Estado, soberanía, globalización y gobernanza multinivel

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El Estado moderno es un concepto central de la ciencia política. Se refiere a una entidad territorial que ejerce una autoridad soberana y cuyo gobierno tiene el poder de elaborar y aplicar leyes, administrar justicia y controlar los recursos. Esta entidad se caracteriza por su legitimidad, su soberanía, su territorio delimitado y su población.

Como disciplina, la ciencia política se dedica al estudio del Estado moderno, sus instituciones y los procesos que configuran las políticas públicas. También examina las estructuras de poder, las ideologías, la política internacional y las diversas formas de gobernanza. El Estado moderno desempeña un papel esencial en la definición de la identidad política de un país. Es la entidad que organiza y define la vida política, social y económica de una nación. El Estado moderno también es responsable de proteger los derechos humanos y garantizar la justicia social. El concepto de Estado moderno ha evolucionado con el tiempo. Hoy en día, se asocia a menudo con conceptos como el Estado del bienestar, que sugiere que el Estado tiene la responsabilidad del bienestar social y económico de sus ciudadanos. Además, con la globalización y los retos contemporáneos como el cambio climático y la ciberseguridad, el papel y la naturaleza del Estado moderno evolucionan constantemente. Al analizar estas transformaciones y estudiar diferentes modelos de Estado en todo el mundo, la ciencia política desempeña un papel crucial en nuestra comprensión del Estado moderno.

El Estado puede entenderse y analizarse desde varios ángulos, poniendo de relieve distintas facetas de su funcionamiento.

  1. El Estado como conjunto de normas - teorías políticas normativas: Desde esta perspectiva, el Estado se considera un conjunto de principios, reglas y normas que rigen su funcionamiento y el modo en que se espera que se comporten sus ciudadanos. Es el estudio del ideal de Estado, de los principios éticos y morales que deben guiar sus acciones. Las teorías políticas normativas tratan de definir lo que debe ser un buen Estado, cuáles deben ser sus objetivos y cómo debe alcanzarlos.
  2. El Estado como lugar de poder y autoridad: En este caso, la atención se centra en el Estado como entidad que detenta y ejerce el poder. El Estado es visto como la máxima autoridad que controla la sociedad y tiene el poder de hacer cumplir sus leyes y normas. El objetivo es explorar cómo el Estado utiliza este poder, cómo se impugna, negocia y distribuye, y cómo influye en las relaciones sociales y políticas.
  3. El Estado como conjunto de instituciones y sus efectos: En esta perspectiva, la atención se centra en el Estado como conjunto de instituciones -como el gobierno, el poder judicial, la administración pública, etc.- que tienen efectos concretos en la sociedad. - que tienen efectos concretos en la sociedad y en la vida de los ciudadanos. Este enfoque examina cómo se estructuran estas instituciones, cómo interactúan, cómo influyen en las políticas públicas y cómo afectan al bienestar de los ciudadanos.

Estos tres enfoques proporcionan un marco analítico útil para comprender el Estado moderno, sus papeles y funciones, y su impacto en la sociedad. También proporcionan una base para comprender los retos y oportunidades a los que se enfrenta el Estado en el contexto contemporáneo.

El concepto de Estado[modifier | modifier le wikicode]

Definición del Estado[modifier | modifier le wikicode]

El Estado es un concepto complejo que ha evolucionado con el tiempo y varía según los contextos históricos y culturales. Fundamentalmente, el Estado es una entidad política con soberanía sobre un territorio y una población definidos. Tiene poder para elaborar y aplicar leyes, imponer el orden, controlar y defender su territorio y mantener relaciones con otros Estados.

Los fundamentos del Estado se remontan a la Antigüedad, con ejemplos tempranos en Egipto, Grecia y China.

  • En el antiguo Egipto, el concepto de Estado estaba vinculado a la figura del faraón, considerado un dios viviente y con poder absoluto sobre el territorio y el pueblo. La burocracia estatal estaba organizada para servir al faraón y administrar el país.
  • En la antigua Grecia surgió la idea de la ciudad-estado, donde un territorio urbano y su campo circundante formaban una unidad política independiente, o "polis". Se trataba de una comunidad de ciudadanos libres que participaban directamente en la toma de decisiones políticas, un concepto que sentó las bases de la democracia.
  • En la antigua China, el Estado se organizaba en torno a la noción del "Mandato del Cielo", según la cual el gobernante, o emperador, tenía derecho a gobernar siempre que mantuviera el orden y la prosperidad. El papel del Estado era garantizar la armonía social y mantener el orden cósmico.

El concepto moderno de Estado, tal como lo conocemos hoy, empezó a tomar forma en Europa Occidental a finales de la Edad Media, con el declive del feudalismo y el advenimiento del Renacimiento. Durante el periodo feudal, el poder estaba muy descentralizado. Los señores locales tenían un poder considerable sobre sus tierras y súbditos, y la autoridad del rey era a menudo limitada. Además, el papado y el imperio ejercían una gran influencia en la vida política y social. Sin embargo, con el declive del sistema feudal y el auge de las ciudades y el comercio durante el Renacimiento, el poder comenzó a centralizarse. Los reyes empezaron a consolidar su autoridad, a establecer administraciones centralizadas y a afirmar el control sobre sus territorios. Fue en esta época cuando surgieron los primeros Estados-nación, con fronteras definidas y autoridad centralizada. El declive de la influencia del papado y de las instituciones imperiales también desempeñó un papel clave. Con el declive de estas autoridades supranacionales, los reyes pudieron afirmar su soberanía y asumir el control de su territorio y su población. Estas transformaciones sentaron las bases del Estado moderno. Sin embargo, hay que señalar que el proceso de formación del Estado difirió mucho de una región a otra y de un país a otro, y que el concepto de Estado ha seguido evolucionando y desarrollándose hasta nuestros días.

El surgimiento del Estado moderno es un tema de estudio amplio y complejo, y muchos investigadores han contribuido a nuestra comprensión de este proceso. Uno de los más importantes es sin duda Charles Tilly, sociólogo y politólogo estadounidense más conocido por sus trabajos sobre la evolución de los Estados europeos. Tilly propuso la idea de que la aparición del Estado moderno en Europa estuvo estrechamente vinculada a la guerra. En su libro "Coercion, Capital, and European States, AD 990-1992", sostiene que los Estados que consiguieron movilizar recursos para la guerra lograron centralizarse y desarrollarse. En otras palabras, la necesidad de reunir ejércitos, recaudar impuestos para financiar las guerras y mantener el orden interno condujo a la creación de administraciones centralizadas y a la consolidación de la autoridad estatal. También subrayó la importancia del conflicto social interno en la formación del Estado, en particular la forma en que los Estados respondían a las revueltas y levantamientos. La teoría de Tilly ha influido notablemente en nuestra comprensión de la evolución del Estado. Sin embargo, cabe señalar que su teoría se aplica principalmente a Europa, y que la aparición del Estado moderno puede variar considerablemente en función de los contextos históricos, culturales y geográficos.

Para Charles Tilly, para explicar la formación del Estado moderno hay que tener en cuenta tres grandes dinámicas históricas:

  • la importancia de la guerra y la tendencia creciente del Estado a monopolizar la coerción, lo que provocará un contraste entre la esfera estatal, donde reina la violencia, y la esfera de la vida civil, donde no reina la violencia. En su opinión, la guerra desempeñó un papel central en el surgimiento del Estado moderno en Europa, debido a su impacto en la organización política y social. Según Tilly, la necesidad de que los soberanos destinaran importantes recursos a la guerra, sobre todo como consecuencia de los avances en tecnología militar (como la introducción de la pólvora en el siglo XV), condujo a una mayor centralización del poder. Para financiar guerras cada vez más costosas, los soberanos tuvieron que desarrollar una burocracia eficiente para recaudar impuestos de forma regular y sistemática. Esto condujo a la creación de un "presupuesto estatal", una importante innovación en la organización del Estado. Además, la necesidad de reclutar hombres para la guerra y de suministrar equipos y alimentos llevó a la creación de departamentos gubernamentales especializados. Esto también contribuyó al crecimiento de la burocracia estatal. Por último, la capacidad del Estado para cobrar impuestos a sus súbditos se vio acompañada de una creciente demanda por parte de éstos de tener voz en el gobierno. Esto condujo a la aparición de asambleas públicas y al establecimiento de ciertas formas de representación política. Las guerras, cada vez más costosas, exigían cada vez más recursos, lo que impulsó a los gobernantes a desarrollar sistemas fiscales más eficaces y regulares. La gestión de estos fondos condujo a la conceptualización del "presupuesto estatal", una innovación que sigue siendo fundamental en la gestión de los Estados modernos. Para apoyar estos esfuerzos bélicos, los gobernantes también tuvieron que desarrollar una burocracia cada vez más compleja. Esto incluyó la creación de departamentos gubernamentales dedicados a la movilización y el mantenimiento de los ejércitos, la provisión de material de guerra y el suministro de alimentos. La burocracia también fue necesaria para administrar el sistema tributario, cada vez más sólido. Además, a medida que el Estado aumentaba su capacidad para recaudar impuestos, los súbditos empezaron a exigir mayor representación y responsabilidad a sus gobernantes. Esta dinámica contribuyó a la aparición de asambleas públicas y al establecimiento de ciertas formas de representación política. En resumen, la tesis de Tilly sugiere que la dinámica de la guerra fue un factor importante en la aparición del Estado moderno y su burocracia. Sin embargo, cabe señalar que esta teoría tiene sus críticos, y que otros factores también pueden haber desempeñado un papel importante en la evolución del Estado.
  • La llegada y el desarrollo económico del capitalismo de mercado. A partir del siglo XV se produjo una profunda transformación económica vinculada al auge del comercio y las finanzas. A partir del siglo XV, el auge del comercio y las finanzas provocó profundas transformaciones económicas. El desarrollo del capitalismo mercantil, con su predominio de las actividades comerciales y bancarias, condujo a una creciente urbanización y a una intensificación del comercio. Esto condujo a la aparición de un nuevo grupo social, la burguesía, formado por mercaderes y comerciantes que se beneficiaban de la producción y el comercio de mercancías. A diferencia del campesinado, la burguesía era un grupo social políticamente libre que desempeñaba un papel clave en la financiación de los Estados, ya que acumulaba capital y prestaba dinero a los gobernantes. Charles Tilly también subrayó la importancia de la monetarización de la economía en este proceso. En su opinión, en las regiones donde la economía estaba muy monetarizada tendían a surgir los Estados más centralizados y poderosos. Además, la presencia de ciudades comerciales en el territorio de un Estado influía significativamente en su capacidad para movilizar recursos para la guerra.
  • cambios en la ideología y las representaciones colectivas que condujeran a un fortalecimiento de la legitimidad del estado. Los cambios en las ideologías y las representaciones colectivas también han desempeñado un papel importante en el fortalecimiento de la legitimidad del Estado moderno. Una de las principales transformaciones fue la aparición del individualismo, que supuso una ruptura con la conciencia colectiva de la época feudal. Como ilustró el historiador George Duby en su libro "Les trois ordres", la ideología feudal se estructuraba en torno a un orden trifuncional: los que rezan (el clero), los que luchan (los caballeros) y los que trabajan (los campesinos). En este sistema, la pertenencia individual a un orden estaba en gran medida predeterminada. Sin embargo, con la aparición del individualismo, este concepto empezó a cambiar. Los individuos empezaron a verse a sí mismos no como miembros de un orden predeterminado, sino como partes contratantes en las relaciones con el soberano, los gobernantes y el gobierno. Por ejemplo, un comerciante podía verse a sí mismo como un individuo capaz de negociar su relación con diferentes gobernantes, y podía optar por ofrecer su lealtad a aquel que recaudara menos impuestos. Esta evolución ha tenido importantes repercusiones en la legitimidad del Estado. Mientras que la legitimidad del Estado feudal se basaba a menudo en el respeto a la tradición y a las jerarquías establecidas, la legitimidad del Estado moderno se basa cada vez más en su capacidad para respetar y proteger los derechos e intereses individuales. Esto ha provocado cambios importantes en la forma de organizar y gobernar el Estado.

La forma de Estado predominante en la actualidad es el Estado-nación. De hecho, la idea de Estado nación está estrechamente vinculada a la idea de soberanía nacional, que significa que un Estado se gobierna en interés de su propia población nacional. La idea del Estado nación empezó a cobrar importancia en Europa en el siglo XIX, cuando se puso en práctica como parte de los movimientos de unificación de Italia y Alemania. Estos movimientos pretendían agrupar territorios y poblaciones lingüística y culturalmente similares en una única entidad política, creando así un "Estado nación". En el siglo XX, el concepto de Estado nación se extendió mucho más allá de Europa. El colapso del Imperio Otomano al final de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, condujo a la creación de Turquía como Estado nación. La descolonización de las décadas de 1950 y 1960 también dio lugar a un gran número de nuevos Estados nación. En muchos de estos casos, las fronteras de los nuevos Estados fueron trazadas por las potencias coloniales en retirada, a menudo sin tener en cuenta las realidades étnicas o culturales sobre el terreno. Esto provocó tensiones y conflictos que aún perduran.

Según Weber, un influyente sociólogo alemán, el Estado es una "comunidad humana que, dentro de los límites de un territorio determinado... reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia física legítima"[1] Esta definición hace hincapié en tres aspectos principales del Estado:

  1. Territorialidad: el Estado debe controlar un territorio específico. Se trata de la dimensión espacial del Estado, que se refiere al área geográfica sobre la que el Estado ejerce su poder.
  2. Comunidad: el Estado es una comunidad de personas. Esta es la dimensión humana del Estado, referida a la población que el Estado gobierna.
  3. Monopolio de la violencia legítima: el Estado tiene el derecho exclusivo de utilizar la fuerza para mantener el orden y hacer cumplir sus normas. Esto es lo que distingue al Estado de otros tipos de organización política.

La definición de Weber plantea la idea de que la legitimidad del Estado descansa en gran medida en su capacidad para monopolizar el uso de la violencia física de forma legítima. Esta capacidad es esencial para mantener el orden social y para que el Estado pueda ejercer su autoridad con eficacia. Cabe señalar que, aunque esta definición es ampliamente aceptada, también ha sido criticada y debatida. Algunos sostienen, por ejemplo, que la legitimidad del Estado no sólo se basa en su monopolio de la violencia, sino también en su capacidad para proporcionar bienes públicos, proteger los derechos humanos, promover la justicia social, etc.

El territorio como componente del Estado[modifier | modifier le wikicode]

El territorio es un elemento esencial en la definición del Estado, y lo distingue de la noción de "nación". En términos sencillos, el territorio se refiere a la zona geográfica delimitada y controlada por un Estado. Incluye no sólo la tierra, sino también los recursos, el espacio aéreo y, en algunos casos, las aguas territoriales y las zonas económicas exclusivas.

Por otro lado, la noción de "nación" suele definirse en términos más culturales o étnicos. Por nación se entiende generalmente un grupo de personas que comparten una identidad común basada en características como la lengua, la cultura, la etnia, la religión, las tradiciones o una historia común. Una nación puede coincidir o no con las fronteras de un Estado. Por ejemplo, la "nación navajo" en Estados Unidos, o la "nación kurda" en Oriente Medio, son naciones que no se corresponden con un Estado territorial concreto.

La idea de Estado-nación intenta combinar estos dos conceptos, proponiendo el ideal de un Estado en el que la población comparte una identidad nacional común. En la práctica, sin embargo, muchos Estados son multinacionales o multiculturales, y la alineación perfecta de nación y Estado es poco frecuente.

Los conceptos de Estado y nación no están necesariamente vinculados de forma estricta. La nación se refiere generalmente a un grupo de personas que comparten una identidad común basada en características culturales, étnicas, lingüísticas o históricas, y esta identidad puede existir independientemente de un territorio o estado específico.

El ejemplo de la comunidad judía antes de la creación del Estado de Israel ilustra perfectamente esta idea. Durante miles de años, los judíos se consideraron parte de una nación, a pesar de estar dispersos por muchos países y regiones diferentes. Este sentimiento de pertenencia a una nación judía ha persistido a pesar de la ausencia de un territorio o Estado específicamente judío.

También hay que tener en cuenta que existen naciones que no tienen Estado propio, a veces denominadas "naciones sin Estado". Los kurdos, por ejemplo, se citan a menudo como una nación sin Estado, porque aunque tienen un fuerte sentimiento de identidad nacional, no tienen su propio país independiente. Por el contrario, muchos Estados son multinacionales o multiétnicos, y albergan a varios grupos que pueden considerarse naciones separadas. Por ejemplo, en Bélgica conviven flamencos y valones, cada uno con su propia lengua y cultura.

En resumen, mientras que el Estado se refiere a una entidad política y territorial, la nación es un concepto más fluido y subjetivo, basado en el sentimiento de pertenencia a una comunidad. Ambos no siempre coinciden.

La población: esencial para la estructura del Estado[modifier | modifier le wikicode]

El Estado-nación, como modelo dominante de organización política, ha reforzado el vínculo entre nación y Estado y, por extensión, el vínculo entre nación y territorio. La idea que subyace al concepto de Estado-nación es que cada "nación", o pueblo con una identidad cultural común, debe tener su propio Estado. En un Estado nación ideal, las fronteras del Estado coincidirían perfectamente con la extensión de la nación.

Sin embargo, la realidad suele ser más compleja. Hay muchas naciones que no tienen Estado propio. Los kurdos son un ejemplo comúnmente citado. Por otra parte, muchos Estados son multiétnicos o multinacionales y no tienen una única "nación" que se corresponda exactamente con sus fronteras.

En cuanto a las "naciones de la diáspora", es un término que se utiliza generalmente para referirse a grupos de personas que comparten una identidad nacional común pero que están dispersas por distintos países o regiones. Los gitanos, también conocidos como romaníes, son un ejemplo de ello. Aunque no tienen asociado ningún territorio o Estado concreto, poseen una cultura, una lengua y una historia comunes que constituyen una identidad nacional.

Estos ejemplos demuestran que la relación entre nación, Estado y territorio puede variar considerablemente y a menudo es mucho más compleja de lo que parece a primera vista.

El Estado, como concepto y como realidad tangible, es una construcción humana. Es producto de la historia, las relaciones de poder, las ideologías y las instituciones creadas por los seres humanos. El Estado no es sólo una entidad política y jurídica que gobierna un determinado territorio, es también una comunidad de personas. Sin sus ciudadanos, un Estado no tendría razón de ser. Las personas que viven en un Estado son a la vez sujetos de su poder y beneficiarios de sus servicios. Contribuyen a su prosperidad con su trabajo, pagan impuestos para financiar sus actividades, obedecen sus leyes y participan (en la mayoría de los casos) en su proceso político. Además, el Estado tiene una responsabilidad para con sus ciudadanos: proteger sus derechos y libertades, prestar servicios públicos, mantener el orden y promover el bienestar general. La relación entre un Estado y sus ciudadanos es, por tanto, fundamental para su legitimidad y funcionamiento.

Por eso puede decirse que un Estado sin habitantes es inconcebible. Sin personas que lo constituyan, lo gobiernen y sean gobernadas por él, un Estado no tendría ni sustancia ni sentido.

El monopolio de la coacción física legítima: un aspecto único del Estado[modifier | modifier le wikicode]

En muchas sociedades históricas, el poder, la violencia y la coerción eran mucho más difusos. El monopolio de la violencia legítima por parte del Estado es una característica del sistema estatal moderno, pero no siempre fue así. Antes de la aparición de los Estados modernos, la capacidad de ejercer la violencia solía estar distribuida entre distintos grupos e instituciones. Por ejemplo, en la Edad Media europea, la violencia legítima se repartía entre diversos actores, como los señores feudales, la Iglesia, las ciudades autónomas, etc. Cada uno de estos actores podía ejercer una forma de violencia. Cada uno de estos actores podía ejercer una forma de violencia legítima en determinados contextos. Con la aparición del Estado moderno, el proceso de centralización del poder condujo gradualmente al establecimiento del monopolio estatal de la violencia legítima. Esta evolución suele estar vinculada a la necesidad de mantener el orden, asegurar las fronteras y controlar los conflictos internos. Sin embargo, incluso en los Estados modernos, la violencia y la coacción pueden ser ejercidas a veces por otros actores, como grupos criminales u organizaciones paramilitares. Estas situaciones suelen considerarse desafíos a la autoridad del Estado y a su monopolio de la violencia.

Según Tilly, "la actividad del Estado en general, y de ahí su aparición, ha creado un agudo contraste entre la violencia de la esfera estatal y la no violencia de la vida civil". Los Estados europeos provocaron este contraste, y lo hicieron estableciendo medios de coerción reservados y prohibiendo a las poblaciones civiles el acceso a estos medios. No hay que subestimar la dificultad ni la importancia del cambio; durante la mayor parte de la historia europea, la mayoría de los hombres siempre estuvieron armados. Además, en todos los Estados, los potentados locales y regionales disponían de medios de coerción suficientes, muy superiores a los del Estado si se reunían en coalición. Durante mucho tiempo, en muchas partes de Europa, los nobles tuvieron derecho a librar guerras privadas, y los bandidos florecieron en casi todas partes a lo largo del siglo XVII. En Sicilia, los mafiosos, profesionales de la violencia patentada y protegida, siguen aterrorizando hoy a la población. Fuera del control del Estado, a menudo la gente sacaba provecho del uso razonado de la violencia. Sin embargo, desde el siglo XVII, los gobernantes han conseguido inclinar la balanza a favor del Estado y no de sus rivales; han hecho ilegal e impopular el porte de armas personales, han ilegalizado las milicias privadas y han conseguido justificar los enfrentamientos entre policías armados y civiles armados. Al mismo tiempo, la expansión de las propias fuerzas armadas del Estado empezó a superar el arsenal disponible para los posibles rivales nacionales".

Este pasaje de Charles Tilly pone de relieve un cambio clave en la transición hacia los Estados modernos: el creciente monopolio de la violencia legítima por parte del Estado. Este proceso no fue fácil ni rápido, porque en el pasado muchos actores podían utilizar legítimamente la fuerza. Por ejemplo, los señores feudales podían librar guerras privadas y muchos hombres corrientes iban armados. Sin embargo, con el tiempo, los Estados consiguieron restringir gradualmente el acceso a los medios de coacción y monopolizar la violencia. Prohibieron las milicias privadas, declararon ilegal e impopular el porte de armas personales y crearon poderosas fuerzas policiales y ejércitos estatales. Al mismo tiempo, deslegitimaron el uso de la fuerza por parte de otros actores, como nobles y bandidos. Sin embargo, Tilly señala que este proceso no fue del todo completo ni uniforme. En Sicilia, por ejemplo, organizaciones como la mafia siguieron utilizando la violencia con eficacia, a pesar del control estatal. Además, en muchas partes del mundo, la violencia privada y no estatal sigue siendo un importante desafío para el orden público y la legitimidad del Estado. Por tanto, la cita de Tilly pone de relieve la importancia del monopolio de la violencia legítima para la constitución de los Estados modernos, pero también nos recuerda que este monopolio nunca es absoluto y que a menudo se pone en tela de juicio.

Uno de los aspectos clave de la definición de Estado moderno de Max Weber es el monopolio de la violencia legítima. En otras palabras, en una sociedad bien organizada y estable, sólo el Estado tiene derecho a utilizar la fuerza para mantener el orden y hacer cumplir la ley. Este monopolio es crucial para el funcionamiento del Estado moderno. Permite al Estado mantener el orden público, proteger los derechos y libertades de los ciudadanos y hacer cumplir las leyes con eficacia. Al mismo tiempo, limita las posibilidades de que agentes no estatales, como grupos delictivos o particulares, utilicen la violencia para conseguir sus fines. Sin embargo, hay que señalar que este monopolio del Estado no siempre es completo o incontestable. Hay muchos casos en los que actores no estatales ejercen una violencia significativa, ya sea a través de la delincuencia organizada, la violencia doméstica o la rebelión armada. Además, en determinadas circunstancias, el propio Estado puede abusar de su monopolio de la violencia, dando lugar a violaciones de los derechos humanos y a la tiranía. En general, el monopolio de la violencia por parte del Estado es una característica clave del Estado moderno, pero también es fuente de muchos retos y tensiones.

El concepto de que el Estado tiene el monopolio de la fuerza legítima es una idealización que no siempre refleja la compleja y matizada realidad sobre el terreno. En muchos países del mundo hay grupos armados no estatales que desafían el monopolio del Estado sobre el uso de la fuerza. En muchos casos, estos grupos son capaces de controlar territorios, ejercer una autoridad sustancial sobre las poblaciones locales y llevar a cabo operaciones militares o paramilitares contra el Estado u otros actores. El Ejército Republicano Irlandés (IRA) en Irlanda del Norte y Hamás en los Territorios Palestinos son ejemplos notables de este tipo de grupos. Estas situaciones plantean muchas cuestiones difíciles sobre la legitimidad, la autoridad y el control de la violencia. Por ejemplo, cuando un grupo no estatal controla un territorio y ejerce autoridad sobre su población, ¿puede considerarse un Estado de facto? Y si un grupo no estatal cuenta con el apoyo de gran parte de la población local, ¿le confiere esto cierta legitimidad para utilizar la fuerza? Estas preguntas son muy controvertidas y no hay respuestas sencillas. Sin embargo, ponen de manifiesto que la realidad de la política, el poder y la violencia es a menudo mucho más compleja de lo que podrían sugerir las teorías simplificadas sobre el Estado y el monopolio de la violencia.

La legitimidad del uso de la fuerza por parte del Estado es un concepto que depende en gran medida de la perspectiva y el contexto. El uso de la fuerza puede considerarse legítimo si el propio gobierno que la ejerce se considera legítimo y si el uso de la fuerza se considera necesario y proporcionado para mantener el orden público, la seguridad nacional o para hacer cumplir la ley. Sin embargo, es importante subrayar que incluso si un gobierno se considera legítimo en general, esto no significa que todos sus usos de la fuerza se consideren necesariamente legítimos. Hay muchos ejemplos en la historia en los que los gobiernos han utilizado la fuerza de forma abusiva u opresiva, que han sido ampliamente condenados como ilegítimos. Además, la cuestión de la legitimidad puede estar muy influida por factores como la cultura, la religión, la historia, las ideologías políticas y las relaciones de poder. Por ejemplo, lo que se considera un uso legítimo de la fuerza en una sociedad puede considerarse totalmente ilegítimo en otra. Por último, cabe señalar que la noción de legitimidad no siempre está claramente definida ni es universalmente aceptada. Lo que para unos puede considerarse un "luchador por la libertad", para otros puede ser visto como un "terrorista". Esta ambigüedad y subjetividad a menudo pueden hacer que los debates sobre la legitimidad del uso de la fuerza sean muy complejos y controvertidos.

En algunos casos, los grupos armados pueden justificar el uso de la fuerza como respuesta a la represión o a la injusticia percibida cometida por el Estado u otras autoridades legítimas. Estos grupos pueden argumentar que utilizan la violencia para defenderse a sí mismos, a su comunidad o a una autoridad opresora. Esta es una razón común para los conflictos armados, la guerra de guerrillas o los movimientos de resistencia. Sin embargo, es importante señalar que, aunque estos grupos reivindiquen la legitimidad de su uso de la violencia, esto no significa necesariamente que su uso sea reconocido como legítimo por otros, incluida la comunidad internacional, otros ciudadanos o incluso otros miembros de su propia comunidad. Además, el uso de la violencia por parte de estos grupos puede provocar a menudo violaciones de los derechos humanos, daños colaterales y otras consecuencias negativas para civiles inocentes. En última instancia, la cuestión de si el uso de la fuerza es legítimo o no puede ser muy compleja y controvertida, y puede depender de multitud de factores, como el contexto específico, las motivaciones de los actores implicados y las normas y valores de la sociedad.

Definiciones contemporáneas del Estado[modifier | modifier le wikicode]

La naturaleza compleja y multidimensional del Estado significa que no puede reducirse a una definición simple o universal. Las múltiples definiciones del Estado reflejan diferentes perspectivas disciplinarias, enfoques teóricos, contextos históricos y políticos, así como variaciones culturales y regionales.

En distintas disciplinas como la ciencia política, el derecho, la sociología, la economía o la historia, el enfoque para entender el Estado varía. Por ejemplo, un jurista puede examinar el Estado desde el punto de vista de la estructura jurídica y las leyes, mientras que un sociólogo puede centrarse en las relaciones de poder y las instituciones sociales. Además, la concepción del Estado ha evolucionado con el tiempo y varía según los contextos históricos. Por lo tanto, las definiciones contemporáneas del Estado pueden reflejar distintas fases de su desarrollo histórico. La naturaleza del Estado también puede variar de una región o cultura a otra. Las definiciones occidentales del Estado pueden no aplicarse del mismo modo en contextos no occidentales. Además, la interpretación del Estado puede verse influida por las ideologías políticas. Una perspectiva marxista, por ejemplo, podría ver al Estado como un instrumento de la clase dominante, mientras que una perspectiva liberal podría verlo como un árbitro neutral entre diferentes intereses sociales. Por último, dada la complejidad inherente al Estado, que comprende una multitud de actores, instituciones, normas y procesos, no es de extrañar que existan muchas formas de definirlo. Estas diversas definiciones nos ayudan a captar las distintas facetas del Estado y a comprender mejor su papel y su funcionamiento en diferentes contextos.

Las definiciones más comunes son las siguientes:

  • Definición jurídica: Un Estado es un sujeto de derecho internacional con un territorio definido, una población permanente, un gobierno y la capacidad de entablar relaciones con otros Estados. Esta definición, ampliamente utilizada en derecho internacional, se asocia a menudo con la Convención de Montevideo de 1933.
  • Definición de Max Weber: Para el sociólogo Max Weber, un Estado es una entidad que reclama con éxito el monopolio de la violencia física legítima en un territorio determinado. Esta definición hace hincapié en la capacidad del Estado para mantener el orden y hacer cumplir la ley a través de su monopolio de la violencia legítima.
  • Definición institucional: Algunos teóricos políticos definen el Estado en términos de organizaciones e instituciones. Según este punto de vista, un Estado es un conjunto de instituciones políticas (como el gobierno, las burocracias, las fuerzas armadas, etc.) que poseen autoridad sobre un territorio específico y su población.

Según la definición de Charles Tilly en su artículo de 1985 War Making and State Making as Organized Crime, los estados son "[Los estados son] organizaciones relativamente centralizadas y diferenciadas, cuyos funcionarios, en mayor o menor medida, reclaman con éxito el control de los principales medios concentrados de violencia dentro de una población que habita un gran territorio contiguo".[2] La cita de Charles Tilly de su artículo de 1985, "War Making and State Making as Organized Crime", ofrece una definición sucinta pero profunda del Estado. Según Tilly, los Estados son "organizaciones relativamente centralizadas y diferenciadas, cuyos dirigentes reclaman, en mayor o menor medida, el control de los principales medios de violencia concentrados en una población que habita un vasto territorio contiguo".

Esto subraya algunos puntos clave de su concepción del Estado:

  • Centralización: los Estados son organizaciones en las que el poder está concentrado y organizado en torno a una autoridad central. Esta centralización permite una mejor coordinación y un control más eficaz de las distintas funciones y responsabilidades del Estado.
  • Diferenciación: Los Estados se componen de muchas partes diferentes, cada una con sus propias funciones y responsabilidades. Esta diferenciación permite al Estado desempeñar una multitud de funciones necesarias para su supervivencia y funcionamiento eficaz.
  • Control de la violencia: Un aspecto crucial de la definición de Tilly es la afirmación de que los Estados reclaman el control de los principales medios de violencia. Esto significa que tienen el monopolio del uso legítimo de la fuerza física dentro de su territorio. Este monopolio es esencial para mantener el orden y la autoridad del Estado.
  • Población y territorio: El Estado también se define por la población que gobierna y el territorio que controla. Estos dos aspectos son cruciales para la existencia y el funcionamiento de un Estado.

La definición de Tilly ofrece una visión pragmática y realista del Estado, haciendo hincapié en sus capacidades coercitivas y en su papel como entidad organizada con el monopolio de la violencia.

La definición de Estado propuesta por Douglass North en su libro de 1981 "Structure and Change in Economic History" subraya la importancia de la violencia y el poder fiscal en la estructuración de los límites del Estado. North define el Estado como "una organización con una ventaja comparativa en la violencia, que se extiende sobre un área geográfica cuyos límites están determinados por su poder para gravar con impuestos a sus constituyentes".[3]

  • Ventaja comparativa en violencia: Este concepto se refiere a la idea de que el Estado tiene una mayor capacidad que otras entidades para ejercer la violencia de forma legítima. Esto le permite imponer su autoridad y mantener el orden dentro de sus fronteras.
  • Fronteras determinadas por el poder tributario: North también hace hincapié en la importancia del poder tributario a la hora de definir las fronteras del Estado. La capacidad del Estado para recaudar impuestos sobre sus electores es un elemento esencial de su soberanía y de su capacidad para funcionar eficazmente.
  • Área geográfica: El Estado está definido por un área geográfica determinada. Los límites de esta zona vienen determinados por el poder del Estado para ejercer la violencia legítimamente y recaudar impuestos sobre sus electores.

Esta definición subraya la importancia de los aspectos económicos y coercitivos en la concepción del Estado, al tiempo que reconoce que el poder y el alcance del Estado pueden variar en función de su capacidad para movilizar recursos a través de los impuestos.

La definición de Estado propuesta por Clark y Golder en su libro de 2009 "Principles of Comparative Politics" se centra en el uso de la coerción y la amenaza de la fuerza para gobernar un territorio determinado. Según ellos, "un Estado es una entidad que utiliza la coerción y la amenaza de la fuerza para gobernar un territorio determinado. Un Estado fallido es una entidad similar a un Estado que no puede coaccionar y es incapaz de controlar eficazmente a los habitantes de un territorio determinado".[4] Esta definición pone de relieve el papel crucial de la coerción en el ejercicio del poder estatal. El uso de la fuerza y la amenaza de la fuerza se consideran elementos clave de la autoridad estatal. Clark y Golder también introdujeron la noción de Estado fallido. Según ellos, un Estado fallido es una entidad que se asemeja a un Estado pero que es incapaz de ejercer eficazmente la coerción o de controlar a los habitantes de un territorio determinado. Este concepto es importante porque permite comprender la fragilidad de ciertos Estados y los problemas que pueden derivarse de su incapacidad para ejercer la autoridad de manera eficaz. En resumen, esta definición hace hincapié en la capacidad del Estado para controlar y reinar sobre un territorio mediante el uso de la coerción y la amenaza de la fuerza.

En algunas definiciones modernas del Estado, la noción de legitimidad y monopolio sobre el uso de la violencia puede estar atenuada. Esto puede reflejar en parte la compleja realidad de un mundo en el que los actores no estatales también pueden ejercer algún tipo de coerción o violencia, como es el caso de algunos grupos terroristas o del crimen organizado. Sin embargo, la noción de territorio sigue siendo fundamental en la mayoría de las definiciones de Estado. Por lo general, se reconoce que un Estado tiene control sobre un territorio concreto, aunque la realidad de este control pueda variar en la práctica. La capacidad coercitiva de un Estado no se limita al uso real de la fuerza. A veces, la mera amenaza de coacción puede bastar para mantener el orden y garantizar el cumplimiento. De hecho, la coerción funciona a menudo a través de la disuasión: el miedo a las posibles consecuencias puede impedir que los individuos se comporten de forma indeseable o ilegal. Es importante señalar que estas definiciones no son exhaustivas y pueden variar según las perspectivas teóricas y los contextos históricos y geográficos. En última instancia, el estudio del Estado requiere una comprensión matizada y multidimensional de sus diferentes aspectos y funciones.

El Estado, sea cual sea su sistema político, mantiene su poder y su orden utilizando alguna forma de coerción o la amenaza de coerción. Esta coerción puede adoptar diversas formas, como la aplicación de leyes y reglamentos, la administración de justicia, la recaudación de impuestos y el mantenimiento del orden público. La coacción fiscal es un buen ejemplo. Los impuestos son obligatorios, y quienes no los pagan pueden enfrentarse a sanciones, multas e incluso penas de prisión. Es a través de esta amenaza de coacción como el Estado puede recaudar los ingresos necesarios para proporcionar bienes y servicios públicos. Sin embargo, la legitimidad de esta coerción es crucial. En una democracia, por ejemplo, la coerción del Estado suele percibirse como legítima porque se ejerce como parte de un sistema político en el que los ciudadanos tienen poder para elegir a sus dirigentes e influir en las políticas públicas. En una dictadura, en cambio, la coacción estatal puede percibirse como ilegítima, sobre todo si se utiliza para reprimir la disidencia y violar los derechos humanos.

En realidad, el control absoluto de la coerción por parte del Estado rara vez, o nunca, se alcanza plenamente. En todas las sociedades existen diversos agentes no estatales con cierta capacidad para ejercer la coacción o resistirse a la coacción estatal. Puede tratarse de organizaciones delictivas, grupos militantes, empresas de seguridad privadas, comunidades religiosas o tradicionales, entre otros. En ocasiones, estos actores pueden desafiar o complementar la capacidad del Estado para ejercer la coerción, sobre todo en zonas en las que el Estado es débil o inexistente. Por ejemplo, en algunas partes del mundo, los grupos delictivos organizados o las milicias armadas pueden ejercer un control efectivo sobre determinados territorios, desafiando abiertamente el monopolio estatal de la violencia. Por eso es importante la noción de "ventaja comparativa" introducida por North. En lugar de describir al Estado como poseedor del monopolio absoluto de la violencia, North sugiere que el Estado simplemente tiene una ventaja comparativa en el ejercicio de la coerción. De este modo se reconoce que, aunque el Estado suele ser el actor más poderoso de una sociedad determinada, no es el único capaz de ejercer la coerción.

La noción de diferenciación es fundamental en la concepción del Estado. Se refiere a la distinción entre el Estado y la sociedad civil, en la que el Estado mantiene cierto grado de autonomía respecto a las fuerzas sociales, económicas y políticas que operan en la sociedad. La fiscalidad es un buen ejemplo de esta diferenciación. Al recaudar impuestos, el Estado ejerce su autoridad y control sobre los ciudadanos y los recursos económicos. Utiliza estos recursos para financiar diversas funciones públicas, como la defensa y la seguridad, pero también los servicios sociales, la educación, las infraestructuras y otras actividades. Al controlar estos recursos y decidir cómo se asignan, el Estado se distingue de la sociedad civil y afirma su autoridad. Como ha señalado Charles Tilly, la fiscalidad ha desempeñado un papel clave en el desarrollo histórico de los Estados modernos. Ha permitido a los Estados acumular los recursos necesarios para financiar ejércitos y guerras, reforzando su autoridad y el control sobre sus territorios. Además, la fiscalidad se ha utilizado a menudo como herramienta para unificar diversos territorios y poblaciones bajo una única autoridad estatal. Por ello, la capacidad de recaudar y gestionar los impuestos con eficacia suele considerarse una característica esencial de un Estado funcional.

El caso de los Estados fallidos[modifier | modifier le wikicode]

Samuel Huntington, en su teoría del orden político, sostiene que la forma de gobierno (por ejemplo, democracia, autocracia) es menos importante para el bienestar de una sociedad que el grado de gobierno, es decir, la capacidad de un Estado para administrar eficazmente sus políticas y mantener el orden.[5] Para Huntington, la eficacia de un gobierno se mide por su nivel de burocracia, la estabilidad de sus instituciones y su capacidad para mantener el orden público y prestar servicios públicos esenciales a sus ciudadanos. Desde esta perspectiva, un Estado fuerte es aquel que puede mantener la estabilidad, el orden y proporcionar servicios básicos a sus ciudadanos, sea o no democrático. Huntington sostiene, por tanto, que el orden político debe preceder a la modernización y la democratización. En otras palabras, antes de intentar establecer una democracia, primero hay que establecer un Estado sólido y bien gestionado.

La definición dada por Clark, Golder y Golder en su libro de 2009 "Principles of Comparative Politics" se centra en la capacidad de un Estado para ejercer el poder mediante la coerción y la amenaza de la fuerza en un territorio determinado: "Un Estado es una entidad que utiliza la coerción y la amenaza de la fuerza para gobernar en un territorio determinado. Un Estado fallido es una entidad similar a un Estado que no puede coaccionar y es incapaz de controlar con éxito a los habitantes de un territorio determinado" [6] Según ellos, un Estado es una entidad que utiliza la coerción y la amenaza de la fuerza para gobernar un territorio determinado. Es decir, para que un Estado sea considerado como tal, debe tener la capacidad de mantener el orden, hacer cumplir las leyes y controlar efectivamente a la población dentro de sus fronteras. Esta capacidad suele estar respaldada por el uso de la fuerza, o la amenaza de la fuerza, para disuadir del incumplimiento de las leyes y normativas. Por el contrario, un "Estado fallido" es un Estado que no puede ejercer la coerción y es incapaz de controlar con éxito a los habitantes de un territorio determinado. Un Estado fallido es un Estado que, por diversas razones, ya no puede cumplir las funciones básicas de un Estado. Estos Estados suelen caracterizarse por conflictos internos, falta de control territorial, gobernanza ineficaz e incapacidad para prestar servicios públicos básicos a la población.

Cuando un Estado es incapaz de aplicar o hacer cumplir su voluntad, esto puede manifestarse de diversas maneras. Por ejemplo, puede haber un incumplimiento generalizado de la ley, cuando los ciudadanos no respetan las leyes y reglamentos establecidos por el Estado. Esto suele ser el resultado de una falta de confianza en la legitimidad del Estado o en su eficacia a la hora de hacer cumplir la ley. Además, puede haber zonas del país en las que el Estado no ejerza un control efectivo, como suele ocurrir en los Estados fallidos o en descomposición. En estas zonas, otras entidades, como grupos armados, milicias u organizaciones delictivas, pueden ejercer un control efectivo. Por último, un Estado puede ser incapaz de prestar servicios públicos básicos a sus ciudadanos, como sanidad, educación y seguridad. Esta incapacidad puede deberse a la falta de recursos, a una mala gestión o a la corrupción.

Un Estado que no dispone de medios suficientes para ejercer su coacción, o que no tiene capacidad para ejercer su autoridad de forma eficaz en su territorio, suele denominarse Estado débil o en descomposición. La capacidad de recaudar impuestos suele considerarse una función fundamental del Estado, ya que permite financiar los servicios públicos y el funcionamiento de la maquinaria gubernamental. Si un Estado es incapaz de recaudar impuestos de forma eficaz, esto puede indicar una falta de autoridad o de control sobre su territorio. También puede significar que el Estado tiene dificultades para prestar servicios básicos a sus ciudadanos, lo que a su vez puede erosionar su legitimidad y estabilidad. En casos extremos, la incapacidad de un Estado para recaudar impuestos puede contribuir a su colapso o fracaso, creando un vacío de poder que puede ser aprovechado por actores no estatales, como grupos armados u organizaciones criminales.

Los siguientes países se han enfrentado a importantes retos en materia de gobernanza, inestabilidad política y conflictos, que han mermado la capacidad de sus respectivos gobiernos para ejercer plenamente su autoridad y prestar servicios básicos a sus ciudadanos. No obstante, cabe señalar que la situación puede variar considerablemente de un país a otro, e incluso de una región a otra dentro de un mismo país. Además, estos países están trabajando activamente, a menudo con la ayuda de la comunidad internacional, para superar estos retos y mejorar su capacidad estatal. He aquí una breve descripción de la situación en cada uno de estos países:

  • Afganistán: Desde la retirada de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN en 2021, el país vuelve a estar bajo control talibán. La situación política y de seguridad sigue siendo inestable, y el gobierno talibán se enfrenta a enormes desafíos para gobernar el país.
  • Somalia: Somalia ha estado asolada por la guerra civil desde la década de 1990. Sin embargo, desde 2012 está en marcha un proceso de estabilización política con la formación de un gobierno federal. Sin embargo, el país sigue enfrentándose a importantes problemas de seguridad, especialmente debido a las actividades del grupo militante Al-Shabaab.
  • Haití: Haití se enfrenta a una serie de retos en términos de gobernanza y estabilidad política. El asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021 agravó la crisis política del país. Haití también se enfrenta a grandes dificultades económicas y problemas de seguridad, como secuestros y bandidaje.
  • Sierra Leona: Sierra Leona sufrió una devastadora guerra civil de 1991 a 2002. Desde entonces, el país ha realizado importantes avances en la reconciliación y la reconstrucción, pero aún se enfrenta a grandes dificultades económicas y sociales.
  • Congo: La República Democrática del Congo (RDC) lleva décadas asolada por el conflicto y la inestabilidad política. Aunque la situación ha mejorado desde el final de la guerra del Congo en 2003, el país sigue afrontando grandes retos en materia de gobernanza, seguridad y desarrollo.
  • Eritrea: Eritrea es un Estado autoritario, y su gobierno ha sido criticado por violaciones de los derechos humanos. El país también se enfrenta a importantes retos económicos.

El Fondo para la Paz es una organización independiente de investigación y educación que trabaja para prevenir la guerra y reducir la violencia. Ha creado el Índice de Estados Frágiles (IEF) para evaluar la estabilidad y la presión que sufren los Estados de todo el mundo. El índice se basa en doce indicadores distintos que miden diferentes aspectos de la fragilidad de un Estado.

El Fondo para la Paz utiliza estos doce indicadores para evaluar la fragilidad de los Estados. He aquí una explicación de cada indicador:

  1. Presión demográfica: Este indicador evalúa las posibles tensiones derivadas de factores demográficos como la superpoblación, la escasez de alimentos y recursos hídricos o la falta de infraestructuras adecuadas.
  2. Situación humanitaria de emergencia vinculada a los movimientos de población: mide la magnitud de las crisis humanitarias provocadas por los movimientos de población, como los desplazamientos forzosos de población o los movimientos de refugiados.
  3. Movilización de grupos por agravios (venganza): Examina hasta qué punto determinados grupos pueden movilizarse por agravios reales o percibidos, amenazando así la estabilidad del Estado.
  4. Emigración: Mide el grado en que las personas emigran del país, a menudo como consecuencia de la precariedad de las condiciones políticas, económicas o de seguridad.
  5. Desarrollo económico desigual entre grupos: Este indicador evalúa la diferencia de desarrollo económico entre los distintos grupos dentro del Estado, lo que puede provocar tensiones sociales y políticas.
  6. Pobreza, declive económico: Mide la prevalencia de la pobreza y el grado de declive económico, factores ambos que pueden contribuir a la fragilidad del Estado.
  7. Criminalización del Estado (falta de legitimidad): Este indicador evalúa hasta qué punto el propio Estado está implicado en actividades ilegales o delictivas, lo que puede erosionar su legitimidad a los ojos de la población.
  8. Deterioro progresivo de los servicios públicos: Este indicador examina la eficacia con la que el Estado es capaz de prestar servicios públicos esenciales a su población, como educación, sanidad e infraestructuras.
  9. Violación de los derechos humanos y del Estado de derecho: Este indicador mide hasta qué punto los derechos humanos y el Estado de derecho son violados por el Estado o con su consentimiento.
  10. Aparato de seguridad que opera como un Estado dentro del Estado: Este indicador evalúa hasta qué punto las fuerzas de seguridad del Estado operan independientemente del control civil o legal, actuando como un "Estado dentro del Estado".
  11. División de las élites: Este indicador mide el grado de división o conflicto entre las distintas élites del Estado, ya sean políticas, económicas, militares o de otro tipo.
  12. Intervención de otros Estados u otros agentes externos: Mide el grado de intervención de otros Estados o agentes externos en los asuntos del Estado, lo que puede contribuir a su fragilidad.

Cada indicador se califica en una escala de 0 a 10, en la que 0 representa la menor vulnerabilidad y 10 la mayor vulnerabilidad. Sumando las puntuaciones de cada indicador se obtiene una puntuación total para cada país, que se utiliza a continuación para establecer una clasificación general de la fragilidad del Estado. Es importante señalar que el Índice de Fragilidad del Estado es una medida relativa y no absoluta de la vulnerabilidad de un Estado. Pretende dar una indicación general de la situación de un país, pero no pretende ofrecer una imagen completa o exacta de la realidad sobre el terreno. Además, el FSI es objeto de críticas y debates entre investigadores y profesionales del ámbito de la estabilidad del Estado y la prevención de conflictos.

Las siguientes cuatro categorías definidas por el Fondo para la Paz se utilizan para clasificar la estabilidad de los Estados en función de sus puntuaciones totales en los doce indicadores. Cada categoría representa un nivel diferente de estabilidad o vulnerabilidad:

  1. Alerta: Esta categoría incluye a los Estados con las puntuaciones más altas y que, por tanto, son los más vulnerables. Estos Estados presentan niveles extremadamente preocupantes de fragilidad y riesgo de inestabilidad o conflicto. Requieren atención urgente para evitar una crisis mayor o una desestabilización. Ejemplos: Afganistán, Somalia.
  2. Alerta: Los estados en esta categoría tienen puntuaciones bastante altas, lo que indica un nivel significativo de vulnerabilidad, aunque no tan grave como los estados en alerta. Estos Estados suelen tener problemas sistémicos que, si no se resuelven, podrían desembocar en una crisis. Ejemplos: Irak, Nigeria.
  3. Moderado: Los Estados de esta categoría tienen puntuaciones moderadas, lo que indica cierto grado de estabilidad, pero también la presencia de problemas. En general son estables, pero tienen problemas en ciertas áreas que requieren atención para evitar un mayor deterioro. Ejemplos: Brasil, India.
  4. Sostenible: Estos Estados tienen las puntuaciones más bajas, lo que indica un alto nivel de estabilidad. Suelen tener instituciones fuertes y eficaces, economías robustas y altos niveles de respeto por los derechos humanos y el Estado de Derecho. Sin embargo, ningún Estado es totalmente inmune a los desafíos, por lo que incluso los Estados de esta categoría deben seguir esforzándose por mantener la estabilidad. Ejemplos: Canadá, Noruega.

Estas categorías proporcionan un medio para evaluar rápidamente el nivel de estabilidad de un Estado e identificar las áreas que requieren atención o intervención.

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Estas estadísticas de 2011 indican claramente que la mayoría de los Estados de todo el mundo se enfrentaban a importantes problemas de estabilidad y gobernanza. Con un 73% de los Estados clasificados en estado de alerta o advertencia, esto subraya el nivel mundial de vulnerabilidad y la necesidad de medidas eficaces para prevenir la inestabilidad y las crisis. Por otra parte, con sólo 15 de 127 Estados (menos del 12%) clasificados como estables y sostenibles, está claro que los modelos de gobernanza estables, como la democracia y el Estado de Derecho, distan mucho de ser la norma mundial. Estos Estados estables se concentran principalmente en Norteamérica y Europa Occidental, lo que indica una marcada división geográfica en términos de estabilidad política e institucional.

Según Max Weber, en su libro "Teoría de la organización social y económica", el Estado moderno es

En "Teoría de la organización social y económica", Max Weber ofrece una definición del Estado moderno que hace hincapié en varios elementos fundamentales: "las principales características formales del Estado moderno son las siguientes: Posee un orden administrativo y jurídico sujeto a cambios por la legislación, al que se orienta la actividad corporativa organizada del personal administrativo, que también está regulada por la legislación. Este sistema de orden reivindica una autoridad vinculante, no sólo sobre los miembros del Estado, los ciudadanos, la mayoría de los cuales han obtenido la condición de miembros por nacimiento, sino también, en gran medida, sobre toda acción que tenga lugar en el ámbito de su jurisdicción.Se trata, por tanto, de una asociación obligatoria con base territorial. Además, hoy en día, el uso de la fuerza sólo se considera legítimo en la medida en que está permitido por el Estado o prescrito por él".[7]

En primer lugar, el Estado tiene un orden administrativo y jurídico que puede ser modificado por la legislación. Esto significa que el Estado dispone de un conjunto de normas y estructuras que rigen su funcionamiento y que pueden ser modificadas por actos legislativos. En segundo lugar, la actividad organizada del personal administrativo también está regulada por la legislación. Esto indica que no sólo el orden administrativo y jurídico, sino también el funcionamiento cotidiano de la administración del Estado está regulado por ley. En tercer lugar, el Estado reivindica una autoridad vinculante no sólo sobre sus ciudadanos, sino también sobre todas las acciones que tienen lugar en su territorio. Esto convierte al Estado en una asociación obligatoria basada en el territorio. Por último, Weber subraya que el uso de la fuerza sólo se considera legítimo en la medida en que está autorizado o prescrito por el Estado. Esto significa que el Estado tiene el monopolio de la violencia legítima, y que cualquier otro uso de la fuerza se considera ilegítimo a menos que esté expresamente autorizado por el Estado.

El Estado moderno se distingue por su autoridad soberana, que se ejerce a través de la legislación y el respeto a la ley. Las normas y obligaciones formuladas por el Estado se aplican a todos los que residen en su territorio, incluido el propio Estado. Esto significa que el Estado está obligado a cumplir sus propias leyes y reglamentos. Esta idea está en la base del concepto de Estado de Derecho, según el cual todas las personas, instituciones y entidades, incluido el propio Estado, son responsables ante la ley, que se aplica de forma justa y equitativa. Desde esta perspectiva, el uso de la coerción o la violencia por parte del Estado no es arbitrario. Al contrario, está regulado por leyes o disposiciones constitucionales que definen las circunstancias y los procedimientos para su uso. Por eso el Estado tiene el monopolio de la "violencia legítima", porque su uso de la fuerza está limitado y regulado por la ley. Esta capacidad de autorregulación es fundamental para la legitimidad del Estado. Sin ella, el Estado corre el riesgo de convertirse en una entidad opresiva y arbitraria, perdiendo así su legitimidad a los ojos de sus ciudadanos.

La ley proporciona el marco estructural en el que opera el Estado. Define la forma de gobierno (por ejemplo, república, monarquía constitucional, etc.), el modo en que se distribuye el poder (por ejemplo, unitario, federal, etc.) y los principios fundamentales de la organización política (por ejemplo, democracia, autocracia, etc.). Además de estos aspectos, la ley también establece el marco de la administración pública. Define las responsabilidades de los distintos órganos de gobierno, los procedimientos que deben seguirse para aplicar las políticas, los derechos y obligaciones de los funcionarios, etc. Además, en las democracias, la ley suele prever mecanismos de control democrático, como elecciones, audiencias públicas y otras formas de participación ciudadana, para garantizar que la administración pública siga siendo responsable y transparente. Por último, la ley desempeña un papel crucial en el establecimiento del orden social y económico dentro del Estado. Regula multitud de aspectos de la vida social y económica, desde la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales hasta la regulación de los mercados y la economía. En definitiva, la ley es una herramienta esencial a través de la cual el Estado estructura y organiza su propia actividad, así como la vida de sus ciudadanos. Sin el Derecho, el Estado no podría funcionar con eficacia ni equidad.

La noción de soberanía[modifier | modifier le wikicode]

Tenemos que remontarnos al siglo XVI para encontrar la primera elaboración de esta noción por Jean Bodin, que posteriormente fue examinada con mayor detalle por Thomas Hobbes.

A menudo se considera a Jean Bodin (1530-1596) como uno de los primeros pensadores que formularon una noción clara de soberanía en su obra "Los seis libros de la República" (1576). Bodin definió la soberanía como el poder supremo sobre los ciudadanos y los súbditos, irresponsable frente a estos últimos. Para Bodin, la soberanía era una característica necesaria del Estado y era perpetua, indivisible y absoluta.

Thomas Hobbes (1588-1679) también contribuyó significativamente a la idea de soberanía. En su obra Leviatán (1651), Hobbes sostiene que, para evitar un estado de guerra de todos contra todos, los hombres celebran un contrato social y acuerdan someterse a un soberano. Según Hobbes, el soberano, ya sea una persona (como en una monarquía) o un grupo de personas (como en una república), detenta el poder absoluto e imprescriptible de mantener el orden y la paz.

Entre los siglos XVI y XVII, Europa vivió un periodo de gran agitación. Este periodo, a menudo denominado "época moderna", estuvo marcado por las guerras de religión, especialmente en Francia y Alemania, donde los conflictos entre católicos y protestantes provocaron importantes tensiones sociopolíticas. La Reforma protestante, iniciada por Martín Lutero a principios del siglo XVI, dividió el continente europeo, provocando disturbios políticos, conflictos violentos y guerras. Al mismo tiempo que se producían estas guerras religiosas, había inestabilidad política debido a la aparición de los Estados soberanos modernos. Los monarcas trataron de centralizar su poder y afirmar su autoridad, a menudo mediante conflictos militares, para reforzar el control sobre sus territorios. Este proceso condujo al nacimiento del Estado nación moderno, caracterizado por una soberanía territorial diferenciada y una autoridad centralizada. La Guerra de los Treinta Años (1618-1648), que devastó gran parte de Europa, es un ejemplo llamativo de este periodo. Comenzó como una guerra religiosa en el Imperio Romano Germánico, pero se convirtió en un conflicto político más amplio que implicaba a varias grandes potencias europeas. La guerra desembocó finalmente en la Paz de Westfalia, que redefinió el concepto de soberanía y estableció la idea moderna de Estados nacionales independientes.

Jean Bodin, filósofo político francés del siglo XVI, tenía una gran preocupación: establecer una autoridad legítima y duradera en su país. En su opinión, la creación y legitimación de un orden interno era esencial para establecer la justicia y garantizar las libertades individuales. Bodin utilizó la noción de soberanía para describir la autoridad suprema ejercida por el príncipe o monarca sobre sus súbditos en todo el reino. Más tarde, en el siglo XVII, el filósofo inglés Thomas Hobbes retomó esta idea en su gran obra "Leviatán". Para Hobbes, el Estado era una entidad poderosa, a la que apodó "Leviatán", y que detentaba el monopolio absoluto del uso de la violencia. Esta autoridad absoluta e indiscutible del soberano es necesaria para mantener el orden y la paz en la sociedad, evitando así lo que él llama el "estado de naturaleza", donde la vida sería "solitaria, pobre, embrutecida y breve". Así pues, la noción de soberanía, tal y como la desarrollaron Bodin y Hobbes, se refiere a la idea de un poder supremo y absoluto, ejercido por el Estado sobre un territorio determinado, que es esencial para garantizar el orden, la justicia y las libertades individuales.

Para Jean Bodin, la autoridad soberana se caracteriza por su carácter absoluto y perpetuo. Según él, la soberanía representa el mayor poder de mando en una República, es decir, la capacidad sin igual de dictar leyes, regular la sociedad y controlar el uso de la fuerza. Se manifiesta a través del ejercicio del poder sin restricciones ni limitaciones, salvo las establecidas por la ley natural y divina. Este poder absoluto es indispensable para mantener el orden y la paz en la sociedad. También es perpetuo, ya que no puede anularse ni revocarse una vez establecido. En otras palabras, el soberano conserva su autoridad hasta que decide voluntariamente renunciar a ella o hasta que es derrocado por otro poder.

Según Bodin, el poder soberano es supremo y abarca a todos los ciudadanos de la República. Este poder tiene autoridad ilimitada para crear, interpretar y aplicar las leyes. Es el encargado de nombrar a los magistrados y de resolver los litigios. Por consiguiente, el Príncipe, como titular de la soberanía, es considerado el guardián del orden político. Es bajo la égida de la soberanía como el Estado puede mantener el orden social y político, administrar justicia, proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar el bienestar de la sociedad. La soberanía es, pues, la piedra angular de la estabilidad del Estado y de la paz social. Es importante señalar que esta visión de la soberanía como poder absoluto y perpetuo no está exenta de polémica, sobre todo en lo que respecta a los límites del poder soberano y al respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos.

En "El contrato social", Rousseau desarrolla la idea de un "estado de naturaleza" como una especie de condición pre-social y pre-política en la que habría vivido la humanidad antes del advenimiento de la sociedad y del Estado. Sin embargo, difiere de Hobbes en su visión de este estado de naturaleza [8] Mientras que para Hobbes el estado de naturaleza se caracterizaba por una "guerra de todos contra todos" en la que reinaban la inseguridad y el miedo, para Rousseau el estado de naturaleza era un periodo de inocencia, paz e igualdad. En su opinión, las personas eran esencialmente buenas en el estado de naturaleza, pero la creación de la sociedad, con sus desigualdades y conflictos, había corrompido esta bondad natural. Rousseau propuso el contrato social como solución a esta corrupción. Los individuos aceptan someterse a la voluntad general, que representa el bien común, a cambio de la protección de sus derechos y libertades. Así, para Rousseau, la soberanía pertenece al pueblo, no a un monarca o a una élite. Fue esta visión de la soberanía la que influiría en las teorías de la democracia y la república.

La noción de soberanía fue desarrollada significativamente por primera vez por Jean Bodin en el siglo XVI. En su obra "Los seis libros de la República" (1576), Bodin definió la soberanía como "el poder absoluto y perpetuo de una República", que ejerce el Estado sobre su territorio y su población. Según Bodin, la soberanía es indivisible, inalienable y perpetua. Se manifiesta en el poder de dictar leyes, declarar la guerra y la paz, administrar justicia, controlar la moneda e imponer tributos. La soberanía interna, por su parte, se refiere a la capacidad de un Estado para controlar eficazmente su territorio y ejercer autoridad sobre su población. Esto incluye la capacidad de aplicar y hacer cumplir las leyes, mantener el orden público, proteger los derechos y libertades de los ciudadanos y prestar servicios públicos. Un Estado con una fuerte soberanía interna es capaz de mantener el orden y la estabilidad dentro de sus fronteras, sin necesidad de intervención exterior.

Es importante señalar que estas dos concepciones de la soberanía no se excluyen mutuamente. De hecho, a menudo son interdependientes. Un Estado puede tener soberanía en el sentido de Bodin (es decir, la capacidad de promulgar leyes y tomar decisiones sin interferencias externas), pero si no tiene una soberanía interna fuerte (es decir, la capacidad de hacer cumplir esas leyes y decisiones de forma eficaz), su soberanía general puede verse comprometida. A la inversa, un Estado que tenga una soberanía interna fuerte pero esté sometido a fuertes presiones o interferencias externas también puede ver debilitada su soberanía general.

Stephen D. Krasner, especialista en política internacional, ha profundizado en la noción de soberanía proponiendo cuatro conceptos distintos de soberanía en su libro Sovereignty: Organized Hypocrisy (1999).[9] Estas concepciones son:

  1. Soberanía interna: Se refiere a la organización del poder público dentro de un Estado y a la capacidad de éste para ejercer efectivamente su autoridad y controlar su territorio. Está vinculada al concepto de soberanía interna mencionado anteriormente.
  2. Soberanía interdependiente: Se refiere a la capacidad de los Estados para controlar los movimientos transfronterizos de personas, bienes, ideas, etc. Con la globalización, esta forma de soberanía se ha vuelto cada vez más problemática, ya que los Estados a menudo tienen dificultades para controlar estos flujos transfronterizos.
  3. Soberanía westfaliana: Llamado así por los Tratados de Westfalia (1648) que pusieron fin a la Guerra de los Treinta Años en Europa, este concepto se refiere a la exclusión de la injerencia exterior en los asuntos internos de un Estado. Es una forma de soberanía que se invoca a menudo en el discurso internacional, aunque a menudo se viola en la práctica.
  4. Soberanía jurídica internacional: Se refiere a la igualdad formal de todos los Estados en el marco jurídico internacional. En otras palabras, todos los Estados, independientemente de su tamaño, poder o riqueza, son formalmente iguales en virtud del derecho internacional.

Estas diferentes concepciones de la soberanía ponen de relieve la complejidad de la noción de soberanía en la política internacional contemporánea. Muestran que la soberanía no es simplemente la capacidad de un Estado para ejercer el poder dentro de sus fronteras, sino que también implica cuestiones de control sobre los movimientos transfronterizos, la no injerencia y la igualdad formal entre Estados.

La soberanía jurídica en el contexto internacional[modifier | modifier le wikicode]

La soberanía jurídica internacional es un concepto central del Derecho internacional. Se refiere al reconocimiento mutuo de los Estados como entidades jurídicamente independientes dentro de la comunidad internacional. En otras palabras, es la aceptación por parte de los Estados de la legitimidad de todos los demás Estados como actores autónomos en la escena internacional. Esto significa que cada Estado tiene derecho a gobernar su propio territorio sin injerencias externas, y que los demás Estados deben respetar este derecho. Esto es lo que se entiende generalmente cuando hablamos de la "soberanía" de un Estado. Los Estados también tienen derecho a participar en la vida internacional, por ejemplo firmando tratados, adhiriéndose a organizaciones internacionales o tomando parte en negociaciones internacionales.

Sin embargo, la soberanía jurídica internacional no garantiza necesariamente la capacidad real de un Estado para ejercer autoridad o control sobre su territorio (lo que se conoce como "soberanía de facto"). En muchos casos, un Estado puede ser reconocido como soberano legalmente pero carecer de control efectivo sobre su territorio o población. Por ejemplo, un gobierno puede ser incapaz de mantener la ley y el orden, prestar servicios públicos básicos o defender sus fronteras frente a invasiones extranjeras. En estos casos, se suele hablar de "Estados débiles" o "Estados fallidos". Al mismo tiempo, el reconocimiento internacional puede a veces ser impugnado o denegado. Por ejemplo, algunos territorios pueden declararse independientes y establecer su propio gobierno, pero no ser reconocidos como Estados soberanos por la comunidad internacional. Estos territorios suelen denominarse "Estados no reconocidos" o "Estados de facto".

El reconocimiento internacional de un Estado suele ser el resultado de procesos bilaterales. Por ejemplo, Alemania fue el primer país en reconocer la independencia de Eslovenia y Croacia en noviembre de 1991, en el contexto de la desintegración de la antigua Yugoslavia. Este reconocimiento fue seguido posteriormente por el de otros países, lo que condujo a la integración de estas dos nuevas entidades en la comunidad internacional como Estados soberanos. El reconocimiento bilateral es una manera de que un Estado exprese formalmente su aceptación de la soberanía e independencia de otro Estado. Generalmente implica el establecimiento de relaciones diplomáticas y también puede allanar el camino para acuerdos bilaterales de cooperación en diversos campos, como el comercio, la defensa o la cultura.

Sin embargo, el reconocimiento bilateral no siempre va seguido de un reconocimiento multilateral. En otras palabras, el hecho de que un Estado sea reconocido por otro Estado no significa necesariamente que vaya a ser reconocido por la comunidad internacional en su conjunto. Por ejemplo, algunos Estados pueden decidir no reconocer a un nuevo Estado por desacuerdos políticos, disputas territoriales o consideraciones estratégicas. Además, el reconocimiento internacional de un Estado no implica necesariamente el reconocimiento por parte de las organizaciones internacionales. Por ejemplo, un Estado puede ser reconocido por un gran número de países, pero no ser admitido en las Naciones Unidas debido al veto de uno o más miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

El reconocimiento internacional de un Estado tiene implicaciones profundas y prácticas. Puede abrir la puerta a multitud de oportunidades y ventajas, tanto políticas como financieras. He aquí algunos ejemplos:

  1. Acceso a organizaciones internacionales: Una vez reconocido, un Estado puede solicitar su ingreso en organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Unión Europea y otras. Estas afiliaciones pueden proporcionar una plataforma para colaborar con otras naciones, compartir preocupaciones y perspectivas y participar en la toma de decisiones a escala mundial.
  2. Flujos financieros y de capital: El reconocimiento internacional puede fomentar la inversión extranjera directa, el acceso a préstamos internacionales, la ayuda al desarrollo y otras formas de apoyo financiero. También puede facilitar el comercio internacional allanando el camino para acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales.
  3. Estatus simbólico y poder para los dirigentes: Cuando un Estado es reconocido internacionalmente, sus dirigentes adquieren mayor legitimidad tanto a nivel nacional como internacional. Pueden asistir a cumbres internacionales, negociar tratados y representar a su nación en la escena mundial.

Aunque estos beneficios son potencialmente significativos, el reconocimiento internacional también conlleva responsabilidades. Por ejemplo, se espera que un Estado reconocido respete los principios del derecho internacional, como el respeto de los derechos humanos, la no agresión y la resolución pacífica de conflictos.

La soberanía de Westfalia: orígenes e implicaciones[modifier | modifier le wikicode]

La soberanía westfaliana es un concepto que tiene su origen en los Tratados de Westfalia de 1648, que pusieron fin a la Guerra de los Treinta Años en Europa. Este concepto se refiere a la idea de que cada Estado tiene autoridad absoluta e indiscutible sobre su territorio y su población, y que ningún otro Estado puede interferir en sus asuntos internos. Según este concepto de soberanía, cada Estado es independiente e igual a los demás en la escena internacional, independientemente de su tamaño o de su poder económico o militar. Esta noción es la que ha estructurado en gran medida el sistema internacional moderno. Sin embargo, es importante señalar que la soberanía westfaliana ha sido modificada y cuestionada varias veces a lo largo de los siglos. Desde las intervenciones humanitarias hasta las organizaciones internacionales y las normas mundiales sobre cuestiones como los derechos humanos y el medio ambiente, diversas fuerzas han tratado de modular, restringir o transformar la soberanía westfaliana.

El concepto de soberanía westfaliana hace hincapié en la independencia territorial y la autoridad exclusiva del Estado sobre su territorio, rechazando cualquier injerencia externa en los asuntos internos del Estado. Se trata de un principio fundamental del derecho internacional, tal y como se establece claramente en la Carta de las Naciones Unidas. El artículo 2 de la Carta de la ONU, en particular, afirma la igualdad soberana de todos sus Estados miembros. Este principio significa que todos los Estados, independientemente de su tamaño, riqueza o poder militar, tienen los mismos derechos y obligaciones en virtud del derecho internacional. Además, la Carta de la ONU también consagra el principio de no injerencia, según el cual ningún Estado tiene derecho a intervenir en los asuntos internos de otro Estado. Esta prohibición pretende proteger la soberanía y la independencia de todos los Estados, grandes o pequeños.

Según los principios de la soberanía westfaliana y la Carta de las Naciones Unidas, todos los Estados son iguales en términos de soberanía. Esto significa que, independientemente de su tamaño, poder económico o militar, cada Estado tiene la misma autoridad y control sobre su territorio, y ningún Estado puede interferir en los asuntos internos de otro. Por lo tanto, desde el punto de vista de la soberanía, Estados Unidos no es más soberano que Luxemburgo o Malta. Cada Estado tiene plena autoridad sobre su propio territorio y es libre de dirigir su política interior como considere oportuno, sin injerencias externas.

La soberanía westfaliana establece que cada Estado tiene el derecho exclusivo a ejercer el poder y la autoridad sobre su territorio y su población, sin injerencias externas. Esto implica que los Estados son libres de determinar sus propias políticas internas, incluido su sistema político, economía, leyes y reglamentos, y que ningún otro Estado tiene derecho a interferir en estos asuntos. En otras palabras, cada Estado se considera una entidad independiente y autónoma, libre de actuar como desee dentro de sus fronteras, siempre que no viole el derecho internacional. Este concepto es un pilar fundamental del orden internacional actual y está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas.

El principio de no injerencia está directamente relacionado con la noción westfaliana de soberanía. Según este principio, ningún Estado tiene derecho a intervenir en los asuntos internos de otro Estado. Esto significa que las decisiones políticas, económicas, sociales y culturales de un país son de su exclusiva responsabilidad y no pueden ser objeto de injerencia o intromisión por parte de otro Estado. El principio de no injerencia también está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. El apartado 7 del artículo 2 de la Carta establece: "Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas para intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los Miembros a someter tales asuntos a la solución de esta Carta". No obstante, cabe señalar que existen ciertas excepciones a este principio, especialmente en casos de violaciones graves de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, en los que la comunidad internacional puede estar autorizada a intervenir para proteger a las personas afectadas, tal y como estipula la doctrina de la "Responsabilidad de Proteger" adoptada por las Naciones Unidas en 2005.

Soberanía interna: poder y autoridad dentro de las fronteras[modifier | modifier le wikicode]

La soberanía interna se refiere a la capacidad de un Estado para mantener el orden y ejercer la autoridad dentro de sus fronteras. Esta noción de soberanía está relacionada con la eficacia de la estructura de gobierno, el alcance del control gubernamental, el grado de cohesión entre las élites y los ciudadanos, y la capacidad de administrar leyes y políticas con eficacia.

Esta forma de soberanía hace hincapié en la autoridad del Estado sobre sus ciudadanos, su capacidad para mantener la seguridad, hacer cumplir las leyes y aplicar las políticas públicas. En este sentido, la soberanía interna está estrechamente vinculada al concepto de monopolio estatal del uso legítimo de la fuerza física, tal y como lo definió Max Weber.

Se considera que un Estado es plenamente soberano internamente cuando es capaz de desempeñar estas funciones con eficacia y sin obstáculos. En cambio, si un Estado es incapaz de controlar su territorio, garantizar el orden público, prestar servicios básicos a sus ciudadanos o mantener la autoridad de su gobierno, puede decirse que su soberanía interna está limitada o comprometida. Éste suele ser el caso de los llamados Estados "frágiles" o "fallidos".

Soberanía de interdependencia: un nuevo concepto en un mundo conectado[modifier | modifier le wikicode]

La soberanía de interdependencia se refiere a la capacidad de un Estado para controlar y regular los flujos transnacionales que cruzan sus fronteras. Estos flujos pueden adoptar diversas formas, como el comercio, los movimientos de capital, la migración de la población, la difusión de información e ideas, etcétera.

En un mundo cada vez más interconectado y globalizado, la noción de soberanía interdependiente ha adquirido una importancia creciente. La intensificación de los flujos transnacionales puede plantear retos significativos a la soberanía de un Estado, en la medida en que puede limitar su capacidad para controlar estos flujos y, en consecuencia, para influir o determinar los resultados internos. Por ejemplo, la globalización ha dado lugar a una creciente interdependencia económica entre los Estados, con un aumento del comercio internacional y de los flujos financieros. Sin embargo, esto también ha creado desafíos para la soberanía interdependiente de los Estados, ya que pueden verse incapaces de controlar o regular estos flujos de manera eficaz.

Lo mismo ocurre con los flujos de información e ideas, facilitados por el auge de las tecnologías de la información y la comunicación. Si bien estos flujos pueden estimular el intercambio y la puesta en común de información, también pueden plantear retos en términos de regulación, control y censura de la información. De este modo, la soberanía de la interdependencia refleja las tensiones y desafíos que la globalización plantea a la noción tradicional de soberanía estatal.

Taiwán es un ejemplo interesante de la aplicación de diferentes nociones de soberanía. Desde el punto de vista jurídico internacional, Taiwán no está reconocido como Estado soberano por la mayoría de la comunidad internacional, debido principalmente a la postura de China, que considera Taiwán parte de su territorio y se opone firmemente a cualquier reconocimiento formal de su independencia. Sin embargo, desde el punto de vista de la soberanía westfaliana, Taiwán funciona como un Estado independiente. Tiene su propio gobierno, su propia constitución, una economía distinta, su propio sistema jurídico y controla efectivamente su territorio y su población. No está bajo el control directo de ninguna autoridad externa, lo que coincide con la definición de soberanía westfaliana, que se refiere a la exclusión de actores externos del ejercicio de la autoridad sobre un territorio determinado. Esta situación ilustra claramente la complejidad de las nociones de soberanía en el sistema internacional actual, y cómo diferentes concepciones de la soberanía pueden coexistir y entrar en conflicto.

Un Estado puede ser reconocido como soberano en la escena internacional, es decir, tener "soberanía jurídica internacional", pero tener una capacidad limitada para ejercer una autoridad efectiva o "soberanía interna" sobre su propio territorio y población. Somalia es un ejemplo de esta situación. Aunque está reconocida como Estado soberano por la comunidad internacional y es miembro de las Naciones Unidas, lucha por mantener un control efectivo sobre todo su territorio y por proporcionar servicios básicos a su población, debido a los conflictos internos y a la debilidad de las instituciones gubernamentales. Esto pone de relieve cómo la soberanía, en la práctica, es a menudo un concepto más matizado y complejo de lo que podría sugerir su definición teórica. La soberanía de un Estado no siempre es absoluta o indiscutible, sino que puede variar en función de diversos factores, como la estabilidad política interna, la capacidad institucional, el reconocimiento internacional y las realidades geopolíticas.

La Unión Europea (UE) es un ejemplo único de estructura supranacional en la que los Estados miembros han cedido voluntariamente parte de su soberanía a instituciones comunes. Este sistema suele denominarse "soberanía compartida" o "integración supranacional". En la UE, los países miembros han acordado acatar las decisiones adoptadas por instituciones comunes como la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, incluso cuando estas decisiones van en contra de sus propias políticas nacionales. Esto se conoce como acervo comunitario, que es el conjunto de derechos y obligaciones que vinculan a todos los Estados miembros de la UE. Sin embargo, es importante señalar que en este sistema no se elimina por completo la soberanía. Los Estados miembros de la UE conservan la soberanía en muchos ámbitos, como la defensa y la política exterior, y también tienen derecho a retirarse de la Unión, como hizo el Reino Unido con el Brexit. Así pues, el sistema de la UE representa un complejo equilibrio entre la soberanía nacional y la soberanía supranacional, en el que los Estados miembros han acordado compartir parte de su autoridad en beneficio de una cooperación e integración más estrechas.

El trilema político de la economía global de Dani Rodrik es un concepto que pone de relieve el conflicto inherente entre la globalización económica, el Estado nación (o soberanía nacional) y la democracia.[10] Según Rodrik, estas tres fuerzas no pueden coexistir perfectamente. Si tenemos dos de ellas, no podemos tener la tercera. Más concretamente:

  1. Si tenemos globalización económica y Estado nación, entonces no podemos tener democracia porque las decisiones económicas se toman a un nivel que escapa al control democrático.
  2. Si tenemos globalización económica y democracia, entonces no podemos tener Estado-nación porque las decisiones económicas se toman a nivel global y trascienden las fronteras nacionales.
  3. Si tenemos Estado-nación y democracia, entonces no podemos tener globalización económica porque las decisiones económicas se toman a nivel nacional y reflejan las preferencias democráticas, lo que puede llevar a restricciones en el comercio y la inversión globales.

En términos de soberanía interdependiente, esto significa que en un mundo cada vez más globalizado, el Estado nación puede tener dificultades para controlar todos los aspectos de su economía y su sociedad, ya que cada vez está más influido por fuerzas externas, como los flujos de capital, bienes, servicios e información. Esto puede limitar su capacidad para aplicar políticas públicas independientes y responder a las preferencias de sus ciudadanos, lo que a su vez puede repercutir en la legitimidad y la estabilidad del Estado.

El impacto de la globalización[modifier | modifier le wikicode]

¿Qué es la globalización?[modifier | modifier le wikicode]

Según Held, McGrew, Goldblatt y Parraton en su libro de 1999 "Global Transformations: Politics, Economics and Culture", la globalización se define como "la ampliación, profundización y aceleración de la interconexión global".[11] En este contexto, "ampliación" se refiere a la extensión de vínculos y conexiones por todo el mundo, a través de continentes y países. Es una indicación del alcance geográfico de las redes y sistemas de relaciones e interacciones globales. "Profundización" se refiere a la intensificación de los niveles de interacción e interdependencia entre actores y sistemas a escala mundial. Esto se traduce en vínculos cada vez más estrechos entre sociedades, economías, culturas e instituciones políticas. Por último, la "aceleración" se refiere al aumento de la velocidad de las interacciones y procesos globales. Gracias al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, la información, las ideas, el capital, los bienes, los servicios y las personas se mueven cada vez más rápido a través de las fronteras y las regiones. En otras palabras, la globalización implica un aumento e intensificación de los vínculos y flujos entre países y regiones del mundo. Esto incluye el comercio, la inversión, la migración, los intercambios culturales, la información y la tecnología, que a su vez pueden tener profundos efectos en las economías, las sociedades, las culturas y la política.

La intensificación, en el contexto de la globalización, es el proceso por el cual se refuerzan y multiplican las conexiones e interacciones entre países y entidades de todo el mundo. Esto se manifiesta en tres dimensiones principales:

  • Ampliación: Supone la extensión de los vínculos transnacionales a una escala geográfica cada vez mayor, abarcando cada vez más regiones, países y pueblos.
  • Profundización: se refiere a una interdependencia más profunda entre países y entidades, lo que significa que los acontecimientos o cambios en un país o región tienen efectos más pronunciados y directos en otros. Por ejemplo, en una economía globalizada, una crisis económica en un país importante puede tener repercusiones importantes en la economía mundial.
  • Aceleración: Se refiere al aumento de la velocidad a la que se producen las interacciones y transacciones a escala mundial. Con los avances tecnológicos, sobre todo en el transporte y las comunicaciones, la información, los bienes, los servicios e incluso las personas pueden desplazarse por todo el mundo a una velocidad sin precedentes.

En resumen, la creciente globalización implica una interdependencia cada vez mayor entre los países, lo que puede tener implicaciones significativas para la economía, la política, la cultura y otros aspectos de la sociedad a escala mundial.

La interdependencia global se manifiesta de forma compleja y multidimensional. La globalización afecta a muchas esferas de la vida humana y de la actividad social, creando interdependencias a varios niveles. He aquí algunos ejemplos:

  • Economía: Es el ámbito que más a menudo se asocia con la globalización. La interdependencia económica mundial se manifiesta en la intensificación del comercio internacional, la expansión de las multinacionales, la mayor movilidad del capital y la proliferación de acuerdos comerciales internacionales.
  • Política: La globalización también ha aumentado la interdependencia política entre los Estados. Esto se refleja en el creciente papel de las organizaciones internacionales, el desarrollo del derecho internacional y la necesidad de que los países cooperen en cuestiones globales como el cambio climático, la seguridad y los derechos humanos.
  • Social: la globalización también fomenta la interdependencia social a través del flujo de personas (migración), las redes sociales globales, la puesta en común de culturas y el intercambio de información.
  • Tecnología: Con la revolución digital, la interdependencia tecnológica se ha convertido en un aspecto fundamental de la globalización. Internet ha transformado la forma de compartir y consumir información y ha facilitado la aparición de comunidades mundiales en línea.

Cada una de estas dimensiones contribuye a un mundo cada vez más interconectado e interdependiente, en el que los cambios en una parte del mundo pueden tener un impacto significativo en otro lugar. Sin embargo, es importante señalar que esta interdependencia también puede exacerbar las desigualdades y crear nuevos retos.

Keohane y Nye han desempeñado un papel clave en la conceptualización de la globalización en términos de interdependencia compleja, subrayando la importancia de comprender sus múltiples dimensiones.[12] He aquí una explicación algo más detallada de estas dimensiones:

  • Política: Esta dimensión de la globalización pone de relieve la creciente interconexión de la política y los gobiernos a escala mundial. Por ejemplo, los países cooperan y coordinan sus políticas en el seno de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud. Además, las políticas y leyes de un país pueden verse influidas por presiones internacionales o por la adopción de normas mundiales.
  • Social: La globalización social hace hincapié en la interconexión de las sociedades a través de las fronteras. Esto incluye la difusión de ideas e información a través de las culturas, así como la migración de individuos. Por ejemplo, Internet ha permitido una comunicación y un intercambio de información sin precedentes, lo que ha conducido a la convergencia cultural en algunos aspectos. Del mismo modo, la inmigración y los viajes internacionales han dado lugar a una mayor diversidad dentro de las sociedades y a una mezcla de culturas.
  • Económica: La globalización económica se refiere a la creciente integración de las economías a través del comercio internacional y los flujos de capital. Por ejemplo, la liberalización del comercio ha provocado un aumento espectacular del comercio internacional de bienes y servicios. Del mismo modo, la liberalización financiera ha facilitado los flujos internacionales de capital, permitiendo a los inversores invertir fácilmente en países extranjeros. Esto ha llevado a una mayor interdependencia entre las economías, donde los acontecimientos económicos de un país pueden repercutir en los demás.

Cada dimensión de la globalización tiene sus propias implicaciones y retos, y a menudo son interdependientes. Por ejemplo, la globalización económica puede influir en la globalización social (por ejemplo, a través de los flujos migratorios) y viceversa.

¿Qué es la globalización económica?[modifier | modifier le wikicode]

La globalización económica se refiere a la creciente integración de las economías de los distintos países del mundo, posible gracias a la liberalización del comercio, la inversión extranjera directa (IED), los flujos de capital y la migración. Se manifiesta en un aumento del comercio internacional de bienes y servicios, un incremento de la inversión internacional, una mayor interdependencia económica entre países y una creciente estandarización y homogeneización de productos y mercados. Según Schwartz, una característica clave de la globalización económica es la "presión global sobre los precios". Esto significa que, como consecuencia de la mayor interconexión de los mercados mundiales, existe una tendencia a la uniformización de los precios a escala global. Por ejemplo, si los precios de un determinado bien son más bajos en un país que en otro, los consumidores pueden optar por comprar ese bien en el país donde es más barato, lo que ejercerá una presión a la baja sobre los precios en el país donde el bien es más caro. Esto puede ocurrir no sólo con los bienes físicos, sino también con los servicios e incluso con los trabajadores, en caso de migración o externalización. Es un fenómeno que puede tener importantes implicaciones para las empresas, los consumidores y los trabajadores.

La interdependencia económica entre países se caracteriza por flujos transnacionales de bienes, servicios, capitales y, a veces, trabajadores. La creciente importancia del comercio internacional y de la inversión extranjera directa significa que las economías de los distintos países están cada vez más interconectadas. Sin embargo, los flujos económicos transfronterizos también se ven influidos por las políticas públicas puestas en marcha por los gobiernos nacionales. Estas políticas pueden regular la apertura o el cierre de estos flujos, a través de una serie de mecanismos como aranceles, cuotas, restricciones a la inmigración, controles de capital, etcétera. Por ejemplo, un país puede decidir introducir aranceles para proteger sus industrias locales, lo que podría reducir las importaciones de determinados bienes. Además, los gobiernos también pueden aplicar políticas para atraer la inversión extranjera, por ejemplo ofreciendo incentivos fiscales o creando zonas económicas especiales. Esto significa que, aunque la interdependencia económica es una de las principales características de la globalización, también se ve influida por las decisiones políticas adoptadas a nivel nacional. Por tanto, el grado de integración de un país en la economía mundial depende tanto de factores económicos como políticos.

El Índice de Globalización KOF es un índice desarrollado por la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH Zúrich) que mide el grado de globalización de los distintos países. Utiliza una amplia gama de datos, que abarcan 24 variables individuales en tres categorías principales: económica, social y política.

  • La globalización económica se mide por el tamaño de los flujos comerciales y financieros de un país en relación con su economía, así como por las restricciones a estos flujos.
  • La globalización social se mide con datos sobre contactos personales (como llamadas telefónicas internacionales y transferencias de dinero), información (acceso a Internet y televisión) y actitudes culturales.
  • La globalización política se mide por el grado de implicación de un país en las relaciones internacionales, como la participación en organizaciones internacionales, misiones de mantenimiento de la paz de la ONU y tratados internacionales.

El índice KOF se actualiza anualmente, lo que permite seguir las tendencias de la globalización a lo largo de varias décadas. Constituye una herramienta útil para comparar el grado de globalización entre distintos países y para analizar cómo está cambiando la globalización a lo largo del tiempo.

El Índice KOF de Globalización Política mide la integración de un país en el mundo político internacional utilizando una serie de indicadores, a saber

  1. Número de embajadas en un país (25%): refleja el grado de implicación política internacional de un país, indicando cuántos otros países mantienen relaciones diplomáticas oficiales con él.
  2. Pertenencia a organizaciones internacionales (28%): esta medida da una idea de la implicación de un país en los asuntos mundiales a través de su pertenencia a diversas organizaciones internacionales. Cuantas más organizaciones integran un país, más integrado políticamente se le considera.
  3. Participación en misiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (22%): muestra la voluntad y la capacidad de un país para contribuir a la seguridad internacional, en particular aportando tropas o apoyo logístico a las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU.
  4. El número de tratados internacionales firmados (25%): refleja el nivel de compromiso de un país con las normas y reglas internacionales. Un país que ha firmado un gran número de tratados se considera más comprometido con el sistema internacional.

Estas cuatro dimensiones de la globalización política proporcionan una visión general del grado de integración de un país en el sistema político mundial.

Indice de globalisation politique.png

El Índice KOF de Globalización Social se centra en la integración de un país en el mundo social y cultural internacional. Utiliza diversos indicadores, desglosados del siguiente modo:

  1. Datos de contacto personal (33%): Incluyen medidas como el tráfico telefónico internacional, el turismo internacional, la población extranjera y el número de cartas internacionales per cápita. Estas medidas reflejan el grado de comunicación e interacción entre personas de distintos países.
  2. Datos sobre el flujo de información (36%): Este indicador mide el grado en que la información internacional fluye a través de las fronteras de un país. Incluye medidas como el número de usuarios de Internet y televisión por cada 1.000 habitantes, así como la proporción del comercio de periódicos en el PIB.
  3. Datos de proximidad cultural (31%): Esta medida refleja la adopción de ciertas formas de cultura de consumo globalizada. Incluye el número de restaurantes McDonald's y de tiendas Ikea por habitante, así como la parte del comercio de libros en el PIB.

Utilizando estos tres grupos de indicadores, el índice KOF de globalización social da una idea del grado de integración de un país en la comunidad mundial más allá de las dimensiones puramente económicas o políticas. Muestra cómo se manifiesta la globalización en la vida cotidiana de las personas, ya sea a través de la comunicación, la información o la cultura de consumo.

Indice globalisation sociale.png

El Índice KOF de Globalización Económica se centra en medir el grado de integración económica de un país en la economía mundial. Utiliza diversos indicadores, divididos en dos grandes categorías:

  1. Flujos (50%): Esta categoría incluye medidas como el comercio internacional en porcentaje del PIB, los flujos de inversión extranjera directa (IED) en porcentaje del PIB, los stocks de IED en porcentaje del PIB, la inversión de cartera en porcentaje del PIB y los pagos de ingresos a extranjeros en porcentaje del PIB. Estos indicadores miden el grado de conexión e interdependencia de una economía nacional con el resto del mundo.
  2. Restricciones (50%): Esta categoría incluye medidas como aranceles medios, barreras a la importación, impuestos sobre el comercio internacional como porcentaje de los ingresos y restricciones en las cuentas de capital. Estos indicadores evalúan el nivel de proteccionismo de una economía, es decir, el grado de restricción a la libre circulación de bienes, servicios y capitales.

Combinando estos dos tipos de indicadores, el Índice KOF de Globalización Económica proporciona una visión general del grado de apertura e interdependencia de una economía con el resto del mundo. Permite comprender hasta qué punto una economía está integrada en la economía mundial, tanto en términos de flujos económicos como de políticas comerciales y financieras.

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El trilema económico mundial: análisis de las opciones económicas[modifier | modifier le wikicode]

Dani Rodrik.

La paradoja de la globalización" de Dani Rodrik es un análisis en profundidad de los dilemas y conflictos que la globalización plantea a las democracias nacionales.[13] Rodrik es un reputado economista, profesor de la Universidad de Harvard, y conocido por sus importantes contribuciones a los debates sobre economía internacional, globalización y desarrollo.

En su libro, Rodrik presenta su famoso "trilema de la globalización". Según él, la democracia, la soberanía nacional y la integración económica mundial son mutuamente incompatibles: no podemos combinar las tres simultáneamente. Podemos tener como máximo dos de las tres al mismo tiempo.

Así funciona el trilema:

  1. Si queremos tener tanto integración económica global como soberanía nacional, tenemos que renunciar a la democracia.
  2. Si queremos tener tanto democracia como soberanía nacional, tenemos que renunciar a la integración económica global.
  3. Y si queremos tener tanto integración económica global como democracia, tenemos que renunciar a la soberanía nacional.

En su libro, Rodrik sostiene que no podemos tener hiperglobalización, soberanía nacional y democracia robusta al mismo tiempo. Tenemos que elegir entre las tres. Sostiene que los intentos de llevar la globalización al límite han socavado la soberanía nacional y la democracia, dando lugar a una reacción populista contra la globalización que vemos en muchos países. Defiende una globalización más moderada que respete el derecho de las naciones a protegerse de las fuerzas del mercado mundial.

The political trilemma of the world economy.png

El trilema de la economía global, tal como lo presenta Dani Rodrik en el capítulo IX de su libro "La paradoja de la globalización", se basa en la idea de que es imposible conciliar simultáneamente hiperglobalización, democracia y soberanía nacional. He aquí cómo desarrolla esta idea:

  1. La hiperglobalización es la promoción de una integración económica mundial sin trabas, que permite la libre circulación de bienes, servicios y capitales a través de las fronteras internacionales. Esta libre circulación se ve facilitada por los tratados comerciales internacionales y la pertenencia a organizaciones económicas supranacionales.
  2. Estado-nación: es el principio según el cual una entidad política, un país, tiene soberanía sobre su territorio y su población, y es libre de tomar sus propias decisiones políticas y económicas. El Estado-nación es responsable del bienestar de sus ciudadanos y tiene poder para regular su economía como considere oportuno.
  3. Políticas democráticas: son decisiones tomadas por un gobierno que es representativo de la voluntad del pueblo, como ocurre en una democracia. En un sistema de este tipo, los ciudadanos tienen derecho a votar y a participar directa o indirectamente en la formulación de las políticas públicas.

Rodrik sostiene que es imposible combinar plenamente estos tres elementos. No se puede tener una hiperglobalización (integración económica completa) al tiempo que se preserva la plena soberanía del Estado nación y se mantienen las políticas democráticas. Si un país opta por la hiperglobalización, debe sacrificar la soberanía nacional (permitiendo que las decisiones económicas importantes sean dictadas por las fuerzas del mercado mundial o por instituciones económicas supranacionales) o la democracia (limitando la capacidad de los ciudadanos para influir en las políticas económicas mediante el voto).

Por tanto, Rodrik sugiere que en una economía global no podemos lograr simultáneamente la hiperglobalización (es decir, la máxima integración económica), la democracia (la capacidad de los ciudadanos de participar en la toma de decisiones políticas de su país) y el Estado nación (la capacidad de un país de aplicar políticas independientes por el bien de sus ciudadanos). En su opinión, la búsqueda de la globalización crea una tensión entre la democracia y la soberanía del Estado nación. Si un país quiere cosechar todos los beneficios económicos de la globalización, puede que tenga que renunciar a parte de su soberanía política, sometiéndose a reglas y normas internacionales que pueden no corresponder a las preferencias de sus ciudadanos. Por el contrario, si un país valora la democracia y la soberanía del Estado nación, puede tener que limitar su integración en la economía mundial para mantener el control sobre su política económica y social. Esto es lo que Rodrik denomina el "trilema" de la economía mundial, que pone de relieve la complejidad y los retos a los que se enfrentan los países a la hora de gestionar su integración en una economía mundial cada vez más interconectada.

La política democrática está profundamente vinculada a la soberanía de interdependencia, como sugiere Stephen Krasner. La soberanía de interdependencia describe la capacidad de un Estado para controlar o regular los flujos transnacionales (personas, bienes, capital, información, etc.) a través de sus fronteras. En esencia, esto significa que un Estado tiene control sobre cómo interactúa con otros Estados y con las fuerzas del mercado mundial. En una democracia, lo ideal sería que los ciudadanos tuvieran voz en la forma en que su país gestiona estos flujos internacionales, ya sea mediante elecciones, libertad de expresión u otros medios de participación política. Sin embargo, como señala Rodrik en su trilema de la economía mundial, esta soberanía de la interdependencia puede verse comprometida cuando los Estados tratan de integrar aún más sus economías con las de otros países, una tendencia a menudo asociada a la globalización. En otras palabras, la presión para integrarse más profundamente en la economía mundial - y, en particular, para cumplir las normas y reglas internacionales que facilitan esta integración - puede limitar la capacidad de un Estado para aplicar políticas independientes que reflejen las preferencias de sus ciudadanos. Esto, a su vez, puede crear tensiones con los principios democráticos.

La era de Bretton Woods (de 1940 a 1970) es un ejemplo perfecto de lo que Rodrik describe como un equilibrio entre el Estado-nación y la política democrática, con un control más limitado de la hiperglobalización. La conferencia de Bretton Woods de 1944 sentó las bases de un nuevo orden económico mundial tras la Segunda Guerra Mundial. Los acuerdos de Bretton Woods crearon instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial para promover la estabilidad monetaria y económica mundial. Además, se estableció el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) para promover el libre comercio mediante la reducción de las barreras arancelarias. Sin embargo, a pesar de esta creciente integración económica, los Estados seguían teniendo un amplio margen de maniobra para aplicar políticas económicas nacionales. Los controles de capital, por ejemplo, eran ampliamente aceptados. Además, muchos Estados aplicaron políticas de bienestar social, pleno empleo e industrialización que reflejaban sus prioridades nacionales específicas. En otras palabras, durante el periodo de Bretton Woods, la globalización se consideraba a menudo un medio para alcanzar fines nacionales, más que un fin en sí misma. Esto contrasta con la era de la globalización que siguió, cuando la integración económica internacional se convirtió cada vez más en una prioridad en sí misma, a menudo en detrimento de la política democrática y del Estado nación.

Durante el periodo de Bretton Woods, los gobiernos recurrieron con frecuencia al control de capitales y a las políticas arancelarias para proteger sus economías nacionales. Estas medidas se utilizaban para controlar el movimiento de capitales a través de las fronteras, preservar la estabilidad financiera, proteger las industrias nacientes nacionales y mantener el empleo. Estos controles también se utilizaron para evitar las crisis económicas que podrían surgir de movimientos de capital especulativos o inestables. Controlando los flujos de capital, los países podían a menudo mantener una mayor estabilidad en sus tipos de cambio, lo que resultaba esencial para gestionar sus economías. Sin embargo, a medida que el mundo avanzaba hacia una mayor globalización a partir de las décadas de 1970 y 1980, muchos países empezaron a levantar estos controles y a abrir sus economías a los flujos internacionales de capital. Esto condujo a una mayor integración económica mundial, pero también planteó nuevos retos en cuanto a la gestión de la estabilidad económica y la protección de las industrias y los trabajadores nacionales.

Según Dani Rodrik, los últimos años de la década de 1970 marcaron un punto de inflexión hacia la liberalización de las políticas comerciales y financieras en muchos países. En este periodo, a veces denominado "la era de la globalización", se produjo un descenso generalizado de las barreras arancelarias y no arancelarias, una mayor liberalización financiera y un aumento del comercio y de la inversión extranjera directa. Sin embargo, en contra de algunas expectativas, esta globalización económica no ha provocado un debilitamiento generalizado del Estado nación. De hecho, a pesar de la creciente integración económica, los Estados nación han seguido desempeñando un papel central en la gobernanza de sus economías. Han seguido siendo actores clave en la regulación de los mercados, la provisión de bienes públicos, la protección social, la gestión macroeconómica y la aplicación de políticas medioambientales, entre otras. Sin embargo, Rodrik sostiene que esta intensificación de la globalización ha creado tensiones entre el Estado nación y los imperativos de la integración económica mundial, dando lugar a lo que él denomina el "trilema de la globalización". En su opinión, es imposible conciliar plenamente la hiperglobalización, la soberanía del Estado nación y la democracia; sólo se pueden tener dos de las tres cosas al mismo tiempo.

Dani Rodrik señala en su obra que una forma de resolver el trilema de la globalización sería superar el marco del Estado-nación y desarrollar estructuras supranacionales de gobernanza. En otras palabras, los Estados-nación podrían transferir parte de su soberanía a instituciones internacionales o supranacionales para regular la economía mundial con mayor eficacia. Esto permitiría conciliar los tres aspectos del trilema: economía globalizada, democracia y regulación. En efecto, una gobernanza mundial reforzada podría contribuir a enmarcar la globalización de una manera más respetuosa con los principios democráticos y sociales. Un ejemplo de este tipo de gobernanza supranacional es la Unión Europea, que ejerce ciertas competencias que antes correspondían a los Estados miembros. Sin embargo, la aplicación de este tipo de gobernanza plantea importantes retos, en particular en términos de legitimidad democrática y equidad. También hay que señalar que este enfoque no es unánime, y que muchos actores y analistas están preocupados por las posibles implicaciones de tal devolución de soberanía, en particular en lo que respecta a la posible erosión de la democracia y la autonomía nacional.

La importancia de la Gobernanza en la política[modifier | modifier le wikicode]

La Comisión sobre la Gobernanza Mundial ha formulado una definición elocuente de la gobernanza. La considera como el cúmulo de diferentes métodos mediante los cuales los individuos y las instituciones, públicas o privadas, administran sus asuntos colectivos. En su opinión, la gobernanza es un proceso constante en el que pueden armonizarse intereses divergentes o contrapuestos y en el que pueden adoptarse medidas de cooperación.

Esta es una definición de gobernanza mundial propuesta por la Comisión sobre la Gobernanza Mundial en su informe de 1995, "Nuestro vecindario mundial". Parafraseando, la gobernanza mundial es el conjunto de múltiples formas en que los individuos y las instituciones, públicas o privadas, gestionan sus asuntos comunes. Es un proceso continuo que permite tener en cuenta intereses conflictivos o diversos y emprender acciones de cooperación. En otras palabras, la gobernanza global es un tipo de colaboración entre diferentes actores (incluidos Estados, organizaciones internacionales, empresas, grupos de la sociedad civil e individuos) para abordar problemas que trascienden las fronteras nacionales y requieren cooperación internacional. Esta definición pone de relieve dos características esenciales de la gobernanza mundial: la diversidad de los actores implicados y la importancia del consenso y la cooperación. La gobernanza mundial no es sólo asunto de los Estados o de las organizaciones internacionales oficiales, sino que también implica a actores no estatales. Además, requiere la creación de consenso y la voluntad de actuar de forma cooperativa para resolver problemas comunes.

Una crítica es que la gobernanza implica a una multitud de actores, incluidos individuos e instituciones. Además, la gobernanza ya no es sólo cosa de los poderes públicos: los agentes privados también intervienen para resolver conflictos de intereses y encontrar soluciones de cooperación internacional frente a los grandes retos y los intereses divergentes de los Estados-nación.

La gobernanza mundial implica a una multitud de actores. No sólo incluye a los gobiernos nacionales, sino también a particulares e instituciones, tanto públicas como privadas. Estos actores pueden ser organizaciones no gubernamentales, empresas multinacionales, instituciones financieras internacionales como el FMI o el Banco Mundial, e incluso personas influyentes. Cada uno de estos actores tiene sus propios intereses y prioridades, lo que puede dar lugar a conflictos. Por ejemplo, una empresa multinacional puede dar prioridad a la maximización de beneficios, lo que podría entrar en conflicto con los objetivos de desarrollo sostenible de una organización no gubernamental. Del mismo modo, las prioridades de un gobierno nacional pueden entrar en conflicto con las directrices de una institución financiera internacional. Sin embargo, en el contexto de la gobernanza mundial, estos diversos actores trabajan juntos para gestionar sus asuntos comunes. Deben negociar, cooperar y a veces comprometerse para resolver problemas globales. Esta interacción continua da cabida a intereses conflictivos y diversos.

Es importante señalar que no se trata sólo del dominio de la autoridad pública. Muchos actores privados también tienen un papel que desempeñar en la gobernanza mundial. Por ejemplo, las empresas multinacionales pueden ayudar a resolver los problemas mundiales adoptando prácticas sostenibles y éticas. Del mismo modo, los particulares pueden contribuir tomando decisiones de consumo informadas y participando en movimientos de defensa de los derechos humanos o el medio ambiente. Sin embargo, la participación de estos actores privados en la gobernanza mundial también plantea cuestiones de responsabilidad y legitimidad. Por ejemplo, ¿quién responsabiliza a estos actores privados de sus acciones? ¿Qué legitimidad tienen para participar en la toma de decisiones a escala mundial? Estas cuestiones están en el centro del debate sobre la gobernanza mundial.

Gobernanza y gobierno son dos conceptos distintos, aunque a veces se utilicen indistintamente.

  • Gobierno se refiere generalmente al conjunto de instituciones e individuos formalmente investidos de autoridad política en un Estado. Suele incluir al jefe de Estado, el gabinete, el poder legislativo, el poder judicial y las burocracias públicas. El gobierno tiene el poder de elaborar leyes, aplicarlas e interpretarlas, a menudo en el marco de una constitución. Es la entidad que ejerce el poder soberano en nombre del pueblo en una nación.
  • Gobernanza, por otra parte, es un término más amplio que se refiere a todos los métodos, procesos e instituciones, tanto formales como informales, por los que se rige una sociedad. Esto incluye no sólo al gobierno, sino también a una variedad de otros actores, como organizaciones no gubernamentales, empresas privadas e incluso individuos influyentes. La gobernanza implica cómo se ejerce el poder, cómo se toman y aplican las decisiones, cómo se resuelven los conflictos y cómo se gestionan los recursos en una sociedad.

Además, mientras que el gobierno suele limitarse a una jurisdicción específica, como un país o una ciudad, la gobernanza puede aplicarse a multitud de escalas, desde la local a la mundial. Esto incluye el modo en que las cuestiones transnacionales, como el cambio climático o la migración, se gestionan más allá de las fronteras nacionales.

La gobernanza, en un contexto moderno y sobre todo global, implica a una multitud de actores que no se limitan estrictamente al tradicional Estado nación. En este contexto, el Estado, aunque sigue detentando el monopolio de la violencia legítima dentro de sus fronteras, se convierte en una entidad entre otras de una red de poder más amplia y compleja. Estas otras entidades pueden incluir organizaciones internacionales como la ONU o la OMC, organizaciones no gubernamentales como Médicos Sin Fronteras o Greenpeace, multinacionales y grandes empresas, e incluso individuos influyentes y grupos de reflexión. Todos estos actores pueden ejercer cierto poder e influencia sobre la forma en que se gestionan los asuntos mundiales.

Además, en algunos casos, estos actores pueden incluso ejercer un poder similar al del Estado. Por ejemplo, algunas grandes empresas pueden tener una influencia económica considerable, y algunas organizaciones no gubernamentales pueden tener un impacto significativo en las políticas sociales y medioambientales. Dicho esto, aunque el Estado ya no es el único actor en la escena internacional, sigue siendo un actor principal e importante. Incluso en un mundo cada vez más globalizado, los Estados conservan un poder significativo en política interior, de defensa y exterior, y desempeñan un papel crucial en la configuración y aplicación de la gobernanza mundial.

La gobernanza moderna es mucho más compleja e implica a una variedad de actores que van más allá del marco tradicional del Estado nación. Estos actores pueden influir en la política a distintos niveles y de diferentes maneras. He aquí una ampliación de los tipos de actores:

  • Empresas transnacionales: Estas empresas, que operan en varios países, desempeñan un papel cada vez más importante en la gobernanza mundial. Debido a su tamaño e influencia económica, pueden influir en las políticas a través de grupos de presión o iniciativas directas. Por ejemplo, pueden promover normas laborales justas en sus cadenas de suministro o comprometerse a reducir sus emisiones de carbono.
  • Organizaciones no gubernamentales (ONG): Las ONG pueden tener una influencia significativa en la gobernanza a varios niveles. Pueden presionar a los gobiernos para que cambien sus políticas, ayudar a implantar programas y servicios, y aportar conocimientos técnicos y locales que pueden orientar las decisiones políticas.
  • Movimientos sociales: Los movimientos sociales pueden actuar como motores del cambio reuniendo a individuos y grupos en torno a causas comunes. Pueden influir en la gobernanza ejerciendo presión para que cambien las políticas, sensibilizando a la opinión pública sobre cuestiones concretas y ayudando a configurar el debate público.
  • Organizaciones internacionales: estas organizaciones, como la ONU, el FMI y el Banco Mundial, desempeñan un papel clave en la gobernanza mundial. Ayudan a coordinar la cooperación internacional, establecen normas y reglas comunes y proporcionan foros para la resolución de conflictos. Aunque a menudo se guían por los intereses de sus Estados miembros, también pueden ejercer una influencia independiente y contribuir a dar forma a las normas y políticas internacionales.

En conjunto, estos actores contribuyen a la complejidad y la dinámica de la gobernanza en el mundo actual, reflejando la creciente interconexión de las sociedades y los retos mundiales.

Tanto la gobernanza nacional como la internacional están conformadas por una multitud de actores, cada uno de los cuales aporta su propia perspectiva e influencia. Es un proceso complejo que va más allá del marco tradicional de fronteras nacionales y gobiernos nacionales. A escala nacional, las empresas transnacionales, las organizaciones no gubernamentales y los movimientos sociales pueden influir en las políticas y las prácticas. Pueden presionar a los gobiernos para que adopten determinadas políticas, prestar servicios que complementen o sustituyan a los del Estado o configurar el discurso público en torno a cuestiones concretas. A escala internacional, estos mismos actores, así como las organizaciones internacionales, desempeñan un papel importante en la configuración de normas, políticas y prácticas globales. Pueden ayudar a coordinar la cooperación internacional, establecer normas comunes y proporcionar foros para la resolución de conflictos. En este contexto, el Estado nación sigue siendo un actor importante, pero ya no es el único titular de la autoridad. La gobernanza se define cada vez más por la interacción de estos distintos actores, cada uno de los cuales aporta su propia contribución al proceso de toma de decisiones.

James Rosenau y Ernst-Otto Czempiel, dos reputados investigadores en relaciones internacionales, han introducido la idea de "gobernanza sin gobierno" para describir la naturaleza de la política mundial actual. En este concepto, destacan la ausencia de un gobierno mundial centralizado, en contraste con la situación a nivel nacional. En este contexto, ningún actor tiene el poder de imponer leyes o normas a escala mundial. En su lugar, la gobernanza mundial adopta la forma de una compleja red de actores e instituciones -Estados, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, empresas multinacionales, etc.- que colaboran entre sí, a menudo de manera informal. - que trabajan juntos, a menudo de manera informal, para gestionar los problemas mundiales. Esta forma de gobernanza se basa más en la cooperación, la negociación y el consenso que en la coerción. También puede implicar procesos de autorregulación, en los que los actores establecen y respetan voluntariamente determinadas normas o reglas. Sin embargo, la gobernanza sin gobierno también presenta retos, sobre todo en términos de responsabilidad y legitimidad. Por ejemplo, puede resultar difícil hacer que los actores rindan cuentas de sus actos a escala mundial, sobre todo cuando las estructuras de poder están descentralizadas y los actores tienen intereses divergentes.

La estructura política de Suiza se basa en un sistema federal. Según este sistema, el país está dividido en cantones, cada uno con su propio gobierno y constitución. Sin embargo, los cantones están sujetos a la autoridad del gobierno federal con sede en Berna. Los cantones suizos gozan de cierta autonomía y pueden legislar en determinados ámbitos, como la educación, la sanidad y ciertos impuestos. Sin embargo, el gobierno federal tiene la autoridad final en muchas áreas clave, como la defensa, los asuntos exteriores y la política monetaria. En este sistema, la Confederación, los cantones y las comunas tienen competencias y responsabilidades claramente definidas. Esta división de poderes garantiza un equilibrio entre la autonomía regional y la unidad nacional, que es una característica clave de los sistemas federales. Así, la autoridad política del cantón de Ginebra, aunque importante para la gestión de los asuntos locales, está sometida a la autoridad de la Confederación en los asuntos que son competencia de ésta.

En el plano internacional, la soberanía de las naciones es una de las piedras angulares de la política mundial. La ausencia de una autoridad mundial suprema significa que los Estados individuales son soberanos y libres de tomar sus propias decisiones. Esto tiene sus raíces en el actual sistema internacional, que se basa en el principio de no injerencia en los asuntos internos de ningún Estado. Sin embargo, existen organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas (ONU), que tratan de facilitar la cooperación y la coordinación entre las naciones. Estas organizaciones pueden emitir recomendaciones y definir normas internacionales, pero no tienen poder para obligar a los Estados a seguir estas recomendaciones o cumplir estas normas. El cumplimiento de estas normas se basa generalmente en el consentimiento voluntario de los Estados. No obstante, existen algunas excepciones a este principio, sobre todo cuando está en juego la seguridad internacional. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad de la ONU está facultado para autorizar sanciones o el uso de la fuerza contra un Estado que viole el derecho internacional. Sin embargo, incluso en estos casos, la aplicación de estas decisiones depende de la voluntad de los Estados miembros de la ONU. En resumen, aunque existe alguna forma de gobernanza internacional, la ausencia de un gobierno mundial significa que cada Estado conserva la soberanía sobre sus propios asuntos.

La ausencia de un gobierno mundial suele caracterizarse como un estado de "anarquía" en la teoría de las relaciones internacionales. El término "anarquía" no se utiliza en el sentido habitual de desorden o caos, sino para describir un sistema en el que no existe una autoridad superior que pueda imponer sus decisiones a las unidades constitutivas del sistema. En otras palabras, cada Estado es soberano y libre de perseguir sus propios intereses como mejor le parezca, sin tener que rendir cuentas a ninguna autoridad superior. Los estudiosos que se adhieren a la escuela realista de pensamiento en relaciones internacionales ven la anarquía como una característica fundamental e inevitable del sistema internacional. En su opinión, esta anarquía crea un entorno de competencia y desconfianza, en el que los Estados deben confiar principalmente en su propio poder para garantizar su seguridad y promover sus intereses.

El futuro de la política: gobernanza multinivel[modifier | modifier le wikicode]

La gobernanza multinivel se refiere a la idea de que la autoridad y la toma de decisiones se distribuyen entre más de un nivel de gobierno: local, regional, nacional y supranacional. Es un concepto utilizado a menudo en el contexto de la Unión Europea, donde la toma de decisiones se comparte entre distintos niveles de gobierno. Este concepto recoge la idea de que la toma de decisiones políticas no es sólo prerrogativa del gobierno nacional, sino que también implica a autoridades de distintos niveles. Estos niveles pueden variar de local a global, e incluyen entidades como gobiernos municipales, regiones, organizaciones no gubernamentales, empresas e instituciones internacionales.

Desde la perspectiva de la gobernanza multinivel, a menudo se considera que las cuestiones políticas requieren un enfoque multipartito y multinivel. Esto puede requerir la coordinación y cooperación entre distintos niveles de gobierno, así como entre los sectores público y privado. El objetivo de la gobernanza multinivel es acercar las decisiones políticas a los ciudadanos, reforzar la democracia y aumentar la eficacia de las políticas públicas. Sin embargo, la aplicación de la gobernanza multinivel también puede suponer un reto, ya que requiere una estrecha coordinación y cooperación entre los distintos actores y niveles de gobierno.

sources : [14]

La soberanía del Estado-nación es un concepto central de la política internacional. Describe la autoridad suprema del Estado-nación dentro de sus fronteras territoriales. Esta autoridad puede ejercerse sin interferencias externas, a menos que se comparta o delegue voluntariamente a través de acuerdos internacionales u organismos supranacionales.

Históricamente, el Estado nación ha sido la principal unidad de gobierno y el titular del monopolio de la violencia legítima dentro de su territorio. Sin embargo, con la globalización y la creciente interdependencia económica, social y política, la soberanía del Estado-nación está cada vez más en entredicho. Las relaciones internacionales son cada vez más complejas, con la presencia de actores no estatales como organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, empresas multinacionales e incluso individuos que pueden ejercer una influencia significativa en la escena mundial.

En el contexto de la gobernanza multinivel, el Estado-nación ya no es la única autoridad competente. Ahora comparte esta competencia con otros niveles de gobierno, en particular local, regional y supranacional. Así pues, la autoridad política ya no se limita a las fronteras nacionales, sino que se extiende a través de los distintos niveles de gobierno, lo que plantea nuevos interrogantes sobre el ejercicio de la soberanía en la era moderna.

La globalización ha dado lugar a una importante reconfiguración de la soberanía tradicionalmente detentada por el Estado nación. Este fenómeno puede analizarse en términos de cuatro desplazamientos de la autoridad:

  • Hacia arriba: En este proceso, el Estado nación cede parte de su autoridad a las organizaciones internacionales. Esto se hace a menudo para alcanzar objetivos comunes que se gestionan más eficazmente a escala mundial. Por ejemplo, al adherirse a las Naciones Unidas, un país acepta cumplir una serie de reglas y normas internacionales, lo que limita su soberanía en determinados ámbitos.
  • Hacia abajo: En este caso, el Estado nación delega algunas de sus responsabilidades en gobiernos subnacionales, como regiones o municipios. Este proceso puede ayudar a responder de forma más eficaz y adecuada a las necesidades y circunstancias locales.
  • Lateral: Este movimiento describe la transferencia de autoridad a actores transnacionales no estatales, como empresas multinacionales u organizaciones no gubernamentales. Estas entidades pueden ejercer un poder significativo a escala mundial, influyendo en las decisiones políticas y económicas.
  • A la derecha: Este giro se refiere a la delegación de autoridad a entidades regionales integradas que trascienden las fronteras nacionales. Podríamos pensar en bloques económicos y políticos como la Unión Europea o Mercosur. Esta integración regional suele conducir a una coordinación más eficaz y a un mayor peso en la escena internacional.

Cada uno de estos movimientos ilustra una transformación significativa de la gobernanza en la era de la globalización, en la que el Estado-nación ya no es el único titular de la soberanía y en la que se necesita una mayor cooperación y coordinación para hacer frente a los retos mundiales.

La noción de autoridad es más compleja y fragmentada que nunca en el contexto de la globalización. La gobernanza ya no es dominio exclusivo de los actores estatales, sino que ahora implica a una multitud de actores privados que desempeñan un papel crucial en la conducción de los asuntos mundiales. Desde empresas multinacionales hasta organizaciones no gubernamentales y diversos grupos de interés, estos agentes privados están a menudo en condiciones de influir en las políticas y normas a escala mundial. De este modo, pueden contribuir a la formación de normas internacionales, la resolución de conflictos y la promoción de diversos objetivos globales, como el desarrollo sostenible, los derechos humanos, la seguridad, etc. También es importante señalar que estos actores privados tienen intereses variados y a veces divergentes, lo que puede crear problemas de coordinación y rendición de cuentas. Además, su creciente poder también plantea importantes cuestiones sobre la legitimidad y la transparencia de sus acciones.

En este contexto, el concepto de gobernanza ha evolucionado para abarcar estas nuevas dinámicas. Así pues, la gobernanza mundial se entiende cada vez más como un proceso complejo y multidimensional en el que intervienen una diversidad de actores e instituciones, que operan a distintos niveles, del local al mundial, y en diversos sectores, del público al privado.

La gobernanza multinivel es un fenómeno complejo marcado por varias características clave:

  1. Toma de decisiones compartida: La primera característica es que las decisiones políticas son tomadas por varias entidades situadas en diferentes niveles políticos. Puede tratarse de entidades locales, regionales, nacionales, supranacionales y mundiales. Cada nivel de gobierno puede tener su propio conjunto de competencias y responsabilidades, y la toma de decisiones suele ser el resultado de un proceso de negociación y coordinación entre estos distintos niveles.
  2. Interacciones recíprocas: Una segunda característica es que las influencias entre los distintos niveles de gobernanza no son unilaterales, sino recíprocas. En otras palabras, la evolución en un nivel puede tener un impacto significativo en los otros niveles, y viceversa. Por ejemplo, una decisión tomada a nivel nacional puede influir en las políticas a nivel local, pero las iniciativas locales también pueden dar forma a las políticas nacionales.
  3. Diferentes tipos de normativas y asociaciones: Por último, la gobernanza multinivel incluye diferentes tipos de normativas y asociaciones. Puede incluir acuerdos de cooperación formales e informales entre entidades públicas y privadas, como las asociaciones público-privadas, así como diversos mecanismos reguladores que pueden ir desde la regulación estatal directa hasta la gobernanza del mercado.

En resumen, la gobernanza multinivel es un proceso complejo en el que intervienen diversos agentes que operan a distintos niveles y que se caracteriza por relaciones recíprocas y mecanismos reguladores diversificados.

1) Diversas entidades de distintos niveles políticos toman decisiones políticas.

En la gobernanza multinivel, las decisiones políticas son adoptadas por distintas entidades que operan a diferentes niveles. Esto puede incluir varios niveles de gobierno -local, regional, nacional e internacional-, así como otros tipos de organizaciones, como organizaciones no gubernamentales, instituciones supranacionales (como la Unión Europea o las Naciones Unidas), e incluso entidades del sector privado en algunos casos.

Cada entidad tiene su propia área de influencia y competencia, y las decisiones suelen tomarse a través de un proceso de negociación y consenso entre estas distintas partes interesadas. Por ejemplo, una decisión de política medioambiental puede requerir debates entre los gobiernos local, regional y nacional, así como con organizaciones ecologistas y empresas del sector privado.

2) Hay influencias que no son unilaterales, sino recíprocas entre estos distintos niveles, donde los avances en un nivel tienen repercusiones significativas en otros niveles y viceversa.

En la gobernanza multinivel, existen influencias recíprocas y no unilaterales entre los distintos niveles de toma de decisiones. En otras palabras, lo que ocurre en un nivel puede tener un impacto significativo en los otros niveles, y viceversa.

Para ilustrarlo, tomemos el caso de una decisión política adoptada a nivel internacional, como la adopción de un acuerdo mundial sobre el clima. Esta decisión puede influir en la política medioambiental a nivel nacional, que a su vez puede repercutir en las políticas regionales y locales. Al mismo tiempo, los cambios a nivel local, como la adopción de tecnologías de energías renovables, también pueden repercutir en las políticas nacionales e influir potencialmente en los debates internacionales.

Además, los agentes de cada nivel no están aislados unos de otros, sino que interactúan y se comunican constantemente. Esto puede significar que los cambios en un nivel pueden ser el resultado de influencias de varios otros niveles. En este entorno interconectado, es crucial que los responsables políticos comprendan la dinámica de cada nivel y adopten un enfoque holístico para resolver los problemas.

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Un acuerdo internacional como el Protocolo de Kioto tiene repercusiones para los Estados firmantes, que se comprometen a respetar determinadas condiciones. En este caso, el Protocolo de Kioto tiene por objeto reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Una vez que un país, como Estados Unidos, firma y ratifica un acuerdo de este tipo, se compromete a modificar sus políticas internas para cumplir los objetivos fijados.

Esto puede implicar la aplicación de una serie de medidas, como la revisión de la normativa medioambiental, el fomento de la adopción de tecnologías menos contaminantes, la creación de impuestos sobre el carbono o regímenes de comercio de derechos de emisión, etc. Estos cambios pueden tener un impacto considerable en distintos sectores de la economía nacional, desde la industria pesada hasta la energía, el transporte y la agricultura.

Este es un ejemplo de cómo una decisión tomada a nivel internacional (el acuerdo sobre el Protocolo de Kioto) puede influir en las políticas nacionales (Estados Unidos cambiando sus políticas medioambientales), lo que es característico de la gobernanza multinivel. Sin embargo, también es importante señalar que la aplicación efectiva de estos acuerdos depende en gran medida de la voluntad política y la capacidad de actuación de los Estados firmantes.

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3) Existen interacciones recíprocas entre los distintos niveles, que implican diversos tipos de regulación, en particular diversos tipos de asociación entre los sectores público y privado.

La gobernanza multinivel implica interacciones recíprocas entre distintos niveles, desde el local hasta el internacional. Cada nivel puede influir en los demás, y las decisiones tomadas en un nivel pueden repercutir en los demás. Esto puede dar lugar a distintos tipos de regulación, adaptados a cada nivel. Un aspecto de esta interacción son las asociaciones público-privadas. Estas asociaciones son acuerdos entre gobiernos y empresas privadas para financiar y gestionar proyectos de interés público. Pueden adoptar muchas formas y utilizarse en muchos ámbitos, como las infraestructuras, la educación, la sanidad, el medio ambiente, etc.

Las asociaciones público-privadas son un ejemplo de cómo la gobernanza multinivel puede funcionar en la práctica. Ilustran cómo actores de distintos niveles (gobiernos a distintos niveles, empresas privadas, a veces también ONG u otras organizaciones de la sociedad civil) pueden colaborar para alcanzar objetivos comunes. En un mundo cada vez más interconectado, este enfoque de la gobernanza es cada vez más necesario para hacer frente a los retos complejos y transnacionales a los que nos enfrentamos, como el cambio climático, la pobreza y la desigualdad, las migraciones, la seguridad mundial, etc.

La gobernanza multinivel permite contemplar un abanico de regulaciones, desde las puramente públicas a las puramente privadas. Esto se traduce en una variedad de tipos de asociaciones público-privadas, como sigue:

  • Regulación pública: En este escenario, el gobierno o una institución pública toma la iniciativa de regular un sector o industria. Esto puede hacerse mediante leyes, reglamentos o directivas. Por ejemplo, el Estado puede decidir regular las emisiones de carbono de las industrias para proteger el medio ambiente.
  • Regulación mixta: Se trata de un modelo híbrido en el que los sectores público y privado comparten la responsabilidad de la regulación. Un ejemplo de este tipo de asociación puede ser que el gobierno establezca un marco regulador para una industria determinada, pero que las empresas autorregulen ciertos aspectos dentro de ese sistema (por ejemplo, creando normas industriales).
  • Regulación privada: En este escenario, los actores privados toman la iniciativa de regular. Este puede ser el caso de ciertas industrias en las que las empresas establecen sus propias normas y reglamentos, a menudo a través de grupos o asociaciones industriales. Por ejemplo, la industria del software ha desarrollado normas de codificación y seguridad que son ampliamente respetadas por las empresas del sector.

Es importante señalar que la mayor parte de la regulación moderna no se encuadra estrictamente en ninguna de estas categorías, sino que se sitúa en algún punto intermedio. La combinación concreta de regulación pública y privada puede variar en función del sector, el país y el contexto político y económico específico.

Un ejemplo de legislación pública que excluiría por completo a los agentes privados es la decisión de la FIMNA, el organismo suizo que supervisa el sector financiero, de ordenar la transmisión de datos bancarios de determinados clientes a bancos estadounidenses. En este caso, tenemos un ejemplo de regulación pública en el que el organismo regulador, FINMA (Autoridad Suiza de Supervisión del Mercado Financiero) en Suiza, tomó una decisión unilateral. La FINMA ordenó a ciertos bancos que transmitieran datos bancarios de determinados clientes a bancos estadounidenses. Esta decisión podía estar relacionada con obligaciones normativas internacionales, investigaciones sobre actividades financieras ilegales o esfuerzos por mejorar la transparencia del sector financiero.

La consulta de las partes interesadas del sector privado en los procesos públicos de toma de decisiones se ha convertido en una práctica habitual, y se considera una forma valiosa de integrar perspectivas diversas y a menudo expertas en la formulación de políticas. Este proceso se denomina a veces "corregulación" porque implica tanto al gobierno (la autoridad pública) como a las entidades privadas (empresas, ONG, etc.). Se trata de un aspecto crucial de la gobernanza multinivel. La consulta a las partes interesadas privadas puede adoptar diversas formas, como foros públicos de debate, mesas redondas, grupos de trabajo y encuestas. Estas consultas permiten a las partes interesadas privadas dar su opinión sobre las propuestas reguladoras y ofrecer soluciones alternativas o modificaciones. Este enfoque puede ayudar a crear normativas más eficaces y equilibradas, ya que tiene en cuenta las perspectivas de quienes se verán directamente afectados por las nuevas normas. Sin embargo, es importante que este proceso sea transparente y justo para evitar que determinados grupos de interés tengan una influencia desproporcionada en la política.

Los códigos de conducta de las empresas, especialmente los de las grandes multinacionales, son un ejemplo importante de regulación privada. Estos códigos suelen definir las normas y expectativas de la empresa en términos de ética, comportamiento y responsabilidad social. Nike, por ejemplo, ha adoptado códigos de conducta para regular el comportamiento de sus proveedores en los países en desarrollo. Estos códigos pueden incluir directrices sobre el respeto de los derechos humanos, normas laborales justas y seguras y prácticas medioambientales sostenibles.

Sin embargo, la eficacia de estos códigos depende en gran medida de la voluntad y la capacidad de la empresa para aplicarlos y hacerlos cumplir. Los códigos de conducta privados pueden implantarse a menudo para mejorar la imagen pública de una empresa, pero sin un compromiso real y unos mecanismos de aplicación eficaces, es posible que no conduzcan a un cambio significativo sobre el terreno. Además, aunque los códigos de conducta privados pueden colmar ciertas lagunas normativas en países donde los gobiernos no pueden o no quieren hacer cumplir la legislación laboral, no son un sustituto de una regulación pública eficaz. Más bien, deben considerarse un complemento de una regulación pública sólida.

Los códigos de conducta de las empresas son un ejemplo importante de regulación privada en la economía mundial. Permiten a las empresas establecer normas y reglas de conducta para sus operaciones y, en particular, para sus cadenas de suministro, que a menudo abarcan varios países. Los códigos de conducta pueden abordar una serie de cuestiones, como el respeto de los derechos humanos, las normas laborales, la corrupción, la ética empresarial, la protección del medio ambiente y muchas otras. Al establecerlos, las empresas se comprometen voluntariamente a respetar determinadas normas, a menudo más allá de lo que exige la ley.

Sin embargo, estos códigos de conducta privados también han sido objeto de críticas. A algunos les preocupa que a menudo se apliquen sin una supervisión o verificación independiente suficiente. Además, a veces pueden utilizarse como cortina de humo para desviar la atención de prácticas empresariales controvertidas. No obstante, en un mundo en el que las empresas operan cada vez más a escala global, con cadenas de suministro que atraviesan varias jurisdicciones, la regulación privada en forma de códigos de conducta desempeña un papel cada vez más importante en la gobernanza de la economía mundial.

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La gobernanza multinivel se define por la existencia de una multitud de relaciones recíprocas entre distintos niveles de autoridad. El concepto ilustra cómo la toma de decisiones y la acción pública se distribuyen entre distintos niveles de gobierno (local, regional, nacional, internacional) y cómo estos niveles interactúan entre sí.

En la gobernanza multinivel, las decisiones no sólo son tomadas en la cúspide por un gobierno central, sino también en niveles inferiores, por autoridades locales o regionales, por ejemplo. Es más, estos niveles de gobierno también pueden interactuar entre sí, por ejemplo, a través de mecanismos de coordinación o cooperación. Esta forma de gobernanza es cada vez más común en contextos como la Unión Europea, donde las decisiones se toman a varios niveles: local, nacional y supranacional. También puede observarse en el contexto de la gestión de los recursos naturales, donde los agentes locales, nacionales e internacionales pueden desempeñar un papel.

Una de las claves de la gobernanza multinivel es que los actores de todos los niveles tienen cierto grado de autonomía y capacidad para influir en los resultados. Esto crea una complejidad adicional, ya que los distintos niveles pueden tener objetivos y prioridades diferentes, pero también puede permitir una mayor flexibilidad y capacidad para responder a retos específicos a distintos niveles.

Este gráfico muestra la importante evolución de las organizaciones internacionales creadas en virtud de tratados, que han pasado de un total de 37 a principios del siglo XX a más de 246 en 2006. También ilustra la creciente importancia de los agentes transnacionales, en particular las organizaciones no gubernamentales, cuyo número ha aumentado espectacularmente, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX.

Estas cifras ilustran la importante expansión de las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales (ONG) desde principios del siglo XX. Estas organizaciones desempeñan un papel crucial en la gobernanza mundial, a veces complementando o desafiando la autoridad de los Estados nación. Las organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud o el Fondo Monetario Internacional, son organismos que tratan de regular cuestiones que trascienden las fronteras nacionales, como la salud pública, las cuestiones económicas o la paz y la seguridad internacionales. Al mismo tiempo, el papel de las ONG también se ha desarrollado considerablemente. Pueden intervenir en ámbitos muy diversos, como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo y muchos otros. Las ONG pueden ejercer una influencia significativa tanto a nivel nacional como internacional, y a menudo actúan como mediadoras entre la sociedad civil y las estructuras oficiales de toma de decisiones.

Esta expansión de las organizaciones internacionales y las ONG refleja el desarrollo de la gobernanza multinivel y global, que reconoce que los retos mundiales no pueden ser resueltos por los Estados nación actuando en solitario. Se trata de un avance importante en la forma de gestionar y regular los asuntos mundiales.

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La creciente importancia de las empresas multinacionales se aprecia claramente en el aumento del número de sus principales filiales. En la década de 1980, había alrededor de 700. Hoy, ese número ha aumentado a más de 80.000, lo que refleja su expansión y su creciente influencia en la economía mundial.

Es innegable que las empresas multinacionales desempeñan un papel cada vez más predominante en la escena mundial. Cada vez tienen más capacidad para influir en las políticas económicas, medioambientales y sociales a través de sus operaciones internacionales. Una empresa matriz multinacional posee y gestiona varias filiales en distintos países. Por ejemplo, una gran empresa tecnológica con sede en Estados Unidos puede tener filiales en Europa, Asia y América Latina. Estas filiales suelen crearse para aprovechar recursos específicos o para estar más cerca de los mercados objetivo. El aumento del número de filiales matrices, que ha pasado de 700 en los años ochenta a más de 80.000 en la actualidad, da fe de la rápida expansión de la globalización y la integración económica mundial. Esto tiene importantes implicaciones para la gobernanza mundial, ya que estas empresas tienen a menudo más poder económico que algunos Estados y pueden ejercer una influencia significativa en las políticas y normativas locales e internacionales. Además, el papel cada vez más importante de las multinacionales plantea cuestiones sobre la responsabilidad social de las empresas y la forma en que éstas pueden rendir cuentas de sus actos a escala mundial. También pone de relieve la necesidad de mecanismos de gobernanza mundial más eficaces para regular sus actividades y garantizar que realizan una contribución positiva a la sociedad.

La internacionalización de las empresas es un fenómeno creciente, fomentado por la globalización y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Puede observarse de varias maneras:

  • Creación de filiales en el extranjero: muchas empresas buscan ampliar su presencia en el extranjero mediante la creación de filiales. Éstas les permiten acceder a nuevos mercados, obtener recursos locales y escapar a ciertas limitaciones nacionales. El número de filiales extranjeras ha crecido exponencialmente desde los años ochenta.
  • Deslocalización de la producción: las empresas intentan minimizar sus costes de producción deslocalizando algunas de sus operaciones a países donde la mano de obra es más barata. Esto ha contribuido a la formación de cadenas de valor mundiales, en las que diferentes etapas de la producción se llevan a cabo en distintos países.
  • Colaboraciones y asociaciones internacionales: Las empresas recurren cada vez más a colaboraciones y asociaciones internacionales para acceder a competencias y tecnologías específicas, o para compartir los riesgos asociados a proyectos costosos o inciertos.
  • Influencia en la política pública: Con su creciente tamaño y peso económico, las empresas multinacionales han adquirido una influencia significativa en la política pública, tanto nacional como internacional. Por ejemplo, pueden ejercer presión para conseguir normativas favorables o influir en las normas comerciales internacionales.

La internacionalización de las empresas tiene profundas implicaciones para la economía mundial, las sociedades y la gobernanza global. También plantea retos en términos de regulación, equidad y sostenibilidad. Entender esta dinámica y sus consecuencias es, por tanto, esencial para los responsables políticos, los líderes empresariales y la sociedad en general.

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Los bloques regionales, como la Unión Europea, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) o Mercosur en Sudamérica, han transformado el equilibrio de poder y la naturaleza de la soberanía.

En el caso concreto de la Unión Europea, es evidente que la soberanía nacional de los Estados miembros se ha visto alterada de forma significativa en determinados ámbitos. Por ejemplo

  • Política comercial: La UE tiene competencia exclusiva sobre la política comercial, lo que significa que negocia y celebra acuerdos comerciales en nombre de todos sus Estados miembros. Como consecuencia, los Estados miembros han perdido gran parte de su poder de decisión en materia de comercio exterior.
  • Política monetaria: Los Estados miembros de la eurozona han transferido su poder sobre la política monetaria al Banco Central Europeo. Ya no pueden fijar sus propios tipos de interés ni emitir su propia moneda.
  • Normas de competencia: Las normas de competencia de la UE tienen un alcance muy amplio y pueden afectar a muchos aspectos de la economía de un Estado miembro.
  • Normas medioambientales: La UE ha establecido una serie de estrictas normas medioambientales que todos los Estados miembros deben respetar.

Sin embargo, el grado de erosión de la soberanía nacional varía de un ámbito a otro. Por ejemplo, en materia de defensa y política exterior, los Estados miembros de la UE conservan un amplio grado de soberanía. Además, la erosión de la soberanía en determinados ámbitos puede verse como una contrapartida a una mayor influencia colectiva y una mejor capacidad para afrontar retos transnacionales.

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En una escala del 1 al 5, el 1 significa que la autoridad se ejerce principalmente a nivel de los Estados nacionales, mientras que el 5 indica que la autoridad se despliega plenamente a nivel de la Unión Europea. Existe una gradación gradual entre estos dos extremos, en la que un aumento de la escala significa una reducción de las decisiones tomadas a nivel nacional y un aumento de las decisiones tomadas a nivel supranacional. 1 representa una situación en la que la autoridad es ejercida principalmente por el Estado nación, y 5 una situación en la que la autoridad es ejercida en su totalidad por una entidad supranacional, como la Unión Europea. Los valores intermedios de la escala representan un equilibrio de poder cambiante, con menos decisiones tomadas a nivel nacional y más decisiones tomadas a nivel supranacional a medida que se asciende en la escala. En otras palabras, esta escala es una forma de medir el grado de supranacionalidad en la gobernanza, donde una puntuación más alta indica una mayor delegación de autoridad en una entidad supranacional que en la autoridad nacional.

La Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), creada en 1951, se considera el primer paso hacia la integración económica y política europea. Reunió a seis países (Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) con el objetivo de poner en común la gestión de la producción de carbón y acero, dos recursos industriales cruciales. Esta iniciativa fue en parte una respuesta a las dos devastadoras guerras mundiales de principios del siglo XX: al poner la producción de estos recursos estratégicos bajo una autoridad común, se pretendía hacer impensable y materialmente imposible una nueva guerra en Europa. En 1957, estos mismos países firmaron los Tratados de Roma por los que se creaban la Comunidad Económica Europea (CEE) y Euratom, ampliando la integración a otros ámbitos económicos.

Este proceso de integración económica se ha traducido en una erosión gradual de la soberanía nacional en este ámbito. De hecho, las políticas económicas de la Unión Europea suelen definirse y aplicarse ahora a nivel supranacional. Esto significa que las decisiones sobre cuestiones importantes, como las normas comerciales o las políticas monetaria y fiscal, son adoptadas colectivamente por los Estados miembros de la UE, y no por cada país individualmente. En este contexto ha surgido el concepto de gobernanza multinivel, que refleja la creciente complejidad de estos acuerdos institucionales y el reparto de autoridad entre los distintos niveles de gobierno: local, nacional y supranacional.

La política social es un ámbito que tradicionalmente ha estado estrechamente vinculado a la soberanía nacional. Los países tienen historias, culturas y sistemas diferentes en este ámbito, lo que dificulta la creación de políticas comunes a escala de la UE. En Europa, la política social abarca un abanico muy amplio de actividades, desde la asistencia sanitaria y la educación hasta el apoyo a las personas mayores, la protección de la infancia, la vivienda y la regulación del mercado laboral, entre otras. Estas políticas están fuertemente arraigadas en las tradiciones nacionales y a menudo son el resultado de compromisos sociales propios de cada país.

En la Unión Europea, la política social es principalmente responsabilidad de los Estados miembros. Sin embargo, la UE desempeña un papel de coordinación y apoyo, fomentando la cooperación entre los Estados miembros y proporcionando directrices para las políticas en determinados ámbitos, como la igualdad de género y la no discriminación. Además, la Unión Europea ha establecido normas para la libre circulación de trabajadores y la coordinación de los sistemas de seguridad social dentro de la UE, pero la aplicación de estas normas sigue siendo en gran medida responsabilidad de los Estados miembros. Por este motivo, la integración de la política social a escala europea está menos avanzada que en otros ámbitos, como la economía.

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Por lo que respecta a la seguridad interior, la Unión Europea ha avanzado considerablemente en la integración de políticas y prácticas. Por ejemplo, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) coordina y asiste a los Estados miembros en la gestión de sus fronteras exteriores. Además, la cooperación policial (a través de Europol) y judicial (a través de Eurojust) está cada vez más desarrollada en la UE. Sin embargo, la integración está mucho menos avanzada en los ámbitos de la seguridad exterior y la defensa. La política de defensa sigue siendo en gran medida responsabilidad de los Estados miembros, y no existe un ejército común de la UE. Ha habido algunas iniciativas para reforzar la cooperación en materia de defensa, como la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO) lanzada en 2017, pero estas iniciativas aún están en fase de desarrollo y no han conducido a la plena integración. La diferencia entre estos dos ámbitos refleja tanto las prioridades de la UE como los límites de la integración europea. Mientras que la Unión siempre ha estado más orientada a la gestión de los asuntos internos y al fomento de la cooperación económica, la defensa y la seguridad exterior han sido ámbitos en los que la soberanía nacional se ha resistido más a la integración.

Es cierto que en muchos países ha habido una tendencia creciente a descentralizar ciertas competencias y conceder mayor autonomía a las regiones. Esta descentralización, o devolución de competencias, suele estar motivada por el deseo de acercar el gobierno a los ciudadanos, de adaptar las políticas públicas a las necesidades específicas de determinadas regiones y, a veces, de responder a reivindicaciones regionalistas o nacionalistas. El ejemplo de Cataluña en España es especialmente significativo. Desde la restauración de la democracia en España a finales de la década de 1970, Cataluña ha adquirido un alto grado de autonomía, con su propio gobierno y parlamento, y competencias significativas en ámbitos como la educación, la sanidad y la cultura. En los últimos años, sin embargo, el deseo de algunos catalanes de conseguir la plena independencia ha creado tensiones con el gobierno central español. Sin embargo, es importante señalar que el grado de descentralización varía mucho de un país a otro. Algunos países, como Francia, tienen una tradición más centralizada, mientras que otros, como Alemania o Bélgica, son Estados federales en los que las regiones o los Estados federados tienen importantes competencias. En resumen, la gobernanza multinivel es cada vez más la norma en muchos países, con decisiones políticas tomadas a varios niveles -local, regional, nacional y, a veces, supranacional- y con una interacción constante entre estos distintos niveles de gobierno.

Una de las principales tareas de la ciencia política es analizar y comprender la complejidad de las interacciones entre los distintos niveles de gobierno. Estas interacciones pueden ser de distintos tipos: algunas son más directas y están claramente institucionalizadas, como en el caso de los poderes formalmente delegados por un gobierno nacional a una autoridad regional, o las obligaciones impuestas por los tratados internacionales. Otras interacciones son menos formales, pero no por ello menos importantes. Por ejemplo, las decisiones adoptadas a nivel internacional o supranacional pueden influir en la política nacional a través del "poder blando" o las normas sociales y culturales. Del mismo modo, los movimientos sociales o las tendencias políticas que surgen a nivel local pueden acabar influyendo en la política nacional o incluso internacional. La ciencia política también trata de comprender cómo estas interacciones pueden verse afectadas por diversos factores, como las condiciones económicas, las estructuras sociales, los valores culturales y las ideologías políticas. El objetivo último de este análisis es proporcionar información valiosa para la toma de decisiones políticas y para el diseño de políticas públicas eficaces.

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La firma por Suiza del acuerdo de libre comercio con Europa ha provocado una serie de reacciones en cadena a distintos niveles de gobernanza. Por un lado, el acuerdo ha reforzado la cooperación intercantonal en Suiza, ya que los cantones se han dado cuenta de que necesitan trabajar juntos para navegar por el nuevo panorama político y económico creado por el acuerdo. Por otro lado, ha reforzado la colaboración entre el gobierno federal suizo y los gobiernos cantonales, ya que los acuerdos bilaterales han tenido implicaciones en ámbitos como la seguridad y la educación, que son competencia de los cantones. El acuerdo también ha reforzado las relaciones entre el gobierno federal suizo y las autoridades europeas de Bruselas. Los acuerdos de libre comercio son instrumentos complejos que requieren un seguimiento, una interpretación y una aplicación regulares, lo que significa que los funcionarios suizos y europeos deben estar en contacto regular y trabajar juntos para garantizar que el acuerdo funciona según lo previsto. Todo esto ilustra cómo una sola decisión política, en este caso la firma de un acuerdo de libre comercio, puede tener repercusiones en varios niveles de gobernanza y exigir una mayor coordinación y cooperación entre los distintos actores políticos. También pone de relieve la importancia de la gobernanza multinivel y la interdependencia en el mundo moderno.

Anexos[modifier | modifier le wikicode]

Referencias[modifier | modifier le wikicode]

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