Las externalidades y el papel del Estado

De Baripedia

Basado en un curso de Federica Sbergami[1][2][3]

La noción de "mano invisible" descrita por Adam Smith es un concepto central de la economía, que refleja la idea de que las acciones individuales motivadas por el interés propio pueden conducir a resultados beneficiosos para la sociedad en su conjunto. Sin embargo, esta idea se basa en el supuesto de una competencia perfecta, que rara vez se alcanza en la práctica.

En el mundo real, el mercado es a menudo imperfecto y está sujeto a diversas disfunciones, sobre todo debido a la existencia de externalidades. Las externalidades son los efectos que las transacciones económicas tienen sobre terceros que no participan directamente en la transacción. Estos efectos pueden ser positivos o negativos.

Un ejemplo clásico de externalidad negativa es la contaminación: una fábrica que contamina el aire o el agua perjudica al medio ambiente y a la salud pública, pero estos costes no se tienen en cuenta en el precio de sus productos. Por el contrario, un ejemplo de externalidad positiva podría ser la vacunación: al vacunarse, una persona reduce el riesgo de transmitir enfermedades a otros, lo que beneficia a la sociedad.

Cuando existen externalidades, el mercado no consigue asignar los recursos de forma eficiente, lo que da lugar a lo que se conoce como "fallo de mercado". En tales situaciones, la intervención del Estado puede estar justificada para corregir estos fallos. Esto puede hacerse mediante normativas, impuestos (como el impuesto sobre el carbono a los contaminadores) o subvenciones (para fomentar las actividades que generan externalidades positivas).

Comprender las externalidades y su impacto en la eficiencia del mercado[modifier | modifier le wikicode]

Aclaración de términos: Explicación de las externalidades[modifier | modifier le wikicode]

Se produce una externalidad cuando la acción de un individuo o una empresa repercute directamente en el bienestar de un tercero sin que este impacto se vea compensado o regulado por el sistema de precios del mercado. Este concepto es crucial en economía, ya que representa uno de los principales fallos del mercado.

Existen dos tipos principales de externalidades:

  1. Externalidades negativas: Se producen cuando la acción de un individuo o una empresa repercute negativamente en un tercero. Un ejemplo clásico es la contaminación: una empresa que emite contaminantes a la atmósfera afecta a la salud y la calidad de vida de las personas que viven cerca, pero estos costes no se reflejan en el precio de sus productos.
  2. Externalidades positivas: Por el contrario, se produce una externalidad positiva cuando la acción de un individuo o empresa beneficia a otros sin que éstos paguen por el beneficio. Por ejemplo, la plantación de árboles por un particular puede mejorar la calidad del aire y la estética del barrio, beneficiando a todos los residentes de la zona sin que éstos contribuyan económicamente a la plantación.

El problema de las externalidades es que pueden conducir a una asignación de recursos subóptima. En el caso de las externalidades negativas, pueden llevar a una sobreproducción o a un consumo excesivo de los bienes que generan esas externalidades. A la inversa, las externalidades positivas pueden llevar a una infraproducción o a un subconsumo de los bienes que las generan, porque los productores no son compensados por los beneficios que aportan a la sociedad.

Para corregir estas ineficiencias, a menudo es necesaria la intervención del Estado. Puede adoptar la forma de normativas, impuestos para las externalidades negativas o subvenciones para fomentar las actividades que generan externalidades positivas. Por ejemplo, un impuesto sobre el carbono pretende internalizar los costes medioambientales de la contaminación, haciendo que los contaminadores paguen por el impacto de sus emisiones.

Las externalidades negativas adoptan muchas formas y tienen un impacto considerable en la sociedad y el medio ambiente. Tomemos el ejemplo del humo de los cigarrillos, a menudo citado por sus efectos secundarios sobre los no fumadores. Las personas expuestas al humo pasivo sufren mayores riesgos de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, aunque no hayan elegido exponerse a estos peligros. Otro ejemplo llamativo son los gases de escape de los automóviles. La contaminación atmosférica provocada por el tráfico afecta a la salud pública y al medio ambiente, incluso para quienes utilizan poco o nada sus vehículos. Esto ilustra cómo las opciones individuales de transporte pueden tener consecuencias generalizadas e imprevistas. En las zonas urbanas y residenciales, problemas como el ladrido excesivo de los perros o el abandono de excrementos en las aceras también constituyen externalidades negativas. Estos comportamientos causan molestias a los residentes, desde ruidos molestos hasta una mayor necesidad de limpieza y mantenimiento de los espacios públicos. Las molestias sonoras en general, ya procedan de la industria, las obras de construcción o las actividades de ocio, son otra fuente de externalidad negativa. Puede perturbar la vida cotidiana, afectando al bienestar, el sueño y la salud mental de las personas que viven o trabajan en las proximidades. Un ejemplo menos obvio pero igualmente importante es la resistencia a los antibióticos, exacerbada por el uso excesivo de medicamentos. El uso excesivo de antibióticos hace que los patógenos se adapten, haciendo que el tratamiento sea menos eficaz para toda la población, no sólo para quienes toman los medicamentos. Por último, la contaminación o degradación del medio ambiente en diversas formas -como el vertido de residuos industriales, la deforestación o las emisiones de gases de efecto invernadero- tiene importantes repercusiones negativas. Estas actividades dañan los ecosistemas, afectan a la salud humana y animal y contribuyen al cambio climático, con efectos que a menudo se dejan sentir mucho más allá de las zonas inmediatas de impacto. Estos ejemplos ponen de manifiesto la necesidad de que los gobiernos intervengan para regular las actividades que generan externalidades negativas. Las soluciones pueden incluir normativas, impuestos para desincentivar los comportamientos nocivos o campañas de concienciación para informar al público de las consecuencias de determinadas acciones. Al abordar estas cuestiones de forma proactiva, las sociedades pueden gestionar mejor los efectos secundarios no deseados de ciertas actividades y promover un medio ambiente más sano y sostenible para todos.

Las externalidades positivas, cuando las acciones de una persona o empresa benefician a otras sin compensación directa, desempeñan un papel crucial en la economía y la sociedad. Tomemos, por ejemplo, el fenómeno de un coche que es succionado en la autopista por un camión. Cuando un camión circula a gran velocidad, crea una estela de aire que puede reducir la resistencia al viento de los vehículos que le siguen, mejorando así su eficiencia en el consumo de combustible. Aunque esta no sea la intención principal del camionero, beneficia a otros conductores al reducir su consumo de combustible. Las vacunas son un ejemplo clásico de externalidad positiva. Cuando las personas se vacunan, no sólo se protegen a sí mismas contra determinadas enfermedades, sino que también reducen la probabilidad de que estas enfermedades se transmitan a otras personas. Esta inmunidad colectiva beneficia a toda la comunidad, especialmente a quienes no pueden vacunarse por razones médicas. La restauración de edificios históricos o cualquier actividad que atraiga a los turistas también aporta importantes beneficios a la comunidad local. Estos proyectos no sólo aumentan el atractivo estético de una zona, sino que también estimulan la economía local al atraer visitantes que gastan dinero en hoteles, restaurantes y otros negocios locales. Otro ejemplo fascinante es la interacción entre un huerto y las colmenas de un apicultor vecino. El apicultor se beneficia de la presencia del huerto, ya que sus abejas encuentran una fuente abundante de néctar, lo que mejora la calidad y cantidad de su miel. A cambio, los huertos se benefician de la polinización de las abejas, esencial para la producción de fruta. Es un buen ejemplo de simbiosis en el que ambas partes se benefician mutuamente de sus respectivas actividades. Por último, la investigación de nuevas tecnologías suele ser una fuente de externalidades positivas. Las innovaciones y los descubrimientos pueden beneficiar al conjunto de la sociedad mejorando la calidad de vida, introduciendo nuevas soluciones a los problemas existentes y estimulando el crecimiento económico. A menudo, los beneficios de este tipo de investigación superan con creces los beneficios indirectos directos para los investigadores o las organizaciones que los financian. Estos ejemplos ilustran la importancia de las externalidades positivas en nuestra sociedad. También ponen de relieve el papel que puede desempeñar la intervención pública, por ejemplo subvencionando o apoyando actividades que generan tales externalidades, para maximizar el bienestar colectivo.

Las consecuencias de las externalidades en la economía de mercado[modifier | modifier le wikicode]

Las externalidades, ya sean positivas o negativas, crean un desajuste entre los costes y beneficios privados y los costes y beneficios sociales, lo que provoca ineficiencias en el mercado.

En el caso de las externalidades negativas, ni los productores ni los consumidores tienen en cuenta los costes externos de la producción o el consumo. Por ejemplo, una fábrica que contamina no paga por los daños medioambientales y sanitarios que causa su contaminación. Esto lleva a una sobreproducción de bienes contaminantes, porque el precio de mercado no refleja el verdadero coste social de estos productos. En otras palabras, si los costes externos se internalizaran en el precio del producto, el coste sería mayor, lo que reduciría la demanda y haría que la producción se ajustara a un nivel socialmente más óptimo.

En el caso de las externalidades positivas, la situación se invierte. Los beneficios que las acciones de un individuo o una empresa aportan a la sociedad no se compensan económicamente. Tomemos el ejemplo de la vacunación: los individuos vacunados no sólo se protegen a sí mismos, sino que también reducen el riesgo de propagación de enfermedades en la comunidad. Sin embargo, este beneficio externo no se refleja en el precio de la vacuna. Como resultado, menos personas optan por vacunarse de lo que sería ideal desde un punto de vista social. Si se tuvieran en cuenta los beneficios externos, la vacunación sería más atractiva y el nivel de vacunación en la sociedad podría acercarse más al óptimo social.

Abandonados a su suerte, los mercados tienden a producir una cantidad excesiva de bienes o servicios que generan externalidades negativas y una cantidad insuficiente de los que generan externalidades positivas. Para corregir estas ineficiencias, suelen ser necesarias intervenciones como los impuestos (para las externalidades negativas) o las subvenciones (para las externalidades positivas) a fin de alinear los costes y beneficios privados con los costes y beneficios sociales.

El ejemplo del mercado del aluminio ilustra perfectamente cómo las externalidades negativas pueden afectar al coste social total de la producción. En este caso, la contaminación generada por las fábricas de aluminio representa un coste externo que no se tiene en cuenta inicialmente al calcular el coste de producción del aluminio. El coste privado de producción es el coste que debe soportar directamente el productor de aluminio para fabricar el producto. Este coste incluye partidas como las materias primas, la mano de obra, la energía, el mantenimiento de los equipos y otros gastos de explotación. Estos son los costes en los que la empresa basa su precio de venta y su rentabilidad.

Sin embargo, si las fábricas de aluminio contaminan, hay costes externos que afectan a otras partes de la sociedad. Estos costes externos pueden incluir efectos adversos sobre la salud pública, daños al medio ambiente, reducción de la calidad de vida y otros impactos negativos que no se reflejan en el precio del aluminio. Por ejemplo, la contaminación puede acarrear costes sanitarios adicionales para la comunidad, costes de limpieza y restauración del medio ambiente y una pérdida de biodiversidad. Así pues, el coste social de la producción de aluminio es la suma del coste privado de producción (el coste soportado por los productores) y el coste externo (los costes soportados por la sociedad como consecuencia de la contaminación). Esta suma demuestra que el precio de mercado del aluminio, basado únicamente en el coste privado, es inferior al verdadero coste social de su producción.

Esta discrepancia conduce a una sobreproducción de aluminio en comparación con lo que se produciría si se incluyeran los costes externos, lo que constituye un ejemplo típico de ineficiencia del mercado debida a externalidades negativas. Para corregirlo, podrían introducirse medidas como la imposición de un impuesto medioambiental sobre la contaminación producida por las fábricas de aluminio. Este impuesto tendría como objetivo internalizar los costes externos, alineando así el coste privado con el coste social y conduciendo a una producción más cercana al óptimo social.

Coste social = coste privado de producción (oferta) + coste externo

Veamos con más detalle esta ecuación:

  • Coste privado de producción: Son los costes que tiene que soportar el productor de aluminio para fabricar el producto. Incluye los gastos en materias primas, mano de obra, energía, equipos y otros costes operativos. Estos costes determinan el precio al que la empresa está dispuesta a ofrecer su producto en el mercado.
  • Coste externo: Son los costes en los que incurre la empresa y que el productor no tiene en cuenta. En el caso del aluminio, si la producción implica contaminación, los costes externos pueden incluir impactos sobre la salud pública, el medio ambiente, la calidad de vida y otros aspectos que no se reflejan en el precio de mercado del aluminio. Estos costes suelen ser difusos y difíciles de cuantificar con precisión, pero son reales y significativos.
  • Coste social: El coste social es la suma del coste privado de producción y el coste externo. Representa el coste total para la sociedad de la producción de aluminio. Este coste social es superior al coste privado de producción debido a la suma de los costes externos.

Cuando los costes sociales no se tienen en cuenta en las decisiones de producción y consumo, se produce una sobreproducción de aluminio en comparación con lo que sería socialmente óptimo. En otras palabras, se produce más aluminio del que se produciría si se tuvieran en cuenta los costes de la contaminación. Esta situación es un ejemplo clásico de fallo del mercado debido a externalidades negativas. Para remediarlo, las políticas públicas pueden intervenir, por ejemplo imponiendo impuestos sobre la contaminación para que los productores internalicen estos costes externos, o imponiendo normativas medioambientales para limitar la contaminación. El objetivo de estas intervenciones es garantizar que el coste privado refleje más fielmente el coste social, lo que conduce a una asignación más eficiente de los recursos desde el punto de vista de la sociedad.

Contaminación y análisis del óptimo social[modifier | modifier le wikicode]

En un marco económico, la intersección de las curvas de demanda y de costes sociales es crucial para entender cómo alcanzar un equilibrio eficiente que tenga en cuenta tanto los intereses privados como las repercusiones sociales.

He aquí cómo funciona:

  1. Curva de demanda: La curva de demanda refleja la disposición de los consumidores a pagar por distintas cantidades de un bien o servicio. Muestra la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada, normalmente con una relación inversa: a medida que sube el precio, baja la cantidad demandada, y viceversa.
  2. Curva de costes sociales: La curva de costes sociales engloba tanto los costes privados de producción (los costes directos en los que incurre el productor) como los costes externos (los costes no compensados en los que incurre la sociedad como consecuencia de la producción del bien). Por ejemplo, en el caso del aluminio, esto incluiría los costes de producción más los costes medioambientales y de salud pública asociados a la contaminación.
  3. Intersección para la cantidad óptima: Cuando la curva de demanda interseca la curva de coste social, esto indica la cantidad óptima del bien desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto. En este punto, el precio que los consumidores están dispuestos a pagar corresponde al coste total (privado + externo) de producir el bien. Esta cantidad es diferente de la que se alcanzaría si sólo se tuviera en cuenta el coste privado, porque incorpora el impacto total en la sociedad.

Si los mercados sólo tienen en cuenta los costes privados, habrá una tendencia a la sobreproducción (en el caso de externalidades negativas) o a la infraproducción (en el caso de externalidades positivas) en relación con esta cantidad óptima. Por ello, intervenciones como los impuestos (para internalizar los costes externos) o las subvenciones (para fomentar la producción de bienes que generan externalidades positivas) pueden ser necesarias para alinear las cantidades de mercado con las cantidades socialmente óptimas.

Este planteamiento pretende alcanzar un equilibrio en el que las opciones de producción y consumo reflejen no sólo los costes y beneficios privados, sino también los costes y beneficios para la sociedad en su conjunto.

La distinción entre la cantidad de equilibrio del mercado y la cantidad socialmente óptima es un punto clave en economía, sobre todo cuando se considera el impacto de las externalidades.

  1. Cantidad de equilibrio del mercado: En un mercado libre sin intervención externa, el equilibrio se produce en el punto en el que el coste privado de producción (el coste para el productor) es igual al beneficio privado (el precio que los consumidores están dispuestos a pagar). En este punto de equilibrio, la cantidad de bienes producidos y la cantidad demandada por los consumidores son iguales. Sin embargo, este equilibrio no tiene en cuenta los costes o beneficios externos que afectan a la sociedad en su conjunto.
  2. Cantidad socialmente óptima: La cantidad socialmente óptima, en cambio, se da en un nivel de producción en el que el coste social (que incluye los costes privados y los costes externos) es igual al beneficio social (que incluye los beneficios privados y los beneficios externos). Esta cantidad tiene en cuenta el impacto total en la sociedad, no sólo en los productores y consumidores directos.

En el caso de externalidades negativas, como la contaminación, el coste social de la producción es superior al coste privado. En consecuencia, la cantidad socialmente óptima suele ser inferior a la cantidad de equilibrio del mercado. Esto significa que reducir la producción a la cantidad socialmente óptima reduciría los costes externos (como los daños medioambientales) y, por tanto, sería más beneficioso para el conjunto de la sociedad. Para alcanzar esta cantidad socialmente óptima, pueden ser necesarias intervenciones políticas como impuestos sobre la contaminación (para internalizar los costes externos) o normativas (para limitar la cantidad producida). Estas intervenciones pretenden alinear los intereses privados con los intereses sociales, garantizando que los costes y beneficios para la sociedad se tengan en cuenta en las decisiones de producción y consumo.

Pollution et optimum social 1.png

Este gráfico representa un gráfico económico clásico que ilustra los conceptos de equilibrio de mercado y óptimo social en el contexto de la producción de aluminio y sus externalidades negativas, en particular la contaminación.

En el eje horizontal tenemos la cantidad de aluminio producida y en el vertical, el precio del aluminio. Se dibujan tres curvas:

  1. La curva de la demanda (valor privado): Muestra la relación entre el precio que los consumidores están dispuestos a pagar y la cantidad demandada. Es decreciente, lo que significa que cuanto menor es el precio, mayor es la cantidad demandada, y viceversa.
  2. La curva de la oferta (coste privado): Representa el coste que supone para los productores producir aluminio. Es ascendente, lo que indica que cuanto mayor sea la cantidad producida, mayor será el coste de producción (y, por tanto, el precio de venta).
  3. La curva del coste social: Esta curva está por encima de la curva de la oferta y representa el coste total de la producción de aluminio, incluido el coste de la contaminación. El coste social es superior al coste privado porque tiene en cuenta los efectos externos negativos de la contaminación en la sociedad.

El punto en el que la curva de demanda cruza la curva de oferta (coste privado) es el punto de equilibrio del mercado (QMARCHEˊ). Aquí es donde el mercado, en ausencia de regulación, tiende a estabilizarse: la cantidad que los productores están dispuestos a suministrar al precio de mercado es igual a la cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar.

Sin embargo, este punto de equilibrio no tiene en cuenta el coste de la contaminación. Si incluimos el coste de la contaminación, obtenemos la curva de coste social, que se cruza con la curva de demanda en un punto diferente, marcado como "Óptimo". Este punto óptimo social (QOPTIMUM) representa la cantidad de producción que sería ideal si se tuvieran en cuenta los costes externos. En esta cantidad, el coste total para la sociedad (incluido el coste de la contaminación) es igual al precio que los consumidores están dispuestos a pagar.

Lo que llama la atención de este gráfico es la diferencia entre Q MERCADO y Q ÓPTIMO. La cantidad producida en el punto de equilibrio del mercado es superior a la cantidad socialmente óptima, lo que implica que el propio mercado produce más aluminio del que sería socialmente deseable debido a los costes externos no tenidos en cuenta (contaminación). Para reducir la producción de aluminio de Q MERCADO a Q ÓPTIMO, pueden ser necesarias intervenciones políticas como impuestos sobre la contaminación, introducción de cuotas o normativas medioambientales. En resumen, este gráfico ilustra claramente las implicaciones de las externalidades negativas en la eficiencia del mercado y pone de relieve la importancia de la intervención reguladora para alcanzar un nivel de producción que esté en armonía con los intereses sociales.

Impacto de las externalidades negativas en la sociedad[modifier | modifier le wikicode]

Una externalidad negativa es un coste soportado por un tercero que no participa directamente en una transacción económica. Esto significa que parte de los costes de producción no recaen en el productor o consumidor del bien o servicio en cuestión, sino en otros miembros de la sociedad. Las externalidades negativas tienden a reducir el bienestar general, porque los costes sociales de estas actividades económicas son superiores a los costes privados.

Pongamos un ejemplo concreto: una fábrica que produce aluminio emite contaminantes a la atmósfera. Estas emisiones tienen consecuencias para la salud pública, como las enfermedades respiratorias, y para el medio ambiente, como los daños al ecosistema. Estos costes adicionales para la sociedad, que pueden incluir el aumento de los gastos médicos y la pérdida de biodiversidad, no se reflejan en el precio del aluminio. Si la planta no paga por estos costes externos, tiene pocos incentivos para reducir la contaminación e incluso puede producir aluminio a un coste artificialmente bajo, lo que lleva a una sobreproducción y a un consumo excesivo del metal.

Desde el punto de vista del bienestar, esto crea un problema. Los miembros de la sociedad sufren daños que no han elegido y por los que no son compensados. Como consecuencia, el bienestar general es menor de lo que podría ser si se tuvieran en cuenta estos costes externos.

La teoría económica y las políticas públicas intentan resolver este problema de externalidad negativa mediante diversas intervenciones:

  • Impuestos sobre las actividades contaminantes: Se pueden imponer impuestos sobre la contaminación para animar a las empresas a reducir sus emisiones. Estos impuestos pretenden internalizar el coste externo, lo que significa que el productor tendrá que tener en cuenta el coste de la contaminación en sus decisiones de producción.
  • Reglamentos y normas medioambientales: Se pueden promulgar leyes que limiten directamente la cantidad de contaminación que puede emitir una empresa, obligándola así a adoptar tecnologías más limpias o a cambiar sus procesos de producción.
  • Mercados de comercio de derechos de emisión: En algunos casos, es posible crear mercados en los que las empresas puedan comprar y vender derechos a contaminar, consiguiendo así reducir la contaminación al menor coste.

Estas medidas pretenden reducir las externalidades negativas y, como resultado, mejorar el bienestar de la sociedad al garantizar que los costes sociales y privados de la producción estén mejor alineados. Al incorporar el coste de la contaminación al precio de los bienes y servicios, las empresas y los consumidores pueden tomar decisiones más informadas que reflejen el verdadero coste de sus actividades, lo que conduce a un resultado más eficiente y equitativo para el conjunto de la sociedad.

Externalité et bien être 1.png

Se trata de un gráfico económico que detalla los efectos de las externalidades negativas sobre el bienestar en un mercado, en este caso el mercado hipotético de un bien medido en francos suizos por unidad. La curva de demanda, de pendiente descendente, muestra el valor que los consumidores atribuyen a las distintas cantidades del bien, reflejando los beneficios privados y sociales asociados a su consumo. Al mismo tiempo, la curva de oferta, de pendiente ascendente, refleja el coste privado en que incurren los productores al suministrar cada unidad adicional del bien. Normalmente, en un mercado sin externalidades, el equilibrio se encontraría en la intersección de estas dos curvas, marcando la cantidad en la que el coste privado es igual al beneficio privado.

Sin embargo, cuando tenemos en cuenta los costes externos, como la contaminación u otros daños a la sociedad no incluidos en el coste de producción, se introduce una nueva curva, la curva del coste social. Esta curva, situada por encima de la curva de oferta, integra estos costes externos en el coste privado, mostrando el verdadero coste para la sociedad. La intersección de esta curva con la curva de la demanda marca entonces la cantidad socialmente óptima del bien, que es inferior a la cantidad de equilibrio del mercado.

El gráfico pone de relieve una zona de pérdida de peso muerto, representada por una zona sombreada entre las cantidades de equilibrio de mercado y las cantidades socialmente óptimas. Esta pérdida seca simboliza el bienestar económico perdido como consecuencia de una producción superior al óptimo social. Es el valor de las unidades producidas en exceso que la sociedad habría preferido no producir si se hubieran tenido en cuenta todos los costes, incluidos los de la contaminación. Esta pérdida es una ineficiencia del mercado porque representa un coste para la sociedad que no se compensa con una ganancia equivalente en otro lugar de la economía.

La banda azul de la parte inferior del gráfico muestra el coste externo, que sigue siendo el mismo para cada unidad producida, independientemente del número de unidades. Este coste externo, constante por unidad, no se refleja en el coste privado de producción y debe tenerse en cuenta al evaluar el impacto total en la sociedad.

El gráfico muestra claramente que, sin intervención, un mercado puede funcionar de manera ineficiente produciendo más de lo socialmente deseable porque no se tienen en cuenta los costes externos. Esto conduce no sólo a una sobreproducción perjudicial, sino también a una asignación subóptima de los recursos de la sociedad. Por ello, a menudo se proponen políticas como la fiscalidad de la contaminación para realinear la producción con el óptimo social, reduciendo así las pérdidas de peso muerto y aumentando el bienestar colectivo. Estas medidas pretenden responsabilizar a los productores de los costes que imponen a la sociedad, fomentando una producción más respetuosa con el medio ambiente y más acorde con los intereses de la sociedad en su conjunto.

El impacto de la educación como externalidad positiva[modifier | modifier le wikicode]

En el contexto de las externalidades y el bienestar social, la determinación de la cantidad óptima de un bien o servicio a producir y consumir tiene en cuenta no sólo los beneficios y costes privados, sino también los beneficios y costes externos para la sociedad. Cuando hablamos de beneficio social, nos referimos a la suma de los beneficios privados, que son los beneficios directos para los consumidores y productores implicados en la transacción, y los beneficios externos, que son los beneficios no contabilizados que corresponden a terceros no implicados directamente en el intercambio económico.

La intersección de la curva de beneficios sociales y la curva de costes refleja el punto en el que se maximiza el bienestar colectivo. En este punto, la última unidad producida aporta a la sociedad tantos beneficios adicionales como cuesta producirla. Es lo que llamamos la cantidad socialmente óptima. Esto contrasta con el punto de equilibrio del mercado, que sólo tiene en cuenta los beneficios y costes privados e ignora los efectos externos.

Para los bienes que generan externalidades positivas, como la vacunación o la educación, la curva del beneficio social sería superior a la curva del beneficio privado, lo que sugiere que la cantidad socialmente óptima es superior a la que produciría el mercado por sí solo. Esto justifica a menudo incentivos o subvenciones para aumentar la producción y el consumo de estos bienes hasta el nivel socialmente óptimo.

Por el contrario, para los bienes que generan externalidades negativas, como la contaminación de la producción industrial, la curva de costes sociales es superior a la curva de costes privados. Esto implica que la cantidad producida en el equilibrio de mercado supera la cantidad socialmente óptima, porque productores y consumidores no tienen en cuenta los costes externos en sus decisiones. En este caso, se necesitan intervenciones como impuestos pigouvianos o regulaciones para reducir la producción a un nivel que refleje los verdaderos costes para la sociedad.

El punto de intersección entre el beneficio social y el coste refleja la compensación óptima entre los beneficios de los bienes y servicios y su coste de producción, incluidas las externalidades. Alcanzar este punto requiere a menudo una acción política activa para corregir los fallos del mercado y alinear los incentivos privados con los objetivos sociales.

El nivel socialmente óptimo de producción en relación con la cantidad de equilibrio del mercado depende de la naturaleza de la externalidad en cuestión.

En el caso de los bienes con externalidades positivas, el nivel socialmente óptimo de producción suele ser superior a la cantidad de equilibrio del mercado. Esto se debe a que los beneficios sociales de una unidad adicional del bien son mayores de lo que perciben los consumidores y los productores. Como resultado, el mercado, dejado a sus propios recursos, no produce suficiente cantidad del bien para maximizar el bienestar social. Las vacunas son un ejemplo clásico; benefician a la sociedad más de lo que cuesta producirlas, pero sin intervención, se vacuna a menos gente de lo que sería socialmente ideal, porque los individuos no tienen en cuenta los beneficios que su vacunación aporta a los demás.

En el caso de los bienes con externalidades negativas, el nivel de producción socialmente óptimo suele ser inferior a la cantidad de equilibrio del mercado. Esto se debe a que los costes sociales de una unidad adicional del bien (como la contaminación) son superiores a los que tiene en cuenta el productor. Sin intervención reguladora o impuestos, los productores producirán demasiado de este bien, superando la cantidad que sería óptima para la sociedad.

En resumen

  • Cantidad de equilibrio del mercado: La cantidad que los productores están dispuestos a vender es igual a la cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar, sin tener en cuenta las externalidades.
  • Cantidad socialmente óptima: La cantidad en la que el coste total para la sociedad (incluidos los costes externos) es igual al beneficio total para la sociedad (incluidos los beneficios externos). Para los bienes con externalidades positivas, esta cantidad es superior al equilibrio del mercado; para los que tienen externalidades negativas, es inferior.
Education et optimum social 1.png

Este gráfico representa un análisis económico de la educación como bien en un mercado, teniendo en cuenta los efectos de las externalidades positivas. La curva de la oferta, que sube, muestra que ofrecer más educación cuesta más a las instituciones educativas, incluyendo elementos como los salarios de los profesores, las infraestructuras y los recursos didácticos. Por otro lado, la curva de demanda, que desciende, muestra que la cantidad de educación que los individuos están dispuestos a consumir disminuye a medida que aumenta el precio, lo que es típico de la mayoría de los bienes y servicios.

Donde estas dos curvas se cruzan, encontramos la cantidad de equilibrio del mercado, que es el punto en el que la cantidad de educación ofrecida corresponde a la cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar. Sin embargo, esta cantidad de equilibrio no refleja necesariamente el nivel óptimo para el conjunto de la sociedad debido a la presencia de externalidades positivas asociadas a la educación, como ciudadanos mejor informados, aumento de la productividad y beneficios para la salud pública que van más allá del individuo educado.

Por lo tanto, se supone que la cantidad socialmente óptima de educación es superior a la cantidad de equilibrio del mercado, lo que refleja todo el beneficio social de la educación, que supera los beneficios privados percibidos por los individuos. Estos beneficios externos no son tenidos en cuenta por los consumidores ni por los proveedores cuando toman sus decisiones basándose únicamente en los costes y beneficios privados, lo que da lugar a una inversión en educación subóptima desde el punto de vista de la sociedad.

El gráfico sugiere que puede ser necesaria una intervención, como políticas públicas que proporcionen subvenciones o financiación a la educación, para aumentar la cantidad de educación desde la cantidad de equilibrio de mercado hasta la cantidad socialmente óptima. Estas intervenciones tienen por objeto reducir el coste de la educación para los consumidores o aumentar la oferta mediante la inversión directa en instituciones educativas, permitiendo así a la sociedad aprovechar plenamente los beneficios de la educación que, de otro modo, se perderían debido a los fallos del mercado. En resumen, el gráfico pone de relieve el papel crucial que puede desempeñar la intervención gubernamental en apoyo de la educación para lograr una asignación de recursos que maximice el bienestar social.

Beneficios de las externalidades positivas para el bienestar general[modifier | modifier le wikicode]

Una externalidad positiva se produce cuando una actividad económica proporciona beneficios a terceros que no participan en la transacción. Estos terceros disfrutan de efectos positivos sin tener que pagar por estos beneficios, lo que lleva a una situación en la que el valor total de estas actividades para la sociedad es mayor que el valor privado para los individuos o empresas directamente implicados.

En el contexto del bienestar, las externalidades positivas son importantes porque pueden dar lugar a una infraproducción del bien o servicio en cuestión si se deja que el mercado actúe por su cuenta. Los productores no reciben un pago por los beneficios externos que proporcionan, por lo que no tienen incentivos para producir la cantidad socialmente óptima de ese bien o servicio.

Tomemos como ejemplo la educación: no sólo beneficia al estudiante que adquiere habilidades y conocimientos, sino también a la sociedad en su conjunto. Una población mejor formada puede dar lugar a una mano de obra más cualificada, mayor innovación, mejor gobernanza y menores índices de delincuencia. Estos beneficios no se reflejan en el precio de la educación y, en consecuencia, si no se interviene, se destinarán a la educación menos recursos de los que serían ideales para la sociedad.

Para hacer frente a este desajuste, los gobiernos pueden intervenir de varias maneras:

  • Subvenciones directas: Reducir el coste de la educación para los estudiantes o las instituciones puede fomentar un mayor consumo u oferta de servicios educativos.
  • Créditos fiscales: Ofrecer beneficios fiscales por los costes de la educación también puede animar a los individuos a invertir más en su educación.
  • Provisión pública: El gobierno puede proporcionar educación directamente, garantizando que la cantidad producida se acerque más a la cantidad óptima para la sociedad.

Cuando las externalidades positivas se internalizan adecuadamente mediante estas intervenciones, el bienestar de la sociedad mejora. Los individuos se benefician de mayores niveles de consumo del bien o servicio, y la sociedad en su conjunto se beneficia de los efectos positivos que se extienden más allá de los consumidores y productores inmediatos. Esto conduce a una asignación más eficaz de los recursos y a una mejora del bienestar social general.

Externalité positive et bien être 1.png

Este gráfico representa una situación económica en la que existe una externalidad positiva en el mercado. En este caso, el coste social de producción es igual al coste privado, lo que indica que los costes externos no son significativos o que las externalidades negativas no son el centro de atención en este caso. Por otra parte, la curva del beneficio social, que es la suma de los beneficios privados y los beneficios externos, está por encima de la curva del beneficio privado, lo que indica que la producción o el consumo del bien o servicio en cuestión tiene beneficios adicionales para la sociedad que no son captados por el mercado.

La curva de demanda, que representa el beneficio privado, muestra el precio que los consumidores están dispuestos a pagar por cada cantidad de bien o servicio. La curva del beneficio social, que está por encima, muestra el verdadero beneficio para la sociedad, incluidos los beneficios externos no pagados por los individuos. Esto podría incluir, por ejemplo, beneficios como una mejor salud pública debido al aumento de la vacunación o una mayor productividad económica debido a una población mejor educada.

La cantidad de equilibrio del mercado, QPRIVEE∗, es el punto en el que la curva de demanda (beneficio privado) se cruza con la oferta. Es el nivel de producción que el mercado alcanzaría sin intervención. Sin embargo, la cantidad socialmente óptima, QSOCIALE∗, es mayor porque tiene en cuenta los beneficios externos. El mercado, por sí solo, no produce lo suficiente para alcanzar este punto porque los productores no son compensados por los beneficios externos que generan.

El área de pérdida de peso muerto, indicada por el área sombreada, representa el bienestar que la sociedad deja de percibir porque el bien o servicio no se produce en la cantidad socialmente óptima. Se trata de ineficiencia del mercado, porque si la producción aumentara hasta Q∗SOCIAL, el beneficio social adicional (el área bajo la curva de beneficio social entre Q∗PRIVEE y Q∗SOCIAL) sería mayor que el coste adicional de producción (el área bajo la curva de oferta entre Q∗PRIVEE∗ y Q∗SOCIAL).

El gráfico sugiere que podría ser necesaria una intervención, como subvenciones o provisión pública del bien o servicio, para aumentar la producción de Q∗PRIVEE a Q∗SOCIALE, eliminando así la pérdida de peso muerto. Esto permitiría a la sociedad cosechar todos los beneficios sociales del bien o servicio, mejorando el bienestar general.

Métodos de internalización de externalidades[modifier | modifier le wikicode]

La internalización de las externalidades es un concepto central de la teoría económica que pretende resolver las ineficiencias del mercado causadas por los efectos externos de las actividades económicas. Cuando existen externalidades, positivas o negativas, los costes o beneficios no se reflejan plenamente en el mercado. Los individuos o empresas que generan estas externalidades no incurren en los costes ni reciben los beneficios asociados a sus acciones, lo que les lleva a tomar decisiones que no son socialmente óptimas.

Para internalizar una externalidad negativa, podríamos imponer un impuesto que refleje el coste externo (como un impuesto sobre el carbono a los contaminadores), de modo que el coste privado de la actividad incluya ahora el coste externo. De este modo, productores y consumidores tendrían un incentivo para reducir la producción o el consumo del bien hasta un nivel más cercano al óptimo social.

A la inversa, para internalizar una externalidad positiva, el Estado podría ofrecer subvenciones o créditos fiscales que aumenten los beneficios privados para que reflejen mejor los beneficios sociales. Esto fomentaría una mayor producción o consumo del bien, como en el caso de las vacunas o la educación.

La solución privada a la internalización de externalidades, a menudo asociada al teorema de Coase, afirma que si los derechos de propiedad están bien definidos y los costes de transacción son bajos, las partes implicadas pueden negociar una solución sin intervención exterior. Por ejemplo, si una empresa contamina un río y perjudica a los pescadores río abajo, éstos podrían pagar a la empresa para que redujera la contaminación o la empresa podría pagar por los daños causados. En teoría, siempre que las partes puedan negociar y sus derechos estén claramente establecidos, pueden llegar a una solución que internalice la externalidad y logre la eficiencia.

Sin embargo, en la práctica, las condiciones necesarias para una solución privada suelen ser difíciles de alcanzar. Los derechos de propiedad pueden estar mal definidos o ser difíciles de hacer cumplir, y los costes de transacción, sobre todo en términos de negociación e información, pueden ser prohibitivos. Además, cuando son muchos los agentes afectados, como suele ocurrir con la contaminación ambiental, la coordinación entre todos los agentes se hace prácticamente imposible sin algún tipo de intervención colectiva. Internalizar las externalidades mediante incentivos modificados es crucial para lograr una asignación de recursos que no sólo sea eficiente desde la perspectiva del mercado, sino también beneficiosa para la sociedad en su conjunto. Unas políticas bien diseñadas pueden contribuir a lograr este equilibrio, lo que se traduce en un aumento del bienestar social.

En el contexto de las externalidades tanto negativas como positivas, el Estado desempeña un papel crucial a la hora de poner en marcha políticas que corrijan los fallos del mercado y alineen los resultados del mercado con el bienestar social.

En el caso de las externalidades negativas, cuando las actividades de empresas o particulares tienen efectos perjudiciales para terceros, el Estado puede intervenir de varias maneras:

  1. Normas de comportamiento: El Estado puede establecer normas que limiten directamente las actividades perjudiciales. Estas normas pueden incluir restricciones sobre la cantidad de contaminación que puede emitir una planta o requisitos para el uso de tecnologías limpias.
  2. Impuestos pigouvianos: Llamados así por el economista Arthur Pigou, estos impuestos pretenden internalizar el coste de las externalidades negativas incluyéndolas en el coste de producción. El impuesto se fija igual al coste de la externalidad por cada unidad producida, animando así a los productores a reducir la producción o a encontrar medios de producción menos nocivos. En teoría, el impuesto pigouviano debería ser igual al coste externo marginal de la cantidad socialmente óptima.

Para las externalidades positivas, en las que las acciones de los individuos o las empresas benefician a la sociedad, el Estado también puede adoptar diversas medidas:

  1. Obligaciones y recomendaciones : Pueden establecerse políticas para fomentar comportamientos que produzcan externalidades positivas. Por ejemplo, campañas de salud pública para fomentar la vacunación o educación para promover prácticas que beneficien a la sociedad.
  2. Subvenciones: Al subvencionar la producción de un bien que genera externalidades positivas, el Estado puede reducir el coste para los productores y animarles a aumentar la producción. Esto puede incluir, por ejemplo, subvenciones para energías renovables o para investigación y desarrollo en áreas de interés público.
  3. Derechos de propiedad: Conceder derechos de propiedad o patentes sobre innovaciones puede fomentar la creación y difusión de tecnologías o ideas beneficiosas. Esto permite a los innovadores beneficiarse directamente de sus invenciones, que de otro modo podrían estar infraproducidas debido a la naturaleza no excluyente de sus beneficios.

Estas políticas pretenden alinear los incentivos privados con los beneficios o costes sociales, de modo que las actividades económicas reflejen con mayor exactitud su verdadero coste o valor para la sociedad. Ajustando cuidadosamente estas intervenciones, el Estado pretende lograr una asignación de recursos que maximice el bienestar social.

Enfoques privados de la gestión de externalidades =[modifier | modifier le wikicode]

El Teorema de Coase[modifier | modifier le wikicode]

El Teorema de Coase, formulado por el economista Ronald Coase, ofrece una interesante perspectiva sobre cómo el mercado puede gestionar las externalidades sin intervención gubernamental. Según este teorema, si los derechos de propiedad están claramente definidos y los costes de transacción son despreciables, las partes afectadas por la externalidad pueden negociar entre sí para alcanzar una solución eficiente que maximice el bienestar total, independientemente de la distribución inicial de derechos. En este contexto, los derechos de propiedad son los derechos legales a poseer, utilizar e intercambiar un recurso. Una definición clara de estos derechos es esencial porque determina quién es responsable de la externalidad y quién tiene derecho a negociar sobre ella. Por ejemplo, si se concede un derecho de propiedad a un contaminador, las partes afectadas por la contaminación (como los residentes locales) deberían teóricamente negociar con el contaminador y compensarle potencialmente por reducir la contaminación. Por el contrario, si los residentes locales tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente limpio, el contaminador debería compensarles por seguir contaminando.

El teorema de Coase también indica que la asignación eficiente de recursos se logrará sea cual sea la distribución de los derechos de propiedad, siempre que las partes puedan negociar libremente. Esto significa que las partes seguirán negociando hasta que el coste de la externalidad para el contaminador sea igual al coste para la sociedad. La esencia de esta proposición es que el resultado final (en términos de eficiencia) debería ser el mismo independientemente de quién posea inicialmente los derechos, un principio conocido como invarianza de Coase. Sin embargo, en la práctica, a menudo no se cumplen las condiciones necesarias para la aplicación del teorema de Coase. Los costes de transacción pueden ser significativos, los derechos de propiedad pueden ser difíciles de establecer o hacer cumplir y las partes pueden no disponer de información completa o simétrica para negociar con eficacia. Además, cuando intervienen muchas partes o los efectos de una externalidad son difusos y no localizados, la coordinación necesaria para negociar acuerdos privados se vuelve extremadamente compleja.

En estas situaciones en las que no se cumplen las condiciones del teorema de Coase, puede ser necesaria la intervención del Estado a través de normativas, impuestos o subvenciones para lograr una asignación de recursos que refleje el coste o beneficio social de las externalidades. Ello contribuye a garantizar la internalización de las externalidades, lo que conduce a una solución más próxima al óptimo social.

Los problemas planteados son retos importantes a la hora de resolver las externalidades por medios de mercado o soluciones privadas, como se describe en el teorema de Coase.

Problema I - Costes de transacción elevados: Los costes de transacción incluyen todos los costes asociados a la negociación y ejecución de un intercambio. En el caso de las externalidades, estos costes pueden incluir los costes de encontrar información sobre las partes afectadas, los costes de negociar para llegar a un acuerdo, los costes legales de formalizar el acuerdo y los costes de supervisión y ejecución para garantizar que se respetan los términos del acuerdo. Cuando estos costes son prohibitivos, las partes no pueden llegar a un acuerdo que internalice la externalidad. Como resultado, el mercado por sí solo no consigue corregir la externalidad, y puede ser necesaria la intervención externa, por ejemplo del Estado, para facilitar una solución más eficiente.

Problema II - Problema del parasitismo: El problema del parasitismo es especialmente relevante en el caso de los bienes públicos o cuando intervienen externalidades positivas, como la protección del medio ambiente o la vacunación. Si un bien no es excluible (es difícil impedir que alguien se beneficie de él) y no es rival (el consumo por una persona no impide el consumo por otra), los individuos pueden verse alentados a no revelar su verdadero valor del bien o servicio con la esperanza de que otros paguen por su provisión mientras ellos mismos disfrutan de los beneficios sin contribuir al coste. Esto conduce a una infraprestación del bien o servicio, ya que todo el mundo espera que otro pague por la externalidad positiva, con lo que se produce una cantidad inferior a la socialmente óptima.

Estos dos problemas ilustran por qué los mercados a menudo no pueden resolver las externalidades por sí solos y por qué puede ser necesaria la intervención del gobierno. El Estado puede ayudar a reducir los costes de transacción introduciendo leyes y reglamentos que faciliten los acuerdos privados, y puede superar el problema del parasitismo suministrando él mismo los bienes públicos o subvencionando su producción para fomentar un suministro más cercano al óptimo social.

El poder de la negociación privada y la definición de los derechos de propiedad[modifier | modifier le wikicode]

Este gráfico ilustra una situación de negociación entre un contaminador y un contaminado sobre la reducción de la contaminación, en el contexto del teorema de Coase. El gráfico muestra dos curvas: el coste marginal de la limpieza para el contaminador y el beneficio marginal de la limpieza para el contaminado.

Nota: ¡el nivel socialmente óptimo de contaminación no es cero!

Este gráfico ilustra un planteamiento económico para resolver el problema de las externalidades negativas mediante negociaciones entre las partes, de acuerdo con el teorema de Coase. Describe una situación en la que un contaminador y una parte afectada por la contaminación, la parte contaminada, participan en una negociación destinada a encontrar un nivel de reducción de la contaminación que maximice el bienestar colectivo.

En esta representación, el coste para el contaminador de reducir la contaminación, o descontaminar, aumenta con cada unidad adicional de descontaminación emprendida. Esto se representa mediante la curva ascendente, que indica que las primeras unidades de reducción de la contaminación son relativamente baratas para el contaminador, pero que el coste aumenta progresivamente. Al mismo tiempo, el beneficio para el contaminador de reducir la contaminación disminuye con cada unidad adicional. Las primeras reducciones de la contaminación reportan grandes beneficios al contaminador, pero estos beneficios disminuyen a medida que el aire o el agua se vuelven más limpios.

El punto en el que se cruzan estas dos curvas, marcado con Q∗, representa el nivel de reducción de la contaminación en el que el beneficio marginal de la limpieza es exactamente igual al coste marginal de la limpieza. Este es el nivel ideal de limpieza desde el punto de vista de la eficiencia económica, ya que equilibra perfectamente el coste marginal y el beneficio de la limpieza.

El marco que ofrece el gráfico sugiere que, independientemente de quién posea inicialmente los derechos de propiedad, si el contaminador o el contaminado, existe la posibilidad de llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso. Si el contaminador tiene derecho a contaminar, el contaminado puede potencialmente compensarle económicamente por reducir la contaminación, hasta el punto de que deje de ser ventajoso para el contaminado pagar por la reducción adicional de la contaminación. A la inversa, si la parte contaminada posee el derecho a un medio ambiente limpio, el contaminador podría pagar por el derecho a contaminar, hasta que el coste adicional de reducir la contaminación supere los beneficios para el contaminador.

Sin embargo, en la realidad, las negociaciones entre el contaminador y el contaminado suelen verse obstaculizadas por los elevados costes de transacción. Estos costes pueden incluir los costes legales de establecer y hacer cumplir los acuerdos, los costes de recopilación de información y negociación, y los retos de coordinar un gran número de partes. Además, las asimetrías de información y el problema del parasitismo, por el que los individuos se benefician de los resultados de la negociación sin participar activamente, también pueden complicar la resolución privada de las externalidades.

Como resultado, aunque el teorema de Coase ofrece una solución elegante sobre el papel, la necesidad de intervención estatal en forma de normativas o impuestos medioambientales es a menudo inevitable para gestionar eficazmente las externalidades y lograr una asignación de recursos que refleje el coste y el beneficio social de la descontaminación.

Ilustración práctica: un acuerdo negociado al detalle[modifier | modifier le wikicode]

El análisis de los costes y beneficios marginales para los dos hermanos, Toxico y Asmatico, nos da una base para una posible solución negociada a la cuestión de fumar en el coche durante sus viajes.

Para Toxico, el coste marginal de no fumar un cigarrillo aumenta linealmente con cada cigarrillo no fumado, lo que se describe mediante la función . Esto significa que cada cigarrillo adicional que decide no fumar le cuesta más en términos de satisfacción personal. Cuando no fuma en el coche de Asmatico, el coste total en que incurre tras renunciar a un paquete entero es de 220 unidades de bienestar, que es la suma de los costes marginales de cada cigarrillo no fumado.

En cambio, para Asmatico, a quien no le gusta fumar, el beneficio marginal de cada cigarrillo no fumado por Toxico disminuye con cada cigarrillo adicional no fumado. Esto se representa mediante la función . El beneficio total de Asmatico por abstenerse de Toxico es de 100 unidades de bienestar, que es la suma de los beneficios marginales por cada cigarrillo no fumado.

Estas funciones sugieren que los dos hermanos pueden negociar una compensación que sea mutuamente beneficiosa. Dado que el coste total para Toxico de no fumar es mayor que el beneficio total para Asmatico cuando Toxico fuma, Asmatico podría compensar a Toxico por no fumar, hasta un punto en el que el coste marginal de Toxico sea igual al beneficio marginal de Asmatico. La negociación consistiría en determinar una cantidad de cigarrillos que Toxico estaría dispuesto a no fumar y la cantidad que Asmatico estaría dispuesto a pagar por esta abstención.

Por ejemplo, Toxico podría aceptar reducir el número de cigarrillos que fuma si Asmatico le paga una determinada cantidad por cigarrillo no fumado. Tendrían que encontrar un acuerdo que maximice su bienestar colectivo, es decir, encontrar el número de cigarrillos que Toxico está dispuesto a no fumar y que se corresponda con la cantidad que Asmatico está dispuesto a pagar por esta reducción. En teoría, según el teorema de Coase, podrían llegar a un acuerdo sin la intervención de sus padres ni de ninguna otra autoridad, siempre que los costes de transacción de negociar y hacer cumplir este acuerdo sean insignificantes.

Externalité Exemple de solution négociée.png

El gráfico representa una situación económica en la que intervienen dos partes, Toxico y Asmatico, y sus preferencias relativas por fumar cigarrillos mientras conducen. En el eje horizontal tenemos el número de cigarrillos no fumados, C, y en el eje vertical los costes y beneficios marginales en términos de bienestar o satisfacción, medidos en unidades monetarias.

La curva ascendente, , representa el coste marginal para Toxico de no fumar cigarrillos. Como puede observarse, este coste marginal aumenta con cada cigarrillo adicional que decide no fumar. Esto indica que a Toxico le resulta cada vez más difícil renunciar a cada cigarrillo adicional.

La curva descendente, , representa el beneficio marginal para Asmatico por cada cigarrillo que Toxico no fuma. El beneficio es mayor cuando el número de cigarrillos no fumados es bajo y disminuye a medida que se dejan de fumar más cigarrillos.

El punto en el que se cruzan las dos curvas, marcado con , sugiere un compromiso óptimo para ambas partes. En este punto, el coste para Toxico de no fumar seis cigarrillos es igual al beneficio para Asmatico cuando no se fuman seis cigarrillos. Esto implica que Toxico debe abstenerse de fumar exactamente seis cigarrillos para que ambas partes maximicen su bienestar combinado.

El gráfico se divide en diferentes áreas de color (A a F), cada una de las cuales representa un coste o beneficio diferente para Toxico y Asmatico. Por ejemplo, las zonas A y B representan el coste total para Asmatico en el coche de Toxico cuando está permitido fumar. Las zonas C a F representan el coste total para Toxico cuando acompaña a Asmatico en su coche y está prohibido fumar.

El objetivo de esta ilustración es mostrar cómo podría funcionar una negociación coasiana entre las dos partes. Si pueden negociar sin costes de transacción, podrían acordar compensar a Toxico por fumar sólo seis cigarrillos, mejorando así el bienestar de Asmatico sin imponer un coste excesivo a Toxico. La negociación podría implicar que Asmatico pagara a Toxico por cada cigarrillo no fumado hasta alcanzar el equilibrio en .

Sin embargo, si los costes de transacción fueran significativos o si una de las partes tuviera información incompleta sobre las preferencias de la otra, alcanzar este acuerdo sería más complicado. Además, si Toxico o Asmatico se comportasen como free-rider, intentando beneficiarse del acuerdo sin pagar su parte justa, esto también podría impedir que se alcanzase una solución eficiente. A falta de una solución negociada, podría ser necesaria una intervención externa, como una normativa o política establecida por los padres o una autoridad, para resolver la situación.

1. COMPRA DE PERMISOS DE CONTAMINACIÓN

Toxico decide comprar el derecho a fumar en el coche de Asmatico por 7 CHF por cigarrillo. Sigue fumando hasta que su coste marginal por no fumar alcanza los 7 CHF. En ese momento, ha dejado de fumar 6 cigarrillos, con lo que ha fumado 14 cigarrillos de sus 20 habituales.

El coste total para Toxico se compone de dos partes:

  1. El coste de comprar el derecho a fumar, que corresponde al área D+E del gráfico. Se calcula como el precio por cigarrillo multiplicado por el número de cigarrillos fumados, es decir, CHF.
  2. El coste asociado a la abstención de los 6 cigarrillos que decidió no fumar, que corresponde al área C. Este coste está representado por el área de un triángulo de base 6 (el número de cigarrillos no fumados) y altura 7 (el coste marginal del sexto cigarrillo no fumado, que comienza en 1 CHF por el primer cigarrillo no fumado y aumenta en 1 CHF por cada cigarrillo adicional). Por lo tanto, el área de este triángulo es francos suizos. El coste total para Toxico es, por tanto, de 98 CHF por la compra de los derechos a fumar más 21 CHF por el coste de la abstinencia, lo que hace un total de 119 CHF. Sin embargo, si no hubiera comprado los derechos a fumar, fumar todos los cigarrillos le habría costado 220 CHF. Por tanto, al no fumar esos 6 cigarrillos, obtiene una ganancia de CHF, que corresponde al área F.

Asmatico, por su parte, está dispuesto a aceptar este arreglo porque hasta el decimotercer cigarrillo, su beneficio marginal por no sufrir el humo es inferior a 7 CHF, que es menos de lo que recibe de Toxico. Sufre un coste asociado al humo pasivo de los 14 cigarrillos que fuma Toxico, que corresponde a la superficie D, valorado en 49 CHF. Sin embargo, gana 98 CHF de Toxico por el derecho a fumar. Así pues, su ganancia neta es de CHF, lo que corresponde a la superficie E.

Este ejemplo demuestra cómo una negociación coasiana puede conducir a una solución en la que ambas partes mejoran mediante intercambios voluntarios, a pesar de la presencia de externalidades negativas.

2. COMPRA DE DERECHOS DE AIRE LIMPIO

Cuando Asmatico compra el derecho a un aire limpio pagando a Toxico para que no fume en el coche, los cálculos muestran los siguientes resultados:

  • El beneficio total para Asmatico, si Toxico no fumara en absoluto durante el viaje, sería de 100 CHF.
  • El coste para Toxico de no fumar 6 cigarrillos es de 24 CHF, que es la suma de los costes marginales de abstenerse de fumar esos cigarrillos.
  • Asmatico paga a Toxico 42 CHF por abstenerse de fumar esos 6 cigarrillos (7 CHF por cigarrillo no fumado).

En términos de ganancia neta para cada uno de los hermanos en este escenario

  • Toxico recibe 42 CHF de Asmatico, y como su coste de abstinencia es de 24 CHF, su ganancia neta es de 18 CHF
  • Asmatico, por su parte, paga 42 CHF pero su beneficio total de no fumar es de 100 CHF, por lo que su ganancia neta es de 58 CHF.

En esta situación, la cantidad de cigarrillos no fumados es idéntica a la del primer supuesto: Toxico se abstiene de fumar 6 cigarrillos. Sin embargo, las ganancias netas difieren debido a la dirección del pago. Asmatico paga por el aire limpio y Toxico recibe una compensación por no fumar, a diferencia del primer escenario, en el que Toxico pagaba por el derecho a fumar.

Esto ilustra cómo la distribución inicial de los derechos afecta a la distribución de las ganancias monetarias entre las partes, aunque la cantidad de la externalidad (en este caso, el humo del cigarrillo) siga siendo la misma. Se trata de una demostración práctica del teorema de Coase: mientras los costes de transacción sean insignificantes y los derechos de propiedad estén claramente definidos, las partes pueden negociar una compensación para lograr un resultado eficiente independientemente de la distribución inicial de derechos.

Acción pública y externalidades[modifier | modifier le wikicode]

El abanico de intervenciones públicas para las externalidades[modifier | modifier le wikicode]

Cuando el mercado conduce a una mala asignación de recursos debido a una externalidad y no es posible la negociación privada, generalmente por los elevados costes de transacción, la información asimétrica o el problema del beneficiario sin contrapartida (free rider), el gobierno puede intervenir para corregir este fallo.

Un enfoque que puede adoptar el gobierno es la adopción de políticas autoritarias, que consisten en una reglamentación estricta. Estas regulaciones pueden adoptar la forma de obligaciones o prohibiciones de determinados comportamientos. Por ejemplo, el gobierno puede hacer obligatoria la vacunación de todos los escolares para garantizar que la sociedad se beneficie de la inmunidad colectiva. Del mismo modo, puede fijar un nivel máximo de contaminación que las empresas no deben sobrepasar para proteger la salud pública y el medio ambiente. Estas medidas pueden ser eficaces para lograr un resultado deseado de forma rápida y bastante directa.

Sin embargo, estas políticas también pueden considerarse intrusivas y limitar las libertades individuales o las opciones empresariales. Por lo tanto, deben diseñarse cuidadosamente para equilibrar los objetivos de bienestar social con el respeto de los derechos individuales. Además, su eficacia depende de la capacidad del gobierno para hacerlas cumplir, lo que a menudo requiere una supervisión y unos recursos considerables.

Cuando las negociaciones privadas no consiguen resolver las externalidades y el mercado no logra una asignación óptima de los recursos, el gobierno puede optar por intervenciones que se basan en mecanismos de mercado para realinear los incentivos privados con los intereses sociales. Estas intervenciones, denominadas "orientadas al mercado", tratan de utilizar los precios y los incentivos económicos para fomentar comportamientos deseables sin imponer directamente normativas.

Los impuestos pigouvianos son un ejemplo clásico de este tipo de política. Llamados así por el economista Arthur Pigou, están concebidos para internalizar los costes de las externalidades negativas. Al gravar las actividades que producen externalidades perjudiciales, como la contaminación, el gobierno puede animar a empresas y consumidores a reducir su comportamiento contaminante hasta que los costes sociales y privados se equiparen. La cuantía del impuesto suele fijarse de forma que sea igual al coste externo marginal de la actividad contaminante en la cantidad socialmente óptima.

Por otra parte, las subvenciones pueden utilizarse para fomentar comportamientos que tengan externalidades positivas. Por ejemplo, el gobierno puede ofrecer ayudas financieras para mejorar el aislamiento de las viviendas particulares, lo que reduce el consumo de energía y, en consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero. Del mismo modo, pueden ofrecerse subvenciones a las empresas que inviertan en la investigación y el desarrollo de tecnologías limpias o en la formación de su mano de obra, lo que puede tener repercusiones positivas para el conjunto de la economía.

Estas políticas orientadas al mercado son a menudo preferibles a la regulación directa porque pueden alcanzar los objetivos deseados al tiempo que permiten flexibilidad en la forma en que los individuos y las empresas responden a los incentivos fiscales. Sin embargo, su diseño y aplicación requieren una comprensión precisa de la naturaleza y el tamaño de las externalidades, así como la capacidad de ajustar los impuestos y las subvenciones adecuadamente para evitar efectos secundarios indeseables o distorsiones del mercado.

Comparación de los sistemas de permisos e impuestos[modifier | modifier le wikicode]

El Estado tiene dos enfoques principales para reducir la contaminación de una planta:

  1. Regulación: El Estado puede imponer normas estrictas que obliguen a la planta a reducir la contaminación a un nivel determinado. Estos límites reglamentarios suelen definirse tras la realización de estudios medioambientales y sanitarios y pueden incluir topes a las emisiones de contaminantes específicos. La planta debe entonces ajustar sus procesos de producción, invertir en tecnologías de control de la contaminación o cambiar sus materias primas para cumplir las normas impuestas. Este planteamiento de "ordeno y mando" ofrece a las autoridades la garantía de que se lograrán determinadas reducciones de la contaminación, pero puede resultar costoso para las empresas y no ofrece flexibilidad en cuanto a la forma de lograr esas reducciones.
  2. Impuesto pigouviano: Como alternativa, el Estado puede imponer un impuesto pigouviano, que consiste en gravar cada unidad de contaminación emitida. El importe del impuesto es idealmente igual al coste marginal externo de la contaminación en la cantidad óptima de contaminación. Este impuesto incentiva a la planta a reducir la contaminación, ya que ahora tiene que pagar por el impacto externo de sus emisiones. El impuesto pigouviano ofrece flexibilidad a la planta sobre cómo reducir la contaminación, ya que puede optar por pagar el impuesto, reducir la contaminación para evitar el impuesto, o una combinación de ambos. También puede fomentar la innovación en las tecnologías de reducción de la contaminación, ya que la reducción de las emisiones resulta ventajosa desde el punto de vista financiero.

Cada uno de estos enfoques tiene sus ventajas e inconvenientes. La regulación puede ser más directa y fácil de entender para el público, pero también puede ser menos eficaz y menos flexible. En cambio, los impuestos pigouvianos suelen considerarse más eficaces desde el punto de vista económico, ya que permiten a cada planta encontrar la forma más rentable de reducir su contaminación. Sin embargo, determinar la cuantía exacta del impuesto para que se corresponda con el coste marginal externo de la contaminación puede ser complejo y objeto de debate político y económico.

El sistema de comercio de derechos de emisión con fijación previa de límites máximos, también conocido como mercado de permisos de contaminación, es un método orientado al mercado para controlar la contaminación ofreciendo incentivos económicos para reducir las emisiones contaminantes. Funciona de la siguiente manera:

  1. Tope: El Estado fija un tope, es decir, un límite máximo a la cantidad total de contaminación que pueden emitir todas las empresas afectadas. Este tope es inferior al nivel actual de emisiones para obligar a una reducción global.
  2. Reparto de permisos: El Estado asigna o vende permisos de contaminación a las empresas. Cada permiso autoriza a su titular a emitir una determinada cantidad de contaminación. El número total de permisos corresponde al tope de emisiones fijado por el Estado.
  3. Comercio: Las empresas que puedan reducir sus emisiones a un coste inferior al precio de mercado de los permisos tendrán un incentivo para hacerlo y podrán vender sus excedentes de permisos. Se crea así un mercado de derechos a contaminar. Las empresas a las que les resulte más caro reducir las emisiones pueden comprar permisos adicionales en el mercado para cumplir la normativa.

El sistema de comercio de derechos de emisión tiene varias ventajas. Ofrece a las empresas la flexibilidad necesaria para cumplir los objetivos de reducción de emisiones de la forma más rentable. También fomenta la innovación en tecnologías limpias porque el ahorro derivado de reducciones más eficientes puede ser rentable.

Sin embargo, este sistema presenta un problema potencial relacionado con los grupos de presión. Las empresas y los grupos de interés pueden presionar para aumentar el número de permisos asignados, lo que elevaría el tope de emisiones permitidas y reduciría la eficacia del sistema en términos de reducción de la contaminación. Si el tope se fija demasiado alto, los permisos pueden volverse demasiado abundantes y baratos, reduciendo el incentivo para invertir en la reducción de la contaminación.

Para que el sistema de comercio de derechos de emisión con fijación previa de límites máximos funcione eficazmente, es crucial que el límite de emisiones se fije en un nivel que refleje los objetivos reales de reducción de la contaminación y que se reduzca gradualmente con el tiempo para fomentar reducciones continuas. Además, el proceso de asignación de permisos debe ser transparente y justo para evitar la manipulación del mercado y garantizar una competencia leal y eficaz.

Impuestos pigouvianos y permisos de contaminación: evaluación de su equivalencia[modifier | modifier le wikicode]

En los gráficos siguientes se comparan los enfoques del impuesto pigouviano y los permisos de emisión negociables para regular la contaminación. Ambos mecanismos pretenden reducir la contaminación imponiendo costes a los contaminadores, pero funcionan de formas ligeramente distintas.

Equivalence des taxes pigouviennes et des droits à polluer 1.png

Impuesto pigouviano (Gráfico a) : El impuesto pigouviano es un precio fijado por el Estado a la contaminación. Este precio pretende reflejar el coste externo que la contaminación impone a la sociedad. El gráfico muestra una línea horizontal a un precio determinado por el impuesto. El punto de intersección de esta línea con la curva de demanda de contaminación indica la cantidad de contaminación que se producirá al precio fijado por el impuesto. Las empresas contaminantes pagarán el impuesto por cada unidad de contaminación que emitan, y se supone que este impuesto animará a las empresas a reducir sus emisiones hasta que el coste marginal de reducir la contaminación sea igual al impuesto. La principal ventaja de este planteamiento es que permite a las empresas decidir cómo van a reducir la contaminación, dándoles flexibilidad para encontrar las soluciones más baratas. Sin embargo, el nivel de contaminación resultante no está garantizado, ya que depende de cómo reaccionen las empresas al impuesto. Si el impuesto es demasiado bajo, la contaminación podría seguir siendo elevada; si es demasiado alto, podría imponer costes excesivos a las empresas.

Mercado de permisos de contaminación (Gráfico b): En el sistema de límites máximos y comercio de derechos de emisión, también conocido como mercado de permisos de contaminación, el Estado fija un límite a la cantidad total de contaminación que puede emitirse. Los permisos correspondientes a este tope se distribuyen o venden a las empresas contaminantes. Estos permisos son negociables, lo que significa que las empresas que pueden reducir la contaminación de forma más barata venderán sus permisos sobrantes a otras empresas para las que la reducción es más cara. El gráfico muestra que el precio de los permisos viene determinado por el punto en el que la curva de oferta de permisos (que es vertical porque el número de permisos es fijo) se cruza con la curva de demanda del derecho a contaminar. La ventaja de este sistema es que garantiza un nivel de contaminación que no supera el límite máximo fijado. Sin embargo, el precio de los permisos puede variar y ser difícil de predecir, lo que puede crear incertidumbre en las empresas.

La elección entre el impuesto pigouviano y el mercado de permisos depende de los objetivos específicos y de las condiciones del mercado. Si el objetivo principal es garantizar un nivel máximo de contaminación, el mercado de permisos es más apropiado. Si el objetivo es animar a las empresas a innovar y encontrar formas rentables de reducir la contaminación, el impuesto pigouviano puede ser preferible por la flexibilidad que ofrece. Ambos sistemas se enfrentan a problemas de aplicación, como la necesidad de medir con precisión la contaminación y controlar su cumplimiento. Los grupos de presión pueden ejercer una influencia significativa sobre la fijación de los precios de los impuestos o el número de permisos distribuidos, lo que puede comprometer la eficacia de cada sistema. Además, ambos mecanismos pueden tener consecuencias sociales y económicas, como la transferencia de costes a los consumidores, el impacto en la competitividad de las empresas y la necesidad de una transición justa para los trabajadores de las industrias afectadas.

En resumen, el impuesto pigouviano y el mercado de permisos de contaminación son dos herramientas de política medioambiental que intentan corregir los fallos del mercado asociados a las externalidades negativas de la contaminación. Su éxito dependerá de la forma en que se integren en un marco normativo más amplio y de su aceptación por el público y las empresas.

Análisis comparativo de las ventajas y los límites de los permisos de emisión y los impuestos medioambientales[modifier | modifier le wikicode]

Los permisos de contaminación y los impuestos pigouvianos son dos de los principales métodos utilizados para internalizar las externalidades negativas de la contaminación. Aunque ambos persiguen el mismo objetivo de reducir las emisiones, lo hacen a través de mecanismos diferentes, cada uno con sus propias ventajas e inconvenientes.

Los economistas tienden a preferir los impuestos pigouvianos por varias razones. En primer lugar, se consideran menos intrusivos en el funcionamiento del mercado, porque permiten a las empresas elegir cómo se ajustan al impuesto. En lugar de dictar cómo y dónde reducir las emisiones, los impuestos animan a las empresas a encontrar por sí mismas los métodos más rentables. Esto puede conducir a la innovación tecnológica, ya que las empresas tratan de reducir la cantidad de impuestos que tienen que pagar. Otra ventaja es el efecto incentivador a largo plazo. Al gravar la contaminación, los gobiernos crean un incentivo financiero permanente para que las empresas inviertan en la investigación y el desarrollo de tecnologías más limpias. Esto puede conducir a mejoras duraderas en la eficiencia energética y la reducción de contaminantes.

Sin embargo, los impuestos pigouvianos también tienen desventajas. Uno de los principales problemas es que el gobierno tiene que determinar el coste social exacto de la contaminación para fijar el impuesto a un nivel que internalice los costes externos. Esto puede ser extremadamente difícil, ya que el daño causado por la contaminación puede variar considerablemente en función de muchos factores, como la geografía, la densidad de población y la sensibilidad de los ecosistemas locales. Si el impuesto se fija demasiado bajo, no reducirá suficientemente la contaminación; si se fija demasiado alto, podría imponer costes innecesariamente elevados a empresas y consumidores.

Por eso se suelen preferir los impuestos pigouvianos, por su flexibilidad y potencial de innovación, pero requieren un conocimiento preciso del daño social causado por la contaminación, que es difícil de cuantificar. La decisión de utilizar impuestos o permisos dependerá de las circunstancias concretas, los objetivos de la política medioambiental y la capacidad del Estado para recabar la información necesaria y ajustar las políticas en consecuencia. En la práctica, puede ser necesaria una combinación de ambos enfoques y, de hecho, de otros instrumentos políticos, para gestionar la contaminación con eficacia y proteger el medio ambiente, manteniendo al mismo tiempo la eficiencia económica.

A menudo se prefieren las restricciones o regulaciones directas de la contaminación por su simplicidad y la certidumbre que proporcionan tanto a los reguladores como a las empresas. Prescriben límites de emisión específicos que deben cumplirse, lo que puede ser especialmente beneficioso en situaciones en las que se carece de información sobre los costes sociales precisos de la contaminación. Estos reglamentos establecen normas claras y proporcionan resultados predecibles: las empresas saben lo que se espera de ellas y los reguladores disponen de un marco claro para la supervisión y el cumplimiento. Por otro lado, estas normativas tienen desventajas significativas a la hora de incentivar la mejora. Una vez que una empresa cumple la norma, suele haber poco o ningún incentivo para seguir reduciendo la contaminación. Esto puede conducir a un estado de autocomplacencia en el que las empresas se contentan con cumplir las normas sin tratar de sobresalir en su comportamiento medioambiental. Además, la normativa puede introducir distorsiones económicas al no animar a las empresas a buscar formas de reducir costes. Podrían verse atrapadas en tecnologías caras diseñadas específicamente para cumplir los requisitos normativos, sin explorar otras opciones potencialmente más eficientes o menos costosas.

Los costes asociados al cumplimiento de la normativa también pueden ser elevados. Las tecnologías necesarias para cumplir las normas pueden ser caras, y estos costes adicionales suelen repercutirse en los consumidores. Esto puede repercutir en el mercado en términos de competitividad y accesibilidad, ya que los precios de los bienes y servicios suben para cubrir el aumento de la inversión de capital y los costes de funcionamiento. Las restricciones son, por tanto, un instrumento importante de la política medioambiental, ya que garantizan que no se superarán determinados niveles de emisión. Sin embargo, pueden ser rígidas y no favorecer la innovación y la mejora continua más allá de los requisitos mínimos. Así pues, una combinación de regulación directa con otros instrumentos económicos, como los impuestos pigouvianos y los sistemas de permisos de emisión negociables, puede ofrecer un compromiso entre certidumbre, flexibilidad e incentivos a la innovación, dando lugar a un planteamiento más matizado y eficaz de la gestión de la contaminación.

Resumen de los conceptos y estrategias abordados[modifier | modifier le wikicode]

Las externalidades surgen cuando una transacción entre un comprador y un vendedor repercute en terceros que no son ni compradores ni vendedores en esa transacción. Estos efectos secundarios no compensados pueden ser beneficiosos (externalidades positivas) o perjudiciales (externalidades negativas). Una externalidad negativa, como la contaminación de una fábrica, conduce a una sobreproducción en comparación con lo que sería socialmente ideal, porque el coste externo no se tiene en cuenta en la decisión de producción de la fábrica. A la inversa, una externalidad positiva, como la vacunación, conduce a una infraproducción porque los beneficios para la sociedad no se reflejan plenamente en los incentivos privados de los individuos o las empresas.

En algunos casos, las partes afectadas por las externalidades pueden encontrar una solución por sí mismas. El teorema de Coase afirma que si los derechos de propiedad están claramente definidos y los costes de transacción son nulos, las partes pueden negociar compensaciones que conduzcan a una asignación eficiente de los recursos, independientemente de quién posea inicialmente los derechos. Sin embargo, en la práctica, los costes de transacción rara vez son cero y los derechos de propiedad no siempre están claramente definidos, lo que suele complicar las negociaciones privadas.

Cuando las negociaciones privadas no bastan para resolver las externalidades, puede ser necesaria la intervención del gobierno. El gobierno puede optar por imponer normas de comportamiento, que son reglamentos directos que dictan obligaciones o prohibiciones. Estas normas son fáciles de entender y pueden ser eficaces para lograr objetivos específicos, pero también pueden ser rígidas y no fomentar la mejora continua.

Una alternativa es el uso de instrumentos económicos como los impuestos pigouvianos, que tratan de internalizar los costes externos imponiendo un precio a la contaminación, o la creación de mercados de permisos de contaminación, donde las empresas pueden comprar y vender el derecho a contaminar. Estos métodos orientados al mercado pueden ser más eficaces y flexibles que las normas estrictas, ya que permiten a las empresas elegir la forma más rentable de reducir su contaminación y fomentan la innovación a largo plazo.

En última instancia, la elección de los instrumentos de política medioambiental depende de muchos factores, como la naturaleza de la externalidad, la estructura de la industria afectada y los objetivos específicos de la política. Una combinación de regulación directa e instrumentos económicos puede ofrecer a menudo un equilibrio eficaz entre seguridad, flexibilidad e incentivos a la innovación.

Anexos[modifier | modifier le wikicode]

  • The Economist, Selling hot air, 07.08.2006
  • The Economist, Doffing the cap, 14.07.2007

Referencia[modifier | modifier le wikicode]