El individuo como sujeto de derecho internacional

• ¿Hasta qué punto somos, como individuos, sujetos de derecho internacional?

A este respecto, es necesario hacer algunos comentarios históricos muy breves, pero antes de un punto de definición.

Cuando hablamos de individuos como sujetos de derecho internacional, es decir, individuos capaces de tener derechos y deberes en virtud del derecho internacional; el término "individuo" aquí tiene una connotación jurídica más amplia, los abogados a veces dicen cosas sorprendentes.

Individuo en el sentido jurídico significa cualquier sujeto de derecho internacional, es decir, el ser humano, pero también una empresa comercial con personalidad jurídica, pero también un fundamento, no por supuesto que todos los individuos tengan los mismos derechos, sino que "individuo" se entiende en el sentido más amplio.

El individuo, antes de 1945, tenía un estatus muy especial en el derecho internacional, ese estatus era que estaba prácticamente ausente del derecho internacional, podía ser objeto de regulación en virtud del derecho internacional, pero no gozaba de derechos y deberes como individuo directo en virtud del ordenamiento jurídico internacional.

¿Propósito del derecho internacional? Toda una serie de tratados y normas consuetudinarias se referían a las personas, había tratados que protegían a las minorías, había en el derecho consuetudinario una "norma mínima" que era en ese momento una serie de normas consuetudinarias que establecían la forma en que los Estados debían tratar a los extranjeros; había una serie de derechos para los extranjeros; si los nacionales de un país se encontraban en otro Estado, el Estado de origen tenía derecho a exigir un nivel mínimo de trato.

Todas estas regulaciones pueden haber beneficiado al individuo, en el sentido de que los bienes no vendidos eran un objeto de derecho internacional que también estaba afectado, pero el individuo no podía reclamar directamente sobre la base del tratado o de la norma consuetudinaria porque no tenía derechos u obligaciones directos en virtud del derecho internacional.

Los regímenes anteriores funcionaban de manera diferente, no otorgaban derechos y obligaciones directamente aplicables en virtud del derecho internacional y que la persona podía reclamar en su nombre ante las organizaciones internacionales.

Se dispuso que los Estados incorporarían esos tratados a su derecho interno, y fue en el marco del derecho interno donde los particulares podían beneficiarse de las normas de esos tratados.

El funcionamiento del régimen consistía en establecer una determinada norma en el derecho internacional e incorporarla al derecho interno; la violación de esos regímenes sólo podía dar lugar a la protección diplomática.

Si un ciudadano suizo se encuentra en Rusia acusado de piratería y se considera que esto viola la norma mínima, Rusia podría ser considerada responsable de la protección diplomática, pero sólo de Estado a Estado. El derecho internacional establece regímenes que benefician a los individuos, pero los derechos siempre pasan por el derecho interno, el individuo no puede hacer valer sus derechos y obligaciones directamente en virtud del derecho internacional.

Esto cambió después de 1945, este tipo de pantalla que consiste en decir que el derecho internacional es sólo relaciones interestatales, y que el individuo está sujeto al derecho interno, esto ha cambiado ya que ahora concedemos ciertos derechos e imponemos ciertas obligaciones a los individuos directamente bajo el derecho internacional, estos son derechos subjetivos fundamentales que se resumen bajo el término derecho de los derechos humanos y por otro lado las obligaciones que imponemos a los individuos bajo el derecho penal internacional con respecto a los crímenes mayores por los cuales podemos hacer responsable directamente a un individuo.

Para que un tratado de derechos humanos se aplique a un Estado, debe ser ratificado, en lo que respecta a los derechos humanos basados en el derecho consuetudinario, no hay ningún obstáculo para su ratificación.

• ¿Por qué se adoptó este nuevo enfoque?

La razón de este cambio es simplemente la experiencia del período de entreguerras, que demuestra que el derecho interno puede ser muy deficiente, incluso los Estados culturales pueden caer en una barbarie relativa, el derecho interno puede ser disfuncional o utilizarse con fines oscuros.

Se sugirió que el derecho internacional no ofrece suficientes garantías porque puede fluctuar, mientras que la protección internacional que vincula a los Estados y que éstos no pueden modificar unilateralmente permite que la persona tenga un número mínimo de garantías.

Se trataba de un enfoque optimista, pero la idea es mantener un cierto nivel cuando con el derecho interno no estamos seguros de que, por el hecho de que los Estados están obligados por normas comunes, se trata de una mayor protección que el derecho interno no proporciona.

Derecho internacional de los derechos humanos

En el ámbito del derecho de los derechos humanos, nos limitaremos a ofrecer una visión general de los elementos institucionales, quién hace qué, cuáles son las competencias de los diferentes órganos y los derechos fundamentales que deben protegerse.

En francés, el término tradicional es Derechos Humanos o más precisamente Derecho de los Derechos Humanos que son derechos subjetivos, discutimos la rama y por lo tanto el derecho objetivo de los derechos humanos.

Lo que requiere explicación es más bien el uso del término "hombre". Algunos juran sólo por el término humano. El profesor Kolb se niega a hablar de derechos humanos porque no se reduce a un individuo a un adjetivo.

El punto de partida es la Carta de las Naciones Unidas, es la primera vez que en un texto de Derecho positivo, en Derecho indicativo, ya existía la Carta Atlántica de 1942, pero en un texto de Derecho positivo vinculante vemos por primera vez que se menciona la noción de Derechos Humanos.

Todas estas referencias en el preámbulo, en el artículo 1, en el artículo 13, en el artículo 55, todas estas disposiciones contienen sólo una referencia genérica a los derechos humanos y utilizan términos cuidadosamente equilibrados y restringidos, por ejemplo, la función de la Asamblea General es poder ejercer los derechos humanos, no se dice que la Asamblea tiene poder para controlar la forma en que los Estados se comportan en el ámbito de los derechos humanos, es una función normativa, proporcionar textos.

Sobre la base de estas disposiciones de la Carta y, en particular, del Artículo 13, la Asamblea decidió, al igual que hizo con el derecho internacional, que no podía ocuparse de este tema por sí misma y creó un órgano subsidiario, la Comisión de Derechos Humanos, en 1946.

Este órgano subsidiario debería haber sido un órgano subsidiario de la Asamblea, pero como toda una serie de Estados Miembros son cautelosos en materia de derechos humanos, se prefirió que el órgano subsidiario se trasladara al Consejo Económico y Social, que tiene competencia en cuestiones de derechos humanos en el Artículo 55.

Esta Comisión de Derechos Humanos era un órgano de 53 delegados gubernamentales con algunos otros elementos, como las organizaciones no gubernamentales.

¿Qué hizo la Comisión de Derechos Humanos hasta 2006?

El Consejo de Derechos Humanos sucedió a esta comisión en 2006. El órgano sucesor sigue aplicando sus tres funciones:

1. función de desarrollo de la legislación sobre derechos humanos, "establecimiento de normas", desarrollo de normas, es una función normativa.
2. En cuanto a la función de vigilancia de la aplicación de los derechos humanos, la práctica subsiguiente ha prevalecido durante mucho tiempo.
3. sistema de presentación de informes sobre temas especiales: pueden incluir grupos vulnerables, problemas particulares, derechos humanos en conflictos armados o constituciones extrajudiciales, con temas específicos elegidos en función de la situación actual y de las situaciones de emergencia.

La primera tarea es la función normativa de la Comisión, que estaba literalmente en su tarea original. El Artículo VII de la Carta establece que la misión de la organización es promover los derechos humanos, la intención de los redactores de la Carta era decir que las Naciones Unidas deberían ocuparse de preparar textos de derechos humanos para que los Estados puedan ratificarlos, incorporarlos a su derecho interno y hacerlos aplicables.

Durante muchos años, la Comisión ha hecho esto y sólo aquello, toda una serie de importantes textos convencionales han pasado por sus manos, en particular en relación con los pactos de 1966.

Esta Comisión también ha contribuido a toda una serie de textos de derecho indicativo, algunos de los cuales son famosos, como la Declaración sobre la Protección contra las Desapariciones Forzadas, es un texto de la Comisión de Derechos Humanos el que ha allanado el camino en este ámbito y es a raíz de este texto que han existido convenciones en este ámbito.

La segunda es la función de supervisar la aplicación de los derechos humanos, que es una función que no estaba contemplada en la Carta; fue en los años setenta cuando la Comisión pudo asumir este poder contra la resistencia.

Fue a través de la Resolución 1503 de 1970 que la Comisión de Derechos Humanos estableció un procedimiento para supervisar la aplicación en el caso de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos en un país determinado; existe la posibilidad de que los particulares se quejen a través de peticiones o de que otro Estado se queje de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos en un Estado determinado.

La terminología o el límite de la jurisdicción debido al hecho de que la Comisión tuvo que advertirse a sí misma contra la acusación de iniciar un procedimiento sin tener ninguna autoridad, la Carta sólo prevé la promoción de los derechos humanos, estamos a la intemperie.

Dado que hubo resistencia a ello, la Comisión consideró que este control debería limitarse para no dar la impresión de que se trataba de casos individuales, lo que sería demasiado inclusivo, pero la promoción se interpreta en el sentido de que no se pueden ignorar las situaciones en las que se producen violaciones extremadamente masivas y que hay que hacer algo en este caso.

La Comisión inició un diálogo constructivo con el Estado acusado de cometer estas violaciones masivas y sistemáticas en un procedimiento confidencial. Por este motivo, sigue siendo difícil juzgar el procedimiento 1503 y su eficacia en la actualidad.

Es bastante difícil poder hacer un estudio serio porque todo sucedió confidencialmente y todo sucedió a través de filtraciones.

¿Por qué un diálogo constructivo?

Las Naciones Unidas no tienen poder para intervenir en los asuntos internos e imponer un enfoque decidido de los derechos humanos. Si no pueden tomar decisiones sobre esta cuestión y ni siquiera han obtenido a través de la práctica subsiguiente, si no lo han hecho, lo único que pueden hacer las Naciones Unidas y la Comisión de Derechos Humanos es obtener mejoras pragmáticas.

Para ello, es necesario entablar un diálogo con los actores interesados y crear un clima favorable. Lo peor que se puede hacer es estigmatizar, no se puede conseguir nada. Para conseguir algo, tienes que involucrar a la gente.

La prensa y la publicidad deben ser excluidas, si la prensa está presente, los actores actúan inmediatamente y hacen cosas por la galería; no resolvemos los problemas fundamentales, los problemas de la política interna no se pueden ceder, debemos demostrar que defendemos tal o cual causa, actuar con confianza nos permite "relajarnos". Así que tenemos una cierta oportunidad de poder hablar abiertamente.

Estas son las dos normas esenciales que ha seguido la Comisión; el procedimiento 1503 es una evaluación muy contrastada.

Algunos lo han llamado "el basurero más grande del mundo" y otros dicen que es un procedimiento que ha hecho algunas mejoras.

La confidencialidad es el resultado de un diálogo constructivo, el comité pudo hacer un trabajo útil. La ideología de las Naciones Unidas y de la protección universal de los derechos humanos se mantiene en un diálogo constructivo porque no hay poder de coerción, no hay un Tribunal de Derechos Humanos a nivel universal y, a falta de poder coaccionar, lo único que queda es el diálogo constructivo.

La prensa tiende a tener una actitud sancionadora, incluso muy dirigista. Se considera que las Naciones Unidas deberían imponer límites a los Estados, o incluso castigar a los que violan los derechos humanos, pero esto es simplemente imposible en el estado actual de los textos, las Naciones Unidas no tienen competencia para hacerlo.

La tercera función es el sistema de informes que se ha comprobado que promueven los derechos humanos al denunciar problemas aquí y allá, no por violaciones sistemáticas, sino también por situaciones particulares. Se ha comprobado que los conflictos armados plantean problemas particulares en materia de derechos humanos, etc.

Por lo tanto, desde los años setenta se ha inventado el sistema de informes con relatores especiales; la Comisión nombró a un relator especial sobre un tema concreto que estudiará los problemas concretos y presentará su informe que dará lugar a un debate. A través de la cristalización del problema y la discusión colectiva, se prometen mejoras potenciales.

El espíritu detrás de esto es que pensamos que los Estados no siempre violan los derechos humanos porque tienen mala voluntad, pero también porque algunos problemas no se conocen lo suficiente, al nombrar a un especialista que examinará el problema y diseñará soluciones colectivamente a través de consultas con los gobiernos, puede surgir algo favorable, especialmente porque los problemas se vuelven conscientes.

Tal vez este o aquel gobierno que se enfrenta a problemas similares ha imaginado algo interesante de forma confidencial, pero que ahora se puede destacar.

La Comisión de Derechos Humanos se disolvió en 2006 y el Consejo de Derechos Humanos ocupó su lugar. Esto no debe confundirse con los comités de derechos humanos.

¿Por qué se disolvió la Comisión de Derechos Humanos?

Hay dos razones principales.

Se dijo que la antigua Comisión de Derechos Humanos estaba demasiado politizada, que era algo que se criticaba en Occidente y que era mejor tener un órgano en el que los conocimientos especializados prevalecieran un poco más sobre los debates políticos, a veces muy acalorados. La crítica era que la Comisión se había desacreditado a sí misma. Este descrédito dio lugar a debates épicos de carácter político, pero también proviene de otros factores. Por ejemplo, se consideró que, dado que el Tercer Mundo dominaba a la Comisión y a las Naciones Unidas en términos numéricos, algunos Estados estaban "a la deriva" más que otros. Por ejemplo, Israel se presenta muy a menudo ante la Comisión y es criticado por sus acciones en los territorios ocupados.

Toda una serie de Estados estaban más preocupados por ser condenados por su práctica que por la promoción de los derechos humanos; está presente para evitar las condenas, son juegos políticos. Esto no era muy compatible con la idea misma de promover y defender los derechos humanos en el sistema de las Naciones Unidas.

Como sucede a menudo cuando el bloque occidental quiere algo que le pertenece, la Comisión se ha disuelto y el Consejo ha sido creado en su lugar para abordar estos problemas.

Para el profesor Kolb, la crítica se debe al propio sistema, porque siempre se le llama simplemente politizado lo que hacen los demás; el problema es que la politización siempre es del otro lado y, dado que todavía hay más Estados del Tercer Mundo en el Consejo actual, encontramos los mismos debates y divisiones que en el antiguo comité.

Lo que queremos hacer en las Naciones Unidas y comprometer a los gobiernos, los expertos no comprometen a la gente, debemos hablar con los actores, debemos hablar con los delegados de los gobiernos que razonan políticamente porque ellos representan a los gobiernos. A veces es un poco divertido acusarlos de estar en la política porque para eso están ahí.

En realidad, no hemos sido capaces de lograr avances fundamentales en estos puntos por las razones que apenas se han mencionado.

Esto no significa que el Consejo de Derechos Humanos no aporte innovaciones; las funciones han seguido siendo más o menos las mismas, pero difiere en cuatro puntos concretos.

Desde el punto de vista institucional, el Consejo es más alto que la Comisión

Es un órgano subsidiario de la Asamblea General. El Secretario General quería que fuera un órgano principal, pero esto no se pudo lograr porque la Carta debería haber sido revisada y la revisión de la Carta es complicada.

Como no es posible revisar la Carta, se hace de la mejor manera posible haciendo de ella un órgano subsidiario, la Asamblea aprueba una resolución y se crea el órgano. Es simbólico, pero es una mejora que indica que hoy en día damos mayor importancia a los derechos humanos.

Composición - Los Estados representados en el Consejo

Hemos pasado de 53 Estados a 47 Estados, lo que es un esfuerzo, pero no enorme, que representa más del 25 % de los Estados miembros de las Naciones Unidas.

Estos Estados son elegidos por tres años una vez renovables, después de lo cual usted debe permanecer fuera del Consejo durante al menos tres años para volver a él, mientras que en la Comisión podría ser elegido período tras período.

En el Consejo tenemos un poco más de movimiento. Además, en la resolución 60251 de 2006 se establece que los Estados elegidos para el Consejo deben observar las normas más estrictas de derechos humanos.

Según el mismo texto, la Asamblea General tuvo la posibilidad de suspender a un miembro del Consejo de Derechos Humanos en caso de violación flagrante y sistemática de los derechos humanos mediante una votación de dos tercios de la Asamblea General, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 3 del Artículo 18 de la Carta, que a su vez así lo dispone. No sacamos mucho provecho de este tipo de arreglos, según el profesor Kolb, nadie tiene una chaqueta blanca, ni los Estados ni los seres humanos, es una situación hipócrita porque no hemos cambiado a los Estados miembros; con qué derecho somos necesariamente mejores, etc.

En el caso de las violaciones flagrantes y sistemáticas, la Asamblea todavía no ha excluido a nadie, es comprensible que la mayoría de dos tercios para excluir a un Estado no esté clara sobre cuándo podría aplicarse. Todos estamos acostumbrados a considerar siempre al otro.

La intensificación de la frecuencia y duración de las sesiones

Se consideró que la sesión anterior era una sesión de novillos, unas cuantas sesiones al año y sin suficiente asistencia. El nuevo reglamento del Consejo establece que habrá un mínimo de tres sesiones al año, que deberán corresponder a un mínimo de diez semanas, y que cada miembro podrá proponer sesiones extraordinarias, para lo cual un tercio de los miembros del Consejo deberá seguir esta propuesta.

Hubo propuestas aún más audaces sobre la duración de las sesiones. Es necesario desafiar la fe entre la duración de las sesiones y la calidad de los resultados. El profesor Kolb señala que cuando las reuniones son largas, los resultados son pobres. Con un buen estado de ánimo, podemos avanzar rápidamente en los puntos fundamentales. Es cierto que tomarse el tiempo necesario para discutir los informes puede ser bueno.

El Examen Periódico Universal se conoce a veces como un examen entre pares en inglés.

Esto significa que el Consejo debe evaluar el estado de los derechos humanos en todos los Estados miembros de la ONU, pero la esencia del examen periódico universal es que se trata de un examen en el que todos "pasan por el bote". Hay algunos pequeños juegos políticos, pero cada uno tiene que presentar su situación periódicamente. Se trata de un progreso en el sentido de que no hay una impresión de elección arbitraria; se trata de diálogos constructivos, los Estados presentan informes que se debaten.

Los principales textos de derechos humanos adaptados después de la Carta de las Naciones Unidas tienen la ventaja de ser mucho más detallados y precisos tanto en lo que se refiere a la lex speciali como a la lex posteriori.

El primer texto es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, Resolución 217; esta declaración fue adoptada en 1948 porque fue considerada como un preámbulo del Pacto de los Derechos Humanos que debería seguir, dada la gravedad de la violación de los derechos humanos, en particular por parte de los poderes del Eje, a algo solemne, como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia de 1789, a esta declaración solemne debería seguir un texto jurídicamente vinculante.

La declaración solemne tiene una virtud simbólica y política y detrás de ella hay una convención sobre derechos humanos. Rápidamente fue posible acordar una declaración universal de inspiración política y solemne y proclamarla en la Asamblea General. El problema es que el tratado y el pacto no siguieron, se necesitan 30 años para tener un tratado generalista universal sobre derechos humanos, hubo dos pactos en 1966 que se debieron a la división de los campos antagónicos. Los occidentales siguen creyendo que el acto número uno es el Pacto Civil y Político, mientras que el acto número dos y el acto número uno es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

La Declaración Universal fue considerada al principio como un derecho blando, pero hoy en día la doctrina la considera como el reflejo consuetudinario de los derechos humanos, en muchos tribunales nacionales los tribunales recurren a la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La última observación es que no existe un sistema de control, se trataba de una declaración solemne que no pretendía permanecer aislada, sino que se pretendía adjuntarle un texto jurídicamente vinculante con mecanismos de control.

Los Pactos siguen siendo los dos tratados universales de derechos humanos más importantes porque son los únicos tratados universales de derechos humanos que abarcan todas las categorías de derechos humanos existentes y reconocidos. Todas las demás convenciones se refieren a sectores específicos, como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, mientras que los pactos de 1966 abarcan todo el espectro.

Los Pactos se mencionan en general y siempre cuando se refieren a los derechos humanos, pero de acuerdo con los asuntos tratados en las convenciones especializadas.

Inicialmente, los Pactos se elaboraron de forma diferente a los procedimientos de aplicación y control.

Los dos pactos se organizaron inicialmente de una manera ligeramente diferente: había un Comité de Derechos Humanos con ciertas funciones como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, desde 1985 existe un Comité de Derechos Humanos sobre Derechos Sociales, Económicos y Culturales y sólo a partir de 2009 este Comité puede recibir comunicaciones individuales como el Comité de Derechos Civiles y Políticos.

El primer Comité que ha funcionado y el del Pacto Número II, ¿por qué esta diferencia con un comité más robusto y un comité más diáfano?

La razón es una razón de justiciabilidad, en la visión de 1966 los derechos sociales, económicos y culturales son más bien derechos que deben ser incluidos en el proceso político o derechos que el Estado debe reconocer mediante su legitimación teniendo en cuenta sus aspectos jurídicos; se considera que el derecho a la vivienda no es justiciable, a diferencia del derecho contra la tortura.

En derecho civil y político, hay un Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos es un órgano de tratados, es un órgano de las Naciones Unidas, pero indirectamente, es un órgano del Pacto Número II, es un órgano con competencia respecto de los Estados partes en el Pacto Civil y Político.

Este Comité tiene tres funciones fundamentales:

trabaja con informes periódicos

Los informes son examinados por el Comité: los delegados gubernamentales del Estado interesado presentan el informe, que luego es examinado por un relator, uno de los 18 expertos, que preside un grupo de trabajo, examina el informe y elabora una lista de preguntas que son cuestiones de aclaración, a veces se piden actualizaciones, aclaraciones, desarrollos ulteriores, etc.

Las preguntas se dirigen al Estado, que tiene un plazo determinado para responder; el Estado responde por escrito; sobre la base de esas respuestas, que completan el informe, se establece un diálogo entre el Comité y los delegados gubernamentales. Se trata de un debate "libre para todos" en el que intercambiamos ideas en todas las direcciones.

Al término de este proceso, el Comité, a través de su ponente, prepara un documento en el que expresa sus felicitaciones, si es necesario, por los progresos realizados, su preocupación también por los aspectos que siguen siendo objeto de críticas y sus recomendaciones sobre cómo, en opinión del Comité, podrían resolverse los problemas detectados.

El Estado tiene la oportunidad de estudiar las recomendaciones y dar a conocer sus posiciones, el Estado tiene el deber de tomar una posición, que el Estado toma una posición, el Estado no está obligado a seguir la recomendación, no hay poder de coerción.

Cuando Suiza se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos y se formularon recomendaciones, aceptó, con algunas excepciones, como los minaretes.

Los informes son útiles, no es sólo burocracia porque es un procedimiento para cristalizar el problema, a veces hay problemas en un cantón u otro sin que Berna conozca los detalles.

Donde no hay mala voluntad, podemos hacer cosas, hay una posibilidad de acciones que no teníamos antes, primero debemos ser conscientes de un problema para atacarlo, cuando no tenemos conciencia o negamos poder no podemos avanzar.

Los intercambios también son fructíferos porque "cuatro ojos son mejores que dos", no se trata de estigmatizar, sino de mantener un diálogo constructivo, no se trata de constreñir, sino de estimular. Hay un valor añadido.

los Comités redactan lo que se denominan observaciones generales, en inglés son comentarios generales

Esta es una función interpretativa del Comité, que es un órgano de tratados. Es el órgano más especializado al que se le pide que comente cada uno de los artículos del Pacto a fin de explicar lo que estos términos significan al dar práctica.

En efecto, hay observaciones generales muy importantes, no sólo sobre disposiciones concretas, sino que el Comité incluso está examinando cuestiones transversales. Una observación general bien conocida se refería a las reservas a los pactos de derechos civiles y políticos, a las reservas admisibles, a las disposiciones sobre las que los Estados pueden formular reservas -el criterio esencial es que no pueden formularse reservas si son contrarias al objeto y propósito del pacto-, a los derechos importantes sobre los que no pueden formularse reservas y a la medida en que pueden formularse reservas. Todas estas cuestiones se abordan en la Observación general Nº 24, en la que el Comité se expresa en 1995.

Función para adoptar una posición sobre las comunicaciones individuales

Esta es una competencia opcional en el sistema de pactos, por lo que esta ficción del Comité no es automática, mientras que las dos anteriores son automáticas, es una competencia opcional.

La vigilancia de la aplicación es similar a la de la resolución 1503 (2003), no se ha demostrado que haya una serie de violaciones masivas y sistemáticas, cada persona de un Estado parte en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y también una parte en el Protocolo Facultativo puede presentar una comunicación individual o una denuncia.

El Comité recibe una comunicación individual, que es una denuncia basada en una presunta violación del derecho consagrado en el Pacto. El Comité examina la situación y redacta sus conclusiones, a menudo no está muy motivado, a diferencia de los tribunales, el Comité, salvo en unos pocos casos, se basa en argumentos jurídicos y concluye rápidamente.

Esta posición del Comité no es una decisión y menos aún una decisión jurídica, ningún órgano a nivel universal tiene competencia vinculante en la esfera de los derechos humanos, incluso en las comunicaciones individuales sólo hay una recomendación en el sentido técnico del término con la obligación, en virtud del Pacto de los Estados, de informar siguiendo las opiniones de las recomendaciones formuladas por el Comité.

Hasta ahora no es infrecuente que los Estados cumplan, muy a menudo como en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Comité ha renunciado a que haya una violación, ya que los Estados todo esto es mucho menos grave que seguir en el orden del día y justificarse ante el Comité, de modo que en la mayoría de los casos cumplen.

Durante un tiempo sólo hubo un sistema de presentación de informes en el que se informaba a los Estados sobre los esfuerzos que debían realizar, estos informes no fueron inicialmente supervisados por un Comité, sino que, por conducto del Secretario General, volvieron al ECOSOC.

El Consejo Económico y Social no ejerce por sí mismo su función de supervisión en virtud del artículo 16 del Pacto No. 1. En 1985, se creó un comité bajo este pacto para que hubiera especialización, no querían imponerle e imponerle el control del pacto número I.

Sólo recientemente se ha cambiado este punto de vista y se ha considerado que hay comunicaciones individuales.

Las comunicaciones individuales que conducen a recomendaciones pueden conducir a algo útil. Cuando se establece un comité y se otorga una competencia, se tarda unos diez años en juzgar su eficacia.

Los dos Pactos de 1966 no son los únicos instrumentos en el ámbito de los derechos humanos universales, hay toda una serie de otros; está la Convención contra la Discriminación Racial, que se remonta a la época en que los Estados del Tercer Mundo se independizaron, esta Convención fue adoptada en 1965 y los dos Pactos de 1966 le siguen.

Muy pronto, existe una convención contra la discriminación de las mujeres, es una convención progresista, pero se han hecho toda una serie de reservas bastante malas, ¿quién quiere oponerse a esta convención en el sistema internacional? Se han introducido excepciones perjudiciales.

La Convención contra la Tortura de 1984 es una convención que también tiene un comité, pero la Convención contra la Tortura tiene la particularidad de que su comité no examina los informes y no recibe comunicaciones individuales, realiza visitas in situ a lugares donde hay personas particularmente vulnerables a la tortura.

Está la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, que es importante por su contenido y la publicidad que ha recibido. También existe la Convención sobre los Derechos de los Migrantes en 2003, sobre personas particulares en 2006 y las desapariciones forzadas en 2008. Estas convenciones tienen comités.

Son muchos comités, 9 comités en funcionamiento. Esto es bastante engorroso de manejar.

El sistema también se enfrenta a problemas que no se han abordado adecuadamente, hay retrasos en la presentación de informes y, a veces, en muchos Estados las estructuras son tales que no hay personal suficiente. Hay informes tan malos que no entendemos casi nada y no sabemos cómo responderlos. El primer problema es la calidad de los informes.

Está el problema de la multiplicación de los procedimientos, es difícil para los Estados estar ante tantos comités, cada vez que es necesario utilizar recursos adicionales, es pesado. Habíamos imaginado fusionar este comité y convertirlo en uno.

Por un lado, toda una serie de lobbies querían abandonar sus convenciones, en el campo de los derechos humanos es un entorno muy competitivo, hay muchos egos sobredimensionados.

También temía que esto fuera un primer paso hacia el establecimiento de un Tribunal Mundial de Derechos Humanos; Rusia y China se oponían firmemente a la fusión de los comités.

Los informes son útiles, pero estamos llegando a la saturación en alguna parte.

Hay otros textos fuera de las Naciones Unidas, hay otras organizaciones universales o regionales que también producen textos sobre derechos humanos.

Cabe mencionar la Organización Internacional del Trabajo para el Sistema Universal de Protección de los Trabajadores, que ha elaborado toda una serie de convenios desde 1919; en la actualidad existen más de 200 convenios numerados, que abarcan una amplia gama de temas como el trabajo infantil, el trabajo nocturno de las mujeres, la abolición del trabajo forzoso, la libertad sindical y de los empleadores, los convenios contra la discriminación en el empleo, etc. También existe un sistema de control muy desarrollado en la OIT basado en un sistema de informes individuales.

El órgano de control no sólo está compuesto por expertos, sino por un consejo compuesto por representantes de asociaciones profesionales, hay un número de expertos y un número de delegados sindicales y patronales en pie de igualdad. Así que es una partición de la sociedad civil.

Existen sistemas regionales, el más conocido, el más copiado y el más antiguo es el del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1955, con la particularidad de que existe un Tribunal de Justicia que decide de manera vinculante, condenando en general al Estado por las violaciones del pago de sumas de dinero.

Está la Convención Interamericana de Derechos Humanos, es la Convención de San José de 1969 la que se mantiene en un modelo binario, hay una Convención Interamericana de Derechos Humanos y una Corte Interamericana de Derechos Humanos; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene una función diplomática.

Por último, la Carta Africana de Derechos Humanos de 1981, enriquecida desde 1998 por una Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; esta Corte fue planeada más tarde, el continente africano fue en un tiempo diferente de las medidas jurisdiccionales, tenía un enfoque más colectivista. En la década de 1990, los africanos cambiaron su opinión de que se necesitaba una Corte para juzgar.

Asia no tiene un sistema comparable, es un continente demasiado heterogéneo con una solidaridad demasiado débil para tener un sistema único.

¿Qué tipos de derechos se protegen, qué se espera de los derechos humanos y de los derechos humanos desde un punto de vista material?

Si llegamos al punto, determinaremos con relativa rapidez que hay seis tipos de derechos humanos proyectados por diversos instrumentos de derecho internacional, a veces como pactos, a veces como derecho general:

1. Libertades físicas: derecho a la vida, a la integridad física y a un trato degradante. En términos más generales, se trata de las libertades relativas a la seguridad de la persona -hábeas corpus-, la libertad de circulación, que se refiere a los casos de detención y encarcelamiento. El derecho a la vida no está protegido ni absoluta ni generalmente. El razonamiento de que el derecho a la vida es un derecho fundamental no significa que la vida sea un derecho defendido en general, por ejemplo, la pena de muerte está prevista en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1989 y en el Protocolo 6 de 1985 al Convenio Europeo de Derechos Humanos.
2. Libertades morales: son las libertades relativas a la opinión, las creencias, la religión y la expresión.
3. Libertades asociativas: una asociación más o menos amplia, más o menos estrecha, en primer lugar en el sentido técnico del término, con la libertad de asociación como en el caso de los sindicatos y, de hecho, un derecho reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; sin embargo, se trata de un derecho bastante clásico que los países occidentales han reconocido desde hace mucho tiempo. Es también todo lo relacionado con el derecho de familia y el derecho al matrimonio, pero también la vida privada de la persona.
4. Garantías procesales: es un pequeño universo generalmente resumido en una sola disposición, por lo que la cuestión gira en torno al juicio justo y las garantías procesales, en inglés se habla de juicio justo. También hay toda una serie de garantías que se aplican por igual a los asuntos civiles y penales; es el derecho a un tribunal independiente e imparcial, la independencia que se refiere al tribunal, la imparcialidad que afecta a la calidad de los jueces, que se relaciona con el hecho de que los jueces no tienen una conexión particular con lo que ellos juzgan. En la jurisprudencia ha habido casos en que los jueces han juzgado sin rostro, como en el Perú en el decenio de 1990, en virtud del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el tribunal debe ser establecido por ley, el juicio debe ser público; en el caso penal, el acusado debe ser informado de los cargos que se le imputan y tener el tiempo necesario para defenderse; también tiene derecho a llamar a un abogado, pero también a llamar a un intérprete, ponerse en contacto con su consulado, convocar a los testigos de cargo e interrogar a los testigos de cargo contra él. Existe una jurisprudencia extremadamente rica en materia de juicios justos.
5. Derechos políticos: el derecho a participar en la política; para los pactos universales, estos derechos políticos son extremadamente tímidos y tímidos, como se encuentra en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La única garantía que sigue siendo bastante débil es que el derecho a la participación política se conceda sin discriminación, lo que se establece en el pacto con discriminación por motivos de raza, color, opinión, etc., y sin restricciones irrazonables, lo que permite interpretar según las propias ideas.
6. Derechos económicos y sociales: son los derechos emblemáticos del Pacto I de 1966, se encuentran en otros instrumentos, son los derechos a la seguridad social, el derecho a la vivienda o el derecho al trabajo; estos derechos sociales y económicos fueron apoyados en los años sesenta especialmente por el bloque socialista, por lo que hubo dos pactos.

En el derecho de los derechos humanos no se incluyen las obligaciones, los abogados y los eclesiásticos lamentan que se hayan olvidado los deberes, pero en realidad proviene del origen de los Derechos Humanos, que limitan la intervención masiva en los ámbitos de las libertades individuales para garantizar ciertas libertades individuales que se consideran esenciales porque el Estado desconfía tanto de la izquierda como de la derecha, hay desconfianza en el Estado, hay garantías de libertad y contrapoderes que son derechos en ese momento.

Así pues, utilizamos el término obligaciones positivas que no se mencionan en los textos, se trata de un desarrollo jurisprudencial, es decir, son los tribunales o comités los que han desarrollado gradualmente estas obligaciones positivas injertadas en las disposiciones contenidas en los textos.

La obligación positiva se basa siempre en la idea de que, para hacer efectivos los derechos humanos mencionados en los textos, es necesario que el Estado se abstenga de interferir en la libertad de la persona, pero también que actúe para proteger la libertad de la persona.

La obligación positiva restablece una parte de la obligación del Estado de actuar con miras a hacer que el derecho sea práctico y efectivo porque, de lo contrario, corre el riesgo de ser violado lateralmente de modo que la persona no se beneficie suficientemente de él, es decir, que el derecho no sea suficientemente efectivo. Lo que es necesario para dar efectividad práctica a la ley se considera inherente a la ley.

Si un individuo desaparece sospechosamente y se encuentra en una condición física o psicológica precaria o en su cuerpo, hay una especie de brecha, el Estado podría cometer actos de tortura porque se beneficiaría de la duda y no tendría la carga de la prueba; los tribunales han desarrollado que si hay una muerte sospechosa debe haber una investigación, examinar los signos "extraños" en el cuerpo.

Es una obligación positiva investigar el derecho contra la tortura y el derecho a la vida para hacer más efectiva la prohibición o el derecho garantizado que, de otro modo, podría darse con demasiada facilidad; la carga de la prueba recae sobre el Estado y entonces, en el mejor de los casos, vemos.

En el caso de un atentado con bomba en Chechenia, el Tribunal razonó en virtud del texto que podía aplicar, a saber, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que era el artículo 2 el que se refería al derecho a la vida; la obligación estaba en la preparación del atentado; si el atentado o las fuerzas policiales no tenían suficiente preparación, se consideraba que el Estado no había preparado su intervención y, por lo tanto, se había violado el derecho a la vida.

Él habrá sido violado no por quitarse la vida, hay una obligación por el hecho de que él habrá sido violado por preparar adecuadamente el ataque.

El efecto horizontal es una idea defendida por algunos autores que si los derechos humanos y los derechos fundamentales en una constitución estatal son realmente tan importantes como para ser dichos -fundamentales porque se relacionan directamente con la dignidad humana-, entonces estos autores concluyen que sería extraño que sólo el Estado, a través de sus órganos, garantizara los derechos humanos y que las personas privadas en la sociedad no tuvieran que rendir cuentas.

Los particulares también deben, en su caso, garantizar el respeto de los derechos fundamentales frente a otros particulares; no sólo el Estado está obligado a hacerlo, sino que, dada la importancia de ello, las entidades privadas deben garantizarlo.

Hoy en día, encontramos esta tendencia con la responsabilidad corporativa, en otras áreas es muy difícil aplicar esta idea.

Se trata de una cuestión de generación, estamos hablando de la primera, segunda y tercera generación de derechos humanos:

• primera generación - derechos clásicos, civiles y políticos -: el Estado debe abstenerse de intervenir en las esferas de la libertad de la persona, estos son los derechos occidentales clásicos, es decir, la libertad de la persona contra el Estado
• Segunda generación - derechos económicos, sociales y culturales -: están arraigados en la revolución social de finales del siglo XIX y principios del XX, el Estado tiene la obligación hacia los más débiles de la sociedad de establecer mecanismos de reajuste.

Existe una tensión entre la primera y la segunda generación, si el Estado se toma demasiado en serio a la segunda generación puede matar a la primera generación, siempre debe mantener un cierto equilibrio.

• tercera generación -derechos colectivos que generalmente no son justiciables, como el derecho a la paz-: es un derecho programático que tiene algunos efectos jurídicos bastante débiles, pueden existir disposiciones penales que prohíban la retórica de la guerra o ciertas formas de odio hacia los extranjeros; tales legitimaciones penales se basan en la idea de que es necesario promover la comprensión entre los pueblos o en la idea de que existe un derecho general a la paz.

Hay un aspecto legal y político de los derechos humanos más que en ninguna otra parte, pero los dos están menos separados aquí que en otras ramas del derecho internacional, porque la cuestión de los derechos humanos plantea cuestiones apasionadas en ambos lados, ambos establecen los límites, hay en alguna parte un activismo que crea una tendencia a través del activismo a ir más allá del límite de la ley y avanzar hacia lo que ellos consideran progresista.

Esto plantea problemas cuando, por ejemplo, se critica al Tribunal de Derechos Humanos, se le acusa de activismo y, más aún, de miembros individuales, existe esta dificultad particular que los manifestantes de los derechos humanos llaman peyorativamente el derecho a los derechos humanos, que es la única verdad existente.

Se trata de una cuestión en la que las tensiones son particularmente altas, incluso en el derecho humanitario no existen las mismas líneas divisorias.

Debemos hacer algunas observaciones más que son interesantes, incluso importantes, sobre las que a menudo cometemos errores.

Una persona nunca puede llevar un caso ante la Corte porque sólo pueden presentarlo los Estados en virtud del artículo 34 de su Estatuto, lo que no significa que una persona no pueda presentar un caso ante la Corte, sino que es su Estado el que tendrá que hacerlo en virtud de su nacionalidad.

Por el contrario, una persona puede interponer una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dicta sentencias vinculantes. La Corte se ha abstenido hasta ahora, aunque no siempre, de pedir al Estado que adopte medidas específicas para condenar a los Estados a obtener beneficios financieros.

A menudo es un error pensar que los derechos concedidos, como la libertad moral o de opinión, por ejemplo, están plenamente garantizados en todos los casos y que no pueden limitarse, y esto es un error.

Hay excepciones que se aplican a todos los derechos excepto a la tortura, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos leemos los derechos garantizados, pero es posible limitar el derecho a un interés superior, cuando limitamos este derecho proporcionalmente y no socavamos su núcleo fundamental.

Es obvio que no todos estos derechos pueden ser garantizados en su totalidad y que, debido a que chocan entre sí, es posible que el derecho de unos contra otros tenga que ser limitado, por ejemplo, el derecho a la propiedad o que el Estado pueda a veces expropiar; cuando existe un interés público superior y de manera proporcional es necesario expropiar como en el caso anterior, en algunos países no se tolera la propaganda de guerra.

Existe la posibilidad de limitar los derechos si hay un interés público superior, pero este tipo de cosas se controlan para ver si son necesarias.

Además, existe la posibilidad de suspender ciertos derechos fundamentales y limitarlos en tiempos de crisis estatal, que son situaciones de emergencia en el contexto de conflicto o insurrección en territorio estatal; esto se denomina derogación.

Los derechos humanos son eminentemente contextuales, son derechos contextuales relativos, hay oposiciones entre los derechos humanos y la legislación, es un juego extremadamente complejo y es necesario ver el todo para juzgar adecuadamente esta rama del derecho.

A menudo se argumenta que los derechos humanos clásicos son de origen occidental y que no puede haber derechos humanos universales, porque siempre es una visión de cómo son las personas en la sociedad, cómo interactúan, existen realidades socioculturales, se concluye que los verdaderos derechos universales no existen realmente y que su significado concreto y dado en diversos estados y culturas.

Por un lado, el argumento es cierto en el sentido de que hay que evitar la arrogancia de los Estados occidentales, los occidentales son universalidades, es bastante obvio que existen pensamientos diversos sobre el papel de las personas en la sociedad; por eso, en los órganos de las Naciones Unidas, los países occidentales son una minoría. O bien se trata de un consenso y todo el mundo está de acuerdo, si hay una votación en sentido estricto, casi siempre estamos en minoría, los países del tercer mundo tienen otras prioridades además de los derechos humanos, como los derechos al desarrollo.

La otra parte de la respuesta es que no nos habríamos acercado demasiado, cuando se trata de proteger los derechos fundamentales, hay propuestas fundamentales; en los derechos civiles clásicos, ha habido una convergencia hacia posiciones que consideramos difíciles de no ser universales.

Debemos evitar el peligro de que algunas personas tengan la impresión de decir que si concedemos más derechos, si multiplicamos los derechos vamos hacia un mayor progreso, hacia un mayor bienestar, hacia un mejor funcionamiento de los derechos humanos.

Debemos recordar una verdad jurídica básica, podemos tener la obligación de que el Estado haga algo sin que el Estado esté obligado a hacer algo, pero no podemos tener un derecho subjetivo sin una obligación, porque si nadie estuviera obligado, sería en ingravidez; si añadimos los derechos existentes, la cuestión es quién tiene derechos y obligaciones adicionales.

La densidad de la tortura es un asunto difícil, nos ceñiremos a la Convención contra la Tortura de 1984, que define la tortura.

Convention Internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984 - article 1

• ¿Cuáles son los elementos de la tortura en relación con la tortura? ¿Cómo sale la tortura?

En primer lugar, hay un acto u omisión intencional, por lo que no hay tortura por error según la forma dominante de construir la tortura.

En un caso austríaco en el que alguien fue encerrado en una celda y olvidado durante 15 días en una celda, no hubo intención y, por lo tanto, no hubo tortura tal como se definió.

El objeto material de la tortura es infligir dolor físico o mental a una persona humana, ya sea dolor o sufrimiento agudo.

Debe ser evaluado, debe ser evaluado según las circunstancias, lo que significa que, puesto que la tortura se basa en un juicio y una evaluación de lo que es agudo, no hay una delimitación clara de lo que constituye tortura y de lo que constituye trato inhumano y degradante.

El sufrimiento agudo puede ser físico o mental, como obligar a las personas a presenciar la tortura o el asesinato de todos los miembros de la familia.

La tortura debe llevarse a cabo con un propósito que se describe con cierto detalle como la obtención de información o confesión o castigo o humillación o coerción.

La tortura sin propósito no corresponde a la tortura en el ámbito de los derechos humanos, sino que sería más bien un acto delictivo que entra en el ámbito de aplicación del Código Penal.

Por último, en el ámbito de los derechos humanos, al menos una de las personas que comete el delito debe ser un funcionario público o al menos debe actuar con la aquiescencia de funcionarios públicos, es decir, no hay tortura en presencia de particulares.

Esta delimitación proviene del hecho de que las normas de derechos humanos y relacionadas con la necesidad pública, sería erróneo concluir que si un funcionario público no está presente, entonces el acto es lícito, pero en realidad cae dentro del ámbito de aplicación del Código Penal, que protege la integridad física.

La tortura contra crímenes de lesa humanidad como crimen de guerra o genocidio no implica que sea infligida por un funcionario público en derecho penal; la causa clave es la causa Kunarac de 2001 de la Sala de Primera Instancia.

Puesto que la tortura sólo da el primer paso, los que conceden un sufrimiento o dolor agudo, esto significa que hay categorías más bajas porque queremos protegernos contra las invasiones que aparecen en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe los actos inhumanos y los tratos degradantes.

El trato degradante es un trato que puede crear en las víctimas un sentimiento de miedo, ansiedad e inferioridad que las humilla o degrada.

Todo esto se juzga por el contexto.

Entre ambos, hay un trato inhumano que es el menos definido, es el que causa un sufrimiento suficientemente grave desde el punto de vista de la persona que lo sufre, de modo que existe una prohibición.

El caso de 1996 de Ortiz v. Guatemala en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una hermana y por lo tanto una monja sospechosa de tener vínculos con subversivos, fue tomada por grupos paramilitares y sometida a un tratamiento de elección, comenzando con quemarla con cigarrillos, luego con violación, palizas con diversos objetos, pero también con puños y finalmente fue introducida en un pozo bastante profundo e infestado de cadáveres y ratas.

Un clásico tratamiento de tortura y el del submarino, estas personas recogían contenedores llenos de orina, vómito y semen; las personas se sumergían de tal manera que abrían compulsivamente sus bocas.

El ejemplo clásico es el caso de Irlanda c. el Reino Unido de enero de 1978, en un momento en que la relación entre el Reino Unido e Irlanda del Norte era tensa; los británicos actuales aplican técnicas de interrogatorio al terrorismo del IRA.

Estas técnicas eran, en primer lugar, personas detenidas en esta etapa, sospechosas de tener relaciones con el IRA, de estar de pie durante horas contra una pared en una posición incómoda, luego estas personas fueron encapuchadas para perder su sentido del medio ambiente, luego se les privó del sueño que estira el sistema nervioso y luego estas personas fueron sometidas durante horas del día a un silbido agudo y continuo, y finalmente a la privación de comida y bebida.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que se trataba de un trato inhumano, pero no de tortura.

En el trato degradante, hubo varios ejemplos, como los más clásicos, que son los castigos corporales; hay casos clásicos, como el caso Tyers de 1978, serie A, número 26; se trata de niños en edad escolar en los que se aplicaban castigos corporales por golpes con la vara.

El Tribunal consideró que en 1976 se trataba de un trato degradante y que esta práctica era contraria a la costumbre.

En el caso Raminen de 1997, fue un objetor de conciencia quien no quiso hacer el servicio militar que fue recogido temprano en la mañana, esposado y retirado; la Corte sostuvo que para un individuo no violento, esta puesta en escena podría haber sido mucho más civil.

Los tres umbrales, la tortura, los tratos inhumanos y los tratos degradantes, no pueden definirse con certeza porque son graduales y, por lo tanto, la jurisprudencia o incluso los tribunales penales hacen hincapié en la naturaleza contextual, es decir, estos umbrales no pueden definirse en términos absolutos porque dependen de factores que varían de un caso a otro.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que esto depende de la naturaleza y el contexto del tratamiento, la modalidad de ejecución, la duración de la ejecución, los efectos físicos o mentales o el sexo y la edad de la víctima.

La jurisprudencia penal sugiere que a veces hay que tener en cuenta factores culturales o religiosos; en algunas sociedades, la violación es terrible porque es una vergüenza total, como en el caso Limaj de 2005, Sala de Primera Instancia en el párrafo 237.

Estos delitos penales y las cualificaciones en materia de derechos humanos tienen cierta porosidad porque dependen del contexto.

Le droit pénal international

L’aspect de la responsabilité pénale de l’individu, au XIXème siècle le droit international pénal se résumait à peu de choses en fonction du dogme dominant à l’époque selon lequel l’individu n’était pas sujet du droit international.

Au plan international il y avait la définition des crimes, mais la répression des crimes n’était pas l’affaire du droit international et il n’existait pas de tribunaux internationaux ;tout au plus définissait-on un crime et laissions la répression à un tribunal interne afin de poursuivre les crimes définis internationalement et introduits dans le code interne des États et dans les législations pénales.

Au XXème siècle, on s’est préoccupé d’avoir un régime plus développé, on a continué à définir des crimes, l’évolution est qu’on s’adjoint à la tradition : le droit international ne s’est plus borné à définir certains crimes, mais aussi s’est occupé à la répression.

Au XIXème siècle, les crimes définis internationalement étaient principalement des crimes privés comme la piraterie, la traite des esclaves. Les crimes du XXème siècle étaient des crimes souvent intensément politiques, c’est-à-dire l’État à travers ses organes les perpétuent comme les crimes de guerre, génocides et crime contre l’humanité.

La répression pouvait paraitre insuffisant pour la seule raison que lorsque l’État commet lui-même ces crimes on ne peut s’attendre à ce que ce même État réprime ses propres dirigeants, par conséquent, il a fallu adjoindre aux organes nationaux défaillants des juridictions internationales.

C’est le fait de créer des juridictions internationales qui s’occupent de la répression des crimes où réside la nouveauté.

Du point de vue de l’individu, cela a un impact immédiat parce qu’il n’était pas sujet d’un droit pénal international tout simplement parce que le droit pénal du XIXème siècle était une affaire purement interétatique, les États se mettent d’accord sur la définition d’un crime soit sur le droit coutumier ou sur un traité : l’individu reste un sujet de droit interne.

Lorsque des tribunaux internationaux s’occupent de la répression de certains crimes, l’individu se trouve directement assujetti à la compétence pénale d’un tribunal international, il n’est plus sujet pénal du droit interne, mais aussi du droit international bien qu’il ne le soit qu’exceptionnellement quantitativement et qualitativement.

Quantitativement, peu de personnes ont été jugées devant un tribunal international depuis 1945, qualitativement c’est également restreint puisque les crimes passés devant un tribunal international sont sélectifs.

1945 est la défaite des forces de l’Axe y inclut le Japon, ce n’est pas sans précèdent dans l’histoire qu’on ait essayé de poursuivre des crimes internationaux, mais cela n’a pas abouti comme les procès de Leipzig. Après 1945 les conditions politiques étaient plus favorables, l’accord de Londres qui institue un tribunal international ouvre la voie aux procès internationaux.

Il y a eu quatre séries de procès dans l’après-guerre entre 1946 et 1949 :

• ceux devant le Tribunal militaire international qui est institué par un traité suite à l’accord de Londres de 1945 instaurant le statut du Tribunal militaire international, on retrouve la définition des crimes pour lequel le tribunal est compétent à l’article 6.
• le tribunal de Tokyo ou tribunal pénal pour l’Extrême-Orient est un tribunal qui fut instauré pour juger surtout les criminels de guerres japonais mais aussi pour juger ceux qui avaient organisé les agressions japonaises par exemple en Chine. Le tribunal pénal pour l’Extrême-Orient n’était pas juridiquement un tribunal international même si matériellement il l’était ; il n’a pas été instauré par un accord ou un acte juridique international équivalent. Le tribunal la de Tokyo a été instauré par un décret du général MacArthur qui était le commandant suprême des forces en Extrême-Orient, il avait la faculté selon le droit applicable soit de l’occupation militaire d’instaurer un tribunal : c’est un tribunal américain du point de vue formel, mais les États-Unis ne voulaient pas que ce soit un tribunal uniquement américain, ont été associés les autres alliés, et une série d’États victime d’agressions japonaises, le prédisent était australien. C’est un tribunal qui a un statut fort différent de celui du tribunal militaire international de Nuremberg.

Robert Jackson s’adressant à la cour.

• il y a eu des tribunaux pénaux dans les zones d’occupation en Allemagne notamment dans la zone américaine au sud et la zone d’occupation britannique au nord ; les sièges des tribunaux pénaux américains étaient à Nuremberg si bien que des personnes cofondent le Tribunal militaire international et le tribunal américain. Les tribunaux britanniques avaient leur siège à Hambourg, ce sont des tribunaux basés sur le droit de l’occupation. Ces tribunaux ont été instaurés et ont instruit des procès fort importants comme le tribunal américain de Nuremberg a jugé des personnes au moins aussi importantes que les personnes jugées devant le Grand Tribunal. Il y a ainsi eu les procès des médecins qui faisaient de expérimentations épouvantables, le procès du haut commandement de la Wehrmacht, les Schutzstaffel faisaient du nettoyage ethnique efficace à l’Est, parfois 30 à 40 milles personnes exécutées en une journée, ou alors les juristes du Reich ou encore le procès des politiques. C ’est toute une série de procès de la plus haute importance publié dans les manuels V et P. Les britanniques ont eu des procès avec moins d’éclat et les français n’avaient pas établie de tribunaux quant aux soviétiques, ils n’ont pas jugé les tribunaux, ils exécutaient directement. En occident il y avait des voix aussi pour une justice plus expéditive comme ce fut le cas des britanniques, c’est à cause du procureur américain Jackson et les liens qu’il avait avec le président Roosevelt qui est intervenu pour l’intervention d’un tribunal, c’est aux américains que nous devons l’approche légaliste avec Nuremberg.
• procès nationaux : il y a eu dans toute une série de pays des procès contre des collaborateurs, des criminels nazis ; les Pays-Bas ont souffert d’une occupation horrible et toute une série de criminels nazis a été jugée aux Pays-Bas qui ont instauré une juridiction spéciale avec une Cour de cassation spéciale.

Il faut prendre ensemble ces quatre cercles pour avoir le résultat du pénal après la Deuxième Guerre mondiale, c’est-à-dire la répression pénale qui s’est organisée dans ces couches.

Les juges du tribunal de Nuremberg étaient les juges des quatre alliés, ce qui est particulier est de mettre des soviétiques des américains, des britanniques et des français dans un même tribunal. Il y a 25 accusés, des acquittements et toute une série de condamnations à mort à l’autre bout du spectre, la peine de mort était alors concédée comme normale en cas de crime de guerre.

Les règles étaient constituées de règles du droit humain, sur les moyens et les méthodes de guerre ; le Tribunal militaire international a jugé également le crime contre la paix c’est-à-dire l’acte d’agression et enfin le tribunal avait compétence pour poursuivre les crimes contre l’humanité.

Pourquoi est-ce que le crime contre l’humanité a-t-il été inventé après la Deuxième guerre mondiale ?

Les crimes de guerre ne suffisaient pas sur un point décisif, les crimes de guerre sont la violation du droit et des coutumes de la guerre or le droit de la guerre protège fondamentalement les ressortissants ennemis lors du conflit armé, ce sont les militaires de la partie belligérante adverse qui sont protégés par les conventions, les civils de la partie adverse qui sont protégés contre des actes injustes diligentés par le belligérant ennemi.

Le droit de la guerre en revanche ne s’est jamais préoccupé de la manière dont l’État traite ses propres ressortissants, le droit des conflits armés s’occupe de ceux qui ont besoin de protection, ceux qui ont besoin de protection sont ceux qui peuvent souffrir d’injustices.

Du moment que ces personnes ont notre nationalité ou sont de nationalité cobelligérante, en fonction de cela il y a un crime de guerre ou pas et c’est cela qui a été considéré comme étant choquant que l’on puisse poursuivre parfois et parfois pas des actes de même gravité simplement en fonction du fait plus ou moins hasardeux que la victime ait une nationalité.

Le crime contre l’humanité a été inséré dans le statut du Tribunal militaire internationale pour répondre à cette lacune, la nationalité ne compte pas dans le cadre du crime contre l’humanité.

On a reproché au Tribunal militaire internationale d’être la justice du vainqueur et d’avoir réprimé des infractions nouvelles.

C’est la justice du vainqueur littéralement, les quatre alliés ont créé et composé ce tribunal, de ce point de vue formellement on appréciera le progrès accompli avec le Tribunal international aujourd’hui ; en revanche si on veut suggérer que c’était un tribunal des vainqueurs et que la justice internationale a été biaisée, le témoignage historique parle clairement, ce sont des procès où des standards ont été sauvés.

Sur les accusés principaux il y a eu des acquittements, la procédure a été d’une contradictoire tout à fait exemplaire, les alliés se sont même abstenu d’incriminer des actes qui étaient pourtant des crimes de guerre lorsqu’ils savaient qu’ils n’avaient pas été entièrement propres en la matière. Par exemple, on ne trouve pas de poursuites pour des bombardements de terreur pour la simple raison que les alliés eux-mêmes avaient procédé à de tels bombardements.

Dans l’ensemble, c’est une justice du vainqueur, mais matériellement, les standards les plus élevés ont été maintenus, Jackson y a veillé personnellement, les gens qui étaient là avaient une certaine opinion et une certaine attention sur l’importance historique de ce moment et sur le fait qu’ils seraient jugés plus tard pour ces jugements.

Il y a des incriminations rétroactives, l’agression n’était pas clairement prohibée avant 1945, ces interdictions ne relevaient pas du droit pénal, l’interdiction et l’obligation ne de pas utiliser la force donne lieu à une répression pénale individuelle, le crime contre l’humanité est une nouvelle incrimination : « nullum crime sine lege, lege praevia ».

Là aussi il y a une certaine défaillance à Nuremberg qui doit être traité, le crime contre l’humanité a été essayé d’être temporisé devant être commis dans le contexte d’un conflit armé, un crime contre l’humanité ne pouvait être poursuivi par le tribunal s’il n’était pas lié au conflit armé : on a voulu maintenir un lien entre le crime contre l’humanité et les crimes de guerre commis dans le contexte d’un conflit armé.

Il ne fut possible qu’il en fut autrement, il y a toujours un précédent dans le droit coutumier, toutefois il ne fait pas de doute que ces crimes étaient punissables d’après tous les codes internes existants de tous les pays, on a simplement pris certaines libertés, la créativité a été un peu plus grande dans le crime d’agression.

Après 1945, il y a une longue pose concernant les tribunaux pénaux. Entre 1949 qui sont les derniers procès dans les zones d’occupation et 1993 est surtout du travail normatif et de répression nationale au niveau interne. En 1948 avec la Convention internationale contre le Génocide apparait un nouveau crime, à Nuremberg n’apparait aucune condamnation pour génocide, notion non définit à l’époque.

Les crimes contre les juifs n’ont pas été poursuivis pour génocide à Nuremberg, le sous-chef est la persécution qui a tenu lieu d’incrimination de génocide alors que l’incrimination pour génocide n’était pas définie.

Lorsqu’on parle du génocide arménien, il y a matériellement des éléments de génocide, formellement le crime n’existait pas en 1921, 1922 et 1923 : du point de vue juridique il n’y a pas d’incrimination, historique il y a génocide.

Ensuite, c’est à l’Assemblée générale et à la Commission du Droit international que le droit international a été porté, tout d’abord à l’Assemblée générale qui a donné à ces principes une extension universelle, ensuite c’est la Commission du Droit international qui s’est occupé pendant de longues années de codifier le Code pénal international qui était le projet d’un code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité qui a commencé dans les années 1950 et a dû être arrêté en 1960 parce qu’il y eut un problème sur la définition de l’agression.

Les années 1990 sont bien une décennie du droit international pénal et des tribunaux pénaux, c’est tellement vrai que tout le monde dans la doctrine écrit sur ce sujet.

Le Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal pour le Rwanda ont été créés par le Conseil de Sécurité selon une compétence donnée par la Charte des Nations-Unies. On retrouve ces compétences au chapitre VII de la Charte qui permet au Conseil de Sécurité de prendre, lorsque la paix et la sécurité internationale sont en cause, des mesures contraignantes ; ainsi on peut créer rapidement un tribunal international à compétences coercitives pour les États membres qui peuvent le créer par une décision et le revêtir d’une compétence obligatoire.

La seule alternative viable était de passer par le Conseil de Sécurité qui est le seul organe pouvant prendre une décision.

Ces deux tribunaux sont appelés des tribunaux ad hoc crée dans un cadre particulier par une résolution, 808 pour l’ex-Yougoslave et la 855 pour le Rwanda ; il y a eu encore un ou un tribunal ad hoc fut créé qui est le Tribunal pour le Liban ou un juge de Genève, Robert Roth siégea.

Ce tribunal est aussi une création du Conseil de Sécurité en vertu du chapitre VII avec la particularité que le gouvernement libanais a demandé lui-même au Conseil de Sécurité de créer ce tribunal parce que le gouvernement libanais ne pensait pas avoir du parlement la possibilité de poursuivre certains attentats commis dans cette période.

La particularité de ce tribunal est qu’il y a eu l’incrimination de certains crimes selon le Code pénal libanais, matériellement c’est un tribunal particulier, formellement c’est un tribunal ad hoc créé par une résolution du Conseil de Sécurité.

Il y a aussi les tribunaux dits « hybrides » ou « mixtes », parfois il s’agit de chambres internationales insérées dans le système pénal interne comme dans le cas du système judiciaire du Cambodge, le plus célèbre des tribunaux hybride et le tribunal pénal pour la Sierra Leone qui a rendu un tas de jugements sur des matières différentes notamment des arrêts importants en matière d’enfant-soldat.

Le tribunal Sierra Leone est un tribunal hybride parce qu’il n’a pas été créé par une résolution contraignante du Conseil de Sécurité, mais par les Nations-Unies et l’État en cause.

C’est donc sur un accord entre les Nations-Unies est l’État concerné que sont établis les tribunaux mixtes et non pas sur une résolution contraignante du Conseil de Sécurité, ce la signifie aussi que les mesures de ces tribunaux ne s’imposent pas de la même manière à tous les États membres.

Pourquoi a-t-on crée une série de tribunaux ou de chambre de type hybride/mixte ?

Il y a tout un tas de raisons qui ne sont pas juridiques ou exclusivement juridiques que des motifs d’opportunité, de prudence, de bonne gestion, etc.

Dans les tribunaux mixtes, il y a une représentation à la fois internationale et locale, il y a des juges locaux et des juges internationaux, c’est mixte du point de vue de la composition et des procédures appliquées, cela a été vu comme une possibilité d’engager l’État local dans un processus légal, de former du personnel, de permettre au système local d’évoluer.

On a estimé que l’enrôlement de l’État local été d’une nature à faire progresser le système judiciaire local.

Il y avait aussi des problèmes financiers avec les tribunaux ad hoc, à la moitié des années 1990 les Nations-Unies rencontraient des problèmes budgétaires. Toutefois, ce n’est pas imputé automatiquement au budget des Nations-Unies.

Il y a la possibilité d’engager plus facilement la Chine et la Russie qui devenaient critiques vis-à-vis des tribunaux ad hoc et d’avoir un consentement plus facile, après tout la Sierra Leone a consenti, c’est la raison pour laquelle il a été possible de créer le tribunal du Liban.

La Cour Pénale Internationale est le dernier maillon du point de vue idéal, c’est un tribunal permanent, une Cour, on appelle Cour un tribunal permanent en droit international.

La Cour Pénal Internationale était l’idée, de la rencontre, des organisations non gouvernementales, et de toute une série d’États, d’extraire la sécurité internationale des mains des cinq puissances du Conseil de Sécurité ; il est évident que pour la Yougoslavie ou le Rwanda on peut introduire un tribunal ad hoc.

C’était la préoccupation d’avoir une Cour permanente organisée d’avance et non pas créée au cas par cas, d’avoir une Cour institutionnelle qui fonctionne sur des règles égales et qui ne soit pas une juridiction d’exception manipulée au cas par cas.

La Cour a été créée par une conférence à Rome en 1998, le statut fut adopté suite à des négociations longues et ardues, jamais auparavant une conférence n’avait été le fait d’autant d’États et d’organisations non gouvernementales, ces dernières ont été très présente à Rome dont le Comité international de la Croix Rouge.

Le statut de la Cour de Rome est entré en vigueur en juillet 2002 suite à 60 ratifications et un certain délai, le 11 mars 2003 la Cour a commencé à fonctionner.

Ce fonctionnement de la Cour a jusqu’à présent été assez difficile : la Cour n’a rendu à ce jour que 2 arrêts, elle a instruit des affaires, mais les problèmes se sont présentés soit parce qu’elle n’avait pas assez de pouvoir de forcer des personnes à comparaitre devant elle, soit parce que les procédures durent et sont lourdes, soit parce que cela est trop coûteux. La juridiction est trop nouvelle pour être jugée à ce stade, mais il est vrai qu’il y a des problèmes structurels, elle est encore beaucoup trop influencée par la procédure anglo-saxonne qui est mal adaptée.

Par exemple le tribunal pour l’ex-Yougoslavie coûtait de 10 à 15 fois selon les années plus que la Cour International de Justice ; dans l’ensemble l’expérience valait d’être tentée.

Quel est l’organigramme de la Cour ?

Il y a une série d’organes, chacun avec des fonctions qui lui sont propres, il y a comme dans tout tribunal en grief registry qui est l’administration du tribunal qui fait tous les actes administratifs, fait des dossiers, s’occupe de la traduction, reçoit les pièces, fait des statistiques, fait la correspondance, tout cela est a l’article 43 du statut.

Statut de Rome de la Cour pénale internationale - article 43

Il y a un bureau avec le procureur ; ces fonctions sont décrites à l’article 42 du statut, il instruit à charge et en principe à décharge.

Statut de Rome de la Cour pénale internationale - article 42

Ensuite il y a la section préliminaire, les pouvoirs sont précisés aux articles 56 et suivants ; c’est un organe assez particulier, il doit confirmer les charges du procureur ou les rejeter dans certains cas. C’est un organe intercalé.

Il y a la section de première instance – trial division – ce sont les différentes chambres devant lesquels se déroule les procès, tout se passe en première instance.

Enfin il y a la section d’appel qui sont les chambres du tribunal pour les appels interjetés contre les décisions de première instance et aussi pour certaines autres décisions d’une certaine importance comme des appels relatifs aux décisions du procureur comme admettre ou ne pas admettre de preuve, il y a la possibilité de faire appel a certains actes du procureur.

Quelles sont les compétences de la Cour Internationale ?

La réponse se trouve ans les articles 5 à 8 et désormais 8 bis du statut. Pour l’article d’agression, il faut lire l’article 8bis inséré dans la conférence de Kampala en 2010.

Statut de Rome de la Cour pénale internationale - article 5

Statut de Rome de la Cour pénale internationale - article 6

Statut de Rome de la Cour pénale internationale - article 7

Statut de Rome de la Cour pénale internationale - article 8

Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d’aggression - article 8 bis

Il faut remarquer qu’il y a des absences notables comme les crimes de terrorisme, cela ne veut pas dire que les actes de terrorisme ne peuvent être poursuit, un acte qui induit la terreur peut être induit comme crime de guerre dans le cas de conflit ; il n’y a pas définition généralement acceptée du terrorisme toutefois on continue à se disputer diplomatiquement sur certains aspects de cette définition comme les guerres de libération nationale.

Un autre problème traditionnel est le terrorisme d’État, pour certains l’État ne peut jamais commettre un acte de terrorisme pour d’autre cela est possible lorsqu’il recourt à la terreur. Pour Israël le terrorisme d’État n’existe pas, il n’y a pas de notion juridique.

En dernier lieu sur les compétences partielles il faut signaler l’article 22 dans les statuts de la Cour qui institut le principe de nullum crime sine lege qui est le principe de la légalité, le statut prévoit dans cette disposition que ne pourront être poursuivis que des crimes qui ont trouvé leur place dans le statut.

Statut de Rome de la Cour pénale internationale - article 22

Il faut regarder dans l’article 7, article 8, toutes les incriminations, si une infraction ne se trouve pas codifiée dans le statut, la Cour ne peut pas la poursuivre ; le terrorisme n’est pas dans le champ de la compétence de la Cour, mais un crime de guerre pourrait exister même s’il n’est pas spécifiquement mentionné dans la liste. Si on peut déterminer qu’il y existe un crime de guerre en droit coutumier, la Cour ne pourrait pas poursuivre, il faut que le crime soit explicitement mentionné dans le statut.

Cela n’est pas valable pour le Tribunal pénal de l’ex-Yougoslavie et du Rwanda, les crimes ne sont pas limités aux crimes définis dans les statuts, le tribunal pour l’ex-Yougoslavie prend en compte des crimes relevant du droit coutumier.

Cette vision stricte du statut relève de l’article 22.

Pour quelle période temporelle la Cour peut être compétente ? Quand les crimes doivent-ils avoir été commis ?

L’information pertinente se trouve dans l’article 11, la grande règle est la non-rétroactivité.

Statut de Rome de la Cour pénale internationale - article 11

Cette règle renvoie au droit international pénal, cette non-rétroactivité est ressortie également en droit des traités puisque le statut de la Cour Pénale Internationale et un traité et les traités ne s’appliquent pas rétroactivement à l’article 28 de la Convention de Vienne.

• Que-ce que cet article signifie dans le cadre de la Cour Pénale Internationale ?

La Cour ne peut poursuivre des crimes commis avant le 1er juillet 2002 lorsque le statut entre en vigueur, la date ou le statut enter en vigueur coïncide avec le 1er juillet 2002, mais comme c’est un traité il y a des États qui ont adhéré à ce statut plus tard, pour ces États l’entrée en vigueur du statut est une date plus tardive, une date à laquelle le traité entre en vigueur pour eux, il faut donc vérifier par rapport à ces États-là lorsque leur territoire est en cause ou leur ressortissant est en cause.

Il y a des discussions intéressantes sur la faculté à renoncer au principe de rétroactivité ; la doctrine accepte par exemple qu’un État puisse se soumettre à la compétence de la Cour pour des actes qui seraient commis avant la date d’entrée en vigueur pour lui, mais après le 1er juillet 2002.

Si l’État X a ratifié le statut de la Cour en 2008, entrée en vigueur le 1er juillet 2008, l’État pourrait signaler à la Cour qu’il accepte sa compétence pour un acte commis précédemment.

• Pourquoi cet argument qui peut paraitre relativement particulier ?

C’est une conclusion que la doctrine tire à contrario de l’article 12.3 ; un État pas lié par le statut peut accepter la compétence de la Cour, il serait singulier qu’un État non membre au statut puisse en faire plus qu’un État lié au statut.

Si l’État non parti peut accepter la compétence de la Cour avant 2002, un État parti doit pouvoir en faire tout autant.

Il faut distinguer la non-rétroactivité par rapport au crime et la non-rétroactivité par l’organe qui les juge, la seule rétroactivité dont il s’agit est la rétroactivité par un organe c’est-à-dire la compétence de la Cour de pouvoir juger ces crimes, cela ne contraint pas au droit pénal.

Il existe également certaines exceptions à la non-rétroactivité, il peut y avoir des crimes continus par exemple si on détient illégalement une personne ou si on la fait disparaître est un crime continu, tant qu’on la détient illicitement.

• Que se passe-t-il s’il y a une détention arbitraire qui commence en 2001 et se poursuit en 2002 et 2003 ?

Il y a une infraction commise dans une tranche temporelle où la Cour a les compétences et il y a une fraction où la Cour n’a pas les compétences pour l’autre fraction temporelle.

La nature d’exception et les éléments de preuve, dans le crime de génocide il faut prouver une intention spéciale de détruire en tout ou en partie un groupe national ethnique, racial ou religieux, il faut établir une intention spéciale ; on établit une intention par des preuves circonstancielles, il ne serait pas contraire au principe de non-rétroactivité d’établir l’intention en se fondant aussi sur les éléments du prédateur.

Les éléments de preuve qui permettent de prouver tel ou tel élément de crime peuvent être ramassés sur une tranche temporelle plus large.

La première remarque à propos de la compétence spatiale et personnelle, aussi singulier, étonnant, extraordinaire que cela puisse paraître, ne jouit pas d’une compétence universelle ; en d’autres termes les États pris individuellement peuvent posséder une compétence universelle alors que la Cour Pénale Internationale qui serait plus logiquement désignée pour exercer cette compétence n’en possède pas.

Cela revient à dire que la Cour ne possède la compétence que dans certaines situations déterminées lorsque certains liens existent, ils sont de trois types :

1. la Cour est compétente en vertu du principe de territorialité : lorsqu’un État a ratifié le statut de la Cour Pénale Internationale ou lorsqu’il y a adhéré, tous les crimes qui tombent sous la compétence matérielle de la Cour tombent dans la compétence de la Cour Pénale Internationale.
2. la Cour Pénale Internationale est compétente du point de vue de la personnalité active : pour les États qui ont ratifié le statut ou qui ont adhéré, tout ressortissant d’un État parti lorsqu’il commet un crime tombant sous la compétence de la Cour Pénale Internationale, la Cour Pénale Internationale est compétente. Des États non partis moyennant une reconnaissance ad hoc peuvent se soumettre à la compétence de la Cour Pénale Internationale pouvant reconnaître que pour certains crimes ou des situations entières sur le territoire ou des crimes ou situations pour lesquels leur ressortissant aurait commis des crimes répressible et soumis à la compétence de la Cour. L’État a un certain choix en vertu de l’article 12.3 permettant un élargissement de compétence.
3. saisine par le Conseil de Sécurité : cela constitue une base de compétence autonome, cela signifie que le Conseil de Sécurité lorsqu’il saisit la Cour Pénale Internationale crée par ce même fait la compétence de cette Cour Pénale en vertu de l’article 13 du Statut devant reposer sur une résolution en vertu du chapitre VII de la Charte. Cette résolution adoptée sur la base des articles 39 et suivant et sur la base de la Charte fonde la compétence en vertu du statut de la Cour Pénale Internationale est le seul texte qui fonde une compétence de cette Cour. La particularité de cette capacité de saisissement résulte dans le fait qu’elle soit contraignante, devenant opposable à tous les membres de Nations-Unies y compris aux États qui n’ont pas ratifié ou adhéré au statut. Les membres des Nations-Unies sont tenus en vertu des articles 25 et 103.

On remarque qu’il n’y a pas la personnalité passive, la grande absente est aussi la compétence universelle.

La compétence de la Cour est automatique, il ne faut aucun autre acte pour que la compétence de la Cour soit établie, il suffit que le crime se soit passé sur le territoire d’un État ayant ratifié le statut.

En cas de contestation de la compétence de la Cour ; il peut y avoir des cas ou la compétence n’est pas certaine notamment dans le cas de la compétence temporelle ou de savoir si un ressortissant est bien de tel ou tel État ; la règle générale est que la Cour décide, cette règle se troue mentionnée dans le statut à l’article 19. En cas de contestation de compétence, le tribunal saisi doit pouvoir décider de sa compétence.

Statut de Rome de la Cour pénale internationale - article 19

Les mécanismes de saisine de la Cour Pénale Internationale n’est pas la même chose que la compétence, savoir qui peut la saisir et selon qu’elle modalité n’est pas identique même si à propos du Conseil de Sécurité les deux aspects convergent puisque la saisine vaut titre de compétence.

Les mécanismes de saisine de la Cour pénale internationale, qui peut la saisir, ces mécanismes sont prévus aux articles 13, 14 et 17, on voit apparaitre trois mécanismes de saisine.

1. un État partie au statut de la Cour Pénale Internationale peut déférer une situation au procureur : un État ayant ratifié ou adhéré au statut, peut saisir la CPI. Il peut le faire à propos d’une situation uniquement et non pas d’un crime ; la situation est définie dans le statut de la CPI comme une situation où un ou plusieurs crimes peuvent avoir été commis, crimes qui relèvent de la compétence de la Cour bien entendu. C’est donc un ensemble, un complexe une situation, un contenant, un ensemble d’évènements qui se caractérisent par la commission d’un ou de plusieurs crimes présumés à ce stade ; on exclut a contrario qu’un État puisse saisir la Cour à propos d’un crime particulier ou de plusieurs crimes particuliers, il doit saisir la Cour sur l’ensemble de la situation. Il faut soumettre le paquet, la situation d’ensemble, c’est à la Cour ensuite, à savoir le procureur, quel dossier il peut instruire ; on ne souhaite pas que les États puissent manipuler. Les États partis peuvent soumettre des situations qui les concernent eux-mêmes soit soumettre des situations qui soumettent d’autres États-parties. Pensait-on sans doute que les États signaleraient des situations chez les autres. Les États ont signalé surtout des situations sur leur territoire, ils se sont d’une certaine manière défaussés sur La Haye. Pendant de nombreuses années, les États africains qui ont soumis des cas à la Cour l’on fait selon le self-differ, cela renvoie à l’article 14.
2. situation que peut déférer à la Cour Pénale Internationale le Conseil de Sécurité : le Conseil de Sécurité peut saisir la Cour valant pour titre de compétence, mais restant à la base un mécanisme de saisi, le Conseil peut saisir sur la base du chapitre VII et l’article 13.d du statut de la Cour dans un cas ou un crime semble avoir été commis.
3. la Cour peut être saisie également par le procureur : le procureur peut d’office, proprio motu, ouvrir une enquête, article 13.c ; il peut estimer que quelque part dans un État où à propos d’une situation pour laquelle la Cour est compétente, il y a lieu de lancer une enquête, et le procureur peut le faire tant en ce qui concerne une situation, mais il peut le faire également à propos d’un ou plusieurs crimes, le procureur est le seul qui n’est pas obligé d’instruire à propos d’une situation, mais à propos de tel ou tel crime. On lui permet une sélectivité, car on a plus confiance que le procureur agira non seulement en fonction de son étique professionnelle, mais aussi pour des raisons de fond et non pas politique. À Rome lors de la négociation pour le statut toute une série d’États été réservé d’ouvrir de sa propre initiative une enquête, on craignait des procureurs trop courageux, gênants, politisés qui ouvriraient des enquêtes de manière fort mal venue là ou les États ne le souhaitent pas ; ce fut pour beaucoup d’États un épouvantail de taille, c’est pourquoi on a essayé de limiter le plus possible le pouvoir du procureur pour faire en sorte qu’il ne puisse pas prendre un effort malvenu. Le procureur doit se faire avaliser les charges qu’il souhaite se faire retenir par la Chambre préliminaire qui sert à avaliser les charges du procureur lorsque celui-ci ouvre une enquête par lui-même, les États membres voulaient limiter l’action du procureur.

Statut de Rome de la Cour pénale internationale - article 13

Statut de Rome de la Cour pénale internationale - article 14

Statut de Rome de la Cour pénale internationale - article 17

Il faut signaler la présence de l’article 16 dans le statut de la CPI qui est un article majeur à l’opposition au procès, inséré dans une espèce de contre compensation conte l’octroie au procureur de diligenter des enquêtes d’office. Cela faisait peur à beaucoup d’États notamment les États puissants, ses autres moyens sont un obstacle politique.

Statut de Rome de la Cour pénale internationale - article 16

En d’autres termes, le Conseil de Sécurité ne peut pas seulement saisir la Cour en vertu de l’article 13.b et lancer une nouvelle procédure, mais il peut faire aussi le contraire, il peut bloquer, geler une procédure. Cette motivation octroyée au Conseil était de dire que parfois des enquêtes pénales peuvent déranger le Conseil de Sécurité lorsqu’il est dans une phase critique, lorsque celui-ci s’efforce de ramener la paix. Le Conseil de Sécurité doit se confronter à des pays en conflits armés, pour ramener la paix il y faut des discussions difficiles parfois avec des personnes peu recommandables ; des enquêtes de la CPI ou des enquêtes peuvent pourrir le processus et mettre en danger le retour vers la paix, c’est pourquoi on a estimé que le Conseil de Sécurité ne peut dessaisir la compétence de la Cour, mais la geler, il y une primauté du maintien de la paix sur la justice pénale en vertu de l’article 16.

Le seul cas jusqu’à présent dans lequel l’article 16 a été invoqué avec succès est un cas ou il n’aurait pas du être utilisé parce qu’il s’agissait d’un chantage d’un membre du Conseil de Sécurité pour obtenir un avantage : c’est la résolution 1422 de l’année 2002 où les États-Unis ont obtenu une immunité totale complète de leur personnel vis-à-vis de la CPI, les américains ont dit que si cette résolution n’était pas votée, il ne participerait plus à des opérations de maintien de la paix.

Il suffit que tel ou tel de ces États ait ratifié le statut de la Cour et que les forces américaines soient prises dans la compétence de la Cour en vertu du principe de territorialité, voilà pourquoi les États-Unis on obtenu ce qu’il voulait, chose renouvelée en 2007.

Le principe de complémentarité et de subsidiarité est de haute importance ; contrairement à d’autres tribunaux internationaux, la Cour Pénale Internationale n’a qu’une compétence subsidiaire aux autres États, le but idéal est que la Cour ne soit pas nécessaire, mais qu’au contraire les États membres prennent l’initiative d’insérer dans leur droit interne les infractions à poursuivre et qu’ils organisent leur système pénal en interne pour poursuivre ces infractions en interne.

Ce sont les États qui doivent exercer leurs compétences et on veut les stimuler.

On retrouve ce principe de complémentarité énoncée dans plusieurs places du statut notamment dans le préambule § 4 et §6 et à l’article 1.

Statut de Rome de la Cour pénale internationale - article préembule

Statut de Rome de la Cour pénale internationale - article 1

• Quelle est la raison de la règle ?

La première raison est pragmatique, la Cour Pénale Internationale ne peut instruire toutes les affaires dans le monde ; on ne peut concevoir la chose autre que selon la subsidiarité.

La seconde raison est que la justice locale est souvent meilleure que la justice lointaine ; un tribunal local est toujours mieux armé, c’est une justice plus proche et une justice où il est possible de faire davantage confiance du point de vue culturel. En principe on souhaite que la justice puisse être fait par les acteurs.

Il faut essayer "to empower" la justice locale, il n’y a pas lieu de la court-circuiter immédiatement ; si la justice n’est pas incapable, il n’y a pas de raisons de remplacer telle ou telle capitale par La Haye, siège de la CPI. L’exception à la règle de la subsidiarité est en vertu du chapitre VII de la Charte ; quand le Conseil de Sécurité saisit, c’est qu’il saisit la Cour, il y a primauté de la Cour Pénale Internationale lorsque le Conseil la saisit sur la base d’une résolution chapitre VII.

Le contenu de la règle de complémentarité est relativement facile dans ses fondements, les difficultés tournent autour de l’interprétation de certains termes ; lorsque la Cour est saisie d’une situation ou lorsque le procureur instruit un crime particulier – jusqu’à présent le procureur n’a pas eu à ouvrir d’enquête d’office -, le procureur informe les États partis, mais aussi les États tiers lorsqu’ils ont des liens avec la compétence leur donnant la possibilité d’instruire eux-mêmes cette affaire.

Il y a un délai, mais qui n’est pas de droit strict, ce délai est d’un mois après la notification à l’article 18 du statut.

Statut de Rome de la Cour pénale internationale - article 18

Si un État parti ou non parti, sollicité par l’information, décide d’attraire l’affaire vers lui, le procureur y défaire, il donne la priorité à l’État en cause, mais reste saisi de l’affaire, le procureur se tient informé devant les tribunaux nationaux compétents, et s’il estime que certaines conditions sont réunies, il peut attraite l’affaire vers la Cour Pénale Internationale

Quelles sont les affaires qui permettent au procureur d’attirer les affaires vers la CPI ?

On les retrouve à l’article 17, il s’agit d’un côté d’une absence de volonté de l’État de poursuivre unwilling et de l’autre l’incapacité de l’État à poursuivre « unable ».

Ces deux paramètres n’ont pas encore reçu d’interprétation ; la Libye actuellement réclame la priorité en estimant qu’il est parfaitement capable et volontaire de faire un procès en Libye. La CPI a des doutes considérables.

Le terme unwilling, donc l’absence de volonté de poursuivre, se manifeste par exemple lorsque les procédures nationales ne sont qu’une espèce de paravent pour abriter une personne d’une poursuite réelle, des simulacres de procédures : ce sont les retards justifiés de procédure, lorsque le procès s’éternise, tant est si bien que selon les cas, ils peuvent aussi se prescrire, dans certain pays des crimes sont prescriptible dans d’autres, imprescriptibles.

L’incapacité de poursuivre s’articule plus autour de raisons objectives, on pense ici notamment à des situations d’État en déliquescences lorsqu’après une guerre civile tout le système judiciaire s’est effondré et que cela prendra un certain temps pour le reconstruire ; un État n’est pas en mesure d’instruire un procès ou d’assurer son équité. Une autre raison serait l’obstacle de lois d’amnistie en vigueur qui empêche objectivement pour des raisons juridiques les tribunaux internes puissent poursuivre soit en totalité ou soit en partie.

Le procureur doit juger et évaluer une situation en fonction de ses informations jusqu’à y compris après la sentence rendue.

Il est possible que l’artificialité n’apparaisse qu’après le jugement rendu, la procédure peut être simulée lorsque la peine infligée est complètement dérisoire.

On peut condamner une personne selon une procédure rapide et qui semble être impartiale et indépendante, mais quelques semaines après la peine une grâce intervient et la personne est libérée ; il pourrait apparaitre après coup que la procédure n’était qu’un simulacre.

La Cour jusqu’à présent a rendu deux arrêts de forme en dix ans d’existence, mais elle est saisie de toute une série de situations : situation en Ouganda ou le procès est en cours devant l’une des chambres, la situation relative à la République démocratique du Congo où a déjà eu lieu un jugement, la situation au Darfour, au Soudan, la situation dans la République Centre-Africaine, la situation du Kenya, la situation en Libye ou le Conseil de Sécurité en 2011 a saisi la Cour, la situation en Côte d’Ivoire et la situation au Mali.

Le travail de la Cour Pénale Internationale est basé avant tout et surtout sur la coopération entre les États, elle n’a aucune force de police afin d’arrêter les suspects, elle n’a aucun moyen de contraindre directement les États sauf signaler au Conseil de Sécurité des problèmes de coopération ; sans la coopération des États, la Cour n’est au fond rien.

Cela peut paraitre décevant, mais c’est une réalité du fait qu’au niveau international nous n’avons pas de force exécutive. La collaboration des États est capitale, on le retrouve au niveau de la distribution du travail, et il faut la coopération entre les États membres.

Enfin, la Cour Pénale Internationale est basée sur un accord en portant toutes les traces et les stigmates : la Cour n’est pas là et ne peut pas être là pour instruire sur une base d’égalité parfaite sur tous les crimes commis dans le monde.

Cela est régulier concernant la base conventionnelle de la Cour, en tout premier lieu la Cour n’est pas omnicompétente, cela est dû au fait que le droit des traités est ainsi fait, le traité s’applique aux États qui l’ont ratifié, qui plus est il y a des mécanismes de saisis, des crimes peuvent être commis, mais si la Cour n’est pas saisie rien ne se passera.

La Cour apporte quelque chose par la sensibilisation des États, mais les lacunes et les inégalités qui subsistent sont le fait de sa nature qui est une nature conventionnelle.

Il faut juger la Cour par rapport aux réalisations qui sont possiblement les siennes, mais il ne faut pas la juger et la condamner pour des raisons qui ne peuvent être les siennes à cause de la limite statutaire.

Où est-ce que le génocide est régimenté ?

Le génocide est l’un des crimes qui tombe dans la compétence de la Cour Pénale Internationale.

D’abord, les aspects généraux, tout d’abord, où est-ce que le génocide est régimenté ? On trouve ce crime mentionné est défini à l’article 6 du statut de la CPI, mais aussi dans l’article 4 du tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie.

La définition est rigoureusement identique dans tous les textes, car elle est reprise de l’article 2 de la Convention contre le Génocide de 1948 ; ce n’est pas le cas pour la notion de crime contre l’humanité rendant la situation beaucoup plus difficile du point de vue juridique et marquant l’évolutivité du crime du point de vue du droit coutumier.

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 9 décembre 1948 - article 2

Quant à l’objet du crime si on devait faire une fiche signalétique, dire ce qui fait la particularité intime du crime de génocide est l’aspect suivant : le crime de génocide se caractérise par la volonté du perpétuateur du crime de détruire des groupes humains entiers.

On nie la possibilité et le droit d’existence à des groupes humains entiers que l’on souhaite éradiquer dans une approche qui est basée sur la dépersonnalisation, on ne voit plus les individus comme des individus dans leur particularité, mais dans leur numéro de matricule que l’on souhaite éradiquer.

Il y a parfois une logique de cheptel dans le crime de génocide : on considère quelque part ces personnes d’un groupe déterminé comme du cheptel que l’on doit mener à l’abattoir.

Ce qui définit le profile juridique du crime, il y a trois grands éléments du crime de génocide :

1. c’est une série d’actes prohibés.
2. il ne faut pas commettre ces crimes contre des groupes protégés.
3. intention de détruire en tout ou en partie un ou plusieurs de ces groupes : l’auteur des actes en cause à travers ces actes doit vouloir détruire en tout ou en partie un groupe protégé, c’est une question de représentation mentale.

Dans le droit pénal, la distinction clef en matière d’infraction est d’un côté l’élément constitutif objectif et de l’autre l’élément constitutif subjectif. Pour prononcer une sentence de condamnation, il faut toujours vérifier que sur une sanction déterminée que ces deux éléments aient été réalisés. Par exemple, pour ce qui concerne le vol il y a une série d’éléments constitutifs objectifs comme le fait qu’il faut s’approprier une chose matérielle qui appartient à autrui. Il y a aussi un élément subjectif qui est la volonté de s’approprier la chose et la représentation que la chose est celle appartenant à un autre. Si on ne se représente pas que la chose appartient à un autre dans l’élément subjectif on ne peut commettre un vol.

Les éléments objectifs ne sont que des conditions, il faut en plus un élément constitutif subjectif fait de connaissance et de volonté.

En terme bref, l’objectif est ce que l’on voit, dans l’homicide c’est assister à la mort de quelqu’un assistant à la scène.

Il y a certains actes prohibés et groupes protégés, simplement il y a un élément essentiel qui est l’intention de détruire. Si on ne parvient pas à déterminer l’intention il n’y a qu’une négligence, c’est au procureur d’établir l’intention est pour cela il doit se fonder sur des indices.

Il y a quatre groupes protégés contre le génocide :

• groupes nationaux ;
• groupes ethniques ;
• groupes raciaux ;
• groupe religieux.

Le groupe national a toujours été entendu dans la jurisprudence des tribunaux pénaux comme un groupe composé alternativement de deux types de personnes :

• d’abord un groupe national qui unit toutes les personnes ayant la même citoyenneté étant le lien de rattachement à un État comme un passeport.
• On a considéré comme un groupe national les minorités nationales : les minorités ont la même nationalité que la majorité, mais on les rattache au groupe national.

Le groupe ethnique a été défini dans la jurisprudence comme un groupe basé sur une langue et une culture commune : on sonde les traditions culturelles et linguistiques. Il faut connaitre les réalités socioculturelles, parfois un groupe ethnique est peu de chose. Dans le cas du Rwanda, les Tutsi sont un groupe ethnique selon la jurisprudence, mais ne se distingue pas au niveau de la langue et de la culture de la majorité, c’est une ethnicité qui ressort des papiers.

Les groupes raciaux sont déterminés par la filiation par le croisement des génomes : en 1948, ce qu’on voulait dire de ce critère était fondé sur des caractéristiques physiques et héréditaires.

Les groupes religieux sont selon la jurisprudence des groupes fondés sur les convictions religieuses et une pratique commune. Les convictions religieuses ou les pratiques religieuses sont des convictions ou des pratiques basées sur des croyances spirituelles, mais les limites extérieures d’un idéal spirituel ne sont pas très claires. Ainsi en doctrine on conçoit depuis récemment si un groupe athée peut être conçu comme un groupe religieux.

La définition de ces groupes qui est alternative n’est pas étanche et d’autre part ces catégories sont colorées, empreintes de caractéristiques socioculturelles.

• Se pose une question quant à savoir la définition de ces groupes puisqu’elle fait partie de l’élément constitution objectif ; dès lors, on pourrait poser la question de savoir si ces groupes doivent être définis selon ce que le perpétrateur pense ou alors que le groupe possède les qualités mentionnées de manière objective.

La Cour a tranché et adopté une position mixte de compromis entre le fait que le groupe soit constitué objectivement et la vision subjective selon ce que pense le perpétrateur.

La position intermédiaire consiste à prendre une définition objective comme point de départ, le juge essaie de déterminer si sur le terrain existe quelque chose comme un groupe national, ethnique, racial ou religieux, mais ensuite le juge élargi cette considération objective en prenant en compte des facteurs subjectifs et socioculturels dans la constitution et la perception de ces groupes ;

Parfois des personnes se constituent en groupe parce qu’elles ont une sensation commune fondée ou pas de stigmatisation, parfois des groupes se forment dans la destiné adverse, il y a un facteur subjectif avec la perception d’une solidarité dans une persécution ; de l’autre côté, le juge peut prendre en compte de ce que le perpétrateur pense ou considérait dans quelle mesure le perpétrateur pensait que ce groupe formait un groupe, national, religieux, ou racial.

S’il n’y a pas d’élément objectif, il ne commet qu’une tentative, mais comme il n’y a pas de groupe objectivement constitué il n’y a pas de crime, on essaie de comprendre ce qu’est un groupe en tenant compte des facteurs socioculturels de stigmatisation, les perceptions forment aussi un groupe parce que le groupe perçoit quelque chose en commun.

La question de l’exhaustivité permet de savoirs si on ne commet un génocide contre un groupe national, ethnique, religieux ou racial.

La Cour Pénale Internationale n’a qu’une compétence à propos des crimes couchés dans son statut, elle ne peut connaitre d’aucun crime qui ne serait pas prévu dans le droit écrit de son statut selon l’article 22.

La jurisprudence a d’abord flotté, toutefois si on lit l’arrêt Akayesu au tribunal pénal du Rwanda en 1998, le tribunal explique que la liste est exhaustive pour ce qui constitue un groupe, mais la liste n’est pas exhaustive pour ce qui concerne les groupes eux-mêmes.

Selon la Chambre de première instance, les quatre groupes mentionnés dans la Convention contre le génocide et le statut du Tribunal pour le Rwanda, ont des caractéristiques communes, tout groupe contre lequel un génocide est commis devrait avoir une caractéristique commune : le groupe en cause doit être stable et permanent.

Dans l’esprit des rédacteurs de la Convention de 1948, le groupe national se constitue, on voyait l’infamie du crime dans le fait de persécuter et de détruire pour des qualités qu’elle ne peut pas.

La jurisprudence a part la suite abandonnée cette idée parce qu’on pourrait y ajouter d’autres groupes en fonction du fait qu’ils soient stables et durables ; nullum crime sine lege, on ne peut élargir, car cela signifierait qu’on étendrait la responsabilité pénale qui irait au-delà de ce qui est prévisible pour l’auteur de l’infraction.

Statut de Rome de la Cour pénale internationale - article 6

Il faut rapidement analyser ces différentes entrées ; éthiquement on peut dire qu’elles visent toutes sauf la lettre e l’existence physique ou biologique du groupe.

L’existence physique, si on élimine des membres du groupe, on détruit le groupe, on s’en prend à l’existence physique de personnes déjà existantes en essayant de les détruire.

Il est aussi possible de s’en prendre à la subsistance du groupe dans le temps, on n’élimine pas de personnes qui existent déjà, mais on fait en sorte que le groupe ne se reproduise pas, on s’en prend à l’existence biologique.

En revanche, les rédacteurs de la Convention de 1948, et depuis lors la jurisprudence dans une ligne non brisée, mais linéaire et constante, ont refusé d’élargir la notion de génocide à toute forme de génocide culturel.

Le génocide culturel est tout ce qui concerne la destruction des moyens d’expression du groupe, de l’utilisation de la langue ; cela est thématisé dans la doctrine de génocide culturel, mais juridiquement le génocide culturel ne tombe pas dans l’infraction pénale.

La raison essentielle pourquoi on n’a pas voulu l’insérer dans le crime de génocide est que toute forme de discrimination ne devrait pas être élevée au rang de génocide.

Le meurtre est l’élimination physique des membres du groupe en les tuant, s’il faut entendre un homicide intentionnel et aussi un homicide contraire au droit ; un homicide n’est pas nécessairement contraire au droit comme dans le cas de la légitime défense comme ultima ratio, parfois le droit en fait même le devoir pour les bourreaux dans les systèmes où la peine de mort est appliquée.

L’illégalité n’est pas une condition de trop, il s’agit d’homicides illégaux, le terme homicide est neutre. Le meurtre est connoté juridiquement.

Il faut que le meurtre soit intentionnel ; quand on parle de l’intention en droit pénal cela peut viser plusieurs choses comme le dol direct et le dol éventuel, mais il y a une chose à retenir,l’intention peut être soit directe en agissant directement et intentionnellement.

Il peut arriver que quelqu’un ait du dol éventuel, c’est une intention moins forte, c’est une situation dans laquelle une personne à pensée à ce qu’il pourrait arriver à travers ses actes, ne souhaite pas que cela se passe, mais décide d’agir comme il l’avait prévu, mais accepte les conséquences du résultat de son action. Le dole éventuel suffit – indirect intended - .

L’esprit de la lettre b est d’avoir la création d’une catégorie de « mort-vivant », aliéner le groupe en portant des atteintes graves à son intégrité physique ou mentale comme des actes qui portent atteinte à la santé des membres du groupe même s’ils n’ont pas l’intention immédiate de les tuer, mais on s’en prend à l’intégrité physique du groupe de manière à ce qu’il soit détruit, qu’il soit prostré, que sa viabilité ne soit plus assurée. Des personnes sont parfois mises en condition d’assister au viol, au meurtre de personnes proches.

La lettre c est similaire à la lettre b, il s’agit de moyens de donner la mort indirecte, c’est celui de viser à la mort des personnes par des manières indirectes et plus lentes que dans la lettre a. Les mesures lettre c sont indirectes et insidieuse menant à la mort des personnes. C’est par exemple si des groupes n’ont pas accès à des médecins, si des groupes sont chassés de chez eux, des groupes soumis à un travail excessif, le refus d’accès à de l’hygiène ou à des vêtements minimaux.

La lettre d vise à entraver les naissances au sein du groupe, on ne s’intéresse pas aux personnes qui existent déjà comme entraver la possibilité au groupe de procréer. Il s’agit de toutes mesures coercitives dans lesquelles on s’assure que les naissances dans le groupe ne pourront avoir lieu. Il peut s’agir de la stérilisation, de mutilations sexuelles, du contrôle des naissances, de séparation des sexes.

La jurisprudence mentionne des moyens plus subtils comme l’utilisation traumatique du viol ou encore le cas d’une société dans laquelle la nationalité et l’ethnie, l’appartenance au groupe de l’enfant se détermine selon le père et non pas selon la mère en utilisant massivement le viol pour que les enfants du père soit de l’ethnie du père.

La lettre e a été insérée sur proposition de la Grèce sujette au transfert d’enfants de la Grèce vers d’autres pays, pour avoir cette application il faut que le transfert de ces enfants soit forcé, il n’y a pas de libre consentement et en plus on définit l’enfant comme toute personne qui n’a pas atteint 18 ans.

La politique de l’enfant unique en Chine est-elle un génocide ? Non, car le but de la politique de l’enfant unique n’est pas de détruire en tout ou en partie un groupe national, mais plutôt de faire en sorte qu’il n’explose pas dans toutes les directions ; on ne peut avoir un crime de génocide dans ce sens.

Il en va de même si l’interruption de grossesse est libre puisque l’interruption de grossesse devrait être une interruption forcée.

faut-il la participation d’un État ?

• Un État à travers ses fonctionnaires et ses organes commet des génocides ; faut-il la participation d’un État ?

La jurisprudence nous apprend de manière extrêmement claire qu’un tel lien avec un plan ou une politique étatique n’est pas requis comme l’affaire Jelisic au paragraphe 48. Ce n’est pas une nécessité juridique, mais historiquement ce sont des actes perpétrés par des agents étatiques soit par le soutien de ceux-ci.

Si un tel plan ou une politique existe, cela a une certaine incidence, si cela existe cela permet d’étayer l’intention de détruire, car si on a un plan, cela signifie que l’on a réfléchi et il est plus facile de prouver l’intention de détruire.

Mens Rea - intention de commettre une infraction criminelle - est l’élément constitutif subjectif est subdivisé en deux volets en ce qui concerne le génocide :

• intention selon les règles générales tel que prévus à l’article 30 du statut de la CPI : chacun des actes prohibés, lorsqu’il est commis, doit être commis avec intention ce qui comporte l’intention directe, le dole éventuel, en d’autres termes il n’est jamais possible de commettre un génocide par négligence, il n’est pas possible de commettre l’un des cinq actes par négligence.
• dol spécial : intention de détruire en toute ou en partie un groupe. C’est un élément supplémentaire subjectif, non seulement faut-il l’intention, mais en plus à travers cet acte, l’auteur doit avoir une intention de détruire en tout ou en partie ce groupe.

Il y a quelques délits et crimes qui prévoient un tel double élément comme un meurtre avec une intention de discriminer, en allemand on appelle cela Delikte mit überschießender Innentendenz.

Il faut déterminer comment détruire en tout ou en partie un groupe, comment détruit-on un groupe en tout ou en partie ? Quel doit être le résultat ? Suffit-ce seulement l’intention ou un certain résultat ?

C’est la portée de la destruction qui est en cause, il faut d’abord déterminer quel groupe veut-on détruire, même Hitler ne pouvait avoir la prétention folle d’éradiquer les juifs dans tout le monde.

Si on tue tous les juifs d’Allemagne, est-ce que cela suffit de dire si on a détruit en tout ou en partie le groupe ethnique et religieux juif ?

La jurisprudence nous apprend que, pour parler de génocide, il faut la destruction d’une fraction substantielle du groupe, il doit y avoir un certain résultat produit. Selon cette même jurisprudence notamment l’affaire Krstić peut être soit déclinée selon le mode quantitatif soit selon le mode qualitatif.

La manière de voir quantitative de détruire une fraction substantielle du groupe est numérique c’est-à-dire qu’il faut un nombre considérable de victimes.

La manière qualitative de considérer la destruction d’une fraction substantielle du groupe est de considérer que lorsqu’on s’en prend à des fractions particulièrement représentatives du groupe comme ses élites et ses dirigeants, alors on le décapite quelque part.

La jurisprudence reconnait donc qu’on peut faire le travail soit en s’attaquant de front en essayant d’éliminer le plus grand nombre possible de personnes soit aussi qualitativement en visant des personnes choisies pour leurs symboliques dans le groupe.

Le terme en partie renvoi évidemment aussi à des groupes frappés dans une zone géographique limitée, dans l’affaire Krstić, la Cour a répondu par l’affirmative, c’est la seule situation dans l’ex-Yougoslavie ou le génocide a été admis dans le cas de la situation de Tuzla et de Srebrenica, car la cour a admis que les musulmans de Bosnie avaient une valeur symboliquement importante pour que le fait de s’en prendre à ceux-là constitue un génocide. C’est en fonction d’un critère socioculturel de quelle manière elle se considérait elle-même et de quelle manière les autres la considéraient. Cette valeur symbolique a fait en sorte qu’on l’a considéré en groupe en tant que tel.

Les délimitations ne sont pas simples et même dans le génocide, surgissent des questions de grandes difficultés.

Anexos

• DOMINICÉ, Christian. L’émergence de l’individu en droit international public In : L’ordre juridique international entre tradition et innovation [en ligne]. Genève : Graduate Institute Publications, 1997 (généré le 31 décembre 2015). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/iheid/1341>. ISBN : 9782940549214
• Sperduti Giuseppe. La personne humaine et le droit international. In: Annuaire français de droit international, volume 7, 1961. pp. 141-162. Url : http://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1961_num_7_1_1081