépollution.

Le cadre fourni par le graphique suggère que, indépendamment de la partie qui détient initialement les droits de propriété, qu'il s'agisse du pollueur ou du pollué, il y a une opportunité pour un accord mutuellement bénéfique. Si le pollueur a le droit de polluer, le pollué peut potentiellement compenser financièrement le pollueur pour réduire la pollution, jusqu'au point où il n'est plus avantageux pour le pollué de payer pour une dépollution supplémentaire. Inversement, si le pollué détient le droit à un environnement propre, le pollueur pourrait payer pour le droit de polluer, jusqu'à ce que le coût supplémentaire de réduction de la pollution soit supérieur aux bénéfices que le pollueur en tire.

Cependant, dans la réalité, les négociations entre le pollueur et le pollué sont souvent entravées par des coûts de transaction élevés. Ces coûts peuvent inclure les frais juridiques pour établir et faire respecter les accords, les coûts liés à la recherche d'informations et à la négociation, ainsi que les défis liés à la coordination entre un grand nombre de parties. De plus, les asymétries d'information et le problème des resquilleurs, où des individus bénéficient des résultats de la négociation sans y participer activement, peuvent également compliquer la résolution privée des externalités.

En conséquence, bien que le théorème de Coase propose une solution élégante sur le papier, la nécessité d'une intervention de l'État sous forme de réglementations ou de taxes environnementales est souvent inévitable pour gérer efficacement les externalités et parvenir à une allocation des ressources qui reflète le coût et le bénéfice social de la dépollution.

== Illustration Pratique: Un Accord Négocié en Détail ==

L'analyse des coûts et bénéfices marginaux pour les deux frères, Toxico et Asmatico, nous donne une base pour une possible solution négociée à la question de fumer en voiture lors de leurs voyages.

Pour Toxico, le coût marginal de ne pas fumer une cigarette augmente linéairement avec chaque cigarette non fumée, ce qui est décrit par la fonction <math>Cm_T(C) = 1 + C</math>. Cela signifie que chaque cigarette supplémentaire qu'il choisit de ne pas fumer lui coûte plus en termes de satisfaction personnelle. Lorsqu'il ne fume pas dans la voiture d'Asmatico, le coût total qu'il subit après avoir renoncé à un paquet entier est de 220 unités de bien-être, qui est la somme des coûts marginaux de chaque cigarette non fumée.

D'autre part, pour Asmatico, qui n'aime pas la fumée, le bénéfice marginal de chaque cigarette non fumée par Toxico diminue avec chaque cigarette supplémentaire non fumée. Cela est représenté par la fonction <math>Bm_A(C) = 10 - \frac{C}{2}</math>. Le bénéfice total qu'Asmatico retire de l'abstention de Toxico est de 100 unités de bien-être, ce qui est la somme des bénéfices marginaux pour chaque cigarette non fumée.

Ces fonctions suggèrent que les deux frères peuvent négocier une compensation qui est mutuellement avantageuse. Puisque le coût total pour Toxico de ne pas fumer est plus élevé que le bénéfice total pour Asmatico lorsque Toxico fume, Asmatico pourrait compenser Toxico pour qu'il ne fume pas, jusqu'à un point où le coût marginal de Toxico égale le bénéfice marginal d'Asmatico. La négociation consisterait à déterminer une quantité de cigarettes que Toxico serait prêt à ne pas fumer et le montant que Asmatico serait prêt à payer pour cette abstention.

Par exemple, Toxico pourrait accepter de réduire le nombre de cigarettes qu'il fume si Asmatico lui paie une certaine somme par cigarette non fumée. Ils devraient trouver un accord qui maximise leur bien-être collectif, c'est-à-dire trouver le nombre de cigarettes que Toxico est prêt à ne pas fumer et qui correspond au montant que Asmatico est prêt à payer pour cette réduction. En théorie, selon le théorème de Coase, ils pourraient arriver à un accord sans l'intervention de leurs parents ou d'une autre autorité, à condition que les coûts de transaction pour négocier et faire respecter cet accord soient négligeables.

[[Fichier:Externalité Exemple de solution négociée.png|400px|vignette|centré]]

Le graphique représente une situation économique qui implique deux parties, Toxico et Asmatico, et leurs préférences relatives à fumer des cigarettes pendant qu'ils sont en voiture. Sur l'axe horizontal, nous avons le nombre de cigarettes non fumées, C, et sur l'axe vertical, les coûts et bénéfices marginaux en termes de bien-être ou de satisfaction, mesurés en unités monétaires.

La courbe ascendante, <math>Cm_T</math>, représente le coût marginal pour Toxico de ne pas fumer de cigarettes. Comme on peut le voir, ce coût marginal augmente avec chaque cigarette supplémentaire qu'il choisit de ne pas fumer. Cela indique que Toxico trouve de plus en plus difficile de renoncer à chaque cigarette supplémentaire.

La courbe descendante, <math>Bm_A</math>, représente le bénéfice marginal pour Asmatico pour chaque cigarette que Toxico ne fume pas. Le bénéfice est plus élevé lorsque le nombre de cigarettes non fumées est faible et diminue à mesure que davantage de cigarettes sont non fumées.

Le point où les deux courbes se croisent, marqué <math>C^* = 6</math>, suggère un compromis optimal pour les deux parties. À ce point, le coût pour Toxico de ne pas fumer six cigarettes est égal au bénéfice pour Asmatico lorsque six cigarettes ne sont pas fumées. Cela implique que Toxico devrait s'abstenir de fumer exactement six cigarettes pour que les deux parties maximisent leur bien-être combiné.

Le graphique est divisé en différentes zones colorées (A à F), chacune représentant un différent coût ou bénéfice pour Toxico et Asmatico. Par exemple, les zones A et B représentent le coût total pour Asmatico dans la voiture de Toxico lorsque la fumée est autorisée. Les zones C à F représentent le coût total pour Toxico lorsqu'il accompagne Asmatico dans sa voiture et que la fumée est interdite.

Cette illustration sert à montrer comment une négociation Coasienne pourrait se dérouler entre les deux parties. Si elles peuvent négocier sans coûts de transaction, elles pourraient s'entendre sur une compensation pour que Toxico ne fume que six cigarettes, améliorant ainsi le bien-être d'Asmatico sans imposer un coût excessif à Toxico. La négociation pourrait impliquer que Asmatico paie Toxico pour chaque cigarette non fumée jusqu'à atteindre l'équilibre à <math>C^*</math>.

Cependant, si les coûts de transaction étaient significatifs ou si l'une des parties avait une information incomplète sur les préférences de l'autre, atteindre cet accord deviendrait plus compliqué. De plus, si Toxico ou Asmatico adoptait un comportement de resquilleur, en essayant de bénéficier de l'accord sans payer sa part juste, cela pourrait également empêcher de parvenir à une solution efficace. En l'absence d'une solution négociée, une intervention extérieure, telle qu'une réglementation ou une politique mise en place par les parents ou une autorité, pourrait être nécessaire pour résoudre la situation.

1. ACHAT DE PERMIS DE POLLUER

Toxico décide d'acheter le droit de fumer dans la voiture d'Asmatico pour 7 CHF par cigarette. Il continue à fumer jusqu'à ce que son coût marginal de ne pas fumer atteigne 7 CHF. À ce stade, il a renoncé à fumer 6 cigarettes, fumant donc 14 cigarettes sur les 20 habituelles.

Le coût total pour Toxico se compose de deux parties :

#Le coût de l'achat du droit de fumer, qui correspond à la zone D+E dans le graphique. Cela se calcule comme le prix par cigarette multiplié par le nombre de cigarettes fumées, soit <math>7 \times 14 = 98</math> CHF.
#Le coût associé à l'abstinence des 6 cigarettes qu'il a décidé de ne pas fumer, correspondant à la surface C. Ce coût est représenté par l'aire d'un triangle avec une base de 6 (le nombre de cigarettes non fumées) et une hauteur de 7 (le coût marginal de la sixième cigarette non fumée, qui commence à 1 CHF pour la première cigarette non fumée et augmente de 1 CHF pour chaque cigarette additionnelle). Par conséquent, l'aire de ce triangle est <math>\frac{1}{2} \times 6 \times 7 = 21</math> CHF. Le coût total pour Toxico est donc de 98 CHF pour l'achat des droits de fumer plus 21 CHF pour le coût d'abstinence, ce qui fait un total de 119 CHF.
Cependant, s'il n'avait pas acheté les droits de fumer, fumer toutes les cigarettes lui aurait coûté 220 CHF. Donc, en ne fumant pas ces 6 cigarettes, il réalise un gain de <math>220 - 119 = 101</math> CHF, qui correspond à la surface F.

Asmatico, d'autre part, est prêt à accepter cet arrangement car jusqu'à la treizième cigarette, son bénéfice marginal de ne pas subir la fumée est inférieur à 7 CHF, ce qui est moins que ce qu'il reçoit de Toxico. Il subit un coût associé à la fumée passive des 14 cigarettes que Toxico fume, ce qui correspond à la surface D, évaluée à 49 CHF. Cependant, il gagne 98 CHF de Toxico pour le droit de fumer. Ainsi, son gain net est de <math>98 - 49 = 49</math> CHF, correspondant à la surface E.

Cet exemple démontre comment une négociation Coasienne peut aboutir à une solution où les deux parties s'améliorent grâce à des échanges volontaires, malgré la présence d'externalités négatives.

2. ACHAT DE DROITS À L'AIR PROPRE

Lorsque Asmatico achète le droit à un air propre en payant Toxico pour ne pas fumer dans la voiture, les calculs montrent les résultats suivants :

* Le bénéfice total pour Asmatico, si Toxico ne fumait pas du tout pendant le voyage, serait de 100 CHF.
* Le coût pour Toxico de ne pas fumer 6 cigarettes est de 24 CHF, qui est la somme des coûts marginaux d'abstinence pour ces cigarettes.
* Asmatico paie Toxico 42 CHF pour qu'il s'abstienne de fumer ces 6 cigarettes (7 CHF par cigarette non fumée).

En termes de gain net pour chacun des frères dans ce scénario :

* Toxico reçoit 42 CHF d'Asmatico, et comme son coût d'abstinence est de 24 CHF, son gain net est de 18 CHF.
* Asmatico, d'autre part, paie 42 CHF mais son bénéfice total sans fumée est de 100 CHF, donc son gain net est de 58 CHF.

Dans cette situation, la quantité de cigarettes non fumées est identique à celle du premier scénario : Toxico s'abstient de fumer 6 cigarettes. Cependant, les gains nets diffèrent en raison de la direction du paiement. Asmatico paie pour un air propre, et Toxico reçoit une compensation pour ne pas fumer, contrairement au premier scénario où Toxico payait pour le droit de fumer.

Cela illustre comment la distribution initiale des droits affecte la distribution des gains monétaires entre les parties, même si la quantité de l'externalité (dans ce cas, la fumée de cigarette) reste la même. C'est une démonstration pratique du théorème de Coase : tant que les coûts de transaction sont négligeables et que les droits de propriété sont clairement définis, les parties peuvent négocier des compensations pour atteindre un résultat efficient indépendamment de la répartition initiale des droits. 

= L'Action Publique Face aux Externalités =

== La Palette des Interventions Publiques pour les Externalités ==

Lorsque le marché aboutit à une mauvaise allocation des ressources à cause d'une externalité et qu'une négociation privée n'est pas possible, généralement en raison de coûts de transaction élevés, d'informations asymétriques ou du problème du passager clandestin, le gouvernement peut intervenir pour corriger cette défaillance.

L'une des approches que le gouvernement peut prendre est l'adoption de politiques autoritaires, qui consistent en des réglementations strictes. Ces réglementations peuvent être sous forme d'obligations ou d'interdictions concernant certains comportements. Par exemple, le gouvernement peut rendre la vaccination obligatoire pour tous les écoliers afin de s'assurer que la société bénéficie de l'immunité collective. De même, il peut fixer un niveau maximal de pollution que les entreprises ne doivent pas dépasser pour protéger la santé publique et l'environnement. Ces mesures peuvent être efficaces pour atteindre un résultat souhaité rapidement et de manière assez directe.

Cependant, ces politiques peuvent aussi être considérées comme intrusives et limiter les libertés individuelles ou les choix des entreprises. Elles doivent donc être conçues avec soin pour équilibrer les objectifs de bien-être social et le respect des droits individuels. De plus, leur efficacité dépend de la capacité du gouvernement à les faire respecter, ce qui nécessite souvent un suivi et des ressources significatives.

Lorsque des négociations privées échouent à résoudre les problèmes d'externalités et que le marché ne parvient pas à une allocation optimale des ressources, le gouvernement peut opter pour des interventions qui s'appuient sur les mécanismes de marché pour réaligner les incitations privées avec les intérêts sociaux. Ces interventions, dites "orientées vers le marché", cherchent à utiliser les prix et les incitations économiques pour encourager les comportements souhaitables sans imposer directement des réglementations.

Les taxes pigouviennes sont un exemple classique d'une telle politique. Nommées d'après l'économiste Arthur Pigou, elles sont conçues pour internaliser les coûts des externalités négatives. En taxant des activités qui produisent des effets externes nuisibles, comme la pollution, le gouvernement peut inciter les entreprises et les consommateurs à réduire leur comportement polluant jusqu'à ce que le coût social et privé soit aligné. Le montant de la taxe est généralement fixé pour être égal au coût marginal externe de l'activité polluante à la quantité socialement optimale.

D'un autre côté, les subventions peuvent être utilisées pour encourager des comportements ayant des externalités positives. Par exemple, le gouvernement peut offrir des aides financières pour les travaux d'amélioration de l'isolation des habitations privées, ce qui réduit la consommation d'énergie et, par conséquent, les émissions de gaz à effet de serre. De même, des subventions pourraient être offertes aux entreprises qui investissent dans la recherche et le développement de technologies propres ou dans la formation de leur main-d'œuvre, ce qui peut avoir des retombées positives pour l'ensemble de l'économie.

Ces politiques orientées vers le marché sont souvent préférées aux réglementations directes car elles peuvent atteindre les objectifs souhaités tout en permettant une certaine flexibilité dans la manière dont les individus et les entreprises répondent aux incitations fiscales. Cependant, leur conception et leur mise en œuvre nécessitent une compréhension précise de la nature et de la taille des externalités, ainsi qu'une capacité à ajuster les taxes et les subventions de manière appropriée pour éviter des effets secondaires indésirables ou des distorsions du marché.

== Comparaison des Systèmes de Permis et d'Imposition ==

L'État dispose de deux principales approches pour réduire la pollution émanant d'une usine :

# Réglementation : L'État peut imposer une réglementation stricte qui oblige l'usine à réduire la pollution à un niveau spécifique. Ces limites réglementaires sont souvent définies après des études environnementales et sanitaires et peuvent inclure des plafonds sur les émissions de polluants spécifiques. L'usine doit alors ajuster ses processus de production, investir dans des technologies de contrôle de la pollution ou changer ses matières premières pour se conformer aux normes imposées. Cette approche de "commande et contrôle" offre aux autorités une assurance que certaines réductions de pollution seront réalisées, mais peut être coûteuse pour les entreprises et ne fournit pas de flexibilité quant à la manière d'atteindre ces réductions.
# Taxe Pigouvienne : Alternativement, l'État peut imposer une taxe pigouvienne, qui est une taxe sur chaque unité de pollution émise. Le montant de la taxe est idéalement égal au coût marginal externe de la pollution à la quantité optimale de pollution. Cette taxe incite l'usine à réduire la pollution, car elle doit maintenant payer pour l'impact externe de ses émissions. La taxe pigouvienne offre une flexibilité à l'usine sur la façon de réduire la pollution, car elle peut choisir de payer la taxe, de réduire la pollution pour éviter la taxe, ou une combinaison des deux. Cela peut également encourager l'innovation en matière de technologies de réduction de la pollution, car réduire les émissions devient financièrement avantageux.

Chacune de ces approches a ses avantages et inconvénients. La réglementation peut être plus directe et plus facile à comprendre pour le public, mais elle peut également être moins efficiente et moins flexible. Les taxes pigouviennes, quant à elles, sont généralement considérées comme plus efficientes du point de vue économique, car elles permettent à chaque usine de trouver la manière la plus rentable de réduire sa pollution. Cependant, déterminer le montant exact de la taxe pour correspondre au coût marginal externe de la pollution peut être complexe et sujet à des débats politiques et économiques.

Le système de plafonnement et d'échange, également connu sous le nom de marché des permis à polluer, est une méthode orientée vers le marché pour contrôler la pollution en fournissant des incitations économiques pour réduire les émissions polluantes. Voici comment il fonctionne :

# Plafonnement : L'État fixe un plafond, c'est-à-dire une limite maximale sur la quantité totale de pollution qui peut être émise par toutes les entreprises concernées. Ce plafond est inférieur au niveau actuel des émissions pour forcer une réduction globale.
# Distribution de Permis : L'État alloue ou vend des permis à polluer aux entreprises, où chaque permis autorise le détenteur à émettre une certaine quantité de pollution. Le nombre total de permis correspond au plafond d'émissions fixé par l'État.
# Échange : Les entreprises qui peuvent réduire leurs émissions à un coût inférieur au prix du marché des permis auront un incitatif à le faire et pourront vendre leurs permis excédentaires. Cela crée un marché pour les droits à polluer. Les entreprises pour qui la réduction des émissions est plus coûteuse peuvent acheter des permis supplémentaires sur le marché pour se conformer à la réglementation.

Le système de cap-and-trade a plusieurs avantages. Il offre une flexibilité aux entreprises pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de la manière la plus économique. Il encourage également l'innovation en matière de technologies propres car les économies réalisées grâce à des réductions plus efficaces peuvent être rentables.

Cependant, il existe un problème potentiel avec ce système lié au lobbying. Les entreprises et les groupes d'intérêts peuvent exercer des pressions pour augmenter le nombre de permis alloués, ce qui augmenterait le plafond des émissions autorisées et réduirait l'efficacité du programme en termes de réduction de la pollution. Si le plafond est fixé trop haut, les permis peuvent devenir trop abondants et bon marché, ce qui réduit l'incitation à investir dans la réduction de la pollution.

Pour que le système de plafonnement et d'échange fonctionne efficacement, il est crucial que le plafond d'émissions soit fixé à un niveau qui reflète les véritables objectifs de réduction de la pollution et qu'il soit progressivement abaissé au fil du temps pour encourager des réductions continues. De plus, le processus d'allocation des permis doit être transparent et équitable pour prévenir la manipulation du marché et assurer une concurrence juste et efficace.

== Impuestos pigouvianos y permisos de contaminación: evaluación de su equivalencia ==

En los gráficos siguientes se comparan los enfoques del impuesto pigouviano y los permisos de emisión negociables para regular la contaminación. Ambos mecanismos pretenden reducir la contaminación imponiendo costes a los contaminadores, pero funcionan de formas ligeramente distintas.

[[Fichier:Equivalence des taxes pigouviennes et des droits à polluer 1.png|400px|vignette|centré]]

Impuesto pigouviano (Gráfico a) : El impuesto pigouviano es un precio fijado por el Estado a la contaminación. Este precio pretende reflejar el coste externo que la contaminación impone a la sociedad. El gráfico muestra una línea horizontal a un precio determinado por el impuesto. El punto de intersección de esta línea con la curva de demanda de contaminación indica la cantidad de contaminación que se producirá al precio fijado por el impuesto. Las empresas contaminantes pagarán el impuesto por cada unidad de contaminación que emitan, y se supone que este impuesto animará a las empresas a reducir sus emisiones hasta que el coste marginal de reducir la contaminación sea igual al impuesto. La principal ventaja de este planteamiento es que permite a las empresas decidir cómo van a reducir la contaminación, dándoles flexibilidad para encontrar las soluciones más baratas. Sin embargo, el nivel de contaminación resultante no está garantizado, ya que depende de cómo reaccionen las empresas al impuesto. Si el impuesto es demasiado bajo, la contaminación podría seguir siendo elevada; si es demasiado alto, podría imponer costes excesivos a las empresas.

Mercado de permisos de contaminación (Gráfico b): En el sistema de límites máximos y comercio de derechos de emisión, también conocido como mercado de permisos de contaminación, el Estado fija un límite a la cantidad total de contaminación que puede emitirse. Los permisos correspondientes a este tope se distribuyen o venden a las empresas contaminantes. Estos permisos son negociables, lo que significa que las empresas que pueden reducir la contaminación de forma más barata venderán sus permisos sobrantes a otras empresas para las que la reducción es más cara. El gráfico muestra que el precio de los permisos viene determinado por el punto en el que la curva de oferta de permisos (que es vertical porque el número de permisos es fijo) se cruza con la curva de demanda del derecho a contaminar. La ventaja de este sistema es que garantiza un nivel de contaminación que no supera el límite máximo fijado. Sin embargo, el precio de los permisos puede variar y ser difícil de predecir, lo que puede crear incertidumbre en las empresas.

La elección entre el impuesto pigouviano y el mercado de permisos depende de los objetivos específicos y de las condiciones del mercado. Si el objetivo principal es garantizar un nivel máximo de contaminación, el mercado de permisos es más apropiado. Si el objetivo es animar a las empresas a innovar y encontrar formas rentables de reducir la contaminación, el impuesto pigouviano puede ser preferible por la flexibilidad que ofrece. Ambos sistemas se enfrentan a problemas de aplicación, como la necesidad de medir con precisión la contaminación y controlar su cumplimiento. Los grupos de presión pueden ejercer una influencia significativa sobre la fijación de los precios de los impuestos o el número de permisos distribuidos, lo que puede comprometer la eficacia de cada sistema. Además, ambos mecanismos pueden tener consecuencias sociales y económicas, como la transferencia de costes a los consumidores, el impacto en la competitividad de las empresas y la necesidad de una transición justa para los trabajadores de las industrias afectadas.

En resumen, el impuesto pigouviano y el mercado de permisos de contaminación son dos herramientas de política medioambiental que intentan corregir los fallos del mercado asociados a las externalidades negativas de la contaminación. Su éxito dependerá de la forma en que se integren en un marco normativo más amplio y de su aceptación por el público y las empresas.

== Análisis comparativo de las ventajas y los límites de los permisos de emisión y los impuestos medioambientales ==

Los permisos de contaminación y los impuestos pigouvianos son dos de los principales métodos utilizados para internalizar las externalidades negativas de la contaminación. Aunque ambos persiguen el mismo objetivo de reducir las emisiones, lo hacen a través de mecanismos diferentes, cada uno con sus propias ventajas e inconvenientes.

Los economistas tienden a preferir los impuestos pigouvianos por varias razones. En primer lugar, se consideran menos intrusivos en el funcionamiento del mercado, porque permiten a las empresas elegir cómo se ajustan al impuesto. En lugar de dictar cómo y dónde reducir las emisiones, los impuestos animan a las empresas a encontrar por sí mismas los métodos más rentables. Esto puede conducir a la innovación tecnológica, ya que las empresas tratan de reducir la cantidad de impuestos que tienen que pagar. Otra ventaja es el efecto incentivador a largo plazo. Al gravar la contaminación, los gobiernos crean un incentivo financiero permanente para que las empresas inviertan en la investigación y el desarrollo de tecnologías más limpias. Esto puede conducir a mejoras duraderas en la eficiencia energética y la reducción de contaminantes.

Sin embargo, los impuestos pigouvianos también tienen desventajas. Uno de los principales problemas es que el gobierno tiene que determinar el coste social exacto de la contaminación para fijar el impuesto a un nivel que internalice los costes externos. Esto puede ser extremadamente difícil, ya que el daño causado por la contaminación puede variar considerablemente en función de muchos factores, como la geografía, la densidad de población y la sensibilidad de los ecosistemas locales. Si el impuesto se fija demasiado bajo, no reducirá suficientemente la contaminación; si se fija demasiado alto, podría imponer costes innecesariamente elevados a empresas y consumidores.

Por eso se suelen preferir los impuestos pigouvianos, por su flexibilidad y potencial de innovación, pero requieren un conocimiento preciso del daño social causado por la contaminación, que es difícil de cuantificar. La decisión de utilizar impuestos o permisos dependerá de las circunstancias concretas, los objetivos de la política medioambiental y la capacidad del Estado para recabar la información necesaria y ajustar las políticas en consecuencia. En la práctica, puede ser necesaria una combinación de ambos enfoques y, de hecho, de otros instrumentos políticos, para gestionar la contaminación con eficacia y proteger el medio ambiente, manteniendo al mismo tiempo la eficiencia económica.

A menudo se prefieren las restricciones o regulaciones directas de la contaminación por su simplicidad y la certidumbre que proporcionan tanto a los reguladores como a las empresas. Prescriben límites de emisión específicos que deben cumplirse, lo que puede ser especialmente beneficioso en situaciones en las que se carece de información sobre los costes sociales precisos de la contaminación. Estos reglamentos establecen normas claras y proporcionan resultados predecibles: las empresas saben lo que se espera de ellas y los reguladores disponen de un marco claro para la supervisión y el cumplimiento. Por otro lado, estas normativas tienen desventajas significativas a la hora de incentivar la mejora. Una vez que una empresa cumple la norma, suele haber poco o ningún incentivo para seguir reduciendo la contaminación. Esto puede conducir a un estado de autocomplacencia en el que las empresas se contentan con cumplir las normas sin tratar de sobresalir en su comportamiento medioambiental. Además, la normativa puede introducir distorsiones económicas al no animar a las empresas a buscar formas de reducir costes. Podrían verse atrapadas en tecnologías caras diseñadas específicamente para cumplir los requisitos normativos, sin explorar otras opciones potencialmente más eficientes o menos costosas.

Los costes asociados al cumplimiento de la normativa también pueden ser elevados. Las tecnologías necesarias para cumplir las normas pueden ser caras, y estos costes adicionales suelen repercutirse en los consumidores. Esto puede repercutir en el mercado en términos de competitividad y accesibilidad, ya que los precios de los bienes y servicios suben para cubrir el aumento de la inversión de capital y los costes de funcionamiento. Las restricciones son, por tanto, un instrumento importante de la política medioambiental, ya que garantizan que no se superarán determinados niveles de emisión. Sin embargo, pueden ser rígidas y no favorecer la innovación y la mejora continua más allá de los requisitos mínimos. Así pues, una combinación de regulación directa con otros instrumentos económicos, como los impuestos pigouvianos y los sistemas de permisos de emisión negociables, puede ofrecer un compromiso entre certidumbre, flexibilidad e incentivos a la innovación, dando lugar a un planteamiento más matizado y eficaz de la gestión de la contaminación.

= Resumen de los conceptos y estrategias abordados = 

Las externalidades surgen cuando una transacción entre un comprador y un vendedor repercute en terceros que no son ni compradores ni vendedores en esa transacción. Estos efectos secundarios no compensados pueden ser beneficiosos (externalidades positivas) o perjudiciales (externalidades negativas). Una externalidad negativa, como la contaminación de una fábrica, conduce a una sobreproducción en comparación con lo que sería socialmente ideal, porque el coste externo no se tiene en cuenta en la decisión de producción de la fábrica. A la inversa, una externalidad positiva, como la vacunación, conduce a una infraproducción porque los beneficios para la sociedad no se reflejan plenamente en los incentivos privados de los individuos o las empresas.

En algunos casos, las partes afectadas por las externalidades pueden encontrar una solución por sí mismas. El teorema de Coase afirma que si los derechos de propiedad están claramente definidos y los costes de transacción son nulos, las partes pueden negociar compensaciones que conduzcan a una asignación eficiente de los recursos, independientemente de quién posea inicialmente los derechos. Sin embargo, en la práctica, los costes de transacción rara vez son cero y los derechos de propiedad no siempre están claramente definidos, lo que suele complicar las negociaciones privadas.

Cuando las negociaciones privadas no bastan para resolver las externalidades, puede ser necesaria la intervención del gobierno. El gobierno puede optar por imponer normas de comportamiento, que son reglamentos directos que dictan obligaciones o prohibiciones. Estas normas son fáciles de entender y pueden ser eficaces para lograr objetivos específicos, pero también pueden ser rígidas y no fomentar la mejora continua.

Una alternativa es el uso de instrumentos económicos como los impuestos pigouvianos, que tratan de internalizar los costes externos imponiendo un precio a la contaminación, o la creación de mercados de permisos de contaminación, donde las empresas pueden comprar y vender el derecho a contaminar. Estos métodos orientados al mercado pueden ser más eficaces y flexibles que las normas estrictas, ya que permiten a las empresas elegir la forma más rentable de reducir su contaminación y fomentan la innovación a largo plazo.

En última instancia, la elección de los instrumentos de política medioambiental depende de muchos factores, como la naturaleza de la externalidad, la estructura de la industria afectada y los objetivos específicos de la política. Una combinación de regulación directa e instrumentos económicos puede ofrecer a menudo un equilibrio eficaz entre seguridad, flexibilidad e incentivos a la innovación.

= Anexos =

*The Economist, Selling hot air, 07.08.2006
*The Economist, Doffing the cap, 14.07.2007

= Referencia =

<references />

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