Las medidas provisionales

Este es un procedimiento incidental. No es de extrañar que en el Reglamento de la Corte de 1978, en la sección "d", que lleva el elocuente título de "procedimiento incidental", en la subsección número 1, el título es "medidas provisionales". En inglés, el término "provisional measures" se utiliza, en italiano "misure cautelari", en alemán "einstweilige Maßnahme".

Concepto

¿Cuál es la finalidad de estas medidas provisionales? Si nos referimos al término "medidas provisionales" o "mesures conservatoires", que significa "mesures provisoires", lo que podría ser la justificación de un procedimiento incidental, lo que significa que estamos en el contexto de un procedimiento principal, que se ha presentado un caso ante el Tribunal y que nos encontramos en algún punto entre el momento de la solicitud y el momento de la decisión final. Ahora bien, existe este incidente procesal con medidas cautelares. ¿Cuál podría ser el propósito de las medidas provisionales? ¿Cuál es el peligro si no hay medidas provisionales?

A veces es necesario salvaguardar el objeto mismo al que se refiere el procedimiento, o bien, mediante una fórmula más general pero no falsa, para garantizar la protección o salvaguardia de los derechos subjetivos en cuestión. Considere la posibilidad de iniciar un procedimiento ante un tribunal nacional en relación con un objeto X cuya propiedad es objeto de controversia y en el que el procedimiento es largo y, a veces, de varios años, y es perfectamente concebible que un demandado que no desee entregar ese objeto al demandante porque ambos se han odiado durante años pueda, por supuesto, especialmente si prevé que perderá, destruirá el objeto de la controversia o lo venderá a otros o, de otro modo, adoptar disposiciones sobre el objeto de la controversia que impliquen que la sentencia dictada por el tribunal en su contra ya no pueda ejecutarse. Porque si se trata de una obra de arte y es objeto del litigio, podríamos tomar una medida que sería una medida conservadora, es decir, plantear el objeto para depositarlo en un depósito, por ejemplo, durante el tiempo de la sentencia.

Pero también hay algo más en las medidas provisionales. Hay básicamente dos cosas en las medidas provisionales. Una es más un asunto para la Corte que para las partes, salvaguardando el objeto del procedimiento, esto salvaguarda principalmente los derechos de los Estados afectados o de las partes, normalmente son las partes las que solicitan a la Corte que indique las medidas provisionales.

Si hay una controversia, especialmente si las partes son enconadas o se enfrentan entre sí, también sucede a los Estados, pero también puede depender del objeto de la controversia. Si el objeto de la controversia se refiere a operaciones militares en una región fronteriza, dicha controversia puede escalar rápida y eficazmente. Todo el procedimiento pacífico ante la Corte podría estar en peligro porque si se intensifica un enfrentamiento militar, la solución de controversias con una sentencia de la Corte y con la posibilidad de ejecución disminuye en consecuencia. Por lo tanto, también existe un interés público en que la Corte pueda intervenir relativamente pronto y tratar de calmar las aguas.

Estos son los dos objetos reconocidos para las medidas provisionales. El primer objeto redunda principalmente en interés de las partes, aunque es evidente que la Corte tiene interés en proteger el objeto de la controversia, el segundo es principalmente un interés público, es decir, un interés al que la propia Corte debe prestar atención. Esto se refiere a los artículos 73 y siguientes del Reglamento.

Fundamento de la competencia (artículo 41 del Estatuto de la Corte)

Solicitud de indicación de medidas provisionales (artículo 73 del Reglamento de la Corte)

¿Cuándo puede el Tribunal indicar medidas provisionales?

El término "indicar" es un término que proviene directamente del Estatuto en su artículo 41, que estipula que "La Corte tendrá la facultad de indicar si considera que las circunstancias así lo requieren y qué medidas provisionales de protección de los derechos de cada parte deben adoptarse". El segundo apartado se refiere a la notificación de estas medidas.

En cuanto a la capacidad de la Corte para indicar tales medidas, el Estatuto no es claro porque en 1920, la capacidad de la Corte para indicar medidas provisionales bajo su propia autoridad era una innovación relativamente audaz, ya que indicaba a los Estados lo que debían hacer, en caso necesario incluso antes de que hubieran decidido sobre la jurisdicción y siguieran siendo delicados. Por eso muchas preguntas quedaron abiertas en 1920 y en 1945 la disposición se tomó textualmente del Estatuto de la antigua Corte. Esto significa que no se ha especificado más.

El término "indicar" es un término impreciso porque indica correctamente el proceso, pero no dice nada sobre el Estatuto. El Tribunal tiene el poder de indicar, pero si es vinculante o no, indicar es neutral a este respecto y no nos dice nada. Esta no es la fórmula "El Tribunal tiene el poder de imponer a las partes".

En cuanto a la jurisdicción, tampoco hay nada específico, sólo la frase "si considera que las circunstancias así lo exigen". Si la Corte considera que las circunstancias no lo requieren, no indicará medidas provisionales, lo que constituye una subestimación.

Por lo tanto, está fuera de los textos en primer lugar, el Reglamento no es más que una racionalización de la práctica del Tribunal, por lo que, en primer lugar, el Tribunal ha tenido que cumplir las condiciones a las que estas medidas provisionales han tenido que responder en toda una serie de planes y ya en el primero de ellos, que es saber cuándo puede indicarlos. A un Tribunal de Justicia no le gusta ser discrecional porque huele inmediatamente a política. Esto puede ser apropiado para un órgano político, el juez no se siente cómodo porque entre la discreción y la arbitrariedad siempre temerá caer en este último y su formación como abogado y juez no lo predispone a ello.

¿Cuál es el problema fundamental al que se enfrenta la Corte con respecto a la competencia para indicar medidas provisionales? En términos más sencillos, ¿qué pregunta debería hacerse el juez de La Haya a la CIJ para saber cuándo puede indicar tales medidas, cuáles son los problemas a los que se enfrenta en ese momento, cuáles son los datos que debe equilibrar, porque en el procedimiento, básicamente siempre se trata de eso?

Por una parte, hay que indicar estas medidas y, si es necesario, lo antes posible, si el objeto del litigio está en peligro, hay que intentar protegerlo lo antes posible, cuanto más esperemos y más irremediable sea la situación, y en ese momento todo el ejercicio será ilusorio. Lo mismo se aplica a la agravación del conflicto, si existe el riesgo de agravamiento, se debe actuar inmediatamente.

Indicación ex officio de las medidas provisionales (artículo 75 del Reglamento de la Corte)

¿Cuál es el problema de hacer este tipo de observación a los Estados? Un Estado podrá presentar una solicitud y, al mismo tiempo, solicitar la adopción de medidas provisionales. ¿Tiene la Corte jurisdicción en esta etapa? No sabemos nada al respecto, tal vez ni siquiera lo es, y la petición es puramente vejatoria. Esto no es obvio para el Tribunal de Justicia, le resulta difícil indicar tales medidas cuando no sabe si tiene jurisdicción porque para determinar si tiene jurisdicción o si la demanda es admisible, es un asunto complejo, no se determina al principio mismo del asunto, hay que examinarlo, requiere documentos, requiere que los Estados presenten alegaciones y requiere un gran número de reflexiones, pero también la traducción de los actos.

Esta es la tensión entre el interés en actuar rápidamente porque las circunstancias lo requieren y la necesidad de respetar el ámbito de competencia de la Corte, que no es hablar de todo, sino sólo cuando está autorizada a hacerlo porque se trata precisamente de una cuestión de competencia y no podemos saberlo en este momento.

Condiciones

Jurisdicción Prima facie

La Corte, en su jurisprudencia, nos ha explicado durante mucho tiempo en la realidad, en lo que respecta a la Corte Internacional, ya lo encontramos en sus primeras órdenes de los años cincuenta con los casos provisionales, en particular con el caso de la compañía petrolera iraní, que es un magnífico caso entre el Reino Unido e Irán, en el que Mossadegh, que era el Primer Ministro de Irán en ese momento, que había estudiado en la Universidad de Neuchâtel, hizo su tesis allí, se declaró de nuevo ante el Tribunal porque era abogado. En este caso ya encontramos el vocabulario de la Corte que dice, y este es el principal criterio para indicar las medidas provisionales, en primer lugar, desde el punto de vista de la competencia, que la Corte debe ser capaz de convencerse de que tiene una competencia prima facie.

Debe haber una preponderancia de probabilidad, más probable que no. Esto significa que si es más probable que el Tribunal de Justicia sea competente, debe, en ese momento, dar un margen de urgencia e indicar estas medidas, ya que es más probable que se dicte una sentencia sobre el fondo que que que no se dicte porque es necesario proteger dicha sentencia sobre el fondo. Si, por el contrario, es más probable que no sea competente, que lo sea, entonces es preferible respetar los derechos del acusado y no infringir su soberanía indicando las medidas cuando es más probable que no tenga derecho a expresarse ante él que es probable que sea competente para expresarse ante él. Es un ingenioso acto de equilibrio.

Existen también otras condiciones para indicar medidas provisionales, no sólo esta jurisdicción prima facie. El Tribunal no ha considerado la admisibilidad prima facie en esta fase, porque la admisibilidad prima facie será aún más complicada en la fase de determinación. Como se trata de cuestiones más sustantivas, hasta ahora ha evitado entrar en ellas.

Todos los tribunales internacionales, como los del derecho del mar de Hamburgo, también tienen medidas provisionales que son sustancialmente similares a las de la Corte, más que eso, incluso en el arbitraje, los árbitros de inversiones se han inspirado muy a menudo en el procedimiento de la Corte Internacional en diversas y variadas cuestiones, incluidas las medidas provisionales. Lo que estamos debatiendo aquí tiene un valor ligeramente más general que la ley del Tribunal.

El problema de la jurisdicción prima facie, como siempre en cuestiones de procedimiento, para equilibrar los requisitos divergentes, para equilibrarlos de una manera suficientemente sensata. Los dos aspectos que debían equilibrarse en esta cuestión eran, por una parte, la acción rápida para que las medidas provisionales tuvieran sentido y, por otra, el requisito de no invadir los derechos de los Estados cuando la Corte aún no se haya asegurado de que tiene competencia. De ahí esta cifra intermedia de competencia prima facie que da lugar a la probabilidad predominante de competencia. Este no es el único criterio que el Tribunal debe verificar antes de poder indicar medidas provisionales. Hay otros, incluido uno más.

Este otro criterio, que ya es muy antiguo, se puede encontrar en los primeros casos de la Corte ya desarrollados por la Corte Permanente, pero si lo dejamos en manos de la Corte actual, desde la década de 1950, particularmente con el caso de la Anglo-Iranian Oil Company en 1952, es el criterio del prejuicio irreparable. Las medidas provisionales sólo se indican en principio cuando el juez considera que el daño resultante de su no indicación es irreparable. Es una noción que a veces es complicada de definir porque uno puede preguntarse qué significa "irreparable" en la ley. En el sentido muy estricto del término, nada es irreparable ya que siempre es posible reparar, por ejemplo, mediante una indemnización, pero obviamente este no es el propósito de las medidas provisionales para permitir que el objeto de la disputa sea destruido y luego permitir que sea liquidado mediante medidas financieras o pecuniarias equivalentes.

Simplificar el tema y avanzar, llegar al meollo de la cuestión. Ya hemos debatido anteriormente la justificación de las medidas provisionales. Su justificación fundamental es garantizar que la sentencia definitiva, si se dicta a favor del demandante, no pierda su utilidad y significado. Es decir, el objeto de la controversia no se destruye ni se altera de tal manera que la decisión de la Corte ya no pueda aplicarse adecuadamente en última instancia. Es este criterio el que debe considerarse en relación con el objeto del litigio para determinar si el daño es irreparable o no. Por lo tanto, el criterio es legal y requiere cierta evaluación.

Riesgo de daños irreparables

El criterio de daño irreparable está muy cerca de la emergencia. Las medidas deben parecer urgentes para que el Tribunal de Justicia pueda indicarlas incluso antes de que, en su caso, haya ejercido su competencia. Si las medidas no parecen urgentes, es decir, si parece que se podría perfectamente dar tiempo a verlas venir e indicárselas más tarde, esto equivale a decir que el daño previsto no es irreparable y que, en ese momento, el Tribunal se abstiene de indicar las medidas porque sería innecesariamente injurioso para los derechos, normalmente del demandado.

Parece, y se trata de un ámbito que va más allá de la jurisdicción y está próximo, que las medidas indicadas deben poder preservar el objeto del litigio y mantener la utilidad de la sentencia final en caso de que se dictara alguna vez. Es un problema causal. Las medidas solicitadas o, en cualquier caso, las medidas que el Tribunal de Justicia indica, deben considerarse adecuadas a tal fin, a saber, preservar el objeto del litigio. Las medidas que vayan más allá de este objetivo, o peor aún, que no sean adecuadas para el asegurado, no son indicadas por el Tribunal, son ajenas al objeto del litigio y, por lo tanto, están dentro del ámbito de la jurisdicción del Tribunal. Por lo tanto, es perfectamente posible pedir que, en virtud del derecho interno, se cubra un objeto si se desea que esté protegido contra una posible destrucción o evacuación, no se puede ver en qué sentido las medidas que afectan a la intimidad de la otra persona, la prohibición de desplazarse más allá de un determinado radio, etc., podrían ser útiles para preservar este objeto de la controversia, y el juez no indicaría tales medidas.

Finalmente y negativamente. Esta vez, la Corte Internacional no ha prestado hasta ahora mucha atención a la verosimilitud de los derechos sustantivos. No se trata de una cuestión jurisdiccional. La competencia es una cuestión de competencia a primera vista en materia de medidas provisionales. ¿Qué hay de los derechos sustantivos? En caso de que también parezcan plausibles a primera vista, ¿deberían los derechos invocados por el demandante también parecer fundados con una probabilidad mayor que la contraria? Hasta ahora, el Tribunal no ha desarrollado ninguna jurisprudencia a este respecto y se ha abstenido de entrar en la cuestión de la verosimilitud del derecho sustantivo. Y eso es comprensible, porque la jurisdicción es una cuestión, como hemos visto, que se puede decidir, no siempre, pero en la gran mayoría de los casos, en la fase preliminar. En caso de litigio, debe expresarse, salvo excepción muy concreta, sobre la plausibilidad del derecho invocado, lo que resulta muy difícil en una primera fase, ya que el Tribunal no dispone de los elementos necesarios para ello, y es comprensible que en estas circunstancias se muestre muy reacio a comprometerse con él, ya que, además, daría indicaciones molestas sobre su propia convicción. Desde el principio, daría a ambas partes en el procedimiento una indicación de si cree o no en la bondad del caso. A un tribunal, en particular a un tribunal internacional, no le gusta dar sus indicaciones demasiado pronto en el procedimiento y, por lo tanto, dar la impresión de que ya tiene un sesgo cuando todavía no conoce los argumentos que se presentarán más adelante en la fase de las pruebas sobre el fondo y, si es necesario, se especifican aún más en el momento de las "alegaciones orales". La realidad es que estos alegatos ante la Corte Internacional de Justicia se presentan oralmente, pero por escrito. Es muy particular, usted lee un texto en la corte cuando se declara y no puede tener tiempo para hacer otra cosa. Sin embargo, es posible tomar algunas pequeñas libertades, especialmente cuando no hay tiempo, es posible acortarlo. En principio, es un texto porque hay que traducirlo y se traduce simultáneamente, los traductores se preparan de antemano, no se puede improvisar tanto más porque representamos a los Estados y no se puede decir si pasa por la cabeza. Los Estados deben leer primero lo que se va a decir y apoyar cada palabra. Por lo tanto, no es posible hablar libremente.

Es poco probable que en los próximos años el Tribunal desarrolle esta rama de la plausibilidad de la ley, sin duda, lo hará a lo sumo si el derecho sustantivo pareciera ser totalmente imaginativo. Entonces, quizás algún día habría un precedente en el que la Corte se negaría a indicar medidas provisionales por esa razón. No admitirá que sería debido a la plausibilidad de la ley, si encuentra otra razón para no indicar estas medidas, en particular la ausencia de urgencia, preferirá esconderse detrás de los circos conservadores y seguros de su jurisprudencia.

En primer lugar, ¿de quién puede o debe emanar la solicitud de indicación de medidas provisionales? La respuesta se encuentra en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. El procedimiento incidental se iniciará con la subsección 1 de la sección "d", titulada "medidas provisionales" en los artículos 73 y siguientes. El artículo 73, el primero de ellos, en el primer párrafo, ya empieza por establecer claramente quién, en la terminología jurídica, tiene derecho a solicitar tales medidas: "una parte puede presentar una solicitud de indicación de una medida provisional". También significa, por otra parte, que los Estados que participarían incidentalmente en el proceso, pero sin llegar a ser parte en el mismo, no tienen derecho a solicitar tales medidas.

¿Quiénes son los demás Estados que participan en el procedimiento sin ser parte? Se trataría de Estados que no tienen legitimidad activa para solicitar medidas provisionales porque no han acudido a las actuaciones. Se trata de los intervinientes, en particular en el sentido de los artículos 62 y 63 del Estatuto. Los Estados partes en las actuaciones, es decir, el demandante y el demandado, y entre ellos pueden figurar varios demandantes y demandados, como en el caso de la legalidad del uso de la fuerza, en el que Serbia presentó una demanda contra 10 Estados de la OTAN. Los Estados Partes en las actuaciones podrán presentar varias solicitudes para que se indiquen las medidas provisionales. Esto significa que si la Corte rechaza la primera solicitud en este sentido, no significa en modo alguno que esos Estados o el Estado de que se trate, o el Estado que hizo la primera solicitud de indicación de medidas provisionales, serán casi siempre el demandante, pero el demandado también puede hacerlo en una reconvención, que esos Estados no podrán repetir, devolver, solicitar de nuevo medidas provisionales y esto es comprensible porque la Corte habrá rechazado la primera solicitud, en particular en lo que respecta a la falta de urgencia. Pero la situación también puede cambiar en cualquier momento y, por lo tanto, la Corte puede tener que reconsiderar la cuestión con nuevos elementos.

Ha habido largos procedimientos, y podemos pensar en el caso de genocidio entre Bosnia y Serbia ante el Tribunal, un procedimiento que duró trece años, durante los cuales las solicitudes de medidas provisionales cayeron como la nieve en invierno y además de ambas partes. El Tribunal tuvo que decir en este caso que no quería indicar ninguna medida adicional, recordó a las partes que ya había indicado tales medidas y que había llegado el momento de aplicarlas antes de solicitar nuevas medidas. En cualquier caso, el Reglamento establece que podrán solicitarse de nuevo medidas provisionales, tal como se establece en el artículo 75, apartado 3, del Reglamento.

También es posible presentar reconvenciones, es decir, el demandado también puede reclamar al demandante en el procedimiento. Además, con independencia de las partes en el procedimiento, el Tribunal de Justicia podrá indicar también medidas provisionales de su propia competencia. Por lo tanto, no depende de la solicitud de una o más partes, sino que también puede indicar de oficio las medidas que considere necesarias. El artículo 75.1 establece que "La Corte podrá decidir en cualquier momento examinar de oficio si las circunstancias del caso requieren la indicación de las medidas provisionales que las partes o una de ellas deban adoptar o ejecutar". Por lo tanto, la Corte puede indicar tales medidas, lo hará de conformidad con su jurisprudencia establecida más o menos desde los casos de mediados de los años ochenta, a saber, Burkina Faso - Malí, con el caso del litigio fronterizo en 1985, y el caso de Nicaragua en 1983, cuando se adoptaron las medidas provisionales. Las sentencias sustantivas en estos dos casos son de 1986. Por lo tanto, el Tribunal lo ha hecho desde entonces para preservar no tanto el objeto de la controversia, sino más bien para garantizar que la controversia no se intensifique.

El Tribunal consideró que cuando las relaciones entre las partes se amplían aún más mediante acciones unilaterales, en particular las acciones armadas, las posibilidades de éxito de la transacción judicial y, en última instancia, de la sentencia que el Tribunal puede dictar disminuyen drásticamente y que, por consiguiente, como es mejor prevenir que curar, el Tribunal toma la iniciativa y trata de indicar las medidas que pueden calmar a las partes. En los dos casos mencionados anteriormente, se trataba de operaciones militares. En el caso Burkina Faso - Malí, hubo tensiones en la frontera entre los dos Estados, lo que fue una disputa de delimitación. Desde entonces, el Tribunal ha indicado tales medidas, lo hace con cierta parsimonia, pero no se priva de ellas. Como se indica en el párrafo 1 del artículo 75, las medidas que la Corte adoptará por iniciativa propia pueden afectar a ambas partes, como ocurrió en la situación entre Burkina Faso y Malí, pero también pueden afectar a una de las partes si es principalmente a una de ellas a quien debe indicarse determinada conducta que pueda dar lugar a una disminución de la tensión. La Corte trata de indicar medidas neutrales en la medida de lo posible, incluso cuando se refiere a un Estado en particular, prefiere indicar medidas provisionales formuladas para ambas partes y luego cada una de ellas se reconocerá a sí misma detrás de ellas. La Corte no está obligada a hacerlo, también puede dirigir medidas a una parte, lo cual es siempre un poco más problemático desde su punto de vista porque es "un poco" discriminatorio.

Urgence

Un autre point de procédure est la priorité des demandes en mesures conservatoires. S’agissant de demandes urgentes, la Cour leur donne toute la priorité nécessaire et cette priorité ne relève pas uniquement de son bon vouloir ou de sa discrétion, mais également d’une base réglementaire. L’article 74§ 1 du règlement est très clair stipulant que « La demande en indication de mesures conservatoires a priorité sur toutes autres affaires ». Cela signifie que la planification de plaidoiries par exemple devant la Cour, souffre ces dernières années de plus en plus d’aléas parce qu’il arrive qu’au tout dernier moment, la Cour se voit confrontée à une demande en indication de mesures conservatoires, et à ce moment-là, soit la Cour doit simplement rester encore pendant des jours alors qu’il devrait y avoir des vacances judiciaires, ou alors, tout simplement des audiences planifiées doivent être repoussées au dernier moment, ce qui est plus fâcheux pour les États qui cherchent à faire avancer l’affaire devant la Cour.

Dans des cas extrêmes, il est arrivé que le président de la Cour ait dû faire une conférence téléphonique afin de pouvoir indiquer des mesures conservatoires dans les douze heures, c’est-à-dire en moins d’une journée ; étant donné que l’Allemagne avait porté devant la Cour tardivement l’affaire des frères LaGrand qui devait être exécutés au Texas, l’Allemagne faisait valoir que toute la condamnation était douteuse parce que les deux frères d’origine et de nationalité allemande n’avaient pas pu obtenir le secours consulaire de l’Allemagne si bien que leur défense aurait été mise en difficulté. Dans le cas où il faudrait refaire un procès et redéterminer leur culpabilité, s’ils ont déjà été exécutés, cela est compliqué du point de vue de l’urgence et du point de vue du dommage irréparable. Étant donné que le délai était extrêmement court, le président a dû contacter les autres juges par téléphone et en urgence qui n’a pas eu lieu l’effet escompté, parce que le Texas a fait opposition non pas contre la Cour, mais contre Washington. L’administration américaine voulait faire exécuter l’ordonnance de la Cour et le Texas a refusé l’ordre du gouvernement central stipulant que le Texas est indépendant dans ses affaires judiciaires. Les frères ont été exécutés. Parfois, la célérité confine à la frénésie. Douze heures sont très courtes pour exécuter une ordonnance, il se trouve que les présidents ne peuvent même pas être au siège, c’est pourquoi il faut téléphoner et on peut espérer que les communications téléphoniques fonctionnent à ce moment-là.

Caractère plausible du droit dont la protection est recherchée

La Cour indique les mesures conservatoires dans une ordonnance. Pourquoi une ordonnance ? Les ordonnances sont réglées à l’article 48 du Statut et 44 et suivant du Règlement. Qu’est-ce qu’il y a comme acte judiciaire à la Cour. Il y a des ordonnances, des arrêts, des jugements ou encore des décisions.

Qu’est-ce qui distingue une ordonnance d’un arrêt ? Et pourquoi donc, ici, la Cour prend-elle des ordonnances invariablement ? Il n’y a pas d’arrêt sur les mesures conservatoires et il n’y en aura pas, cela serait une erreur juridique. Pourquoi c’est une ordonnance et ce n’est pas un arrêt, ce qui implicitement ici nous indique peut-être quelle est la différence fondamentale entre les deux actes. En anglais, on parle de « order » pour une « ordonnance » et « judgement » pour « arrêt ». Il n’est pas possible de recourir contre les ordonnances, mais peut-on recours aux arrêts de la Cour ? Il est possible de recourir contre les arrêts de la Cour dans un cas très spécifique comme la demande en révision et l’interprétation des arrêts comme aux articles 60 et 61 du Statut.

Comme il y a la possibilité de « recours » contre les arrêts, il y a aussi la possibilité de faire réviser des mesures indiquées dans des ordonnances et notamment en demandant leur modification par de nouvelles demandes. Le point capital de la différence est ailleurs.

Lien entre le droit protégé et les mesures demandées

À quoi sert une ordonnance ? En quoi est-ce que les tribunaux prennent des ordonnances ? S’il y a des arrêts, alors la Cour devrait prendre des arrêts, pourquoi inventer une autre catégorie. Il y a une raison. L’ordonnance se sont des indications de procédure comme, par exemple, fixer des délais pour les mémoires, contre-mémoires ou encore dire lorsqu’il y aura les plaidoiries, toutes ces choses doivent être faites afin d’accompagner la procédure ; on ne fait pas dans un arrêt, mais dans une ordonnance. La différence entre l’ordonnance et l’arrêt est que l’arrêt est basé sur le principe du contradictoire. Il n’y a un arrêt que lorsqu’il y a un différend, cela veut dire qu’il y a une partie qui prétend une chose et l’autre qui s’y oppose. À ce moment-là, la Cour tranche, elle le tranche par un arrêt, elle a entendu les deux parties, les arguments contradictoires et elle tranche par un arrêt. Cela est un arrêt et cela doit être toujours un arrêt, cela ne peut pas être une ordonnance lorsqu’il y a le contradictoire. En revanche, lorsqu’il y a des mesures d’accompagnement de la procédure où il n’y soit pas de différend, les parties sont d’accord sur une date déterminée afin d’ouvrir quelque chose ou alors c’est la prérogative de la Cour sans même avoir entendu les parties de fixer quelque chose comme, par exemple, dire telle date pour le dépôt des mémoires, cela, elle le fait toujours dans l’ordonnance ce qui est juridiquement différent par rapport à l’arrêt parce que l’arrêt étant basé sur le contradictoire passe en chose jugée en principe. L’ordonnance qui n’est pas basée sur le contradictoire ne passe pas en chose jugée et peut par conséquent être modifiée à tout moment.

Les parties peuvent présenter à répétition des demandes en mesure conservatoire, elles peuvent précisément le faire parce que l’ordonnance précédente n’est pas chose jugée définitive. C’est la raison pour laquelle la Cour ne mettra jamais des mesures conservatoires dans un arrêt, cela serait une erreur juridique double. D’abord parce qu’il n’y a pas nécessairement le contradictoire, étant donné qu’il s’agit de mesures très urgentes, il n’y a pas le temps de formaliser une procédure où les différentes parties prennent position de manière cristalliser, et deuxièmement, mais si cela était le cas que les partis avaient des visions contradictoires et les avaient exposées à la Cour pour qu’elle tranche, cela ne serait tout de même pas un arrêt dans le sens qu’il s’agit ici du cas particulier de mesures qui doivent être modifiées. Ce qu’il est propre de faire est de le faire dans une ordonnance accompagnant la procédure et c’est ainsi que la Cour procédure. Donc, il y a toujours des ordonnances, ce qui laisse une entière flexibilité dans la matière.

Ces ordonnances ont également un autre avantage. Comme les ordonnances sont greffées sur la procédure en cours, elle tombe automatiquement avec la fin de la procédure, et il n’y a pas besoin de refaire une ordonnance pour mettre fin à une ordonnance précédente. Si on indique des mesures conservatoires, elles continuent à courir tant que la Cour ne les a pas modifiées jusqu’à la fin de la procédure, c’est-à-dire jusqu’à l’arrêt final. Après l’arrêt final, il n’y a plus besoin de maintenir des mesures conservatoires parce que maintenant il y a le jugement et c’est qui doit être exécuté et rien d’autre.

La Cour n’a pas besoin d’indiquer ou d’adopter une nouvelle ordonnance afin de dire que les mesures conservatoires sont terminées. Cela serait évidemment le cas si c’était un arrêt, il faudrait avoir un nouvel arrêt ou il faudrait insérer dans l’arrêt principal une clause pour mettre hors de fonction les mesures conservatoires indiquées avant. Mais cela n’est pas nécessaire étant donné qu’il s’agit d’une ordonnance, elle se greffe sur la procédure. Dès que la procédure est terminée, elle n’a plus d’objet, elle tombe donc automatiquement.

Un dernier point de procédure est la notification au secrétaire général des Nations Unies qui, à son tour, transmet au Conseil de sécurité. Il est prévu que la Cour, c’est-à-dire la Cour à travers son greffier qui est à la tête du greffe, notifie au secrétaire général des Nations Unies toute mesure conservatoire indiquée par la Cour. Le secrétaire général transmet cette information au Conseil de sécurité comme stipulé à l’article 42§ 2 du Statut et article 77 du règlement.

Pourquoi le Conseil de sécurité doit-il être mis au courant de ces mesures conservatoires ? Quelle est la position du Conseil de sécurité par rapport à la Cour ? Autrement dit, quelle est la fonction spécifique qu’a le Conseil de sécurité par rapport à la Cour ? L’article 94 de la Charte donne quelques indications. Il est le gardien ultime de l’exécution des arrêts de la Cour.

Dans la mesure où le Conseil de sécurité pourrait être approché afin de faire exécuter des mesures prises par la Cour, comme c’est l’agent d’exécution des arrêts de la Cour, il est adéquat de lui notifier des mesures conservatoires de manière à ce que le Conseil soit au courant. Il pourrait consulter le Conseil également, mais c’est un acte de courtoisie que de lui transmettre.

Qui plus est, il arrive que des mesures conservatoires intéressent plus directement le Conseil de sécurité. La Cour en indique de sa propre autorité et elle le fait souvent dans des cas où il y a des actions armées lors de différends de délimitation entre autres. Comme les actions armées et le maintien de la paix sont du ressors principal du Conseil de sécurité, il n’est pas complètement inadéquat que le Conseil soit mis au courant des mesures que la Cour a indiquées aux parties dans des affaires que par ailleurs, il y a de très fortes chances qu’il traite.

Le Statut dit de manière très pudique, dans son article 41 que la Cour peut indiquer des mesures conservatoires. Mais « indiquer » ne veut rien dire juridiquement, cela ne veut rien dire de plus qu’elle a la compétence de formuler des mesures conservatoires. Quel est le statut de ces mesures, et en particulier, sont-elles contraignantes pour les parties à l’instance, ou ne le sont-elles pas ? S’agit-il d’une décision ou uniquement d’une recommandation ?

Pendant très longtemps, cette question a été incroyablement controversée avec des disputes assez épiques dans la doctrine et des arguments juridiques d’une grande subtilité avancée par les uns et par les autres pour essayer d’apporter une réponse à cette question. C’était une question vivement complexe. Entre temps, elle a été tirée au clair dans la jurisprudence de la Cour.

Caractère contraignant des mesures conservatoires 


Dans l’affaire LaGrand, la question s’est posée à la Cour, et pour une fois, elle n’a pas pu éviter de prendre position sur elle parce qu’en principe la Cour n’avait pas à prendre position sur le sors de ces mesures conservatoires, elle les indique et ensuite les États agissent. Comme la Cour ne se saisit pas d’office de la violation de ses ordonnances ou de ses arrêts, elle n’avait jamais auparavant tranché la question du caractère obligatoire de ses mesures conservatoires. Dans l’affaire LaGrand, l’Allemagne a eu l’intelligence de redemander une réparation de la part des États-Unis pour violation des mesures conservatoires de la Cour. Cette fois-ci, la Cour ne pouvait pas éviter de prendre position sur la question puisqu’on lui demandait d’octroyer une réparation pour la violation de ses mesures, or, cette réparation ne pouvait être fondée en droit que si les mesures étaient contraignantes. Si les mesures n’étaient qu’une simple recommandation, l’Allemagne n’aurait pas pu demander une réparation pour leur violation.

La Cour a donc dû prendre position et elle l’a fait dans l’arrêt de 2001 dans le sens de dire que les mesures conservatoires indiquées par la Cour, sauf si la Cour devait indiquer spécifiquement qu’elles ne sont pas contraignantes, mais si elle n’indique rien, ses mesures sont contraignantes pour les États partis à la procédure, donc partie à l’instance.

Pour arriver à ce résultat, la Cour a dû interpréter le Statut notamment dans son article 41. Le Statut ne dit rien à ce propos parce qu’en 1919 – 1920, la question était trop épineuse, on l’a laissée en suspens, les règlements par la suite ne s’expriment pas non plus. Si bien que du point de vue textuel, la Cour ne peut pas faire beaucoup. Il y a une petite différence entre le texte français et anglais, mais l’essentiel est ailleurs. L’interprétation que donne la Cour afin d’arriver au résultat du caractère contraignant est une interprétation téléologique.

En termes très simples, la Cour dit que le but même des mesures conservatoires serait manqué si elles n’avaient pas de force contraignante parce que ces mesures sont indiquées pour préserver l’utilité de l’instance, pour préserver l’objet du litige. Au fond, afin de faire en sorte que le caractère contraignant de l’arrêt final soit préservé. Si les mesures n’étaient pas contraignantes, ce but serait manqué. Si les États pouvaient faire ce qu’ils veulent de ces mesures, cela voudrait dire qu’en réalité, il ne serait pas possible de protéger efficacement l’objet du litige et l’arrêt final pris pourrait devenir simplement théorique donc inexécutable. Le Statut le prévoit à l’article 59 et la Charte le prévoit également à l’article 94§ 1 que l’arrêt final est contraignant. Mais pour que cet arrêt final ait un sens dans son caractère contraignant, les mesures conservatoires indiquées précisément pour préserver l’utilité de l’instance doivent également être considérées contraignantes. C’est une argumentation essentiellement téléologique.

Le bilan des mesures conservatoires avant l’arrêt LaGrand était très contrasté. Dans beaucoup de cas, ces mesures conservatoires n’étaient pas mises en œuvre, dans certains cas elles ont été mises en œuvre, mais on ne peut pas tirer beaucoup de conclusions de cette pratique ancienne pour la simple raison qu’il n’était pas clair à l’époque si ces mesures étaient contraignantes ou pas, on ne le savait tout simplement pas. Il y avait des opinions très divergentes sur la question. Dans ce cas là, lorsqu’il y a doute, on ne pouvait pas reprocher aux États de considérer que ces mesures étaient de simples recommandations. Après tout, il y avait des opinions doctrinales très fortes dans ce sens, il y avait donc de bons arguments dans ce sens.

À partir du moment où la Cour a considéré que ses mesures sont contraignantes, le bilan s’est un tout petit peu amélioré. Les États savent maintenant que les mesures sont contraignantes et que si elles ne les mettent pas en œuvre, le cas échéant, le demandeur peut en demander une sanction.